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Conferencia Dr. Alvaro Uribe PDF Imprimir E-mail

Dr. Álvaro Uribe Vélez

 

LA EXPERIENCIA COLOMBIANA

 

El senador nacional Dr. Álvaro Uribe Vélez, ex Presidente de Colombia, tuvo a su cargo la conferencia magistral con la que se cerró el Congreso de la FEPASEP. Estos fueron sus conceptos más salientes.

 

 

         En el año 2002 me pregunté por qué Colombia, un país que nunca tuvo hiperinflación, que jamás incurrió en default, que siempre cumplió con sus compromisos internacionales en materia financiara, por qué tenía una tasa de inversión tan baja, alto desempleo que oscilaba entre el 16% y el 21%, con una pobreza que había tocado techos de entre el 47% y el 53% de la población. Un país en el cual uno suponía que con un buen manejo económico y los esfuerzos en materia de solidaridad jamás debería haber llegado a eso.

         Pero la violencia persistente y recurrente en el país era la causa determinante de que Colombia no pudiera traducir su histórico buen manejo económico en prosperidad. Y eso nos llevó a decirles a los colombianos que vivíamos un ciclo perverso en un círculo vicioso: más violencia, menos inversión, más pobreza, menos empleo, más violencia.

         La idea fue entonces proponerle al país que sustituyéramos ese círculo vicioso por un círculo virtuoso: más seguridad, más inversión, más política social, más seguridad.     

         Claro que no fue fácil, porque aparecían obstáculos vinculados con la política de seguridad. Es que el discurso latinoamericano generalmente no le ha asignado a la seguridad la importancia que ésta merece. El discurso político colombiano desechaba, ignoraba la seguridad a tal punto de no asignarle la más mínima importancia.

         A tal punto esto era así, que cuando yo comencé a hablar de seguridad desde mi gobernación del Departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín, los augurios para una eventual llegada mía a la presidencia de la República eran muy negativos. Recuerdo que solía decirse que un discurso de seguridad nunca podía prosperar. ¿Por qué? Porque se pensaba que había que solucionarlo todo desde lo social. Era la mezcla entre el viejo marxismo y la génesis del Derecho Positivo Penal, que hace pensar que todo delito tiene una causa social y desconsidera la influencia de réplica del delito en el empeoramiento del tejido social de lo países. Además, no obstante que habíamos tenido una democracia respetable, se decía que un proyecto era un proyecto de seguridad era algo que inevitablemente llevaba a la dictadura. Era un proyecto de restricción de libertades.

         Fue así como nosotros nos abocamos a la tarea de promover la seguridad como un valor democrático y una fuente de recursos. Y empezamos a proponer la seguridad como algo totalmente respetuoso de los valores democráticos y como una fuente de recurso capaz de resolver los problemas sociales.

         Así las cosas, empezamos a proponer la seguridad como un valor respetuoso de los valores democráticos y una fuente de recursos para resolver los problemas sociales. Comenzamos a hacer entender que a quien más servía la seguridad era a quienes anhelaban la libertad y la estaban perdiendo por el crecimiento de la violencia. En otras palabras, a quienes más servía la seguridad eran a los sectores pobres y desprotegidos de la nación. Es que al fin y al cabo los sectores con recursos suficientes podían irse del país o tener un buen nivel de seguridad privada para protegerse de la violencia, pero los sectores pobres de la nación no tenían esa posibilidad.  

         De este modo comenzamos a mostrar la relación de la seguridad con el ejercicio democrático, con la inversión, y ambas: la seguridad y la inversión con la política social. Y eso fue creando un clima favorable nos permitió ganar  nuestra elección presidencial en 2002.

 

Seguridad y narcotráfico     

         Hay que tomar conciencia de los problemas de seguridad, como es el caso del narcotráfico. Es que demandó mucho tiempo para que se tomara conciencia de los riesgos del narcotráfico. En algún momento se pensó que en Colombia no había problemas con este tema. Sino todo lo contrario, que el país se beneficiaría de un narcotráfico que pasaba por el país en tránsito de Perú y Bolivia hacia Estados Unidos y Europa. Se subestimaron los riesgos y nunca se pensó en la incidencia que podría tener en la destrucción de las familias, de la juventud y de la economía lícita. En síntesis, nunca se pensó en que el narcotráfico constituiría una amenaza, no sólo para sus actores por la violencia que se desencadenó entre ellos sino para la sociedad en su conjunto.

         En nuestros países ha habido muchas épocas en las cuales se ha subestimado en la acción política el daño de la violencia, por eso la importancia de tomar conciencia de este flagelo de la sociedad actual.

         Para un dirigente político es menos riesgoso hablar del diálogo de paz que enfrentar los problemas de inseguridad. De modo que hay que vencer los miedos. Claro que los riesgos que se tienen que tomar para ejercer el liderazgo en la política de seguridad son riesgos altos e incómodos que por lo general a la dirigencia política no les gusta asumirlos. Cuesta vencer el miedo y salir de la zona de la comodidad para asumir esos riesgos.

         Hay que generar credibilidad. Nosotros en Colombia propusimos que la credibilidad reposara en una política de seguridad eficaz y transparente. Por supuesto que siempre que avanza una política de seguridad y cuando la criminalidad se siente amenazada, o en algún caso derrotada, se arropa en la bandera de los derechos humanos, dificultad a la que por suerte pudimos escapar en mi país. Nuestra política de seguridad se hizo transparentemente, con legislación doctrinal, sin legislación marcial y sin restricción de las libertades. Al contrario, los grupos de la oposición tuvieron goce de las libertades durante los ocho años de nuestro gobierno.

A tal punto esto fue así que la llamábamos seguridad democrática, porque a ella tenían acceso tanto los más fervientes defensores de nuestras tesis como los más radicales opositores. ¿Y qué pasó con los medios de comunicación? En vez de sentirse restringidos se sintieron protegidos, porque a medida que avanzaba la seguridad ya no se presentaban las amenazas o factores que los coaccionaban.

Eficacia y transparencia democrática fueron el secreto del éxito de nuestra política de seguridad en Colombia. La política nuestra necesitaba de una estrategia de macro visión y de micro manejo. En tal sentido, propusimos la seguridad como parte integrante de un gran trípode para recuperar confianza en Colombia: la seguridad del lado de la política de inversión, ambas como medios para conseguir recursos para la política social, y ésta última como la gran validadora en las políticas de seguridad y de inversión. 

Si hay algo que me ha quedado claro de mi experiencia de gobierno, es que en las democracias son los líderes civiles, los gobernantes, quienes tienen que asumir directamente el tema de la seguridad de su país. En la jerarquía democrática, la policía y las fuerzas militares, cuando hay concepto de institucionalidad democrática, tienen una subordinación tal a la institucionalidad que reconocen como su jefe a la autoridad civil superior. Y por supuesto esa autoridad civil superior tiene que visionar la política y dirigir la ejecución. Como acabo de decir: una mezcla de macro visión y de micro manejo, esa es la meta.

Frente a este protagonismo, siempre me interrogaban por los resultados obtenidos; y me decían: “señor Uribe, si usted llega a la presidencia del país, cuántos años demorará para restablecer la paz en Colombia”. Y mi respuesta era siempre la misma: “resultados no puedo prometer, pero sí una dedicación día y noche”. Es que cuando se habla de credibilidad en el discurso político, es mucho más importante prometer y demostrar dedicación y entrega total al tema, que hacer promesas previas y luego no manejar debidamente el tema. Relacionado con esto también hay que decir que hay que dar el ejemplo. La autoridad civil tiene que dar el ejemplo en materia de entrega a la política de seguridad.

También es muy importante respetar a la policía y a las fuerzas armadas. Defender la institución, sancionar cuando haya que sancionar, pero no generalizando. O sea, la defensa de la institución puesta en el discurso político. Cuando no se defiende a la institución y avanza la criminalidad, la ciudadanía es más proclive a someterse a los poderes criminales. Pero cuando se defienden las instituciones, esa defensa de los líderes políticos hace que la ciudadanía se incline más hacia el respeto de las instituciones armadas. Es muy importante en esta lucha involucrar a todas las fuerzas institucionales. Los años en que Colombia no involucró a las fuerzas militares el problema creció aterradoramente, porque los integrantes de las fuerzas militares veían crecer el problema y no actuaban contra él. Es que expresamente se les había dicho que no les correspondía e inicialmente asumieron una actitud de indiferencia y después de corrupción, a tal punto que algunos de ellos cayeron presas del soborno.

Señores, desde el punto de vista práctico, la experiencia colombiana es una gran lección. No hay duda de que frente a las expresiones de violencia hay que involucrar a todas las fuerzas. Desde el punto de vista de la teoría constitucional universal nosotros hicimos este planteamiento. Hoy las democracias tienen que preocuparse más por los fenómenos de criminalidad interna que por las amenazadas de invasión externa. Por lo general tenemos la concepción de que las fuerzas militares son para defender fronteras, entendiendo como tal la defensa de la soberanía. Pero el poder del Estado que es la expresión de la soberanía hoy puede ser tan socavado por la criminalidad interna, como en el pasado lo fue por la agresión externa. Entonces, si la razón de ser de las fuerzas militares es la defensa de la soberanía, hay que evolucionar y tener las fuerzas militares actuando frente a los fenómenos domésticos de amenaza de la supremacía del Estado.   

A los países amigos siempre les digo que hay que tener mucho cuidado con el narcotráfico porque es muy engañoso. Inicialmente parece que se restringe a violencia entre sus actores, pero termina generando una metástasis de violencia en toda la sociedad. Todos los eslabones sanos de una comunidad se afectan con el crecimiento del narcotráfico. 

 La política que yo he sostenido es no llegar a la cárcel al consumidor pero sí al distribuidor. La política debe ser: el consumidor a la rehabilitación, prevención a la sociedad y el distribuidor a la cárcel. 

 

Inteligencia humana y tecnología

Cuando yo llegué a la Presidencia de Colombia, la policía de mi país estaba encantada con los interceptores de los recién aparecidos teléfonos celulares, mientras que las fuerzas armadas estaban ocupadas en cómo adquirir equipos para interceptar la comunicación satelital, y habían abandonado la inteligencia humana.

En tal sentido, la decisión de mi gobierno fue avanzar en el acceso a los elementos técnicos de la inteligencia, pero paralelamente estructurar la inteligencia humana. Los grandes operativos nuestros fueron fruto de inteligencia humana y de tecnología.

Hoy cuando una mira la seguridad cotidiana, puede observar que las ciudades están saturadas de cámaras de video. Eso no está mal, pero si no hay inteligencia humana puede convertirse en algo relativamente inútil. Las cámaras de video deben ser un complemento de la inteligencia humana, por ejemplo en la ayuda de los procesos penales en la etapa de pruebas. Pero no debería reemplazar a la inteligencia humana, porque muchas veces lo que capta la cámara no es suficiente prueba para un juez. Aún, ante los avances técnicos más sofisticados la inteligencia humana es fundamental.

             

La participación ciudadana

         Uno tiene que elegir entre una ciudadanía pasiva y víctima, o una ciudadanía activa y participante que ayude a superar los problemas de inseguridad. En tal sentido, nosotros creamos una red de 4,6 millones de civiles colombianos que cooperaban con las fuerzas armadas; desarmados y con teléfonos celulares.

         La Universidad de Los Andes hizo un estudio cuyo resultado fue que a medida que avanzaba la cobertura en el territorio y en el espacio aéreo colombiano de las nuevas y modernas comunicaciones y nuestro gobierno expandía la re4d de cooperantes, la violencia disminuía.  

         Antes de nuestro gobierno, el pueblo colombiano pensaba que la inseguridad no tenía solución, porque ante las extorciones que les pagaban los violentos no había denuncias. No es fácil la seguridad en Colombia, un país con 600.000 kilómetros de selva tropical. Claro que movilizar el sentimiento ciudadano, sacarlo del letargo y del miedo, para que la ciudadanía cooperara con las fuerzas armadas no fue sencillo, como tampoco fue fácil rescatar del aislamiento a la policía y a las fuerzas armadas. Había miedo a la represalia y a la muerte por parte de los criminales. Lo mismo pasaba con la ciudadanía. De modo que tuvimos que enfrentar la resistencia no solo de la ciudadanía sino también de las fuerzas armadas. Pero con persistencia y buenos ejemplos ese fue un tema que pudimos superar.

A tal punto logramos revertir esa situación que el comportamiento de todas las partes fue ejemplar. Inicialmente la comunidad permanecía en silencio, y me decían: “Presidente, nos da miedo”. Pero cuando se dieron cuenta de que estábamos trabajando en serio, con continuidad y persistencia, la ciudadanía empezó a hablar. Y lo interesante de este fenómeno fue que la participación ciudadano nos obligó a que fuéramos más conscientes de la realidad que ellos vivían. Es que cuando se le da confianza a la ciudadanía para que se exprese lo hace con franqueza. Yo creo mucho en la sinceridad ciudadana. Y está comprobado que hoy se necesita mucha organización ciudadana en los grandes centros urbanos para que colaboren y amplíen el trabajo de las cámaras de videos. O sea que se debe tener avance tecnológico, inteligencia humana y cooperación ciudadana. En mi opinión es una trilogía absolutamente indispensable. Todo eso nos ayudó muchísimo.

Creo que hoy estas cosas se pueden organizar a través de las empresas de vigilancia, que sean los coordinadores o intermediarios entre el Gobierno y las comunidades organizadas. Una especie de vigilancia no informal, sino simple, no con toda la formalidad y los costos de las empresas de vigilancia. Con simpleza pero con total transparencia.

         Recuerdo que en 2005 se hicieron una serie de foros en Colombia donde se afirmaba que no era sostenible la política de seguridad de nuestro gobierno. Muchos políticos nos decían que estábamos malgastando la plata en nuestras acciones y en el pago de recompensas a la ciudadanía que colaboraba con las fuerzas armadas. Tuve que recorrer todo el país hablando de cómo la seguridad nos estaba ayudando a mejorar la economía. Nos estaba permitiendo avanzar en educación, en salud, en los microcréditos para la producción y en todas las políticas sociales.

La respuesta a la economía colombiana fue más acelerada de lo que esperábamos. Estoy convencido de que una buena política de seguridad, acompañada de una buena política de promoción del sector privado genera en nuestros países una respuesta más veloz del mejoramiento del tejido social.

Los políticos latinoamericanos deberían entender que una correcta  combinación de política de seguridad y de política de promoción de la inversión privada, genera resultados inmensamente favorables en el corto plazo en el mejoramiento del tejido social de nuestras comunidades.

Se nos exigían victorias tempranas. Cuando asumí la Presidencia mi país había tenido una diáspora de cuatro millones de ciudadanos en el extranjero. Los jóvenes de las universidades se querían ir todos de Colombia sin ticket de regreso. Se había perdido la fe en el país porque los ciudadanos no creían que la seguridad podría hacer que el país se recuperara. Votaron sin mucha convicción en el futuro del país. Las carreteras colombianas eran intransitables y se había perdido el turismo doméstico y el internacional. Los cruceros del Caribe ya no paraban en Cartagena.

El desafío no era fácil, pero nos propusimos que los colombianos pudieran moverse sin problemas por las carreteras de su país a la vez que queríamos recuperar el turismo internacional. Fue así que volcamos a las fuerzas armadas a las carreteras en la orilla del camino. Cuando propuse esta acción me tildaron de loco. Los militares me decían: “cómo vamos a abandonar la retaguardia”. Y todo esto en un ambiente de poco afecto con las fuerzas armadas.

Allí tuvimos una victoria temprana, donde los colombianos se largaban en los fines de semana largos a las carreteras. Se creó un gran ambiente de fe y de optimismo hacia las fuerzas armadas, a tal punto que pasaron a tener una aceptación de entre el 80% y el 85% en la ciudadanía. Y felizmente logramos que los cruceros del Caribe regresaran nuevamente a Cartagena.

En la lucha contra la inseguridad es muy importante la coherencia en el discurso. Cuando llegué a la presidencia había setenta personas secuestradas por las FARC, pero nunca accedí a la política de intercambios de presos por secuestrados como se veía haciendo hasta ese momento. Desde que llegué a la presidencia y hasta junio de 2008 en que rescatamos a Íngrid Betancourt sufrí un calvario de críticas porque no aceptaba las condiciones del terrorismo para liberar los secuestrados.

Estando en Francia con el presidente Jacques Chirac, y mientras afuera del Palacio del Eliseo había una multitud que gritaba en mi contra, el titular del gobierno francés me tomó del brazo y me dijo: “Presidente, hay que cambiar el discurso. Aquí en Francia hay mucha rabia contra usted por su decisión de no negociar con los terroristas. Íngrid es colombiana, de origen francés”. Y mis palabras fueron estas: “Presidente, aquí lo que hay que cambiar es el oportunismo político. Se necesita tener coherencia y aprender a tener una línea en el momento del aplauso pero también en los momentos de dificultades”.

La seguridad necesita objetivos, resistir las dificultades, tener flexibilidad sin perder la coherencia y firmeza sin llegar a la terquedad absoluta. Hay que perseverar en los momentos de crisis y decir siempre la verdad, eso es lo que genera credibilidad. El buen líder debe asumir las dificultades y delegar los éxitos. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 
Resumen Semanal de Noticias del Sector Del 21 al 28 de noviembre de 2014 PDF Imprimir E-mail

Resumen Semanal de Noticias del Sector

Del 21 al 28 de noviembre de 2014

 

 

Medio: León Noticias (España)

Fecha: 21 de noviembre

 

El Estado "precisa" de un incremento de vigilantes de la seguridad privada

España, pero en concreto León, registrar datos de seguridad mayores a los de la media de los países del entorno. Varios factores influyen en este hecho, como la propia actitud ciudadana, pero también por el hecho de los ratios de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado son mayores que la media europea.

Sin embargo, el número de efectivos de las empresas de seguridad privada es inferior al de la media, por lo que “el Estado precisa de su incremento” en cuanto a trabajadores, como un nicho que contempla posibilidades de creación de empleo y riqueza económica.

El subdelegado del Gobierno en León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha afirmado este viernes que la nueva ley de 2014 que regula el ejercicio de la seguridad privada “va en esa línea”. El sector se enfrenta a un momento de cambio, después de que se haya modificado la anterior, de 1992, y que “pone el acento en la complementariedad” de esta seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

 

Un "antes y un después"

 

La norma marca “un antes y un después”, proporciona “confianza” y supone un “reconocimiento del Estado”. Todo ello, sin olvidar que la seguridad pública es “núcleo esencial” de una “competencia exclusiva” del Gobierno, que no es otra que garantizar el libre ejercicio de los derechos y de la seguridad de los ciudadanos.

Por eso, Suárez-Quiñones ha señalado como una “razón lógica” que este sector esté “controlado” por la seguridad pública, pero sin “despreciar” a las empresas privadas, que son “esenciales y un aliciente de futuro” para “lograr determinadas metas en la colaboración público-privada”, tan demandada en otros ámbitos.

 

Menciones Honoríficas

 

Fruto de esa buena relación, la Subdelegación del Gobierno en León ha acogido este viernes el acto de entrega de las Menciones Honoríficas que el Ministerio del Interior concede a empresas de seguridad privada. Se trata de tres jefes de seguridad privada, doce vigilantes, tres vigilantes de explosivos y guardas forestales, una detective privado, a un trabajador a título póstumo y a un policía nacional con cuarenta años de servicio en el cuerpo.

Este homenaje ha servido para reconocer a estas personas, que en esa función de seguridad y en su particular ámbito, han protagonizado un papel “sobresaliente” en sus funciones. De esta forma, se cierra una programación que en estos últimos días se ha realizado entre el sector privado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

 

Link a la nota:

http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/El-Estado-precisa-De-Un-Incremento-De-Vigilantes-De-La-Seg-vn160241-vst216

 

 

Medio: Te Interesa (Madrid, España)

Fecha: 21 de noviembre

 

Los vigilantes de seguridad se concentrarán el próximo jueves en protesta por el incumplimiento del convenio

El Comité de Empresa de la empresa, que lleva por ejemplo la seguridad de los juzgados madrileños, ha convocado paros para ese día de 9.00 a 10.30 horas y de 16.00 a 17.30 horas. Las concentraciones tendrán lugar frente a la sede de la empresa en el número 21 de la Avenida Pedro Diez.

El colectivo critica la ampliación de la jornada laboral a 166 horas, la supresión del día de asuntos propios y de un día de vacaciones, la supresión de las compensaciones económicas en supuestos de incapacidad laboral, entre otros aspectos.

De este modo, el Comité ha avisado que tendrán la "inquebrantable" actitud de seguir peleando con la empresa, en contra de su postura de fuerza y de ataques continuos a los trabajadores de la misma junto con la dramática situación en la que se encuentran los empleados.

Las condiciones laborales, según el Comité, han sido modificadas sustancialmente, tras la resolución de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, resolviendo el 3 de julio de 2014, en laudo arbitral.

 

Link a la nota:

http://www.teinteresa.es/comunidad-de-madrid/madrid/vigilantes-seguridad-concentraran-protesta-incumplimiento_0_1252676275.html

 

 

Medio: Confidencial (Nicaragua)

Fecha: 22 de noviembre

 

Regularán a empresas de seguridad privada

La seguridad  privada en el país, que está en manos de al menos 160 empresas que emplean a 21, 000 guardas de seguridad, será regulada de manera formal por el Estado a través de la Policía Nacional, según una propuesta de Ley presentada a la Asamblea Nacional.

Los legisladores, encabezados por el jefe de bancada del FSLN, Edwin Castro, explicaron en su propuesta que en el sector de vigilancia privada se manejan también 11, 625  armas de fuego entre revólveres, pistolas y escopetas para ofrecer su servicio.

“A los datos antes referidos se les debe agregar dos componentes adicionales, en el contexto de la seguridad privada, los Cuerpos de Protección Física – conocidos como CPF y que funcionan particularmente en las instituciones públicas y los Vigilantes Residenciales o domiciliares a los que se les denomina celadores. Entre estas dos modalidades se estiman unas 3,000 personas, más o menos”, plantean en su iniciativa introducida el pasado 12 de noviembre.

Sin embargo, diputados de la oposición advirtieron que es peligroso para las libertades ciudadanas el marco regulatorio. Según el artículo siete del documento disponible en la hoja electrónica de la Asamblea Nacional, la autoridad regulatoria podrá requerir informes de sus actividades a las compañías de seguridad “en los cuales se hará constar, entre otra información, el inventario de los clientes, tipo de servicio, movimiento, formación, capacitación y actualización del personal y su rotación, armas de fuego y otros medios técnicos”.

Eliseo Núñez, diputado de la oposición y profesor de derecho  constitucional en una universidad capitalina, dice que precisamente la amenaza a la libertad ciudadana radica en la colaboración obligada con el Ejército y la Policía, algo que se venía dando pero de hecho.

“Vos vas a un centro comercial y lo primero que hace el guarda es anotar la placa de tu vehículo y otros datos que no sé cuáles son. Ellos tienen una especie de formato. Si a esto vos le sumás las presiones que ha habido sobre las compañías telefónicas de tener los datos a disposición de los organismos de seguridad, vos agarrás a una persona y le das seguimiento. Vos tenés control de cualquier ciudadano sin que exista una orden de persecución del mismo”, dijo Núñez Hernández.

Sin embargo, René Vivas, presidente de la asociación de empresas de seguridad privada y presidente de Servicio de Vigilancia y Protección, rechazó que vayan a entregar datos de sus clientes y explica que están obligados a colaborar cuando hay de por medio un delito.

El director de Servipro recuerda que la cláusula de “confidencialidad” en los contratos con sus clientes que dejarían de serlo si se vulnera. Vivas dice que la ley busca regular un sector marcado por la informalidad. Para él es una propuesta técnica. Formalmente a su asociación están integradas 14 empresas, donde trabajaban 12 mil guardas.

El proyecto fue introducido en la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional y aún espera que la Junta Directiva lo remita a la comisión correspondiente para iniciar su consulta.  La propuesta, que fue consultada con el sector formal de la industria que insistía en una ley desde 2003, establece la obligada colaboración con el Ejército y la Policía.

 

Link a la nota:

http://www.confidencial.com.ni/articulo/20226/regularan-a-empresas-de-seguridad-privada

 

 

Medio: Imagen (Zacatecas, México)

Fecha: 23 de noviembre

 

Operan sin certificar 62 empresas de seguridad privada

En el estado operan 62 empresas de seguridad privada registradas ante la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pero sin una debida certificación.

Jesús Pinto Ortiz, titular de la dependencia estatal, explicó que estas compañías no aplican exámenes de control de confianza debido a que no está legislado a nivel estatal ni federal.

Reconoció que estas también tienen otras deficiencias, como el hecho de contratar a personas de edad avanzada o sin un estado físico óptimo.

El funcionario estatal expresó que el registro de las empresas dio inicio en esta administración, ya que anteriormente no se tenía ni una relación de las que operaban en la entidad.

Comentó que la única evaluación que se hace la aplica la empresa cuando contrata al personal, consiste en verificar la autenticidad de su documentación y se acredita que tengan un modo honesto de vivir, así como la legal procedencia de sus bienes.

El titular de la SSP dijo que las empresas de seguridad privada que operan en Zacatecas tienen un promedio de 30 elementos, aunque existen algunas hasta con 2 mil empleados.

Pinto Ortiz agregó que de las 62 empresas, alrededor de 22 también están registradas en el Sistema Nacional de Seguridad, aunque en estas tampoco se aplican exámenes de confianza.

Precisó que las que se dan de alta a nivel federal son las que se dedican a reguardar grandes empresas privadas, como las minas.

 

Contratará Guadalupe seguridad privada

 

Pese a estos detalles, municipios como Guadalupe se verán en la necesidad de contratar seguridad privada para la Feria Regional de Guadalupe, que se realizará del 4 al 15 de diciembre, ya que por la depuración policiaca la corporación municipal no dispone de los elementos necesarios para reguardar los eventos de dicha celebración.

 

El alcalde Roberto Luévano Ruiz dijo que por el momento se analiza qué empresa será contratada, por lo que la información se dará a conocer en próximos días.

 

Link a la nota:

http://www.imagenzac.com.mx/nota/operan-sin-certificar-62-empresas-de-ns-21-58-58-w

 

 

Medio: Clarín.com (Argentina)

Fecha: 24 de noviembre

 

Lanata: alquilan patrulleros de la Bonaerense en desuso para "seguridad privada"

Insólito. En medio del reclamo por más seguridad y la decisión del gobernador Daniel Scioli de extender la emergencia en la materia, destacamentos de la Policía Bonaerense alquilan patrulleros y motos a empresas particulares para brindarles una especie de protección privada. Son móviles fuera de servicio que las firmas contratan para intentar prevenir delitos. Funcionan como una suerte de “espanta delitos”.

Periodismo para Todos mostró anoche que patrulleros, camionetas y motos son alquilados por los destacamentos a estaciones de servicio, frigoríficos y hasta countries. Todos buscan persuadir a los delincuentes dejando a la vista el móvil policial, solo ellos y la policía que se los renta saben que no funcionan.

En Moreno, sobre la ruta 25, un emprendimiento inmobiliario cuenta no sólo con un patrullero, sino también con una moto policial para custodiar el obrador. A diferencia del móvil, la moto sí funciona y quienes la usan en esa construcción no son efectivos de la bonaerense, sino seguridad privada contratada por la empresa constructora. A tan sólo 50 metros del barrio privado, un destacamento con forma de cajero automático no tiene teléfono, no tiene luz. Tampoco patrullero.

A unos kilómetros de ese mismo lugar, sobre el Acceso Oeste, otro patrullero alquilado está desde hace más de un año en la parte de carga y descarga de un frigorífico. Pero esto no pasa sólo en Moreno. Una camioneta de la policía también está parada hace meses en una estación de servicio en Ramos Mejía. Son solo ejemplos de una constante de la crisis de seguridad que vive la provincia.

 

Link a la nota:

http://www.clarin.com/politica/Lanata-informe-patrulleros-Bonaerense_0_1254474733.html

 

 

Medio: El Comercio (Gijón, España)

Fecha: 25 de noviembre

 

Los vigilantes privados acusan a los serenos de custodiar instalaciones del FICX

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) denuncia que personal de Serenos Gijón custodia en horario nocturno instalaciones publicitarias ubicas en el paseo de Begoña y la plaza del Instituto con motivo de la celebración del Festival internacional de Cine de Xixón (FICX).

Según un escrito difundido ayer, esta situación ha sido puesta en conocimiento de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional de Asturias, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón; el concejal de Seguridad Ciudadana, Rafael Felgueroso, los grupos municipales de PSOE, PP, e IU, y de la empresa Serenos Gijón.

Avispa asegura que las funciones de los serenos «están claramente especificadas y limitadas en la ordenanza municipal, no encontrándose entre las mismas la custodia, protección o vigilancia de instalaciones, ni públicas ni privadas, sobremanera en la vía pública».

En opinión de estos profesionales, sólo compete la seguridad en lugares públicos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o, en su defecto, «mediante la contratación, a través de empresas de seguridad privada, de vigilantes de seguridad privada habilitados por el Ministerio del Interior. Lo contrario podría considerarse intrusismo profesional o usurpación de funciones».

Avispa considera que se trata de una «infracción muy grave» que podría acarrear unas sanciones de hasta 30.000 euros, por lo que pide que se aparte a los Serenos de estas labores de custodia nocturna.

 

Link a la nota:

http://www.elcomercio.es/gijon/201411/25/vigilantes-privados-acusan-serenos-20141125002842-v.html

 

 

Medio: Periódico AM (León, México)

Fecha: 25 de noviembre

 

Cuidan policías empresas privadas

Tres joyerías, dos fábricas de calzado y una vinícola son custodiadas por elementos de la Policía Municipal en sus días de descanso.

Alrededor de 10 elementos prestan el servicio particular a estos negocios y la regidora Beatriz Manrique cuestionó en la reunión de la comisión de Gobierno la posibilidad de cancelar el servicio.

“Yo sé que son servicios que se dan en día de descanso y el policía se lleva un dinero extra, que bien podrían pagar servicio de una empresa particular, y es que se ocupan no sólo los elementos, también equipo, armas, chalecos”, mencionó la regidora durante la reunión.

El director de Control de la Legalidad de la Secretaría de Seguridad Pública, Fernando Rodríguez Hernández, explicó que los policías no cuidan todo el día al empresa y además prestan el servicio mientras descansan.

En el caso de las fabricas de calzado el servicio de guardia lo hace un elemento por seis horas cada viernes, cuando la empresa paga los sueldos a los trabajadores.

El mismo caso es para las joyerías y en la vinícola la protección se lleva a cabo viernes y sábados durante todo el día. Dentro de este servicio extra también los policías cuidan tianguis.

En entrevista la regidora Manrique Guevara manifestó su desacuerdo ante este servicio particular y dijo esperar a que se pueda dar este tipo de bonos económicos extra a los elementos de la Policía.

“Es un ingreso adicional que a los policías no les cae mal, me parece que quien debe recibir el esfuerzos adicional es la ciudadanía y no empresas particulares que no son un asunto de interés público en custodia y vigilancia” dijo en entrevista.

Solicitó a Fernando Rodríguez informar sobre el monto anual que pagan estos negocios por recibir el apoyo de seguridad, además exhortó a los empresarios a contratar empresas especializadas en la seguridad y dejar los elementos para la ciudadanía en general.

“Cada ocho días estamos aprobando autorizaciones a seguridad privada, ofertas hay muchas, creo que esto lo agradecerá la ciudadanía, que no se renueven esos contratos”, agregó la regidora del Partido Verde.

También el regidor panista Javier Ayala solicitó información sobre una caseta de Policía que este año permaneció en vigilancia en una fábrica de calzado en la calle Díaz Mirón.

 

Link a la nota:

http://www.am.com.mx/leon/local/cuidan-policias-empresas-privadas-161650.html

 

 

Medio: Punto Noticias (Mar del Plata, Argentina)

Fecha: 25 de noviembre

 

Activaciones de alarmas, principal motivo de llamados al 911

El Centro de Análisis Estratégico del Delito y la Violencia (CAED) de la Municipalidad de General Pueyrredon detectó una tendencia sostenida, desde abril de 2014, de despachos del servicio de emergencias 911 al Comando de Prevención Comunitaria (CPC) para la atención de alertas por alarmas domiciliarias o comerciales.

Se evidenció una demanda excepcionalmente alta de recursos policiales para atender a requerimientos que, en su enorme mayoría, carecieron de trascendencia. Es por eso que el CAED profundizó el estudio del fenómeno.

En septiembre hubo 9.118 despachos únicos del 911 con intervención del CPC. 2.995 (25%) fueron por alarmas.

El análisis de la cantidad de despachos por zona de prevención y por área permitió observar una distribución despareja de la actividad por sector.

En las zonas con más llamados, son mayoritariamente por robos. Las alarmas son el principal motivo de llamados en el microcentro, algunos sectores del macrocentro y la zona del barrio Parque Luro hasta el Parque Camet y el extremo sur del área urbana.

El área Alfonsina presentó la mayor cantidad de despachos por alarmas.

Una de las características principales de ésta área es la gran cantidad de zonas de viviendas residenciales con moradores de alto poder adquisitivo.

En el otro extremo, como era esperable, en el área Camet existe un porcentaje mucho menor de viviendas con alarmas (al menos, monitoreadas). Por ende, el número de llamados al 911 por ese motivo disminuye en este sector.

A partir de un análisis superficial del fenómeno, en las reuniones del Grupo Operativo de Seguimiento y Planificación (Gosyp) se planteó desde las fuerzas policiales una hipótesis sencilla para explicar ciertos picos en la demanda de asistencia por alarmas emanadas de los despachos del 911. El argumento fue que las condiciones climáticas, en especial el viento provocaban un aumento de los llamados y alertas por alarmas.

Para ratificar o falsear esta idea, el CAED comparó la cantidad de llamados únicos del 911 despachados al CPC por alarmas y por día con la velocidad máxima sostenida de viento y los días de tormenta.

Se advirtió que, en contra de lo supuesto, no se encuentran coincidencias rotundas entre el aumento del viento y la demanda por alarmas.

Esto implica que las hipótesis, claramente, han de ser otras. Probablemente, las activaciones de las alarmas tengan más que ver con errores de los usuarios o con un mal mantenimiento técnico por parte de las empresas de monitoreo y seguridad privada.

En el período comprendido por septiembre y octubre de 2014, un 26 % en promedio de los recursos del CPC (emanados del erario estatal, provincial y municipal) se destinó a la atención de alertas generadas por alarmas particulares administradas por agencias de seguridad privada.

Esta porción tan importante de la actividad del CPC (que, además, en un porcentaje superior al 90% resultó ser “falsas alarmas”) responde a razones técnicas (la señal de la alarma se recibe de manera inmediata, o por canales de llamado privilegiados, lo que permite mayor premura en su captación), jurídicas (existen convenios suscritos entre el Ministerio de Seguridad provincial y las agencias de seguridad privada para que se brinde este servicio a sus abonados) y de otras clases, que deberían ser investigadas y revisadas.

 

Link a la nota:

http://www.puntonoticias.com/activaciones-de-alarmas-principal-motivo-de-llamados-al-911/

 

 

Medio: 20 Minutos (España)

Fecha: 25 de noviembre

 

Los contratos públicos de la empresa de seguridad que presidió Morenés crecen un 79%

La empresa de seguridad Segur Control, del Grupo Segur, es la quinta compañía del sector que más veces ha sido contratada por el Estado, según reza una reciente respuesta parlamentaria que analiza las 50 empresas de seguridad que más adjudicaciones han recibido de la Administración central. En concreto, Segur Control ha ganado 5.091 adjudicaciones. El actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, presidió el Grupo Segur, la matriz de Segur Control, desde el 20 de octubre de 2011 hasta que fue nombrado ministro un par de meses después. "Creo que he sido el presidente más breve de esa empresa", explicó Morenés en el Congreso para defender su nombramiento como ministro independiente de las influencias de los lobbies empresariales. Otro ex alto cargo del PP, la exministra Anna Birulés, fue consejera de la sociedad. En los tres años siguientes a que Morenés dejará la empresa y asumiera el cargo de ministro (2012, 2013 y lo que llevamos de 2014), las empresas del grupo han ganado 34 contratos públicos por valor de 24,4 millones, un 79% más de adjudicaciones si comparamos este trienio con los tres años anteriores a que Morenés llegara a la presidencia de este grupo: 19 contratos en 2009, 2010 y 2011 por valor de 17,6 millones de euros. El volumen de dinero, por tanto, ha aumentado un 38,6% entre los dos periodos. Son datos analizados en el perfil Contratación del Estado. Entre esos 34 contratos hay tres adjudicados por el ministerio de Defensa, todos para la vigilancia de la fábrica de armas de Oviedo. En los 19 contratos del periodo 2009-2011, cuatro fueron adjudicados por Defensa.

El Grupo Segur está especializado en prestar vigilancia de edificios. La Administración estatal le ha contratado en estos últimos tres años para vigilar sedes de Hacienda, de la Seguridad Social, de Defensa, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Energía, sedes de RTVE, bibliotecas y museos como el Prado o el Reina Sofía. Desde el 1 de octubre es una de las diez empresas encargadas de la vigilancia exterior de las prisiones. Sus vigilantes están en las cárceles encuadradas en lote 4: Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra. Se lleva 7,3 millones de euros por un año de servicio junto a la empresa Coviar. Muchos de los contratos de seguridad se tramitan por la fórmula de "procedimiento negociado sin publicidad". En estos procedimientos no se realiza concurso abierto, sino que es el licitador (en este caso, el Gobierno) quien invita a una serie de empresas a presentarse y quien elige la compañía que presente la oferta más ventajosa. Para la vigilancia de prisiones, se dividió el territorio español en cuatro lotes y se adjudicó uno de ellos a Segur Ibérica. Años antes, en 2009, la empresa también se llevó el contrato para defender a los atuneros españoles que faenan en el Índico de los ataques de los piratas.

 

Sospechas en la 'operación Púnica'

 

En total, el Estado ha licitado 238.521 contratos con 50 empresas de seguridad, aunque la respuesta no especifica el volumen de contratación. La respuesta solo facilita los contratos adjudicados por el Estado, no por las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. A pesar de su importante volumen de contratación, las empresas del Grupo Segur han sido objeto de alguna denuncia. Cinco exdirectivos de Segur Ibérica fueron denunciados en el juzgado número 19 de Barcelona por supuestos delitos de estafa y falsedad documental. En 2009 y 2010 Segur Ibérica obtuvo un importante contrato con Adif, la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias. La Asociación para la Defensa del Patrimonio Común y Lucha contra la Corrupción (Aspacom) denunció a Segur Ibérica por contratar a vigilantes que no tenían la titulación adecuada y por facturar horas de vigilancia que no se había realizado. Al final, el juez consideró que no hubo ningun delito y archivó la causa, según un portavoz de la compañía. Otro juzgado, el 21 de Barcelona, también llamó a declarar como testigo a un directivo de la empresa por ciertas irregularidades en la Biblioteca de Cataluña, ente de la Generalitat catalana que también le adjudicó otro contrato. De momento, no hay ninguna causa judicial abierta contra Segur Ibérica. En el marco de la Operación Púnica, la Fiscalía Anticorrupción está revisando las adjudicaciones que hizo el exconsejero Francisco Granados a Segur Ibérica, que tuvo entre sus empleados a un familiar de Esperanza Aguirre, su prima Marta Gil de Biedma. En marzo de 2008, Granados, imputado en el caso, adjudicó los contratos de vigilancia y seguridad de las sedes de Presidencia y Vicepresidencia, y las consejerías de Presidencia e Interior a esta empresa porm 2,6 millones de euros, según fuentes de la investigación.

 

La compañía con más contratos, en manos suecas

 

Securitas Direct España es la firma con más contratos, concretamente 130.282, el 54% del total. Los empresarios suecos Gustaf Douglas y Melker Slöring controlan el 42% de las acciones de Securitas AB, la matriz de Securitas. Securitas Seguridad España, otra firma del Grupo Securitas, ocupa el puesto 15 en la lista con 2.165 contratos públicos. El segundo lugar en el ranking lo ocupa la empresa Prosegur España, con 22.725 adjudicaciones. Prosegur, está presidida por la empresaria argentina Helena Revoredo Delvecchio, viuda del fundador de la compañía y que tiene más del 50% de las acciones. En febrero de este año, Bill Gates compró el 3% de Prosegur. Revoredo acaba de ser nombrada consejera independiente de la eléctrica Endesa.

Prosegur también ha tenido relaciones contractuales con exdirigentes del PP. El exministro de Fomento Rafael Arias Salgado, que ocupó la cartera de Trabajo en la legislatura 1996-2000, había presidido años antes Prosegur. José María Mayor Oreja, hermano del exministro del PP Jaime Mayor Oreja, fue apoderado de Protección y Custodia S.A. que, tras la absorción por Protecsa, se convirtió en Prosegur. La compañía, la primera del sector en España, y a pesar de los miles de contratos públicos que recibe, iba a aplicar este año un ERE que iba a afectar a 1.000 trabajadores, que finalmente no se produjo. Prosegur facturó el año pasado 3.695 millones de euros y cuenta en España con unos 27.000 empleados. Otra empresa del sector es Seguriber, presidida por Mónica de Oriol, famosa por ser la compañía que tenía adjudicada la seguridad del pabellón Madrid Arena en la noche de Halloween de 2012, cuando se produjo una avalancha en la que murieron cinco chicas. Seguriber ha sido contratada 1.452 veces por la Administración General del Estado, ocupando el puesto 18 en la lista. De Oriol es además presidenta del Círculo de Empresarios y una mujer polémica tras sus últimas declaraciones, en las que abogaba por sueldo inferiores al mínimo para trabajadores sin formación, y prefería contratar mujeres con más de 45 o menos de 25 para evitar embarazos. Seguriber fue una de las seis empresas invitadas por Interior para participar en el proyecto piloto de seguridad privada en el exterior de las cárceles, por el que cobró 879.000 euros. Pero pasado ese año, Seguriber se ha quedado fuera del contrato definitivo, que entró en vigor el 1 de octubre. Interior si ha renovado en los últimos años los contratos a Seguriber para dar protección a personas amenazadas por ETA en el País Vasco y Navarra. Entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de enero de 2014, Interior ha pagado a esta empresa 63 millones de euros por este servicio.

 

Una empresa canaria con muchos litigios

 

En el listado de empresas más contratadas se ha colado Seguridad Integral Canaria, con 762 adjudicaciones. La compañía es propiedad de Miguel Ángel Ramírez, un conocido empresario canario (presidente del equipo la U.D. Las Palmas) que fue condenado en 2011 a tres años de cárcel por construirse ilegalmente un chalé en una zona protegida de la isla de Gran Canaria. Ese mismo año había donado legalmente al PP unos 50.000 euros. Fue indultado en octubre de 2013. En febrero de 2014, la Fiscalía se querelló contra él por defraudar 2,3millones de euros a la Seguridad Social tras camuflar con dietas el pago de horas extraordinarias.

A pesar de esta imputación, ha seguido ganando contratos del Estado, uno de ellos de Patrimonio Nacional por valor de 11 millones de euros. También la seguridad de los tres ministerios que tienen su sede en el complejo de Nuevos Ministerios de Madrid: 2,8 millones al año. En septiembre de este año se formalizó el contrato para que la empresa canaria prestara vigilancia a varios edificios militares del ministerio de Defensa por unos 16 millones de euros al año. La seguridad de parte de la red de Metro de Madrid también está en manos de esta empresa. En Metro de Madrid intentó hacer un ERE, pero finalmente no prosperó. "Seguridad Integral Canaria es la empresa canaria que seguramente más litigios laborales tiene actualmente en los tribunales", señalan fuentes de Intersindical Canaria. La compañía se descolgó del convenio del sector, "lo que supone que paga unos 300 euros mensuales menos a cada trabajador". El tema está en el Supremo. También el convenio que Miguel Ángel Ramírez quiso aplicar en su empresa, rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y que el empresario ha llevado también al Alto Tribunal. "La empresa se lleva el 80% de las contratas públicas relativas en seguridad que hay en las islas. Sus vigilantes están en el Palacio del TSJ de Canarias, curiosamente el órgano que rechazo su abusivo convenio", explican desde el sindicato canario.

 

Relaciones con el PP

 

Eulen es otra de las empresas beneficiadas. De los 82.000 empleados que suma la multinacional, casi 7.000 se dedican a la seguridad privada. El empresario leonés David Álvarez y sus siete hijos se reparten la compañía y se disputan su control, y el de otras posesiones como las bodegas Vega Sicilia. En su plantilla está Micaela Nuñez Feijoo, hermana del presidente gallego del PP. El Ejecutivo gallego ha hecho varias adjudicaciones a Eulen, unos contratos que levantaron polvareda. En lo referente al Estado, 703 contratos. Solo en 2014, el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente le adjudicó la vigilancia de las presas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 650.076 euros. Y el ministerio del Interior le pagará 5,2 millones de euros por el mantenimiento de la frontera de Melilla. El ex ministro de Interior del PP Jaime Mayor Oreja también trabajó en Eulen. Tuvieron que ser tres instancias judiciales, un juzgado de Primera Instancia de Vitoria, la Audiencia Provincial de Álava y el Tribunal Supremo (ver sentencia) quienes demostraran en dar por probada la participación de Jaime Mayor Oreja en la compañía. La patronal del sector, Aproser, que aglutina doce compañías que representan cerca del 70% del volumen de negocio en España, asegura que el sector cuenta con 88.250 vigilantes de seguridad en activo, de los más de 200.000 habilitados por el Ministerio del Interior. Todos trabajan en unas 1.500 empresas. Los últimos datos (de 2012) revelan que las empresas facturaron 2.994 millones de euros. Aproser asegura que solo el 22% de sus contratos proceden del sector público. Según el último convenio laboral, firmado en octubre de este año, un vigilante de seguridad cobra 1.091 euros. Si es de transporte, sube a 1.400 euros. Y un escolta, 1.210 euros mensuales, sin contar antigüedad y nocturnidad.

 

Link a la nota:

http://www.20minutos.es/noticia/2287985/0/empresas-seguridad/contratos-estado/morenes-pp/

 

 

Medio: La Hora (Guatemala)

Fecha: 26 de noviembre

 

Digessp: 46 mil 760 guardias privados no tienen certificación

De los 48 mil 200 guardias de seguridad privada que están registrados en el país, 46 mil 760 no cuentan con la certificación que exige la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp), a pesar de que el plazo para cumplir con ese trámite ya se venció, informó la institución.

Ana Patricia Monge, directora de Digessp, explicó que buscan apresurar el proceso para certificar a todos los guardias de empresas privadas, pues está consciente que el tiempo establecido para cumplir con este requerimiento venció dos años después de que entrara en vigencia la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, Decreto 52-2010.

“El plazo está vencido porque en dos años –después de la publicación de la ley– tenía que estar la totalidad de acreditados, pero para que esto fuera posible tenían que estar aprobados los centros de capacitación y esto la dirección lo hizo hasta el año pasado. A mi llegada se aprobaron y se crearon los manuales porque no habían”, indicó la funcionaria.

Monge agregó que después de la normativa ha habido algunos avances, aunque reiteró que ella empezó a fungir en este puesto hace algunos meses.

“Yo no puedo señalar a mis antecesores, porque yo siempre insisto de que cuando una institución se crea hay muchas cosas que hacer, todo es nuevo, lamentablemente los acuerdos sobre los reglamentos se hicieron uno en un año, en términos generales si se ha hecho, pero este en particular se había quedado un poco atrasado, pero tenían que organizar el marco de la ley, la regularización de las empresas, en paralelo estar trabajando este esfuerzo para el tema de capacitación”, expuso.

 

FIJAR PLAZO

 

La funcionaria dijo que Digessp fijará un plazo para que todas las empresas cumplan con la certificación de sus guardias, pero se debe llegar a un consenso.

 “Nosotros tenemos que fijar un plazo para que sea así y cualquier persona que no esté acreditada en un término prudente, no va a poder seguir prestando el servicio de seguridad, pero estamos entendiendo que todo esto es un proceso”, refirió.

Se intentó obtener una declaración de Édgar Trujillo, de la Gremial de Empresas de Seguridad Privada, para conocer su postura sobre el proceso de certificación de los policías privados, pero dijo que en ese momento no podía atender la llamada; esta persona remitió a La Hora, con el directivo Rodolfo Muñoz Piloña, pero no contestó a las llamadas realizadas a su teléfono celular.

En tanto, en los últimos meses, se han conocido varios casos de guardias que carecen de las certificaciones para ejercer su trabajo y sobre las implicaciones negativas que conlleva para la seguridad del país.

 

Link a la nota:

http://lahora.gt/digessp-46-mil-760-guardias-privados-tienen-certificacion/

 

 

Medio: El Ideal Gallego (España)

Fecha: 27 de noviembre

 

La Subdelegación contabiliza casi 60 empresas de seguridad en A Coruña

Hasta 59 empresas de seguridad privada tienen su sede o delegaciones en A Coruña, según los últimos datos aportado la Subdelegación del Gobierno. Su titular,  Jorge Atán, presidió ayer la reunión de la comisión mixta provincial de coordinación de la seguridad privada.

Esta comisión aúna a representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de Policías Locales con los representantes de diferentes asociaciones y colegios profesionales de la provincia, de empresas de seguridad privada, así como de los sindicatos: UGT, CCOO, CIG, USO y Asociación Gallega de Guardas de Campo.

Durante la reunión se repasaron las principales cifras del sector de la seguridad privada en A Coruña. Así, actualmente prestan servicio 4.079 miembros de seguridad privada en la provincia, entre agentes de seguridad, escoltas, detectives privados o guardas de campo, entre otros. Además, tienen sede o delegación en A Coruña 58 empresas de seguridad privada, entre las que se incluyen los servicios de vigilancia privada, centrales de alarma y agencias de detective.

 

Más de 2.300 locales

 

Además, se dio cuenta de los establecimientos de la provincia que deben disponer de medidas de seguridad y que actualmente ascienden a 2.367 establecimientos, repartidos entre oficinas bancarias, joyerías, estaciones de servicio, farmacias, administraciones de lotería y otros incluidos en la legislación vigente

 En la reunión se analizó la situación actual de la seguridad privada en la provincia de A Coruña y además se expusieron las modificaciones normativas introducidas por la nueva Ley 5/2014 de Seguridad Privada, que fue aprobada el pasado mes de abril. Una ley que responde a algunas de las demandas del sector en aspectos clave como la lucha contra el intrusismo profesional y que está actualmente pendiente de desarrollo reglamentario.

 

Link a la nota:

http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/subdelegacion-contabiliza-casi-60-empresas-seguridad-coruna/20141126232033219037.html

 

 

Medio: Diario de Cuyo (San Juan, Argentina)

Fecha: 27 de noviembre

 

Por los robos, en escuelas pondrán seguridad privada

El Gobierno provincial saldrá a contratar agencias de seguridad privada para cuidar los establecimientos educativos del sector público, que desde los últimos años son blanco de una creciente ola de daños y robos. La medida se podrá implementar una vez que la Cámara de Diputados apruebe una excepción a la ley que establece que los edificios públicos sólo pueden ser custodiados por la Policía. En 2008 se aplicó la misma estrategia en los centros de salud, con el objetivo de frenar los actos de vandalismo que venían sufriendo.

“Hemos tenido muchos robos en escuelas en los últimos meses y hay algunas que han sufrido varios hechos”, explicó ayer la ministra de Educación, Alicia García, a modo de argumento. Ella y su equipo de colaboradores serán los encargados de analizar en qué establecimientos hace falta reforzar la seguridad con una agencia privada.

Para poder avanzar, hace falta remover el escollo legislativo que dice que es una tarea exclusiva de la Policía. Por eso, la gestión giojista mandó un proyecto a la Cámara de Diputados que será tratado en la sesión de hoy. Y como el oficialismo tiene amplia mayoría en el recinto, es un hecho que la cartera educativa será habilitada a contratar a las empresas del sector privado que ofrecen servicios de vigilancia.

Bajo la órbita del Ministerio de Educación hay más de 800 edificios, en los que funcionan escuelas de Nivel Inicial, primarias, secundarias, de capacitación, de formación docente, juntas de clasificación y unidades de gestión. Frente a la repetición de hechos delictivos en semejante universo, García aseguró que “la Policía no puede cubrir todas las situaciones”. Mientras que su par de Gobierno, Adrián Cuevas, reconoció que “se complica” custodiar la totalidad de los establecimientos.

En definitiva, la idea es salir a prevenir que se repliquen asaltos en los edificios donde estudian miles de niños y adolescentes sanjuaninos. En lo que va de este año, entre decenas de hechos, en la escuela Francisca Ríos de Páez robaron 15 netbooks del Plan Conectar Igualdad, 10 kg de leche, varios paquetes de azúcar, 40 litros de pintura, 2 ventiladores de techo, 2 discos rígidos y herramientas; el colegio San José de Calazán fue víctima del robo de un monitor y destrozos en las instalaciones, la escuela Provincia de La Rioja sufrió el enésimo golpe cuando malvivientes arrancaron pantallas de gas de algunos cursos, en la Diógenes de Perramón se llevaron alimentos y libros y en la Alas Argentinas alcanzó al triste récord de 25 atracos (ver recuadro con foto).

García aseguró ayer que apenas les den el visto bueno a la excepción en Diputados, se sentarán a resolver dónde comienzan a poner seguridad privada y la frecuencia de la vigilancia. Por lo pronto, ya tienen decidido contratar el servicio para el instituto de formación docente Margarita Ferrá de Bartol, que fue inaugurado recientemente. Allí está previsto que funcionen tres instituciones, habrá una gran concurrencia de personas y la idea es tener custodia todo el día, aseguró la titular de la cartera educativa.

El Ministerio de Educación podrá echar mano únicamente a las 21 agencias seguridad que hay habilitadas en la provincia (otras no cuentan con todos los requisitos que exige la ley y no pasaron los controles oficiales). De acuerdo a los datos que tiene el Ministerio de Gobierno, entre todas suman entre 1.500 y 2.000 efectivos.

 

Link a la nota:

http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=648528

 

 

Medio: El Nuevo Herald (Miami, Estados Unidos)

Fecha: 27 de noviembre

 

Seguridad privada para los poderosos en México

El audífono generalmente los delata. O tal vez el traje oscuro, la enorme camioneta con vidrios polarizados o el poderoso Dodge Avenger negro, siempre negro.

Los guardias privados son parte de un tenso panorama en México, sobre todo en la capital, donde el miedo a la violencia genera una fuerte demanda de medidas de seguridad avanzadas.

En los barrios acaudalados, se los ve por todos lados. Montando guardia frente a los hoteles de lujo, en los centros comerciales más exclusivos y en los gimnasios caros. Esperan frente a las puertas de las escuelas más prestigiosas, listos para transportar a los hijos de los ricos. En el aeropuerto capitalino reciben a la gente importante.

Para los nuevos ricos mexicanos, sus escoltas armados hasta los dientes son un símbolo de estatus que representa un escudo que inspira respeto, por no decir temor.

Los clientes realmente exclusivos contratan a gente como los custodios del Lucena Group, que operan sin llamar la atención, sin mostrar armas ni manejar osadamente por la ciudad. Sus principales herramientas son la astucia, la preparación, la tecnología y la discreción.

Los mejores son asignados a la protección de artistas que llegan de gira como Lady Gaga o Madonna, o a grandes ejecutivos que visitan México para concretar negocios con multimillonarios como Carlos Slim.

Emplean equipos que siguiendo una estudiada coreografía, recogen a los clientes en el aeropuerto y los transportan por las caóticas calles de la metrópolis mientras están en máxima alerta cuando sus protegidos salen del auto blindado para caminar hacia el lobby de algún hotel.

En Ciudad de México los custodios son conocidos como "guaruras", pero ellos prefieren el término "escoltas ejecutivos". Cualquiera que sea el nombre, su creciente presencia refleja el hecho de que, a pesar de tener una de las fuerzas policiales más numerosas del mundo, los mexicanos apelan a guardias privados para que velen por su seguridad.

 

Link a la nota:

http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article4171737.html

 

 

Medio: Univisión (Estados Unidos)

Fecha: 27 de noviembre

 

En Latinoamérica aumenta la vigilancia privada

En la pantalla de la computadora de Alberto Herrera de repente apareció un alerta. Individuos que decían pertenecer al Cártel del Golfo habían detenido unos vehículos que transportaban sustancias químicas por una región del noreste de México donde impera la anarquía. Capturaron a dos conductores de un camión escolta y exigieron que les entregasen el valioso cargamento a cambio de su libertad.

Gigantescos monitores de pantalla plana mostraban la ubicación de decenas de vehículos con cargamentos codiciados por los delincuentes: jeans de diseñador, obras de arte y ejecutivos por los que se podría pedir rescate.

Las conversaciones telefónicas y el sonido de comunicaciones radiales eran típicos de una oficina policial, pero este era un centro de emergencias de International Private Security, una compañía con sede en México que ayuda a clientes de todo el mundo como PepsiCo, Audi y BP a hacer negocios en regiones azotadas por el crimen organizado.

En el escritorio de Herrera había una línea directa con la policía federal de México, pero tenía orden de este cliente de no usarla. El equipo negociador del cliente fue el que se encargó de gestionar la liberación de los conductores y del cargamento.

"No querían que llamásemos a la policía", comentó Herrera, de 32 años. "La gente no siempre confía en la policía".

La desconfianza en las fuerzas encargadas de mantener el orden ha hecho que las firmas de seguridad privadas sean un gran negocio en América Latina, donde la mayor parte de las fuerzas policiales son consideradas incompetentes y/o corruptas. En la región más peligrosa del mundo, un ejército de casi 4 millones de agentes privados genera una industria que crece a un ritmo del 9% anual y que para el 2016 podría mover US$30,000 millones, según proyecciones. Más que las economías de Panamá o Uruguay.

 

¿Por qué aumentan los servicios de seguridad privada en América Latina?

 

IPS ha duplicado la cantidad de empleados en los últimos cinco años y cuenta hoy con 4,000 personas. En toda la región, la relación entre guardias privados y policías es muy superior al promedio mundial de dos por uno. En Brasil hay cuatro agentes privados por cada policía, en Guatemala cinco y en Honduras casi siete.

"El sector privado debería complementar" a la policía, sostuvo Boris Saavedra, profesor de seguridad nacional del Centro para Estudios de Defensa Hemisféricos con sede en Washington. "Pero en algunos países no son algo complementario, son el actor principal".

Si bien las organizaciones de seguridad privadas florecen en todo el mundo, en América Latina ese boom está relacionado con un aumento en las tasas de homicidios, secuestros y extorsiones. Azotada por los carteles de las drogas y por violentas pandillas, América Latina desplazó a África como la región con la tasa de asesinatos más alta del mundo.

Los guardias privados son parte de la vida diaria en las ciudades de América Latina. Con sus rifles y sus chalecos a prueba de balas, custodian panaderías y hasta la distribución de colchones, Coca Cola y embutidos. Emplean audífonos y esconden sus pistolas debajo de sus trajes oscuros mientras acompañan los hijos de los ejecutivos a la escuela.

Pero no son la solución para la delincuencia desenfrenada. Ofrecen protección a los ricos y a sectores de la clase media, dejando librada a su suerte a la mayoría pobre de la población en una región con la peor disparidad de ingresos del mundo, de acuerdo con el experto en ciencias políticas Rafael Fernández de Castro, coordinador del equipo que produjo el informe del año pasado de las Naciones Unidas sobre la seguridad en América Latina.

 

Guerrero, México, el ejemplo de la desconfianza en las autoridades

 

Los pobres se las arreglan como pueden: forman organizaciones comunales de vigilancia o le pagan a los maleantes para que no los molesten.

"Hay mucha desconfianza en la gente, actúan en forma independiente", declaró Fernández de Castro. "Eso genera un terreno fértil para el crimen organizado".

Los traficantes de drogas imponen el terror y a menudo compran a la policía para que trabaje para ellos. Policías de Guerrero, en el sudoeste del país, han sido acusados de entregar 43 estudiantes a una banda de traficantes de drogas que, según las autoridades, los mataron en septiembre.

Crímenes como ese contribuyen al estado de temor. Las colinas y desiertos de la zona rural de México son sitios donde van a parar los cadáveres quemados y mutilados de las víctimas de los narcos. En un suburbio de clase media de Buenos Aires, Jorge Kiss dice que fue secuestrado y robado tres veces en su casa a pesar de que su vecindario tiene un guardia privado.

La inseguridad es tan prevaleciente que el 13% de los latinoamericanos, casi 75 millones de personas, siente la necesidad de mudarse para escaparle a la delincuencia, según las Naciones Unidas. El temor a las pandillas es una de las principales razones por las que miles de centroamericanos, incluidos menores no acompañados, tratan de llegar a Estados Unidos.

La falta de fe en la justicia oficial a veces hace que las víctimas tomen la justicia en sus propias manos. Hace varias semanas, algunos individuos trataron de robarle sus pertenencias a un hombre en un atestado autobús de la Ciudad de México. Pero fueron ahuyentados por un pasajero que les disparó con una pistola. Todos escaparon menos dos, uno que fue alcanzado por un disparo y murió en el mismo bus y otro que falleció tras haber huido.

 

Se extiende la justicia por mano propia

 

En tiempos recientes se han registrado linchamientos en sitios donde jamás se había escuchado de ese tipo de episodios, incluida Argentina. En el centro de Guatemala, una turba mató a golpes a Alfonso Cu tras acusarlo de haber abusado de un niño de tres años en un baño público.

"Eso crea un vacío en la identidad del ciudadano, un sentimiento de estar desvalido ante tanta violencia, y ahí se dispara el instinto y no la razón", expresó el psicólogo guatemalteco Marco Antonio Garavito.

La inoperancia de la policía obedece en parte a la historia de la región. Los agentes generalmente protegen a gobiernos, no a las personas. A medida que se impone la democracias, muchos departamentos de policía no cambian de proceder, aunque hay excepciones como las de Chile, Uruguay y Nicaragua.

Una reforma verdadera de las fuerzas públicas requeriría un cambio de filosofía y de capacitación a largo plazo, y los efectos no se varían por generaciones. Es así que los políticos optan por soluciones rápidas, que pueden tener impacto en el electorado: más gastos en equipo y patrulleros, comentó Gerardo de Lago, director de seguridad de las Laureate International Universities.

Esas actitudes no hacen nada por librar a los departamentos policiales de manzanas podridas. "Permanecen los mismos bandidos, con uniformes nuevos", afirmó de Lago.

 

Guardias mal preparados pueden elevar el número de muertos en fuego cruzado

 

La proliferación de guardias de seguridad privados, por otro lado, puede tener resultados imprevisibles. Se trata de una industria que surgió tan de repente que todavía no está debidamente regulada. Y quienes contratan sus servicios no saben exactamente qué están contratando.

La calidad de estas fuerzas varía. Algunos agentes han sido entrenados por excomandos israelíes y cobran sueldos típicos de la clase media por proteger ejecutivos de grandes empresas. Otros se las arreglan con menos. Un policía hondureño jubilado de 56 años dijo que le dieron un machete para que vigilase una clínica y ganaba US$190 al mes.

En general, sin embargo, los guardias de seguridad privados de América Latina son los que tienen más armas en el mundo, diez veces más que los de Europa Occidental, según un estudio del 2011 del Instituto de Graduados de Ginebra.

"Guardias privados mal entrenados y que portan pistolas hacen que los tiroteos resulten más peligrosos para los transeúnte inocentes", afirmó el Departamento de Estado estadounidense el año pasado en un informe para el Buró de Seguridad Diplomática.

La mayoría de estas agencias de seguridad privadas de la región no tienen licencias formales, por lo que no hay estadísticas confiables sobre la cantidad de muertes y demás delitos en los que se ven envueltos.

En Buenos Aires apenas 150 de 15,000 guardias de locales nocturnos completaron cursos básicos para esa actividad, de acuerdo con el Centro Regional para la Paz, el Desarme y el Desarrollo de América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. En Costa Rica el 20% de las empresas de seguridad privadas fueron investigadas en el 2012 por distintas infracciones, incluida la de obstruir el trabajo de la policía y por abusos en general.

En Venezuela, Julio Delgado, quien ayudó a formar una asociación de guardias de seguridad privados, calcula que el 25% de sus colegas ha cometido delitos violentos en sus horas libres.

Los custodios de un legislador venezolano fueron acusados de complotar con paramilitares colombianos para matar al congresista en octubre. Las autoridades brasileñas dijeron este mes que un guardia privado de 26 años confesó haber matado a 39 personas, muchas de ellas al disparar indiscriminadamente desde su motocicleta por diversión.

 

Los riesgos

 

En México, el director de Elite Systems, firma de Guadalajara que ofrece protección y servicios de alarma, Arnoldo Villa Sánchez, fue acusado por el gobierno estadounidense de ser el jefe de seguridad del cartel encabezado por Héctor Beltrán Leyva antes del arresto del capo en octubre. Se sospecha asimismo que Elite Systems, que empleaba 150 personas, habría lavado dinero del narcotráfico.

Los propios expertos en seguridad corren peligro. Un guardia de un barrio fue el principal sospechoso en un robo ocurrido en el 2011 en la casa de Bogotá de Daniel Linsker, encargado de las operaciones en América Latina de la firma de seguridad Control Risks.

"Incluso cuando tienes guardias en los edificios y tomas precauciones, pueden pasarte cosas", afirmó Linsker.

IPS es una de las firmas que investigan los antecedentes de potenciales empleados, incluido el uso de detectores de mentira, cuando se tiene noticias de ingresos inesperados, de acuerdo con su director general Armando Zúñiga. Su personal está registrado en un banco de datos de la policía nacional y la compañía tiene la licencia correspondiente para operar. En un esfuerzo por contar con una fuerza inmaculada, cuando busca personal IPS aclara que no quiere ex policías ni militares desertores.

Quienes no tienen recursos para contratar sus propias fuerzas de seguridad hacen lo que pueden para evitar correr riesgos e incluso le pagan a los grupos que los amenazan.

 

Las extorsiones

 

En El Salvador, Guatemala y Honduras, pandillas nacidas en las prisiones de Estados Unidos en las décadas de 1970 y 1980 gobiernan numerosos barrios. Sus filas se renuevan con elementos locales y la llegada constante de nuevos deportados por Estados Unidos y las bandas asesinan, violan, roban y extorsionan a comerciantes a cambio de protección.

"Ellos son la ley", afirmó Josefa Martínez, cuyo barrio al norte de San Salvador es controlado por la Mara Salvatrucha. "Si puedes, dales un poquito a los pandilleros y no te van a molestar. Aquí casi todos les dan dinero, esa es la verdad... Tenemos que aprender a vivir así".

En Guatemala hay barrios de clase media que parecen prisiones, rodeados por muros altos, alambres de púas y garitas con puertas de hierro. En una garita que bloquea lo que se supone es una calle pública, un cartel promueve clases de aeróbicos y Zumba junto a otro que advierte que todo autobús y servicio de entregas a domicilio será revisado.

"Hoy nadie está seguro", declaró Raúl Perdomo, ejecutivo bancario de 44 años que vive en un barrio amurallado en las afueras de San Salvador. "Vivo en una residencial (colonia o barrio) privada, hay vigilantes (seguridad privada) en la entrada. Es un lugar tranquilo, pero afuera es diferente".

 

Link a la nota:

http://noticias.univision.com/article/2172678/2014-11-27/america-latina/argentina/en-latinoamerica-aumenta-la-vigilancia-privada?refPath=/univision41/noticias/

 

 

 
Resumen Semanal de Noticias del Sector Del 31 de octubre al 7 de noviembre de 2014 PDF Imprimir E-mail

Resumen Semanal de Noticias del Sector

Del 31 de octubre al 7 de noviembre de 2014

 

 

Medio: Cuarto Poder (España)

Fecha: 1 de noviembre

 

El Estado se gasta 3,3 millones de euros en la seguridad privada de los partidos

ETA no existe en la práctica, pero no es óbice para que el Estado siga subvencionando la seguridad privada a los partidos políticos con representación parlamentaria, además de fijar los efectivos policiales necesarios. Según los informes para su fiscalización remitidos al Tribunal de Cuentas, el Estado destina casi 3,4 millones de euros al año en subvenciones para este concepto; una cantidad a añadir al conjunto de ayudas o subvenciones oficiales que los partidos perciben en función de la ley para su financiación, que en el año 2012 alcanzó la cifra global de casi 210 millones de euros. Pese a estas cifras, los partidos reflejan en sus informes que están arruinados y que precisan más seguridad en estos tiempos que corren.

Según los datos facilitados por los partidos políticos relativos a 2012, último año fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, no basta la seguridad de los Cuerpos y Fuerzas del Estado, o de las policías autonómicas en los casos catalán y vasco: el conjunto de los partidos políticos con representación parlamentaria necesitan anualmente más de 3,38 millones de euros para pagar su propia seguridad privada. Ese gasto está subvencionado de forma oficial por el Estado a través del Real Decreto 1306/2011, de 26 de septiembre, por el que se regula la tramitación de las subvenciones estatales anuales para sufragar los gastos de seguridad en que incurran los partidos políticos.

En 2012, último año fiscalizado por el Tribunal de Cuentas y, por tanto, con los datos ya oficializados, la subvención global en este concepto dada por el Ministerio del Interior supuso un desembolso de 3,38 millones de euros. Pero casi la mitad de esa subvención se la llevó el Partido Popular, que justificó gastos en seguridad privada por valor de 1.620.571,56 euros, pese a que la mayoría de sus dirigentes están en el Gobierno y gozan de la preceptiva protección oficial. El Tribunal de Cuentas ha dado por bueno ese gasto, señalando que coincide con el informado por el Ministerio de Interior a este Tribunal” pero ‘regaña‘ al PP, porque el informe remitido al Tribunal no contiene la relación pormenorizada de las operaciones imputadas requerida en el artículo 18.2.a del mencionado Real Decreto.

Hay que tener en cuenta que en 2012 el PP ya estaba en el Gobierno, pero que también empezaron a realizarse las primeras grandes manifestaciones por su política de recortes de los derechos sociales. En ese año también se produjeron muchos ‘lanzamientos‘, es decir, desahucios, y se empezó a desarrollar el fenómeno del escrache. De resultas de todo esto, lo que hace el conjunto de los ciudadanos es subvencionar la seguridad privada del PP, ya que teme las manifestaciones de los propios ciudadanos. Toda una ironía.

Pero, en fin, el partido de Rajoy no es el único subvencionado, claro está: reciben cantidades variables para seguridad privada -en función de su representatividad- el resto de las fuerzas parlamentarias, aunque algunas deberán reintegrar cantidades a la Dirección General de Política Interior al no haber justificado el suficiente nivel de gasto para las subvenciones recibidas. Se trata de Amaiur, con 22.621,67 euros de gastos no justificados en seguridad privada; Coalición Canaria, con 17.408,24 euros; Compromís-Q, con 1.297,67 euros; Geroa Bai, con 4.753,01 euros; Partido Aragonés, con 9.212,28 euros; Unión del Pueblo Navarro, con 4.556,89 euros, y Unión Progreso y Democracia, que deberá devolver 583,02 euros de los percibidos para este concepto.

 

Lo que cuesta la seguridad privada de los grandes partidos políticos

 

En cuanto a los gastos en sí mismos en seguridad privada, aunque sin precisar los conceptos, el segundo partido que más necesita -o, simplemente, más gasta- es el PSOE, que percibió del Estado 899.525,09 euros en 2012, la mitad prácticamente de lo que percibe el PP. El Tribunal de Cuentas da por buenas las cifras aportadas por los socialistas, pero también ha ‘reñido‘ al PSOE por presentarlas fuera de plazo. En todo caso, el partido de Pedro Sánchez dice que se gasta en seguridad 1.111.559,60 euros al año, unos 200.000 más de lo que percibe por el Estado.

Ahora bien, el PSOE no contabiliza las subvenciones que recibe su ‘filial‘ en Cataluña, el PSC, que tiene contabilidad propia. El partido que dirige actualmente Miquel Iceta recibe una subvención del Estado para sufragar los gastos de seguridad privada por importe de 134.650,20 euros. Sin embargo, el PSC asegura que sus gastos en seguridad ascienden a un total de 255.863,33 euros, por lo que la subvención recibida por parte del Estado sólo cubrió el 52,62% de los gastos de 2012. Y eso que en ese año todavía no estaba tan caldeado el ambiente en Cataluña como lo está en la actualidad.

Más complicado es averiguar las subvenciones totales de Izquierda Unida, pero en concreto, la subvención anual recibida por la formación de Cayo Lara para sufragar los gastos de seguridad privada ascendió en 2012 a 154.893,01 euros. Por su parte, la formación catalana coaligada con IU, ICV, recibió paralelamente una subvención para sufragar los gastos de seguridad 36.858,81 euros.

En cuarto lugar, Unión, Progreso y Democracia (UPyD) también tiene un importante gasto en seguridad privada: refleja haber gastado 127.084,05 euros en 2012. Sin embargo, la formación de Rosa Díez sólo justificó gastos por 126.501,03 euros, lo que refleja un exceso en la subvención recibida por importe de 583,02 euros que la formación política tiene que reintegrar al Ministerio del Interior de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 23 del Real Decreto regulatorio.

 

La seguridad privada de los pequeños partidos

 

El resto de las fuerzas con representación parlamentaria también reciben subvenciones para seguridad privada en función de su representatividad. La formación abertzale Amaiur, por ejemplo, percibió 62.707,46 euros para hacer frente a la seguridad de sus dirigentes y sedes, aunque respecto a la justificación de esta subvención, no declaró gastos de seguridad en el ejercicio 2011, y en el de 2012 ascendieron a 32.396,62 euros; en consecuencia, quedaron pendientes de aplicar un importe de 7.643,12 euros del ejercicio 2011 y otro de 22.621,67 euros del ejercicio 2012: Amaiur tendrá que devolver un total de 30.264,79 euros a la Dirección General de Política Interior.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) recibió en 2012 subvenciones del Estado por un importe total de 974.625,62 euros, de los que 927.037,57 euros fueron para gastos de funcionamiento ordinario y el resto, 47.588,05 euros, a gastos de seguridad.

Por su parte, los nacionalistas catalanes fueron subvencionado con 14.086,95 euros, aunque deberá devolver 1.297,67 euros. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) recibió subvenciones por 24.306,92 euros, y en su caso se ha verificado que los gastos declarados se encontraban debidamente justificados.

A la Chunta Aragonesista se le sufragó su seguridad privada por 8.368,02 euros. Mientras, ERC recibió 34.609,85, aunque la formación de Oriol Junqueras emitió una memoria económica justificativa del coste de las operaciones imputadas a la subvención a la seguridad privada, así como copia de las facturas que los soportan, por un importe certificado de 53.546,79 euros, es decir, más de lo percibido.

El Foro de Ciudadanos (FAC) de Francisco Álvarez-Cascos, con un diputado en el Congreso, recibió subvenciones del Estado para el funcionamiento ordinario de 250.857,00 euros y para sufragar los gastos de seguridad de 12.877,00 euros. Mientras que el Partido Aragonés fue subvencionado en 2012 con 16.720,78 euros. Sin embargo, esta fuerza aragonesista sólo reconoció gastos de seguridad en el ejercicio 2012 de 9.767,09 euros y no ha aportado copia de las facturas que soportan esos gastos: sólo se han justificado gastos de seguridad asumibles por 5.468,98 euros, por lo que 9.212,28 euros de la subvención abonada en el ejercicio 2012 deberán ser reintegrados.

A Coalición Canaria le correspondieron 20.408,75 euros, ascendiendo los gastos de seguridad justificados por el partido a 3.142,26 euros, si bien resulta subvencionable un importe de 3.000,51 euros. En consecuencia, el remanente de la subvención recibida en el ejercicio 2012 y no aplicado a cierre del mismo asciende a 17.408,24 euros, que deberá ser objeto de reintegro a la Dirección General de Política Interior.

La formación navarra Geroa Bai, con una diputada en el Congreso, justificó gastos de seguridad por 2.585,42 euros, pero la formación recibió 7.338,43 euros, por lo que deberá reintegrar 4.753,01 euros. Mientras que la también navarra UPN recibió una subvención del Estado para sufragar los gastos de seguridad por importe de 18.723,53 euros; sin embargo, sólo justificó 14.166,64 euros, por lo que debe devolver 4.556,89.

Y, en fin, Entesa del Progres de Catalunya presentó, con la memoria anual, la memoria de actuación y la memoria económica para justificar la subvención para gastos de seguridad por 134.650,20 euros. Pero la Entesa dice que se gasta en seguridad privada nada menos que 255.863,33 euros, por lo que la subvención recibida cubre sólo el 52,62% de los gastos reconocidos por la formación en este concepto.

Hay que destacar que entre los recursos que integran la financiación pública para funcionamiento ordinario de los partidos políticos se incluye la asignación anual para sufragar sus gastos de seguridad, según establece el Real Decreto 1306/2011, de 26 de septiembre, aprobado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Esta subvención es independiente de la que perciben los partidos por gastos electorales y para su funcionamiento ordinario, que en 2012 ascendió a un total de 210 millones de euros, cifra en la que se contabilizan no sólo las subvenciones estatales, sino también las autonómicas y municipales; es decir, todo el conjunto de la subvención oficial.

 

Link a la nota:

http://www.cuartopoder.es/enlegitimadefensa/2014/11/01/el-estado-se-gasta-casi-4-millones-de-euros-anuales-para-financiar-la-seguridad-privada-de-los-partidos/

 

 

Medio: Juárez News (México)

Fecha: 4 de noviembre

 

Crecen sin regulación empresas de seguridad privada

Pese a que en los últimos años las empresas de seguridad privada han crecido casi 7%, y sigue en aumento, la falta de regulación y carencia de capacitación de su personal las convierte más en un problema que en una solución en materia de seguridad, así lo revela un estudio elaborado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con una evaluación externa realizada por la Máxima Casa de Estudios al programa Desarrollo de Instrumentos para la Prevención del Delito, a cargo de la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP) y el Servicio de Protección Federal (SPF), dicho gremio enfrenta problemáticas por la carente actualización y profesionalización de los procesos para regular a ese tipo de empresas.

 

En la evaluación al programa, vinculado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se identifica que en lo que respecta a la DGSP “se busca dar solución a la falta de actualización, modernización y profesionalización de los procesos que se emplean para regular a las prestadoras de servicios de seguridad privada que tienen presencia en dos o más entidades federativas”. En tanto aquellas que sólo se concentran en una entidad carecen de una regulación.

“Escasa capacitación y adiestramiento del personal operativo de las empresas de seguridad privada, e insuficientes acciones de supervisión para identificar las empresas que no cumplen con la normatividad”, son dos de las principales causas que tiene identificada la DGSP como parte del Diagnóstico del Sector de Seguridad Privada 2013-2018.

Por su parte, el SPF busca dar solución a la deficiencia en los servicios de seguridad que reciben personas e instalaciones estratégicas federales, donde los altos costos y precios de los servicios, así como el amplio tamaño de la estructura administrativa en proporción al número de integrantes que hay en la institución, son los principales defectos que se han identificado en su operación.

Los efectos derivados en las problemáticas tanto de la Dirección General de Seguridad Privada como del Servicio de Protección Federal traen consigo efectos negativos como el retraso en las resoluciones de autorizaciones y las revalidaciones, según el diagnóstico.

Además de una “incipiente profesionalización y capacitación” del personal en la seguridad privada, así como un inadecuado control y supervisión de la misma.

Mientras que el tema de protección federal, las deficiencias se ven reflejadas en una inconsistencia en la calidad de los Servicios y formación del personal, una desventaja competitiva, y la duplicidad de funciones.

Ante dicho panorama, la evaluación hecha por la UNAM, recomienda a ambas instancias elaborar un único documento de diagnóstico que describa las causas, efectos y características de dichos problemáticas que cada una atiende e incluya la cuantificación, características y ubicación territorial de la población (personal de la empresa) que presenta el problema y establezca el plazo para su revisión y su actualización, lo cual es carente en el ramo.

Pese a dichas inconsistencia en la regulación de las empresas privadas de seguridad, en el Diagnóstico del Sector de Seguridad Privada del año pasado se documentó que el sector en los últimos años ha crecido un 6.9% anual, en consecuencia, principalmente de la creciente inseguridad que vive el país y que las empresas de seguridad privada irregulares han ido en aumento. Incluso, en dicho diagnóstico se menciona que el sector representa alrededor de 1% del Producto Interno Bruto del país.

En agosto pasado, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) anunció sus planes de expansión, lo cual se materializó con el lanzamiento del Capítulo Noreste de AMESP, el cual abarca presencia de la asolación en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El objetivo según dieron a conocer: “es promover la profesionalización, como lo lleva a cabo en el centro del país”.

 

Link a la nota:

http://www.nueva.juareznewstv.com/index.php/91-joomla-deals/888-p-17

 

 

Medio: Diario Digital de León (México)

Fecha: 5 de noviembre

 

El sector de la seguridad privada genera en León casi dos mil empleos directos e indirectos

El sector cuenta con 26 empresas que emplean a 785 personas directamente relacionadas con la seguridad privada, cifra a la que hay que sumar otro millar de puestos de trabajo indirectos de las empresas que prestan servicios de mantenimiento, formación, alarmas, y otros.

El Subdelegado del Gobierno en León, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, acompañado por la Comisario Jefe Provincial del Cuerpo Nacional de Policía, María Marcos Salvador, el Comandante de la Comandancia de la Guardia Civil, José Rodríguez Migens, y el Jefe de la Unidad Territorial de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, Roberto Gavela García, presidió esta mañana la Comisión Mixta de Seguridad Privada, que integran responsables de las FCSE y representantes del sector, tales como empresas, trabajadores y establecimientos obligados por Ley a disponer de medidas de seguridad.

Uno de los principales puntos de la agenda de trabajo de la Comisión se centró en analizar los cambios normativos producidos con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Privada 5/14 el pasado mes de junio.

Una Ley que pretende la mejora de la eficacia en la prestación de los servicios de seguridad privada en lo relativo a organización y planificación, formación y motivación del personal de seguridad; la eliminación de las situaciones que dan lugar al intrusismo tanto de las empresas como del personal; la dotación al personal de seguridad privada del respaldo jurídico necesario para el ejercicio de sus funciones legales, y los elementos de colaboración entre la seguridad privada y la seguridad pública, según contempla el propio texto normativo.

La ley pasa de poner el acento en el principio de la subordinación a desarrollar más eficazmente el principio de complementariedad a través de otros que lo desarrollan, como los de cooperación o de corresponsabilidad, mediante una técnica legislativa más flexible que permite una adaptación permanente a los cambios que experimente la sociedad sin que sea precisa una reforma de rango legal para ello.

El conjunto de los cambios de la nueva ley, además de mejorar y resolver problemas técnicos, de gestión y operativos, profundiza decididamente en el actual modelo español de seguridad privada (complementaria, subordinada, colaboradora y controlada por la seguridad pública), apostando por su papel preventivo en beneficio de la seguridad general, y lo hace aprovechando e integrando funcionalmente todo su potencial informativo, de recursos humanos y de medios materiales, al servicio de la protección y seguridad del conjunto de la ciudadanía, de forma compatible con el legítimo interés que persiguen las entidades privadas de seguridad.

 

Novedades de la Ley de Seguridad Privada

 

Los aspectos más novedosos de la nueva Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, son lo siguientes:

- La nueva Ley representa un tratamiento total y sistemático de la seguridad privada en su conjunto, que pretende abarcar toda la realidad del sector existente en España, al tiempo que lo prepara para el futuro.

- Se pasa de poner el acento en el principio de la subordinación, a desarrollar más eficazmente el principio de complementariedad a través de otros que lo desarrollan, como el de cooperación o de corresponsabilidad.

- Participación de las comunidades autónomas en la materia: se prevén mecanismos de coordinación institucional, se clarifica el reparto de competencias estatales y autonómicas, se afianza la competencia exclusiva del Estado en materia normativa y se sitúan en la órbita ejecutiva las competencias de las Comunidades autónomas.

- Se da definición legal a conceptos o términos que hasta ahora permanecían jurídicamente imprecisos o indeterminados, como por ejemplo la de personal acreditado.

- Se regulan las llamadas actividades compatibles, y se completan y perfilan mejor las actividades de seguridad privada. La seguridad de la información y las comunicaciones aparece por primera vez configurada como actividad compatible.

-Se liberaliza la actividad de planificación, consultoría y asesoramiento, que pasa a considerarse como actividad compatible.

- Se reconoce a los operadores de seguridad la condición de personal acreditado como respuesta al gran avance tecnológico y profunda transformación que ha experimentado la actividad de verificación de alarmas.

- Se matiza el principio general de exclusión de la seguridad privada de los espacios públicos.

- Se sustituye el sistema más gravoso de la autorización administrativa por el de la declaración responsable para los centros de formación, despachos de detectives, y las empresas de instalación y mantenimiento.

- Se regulan cuestiones anteriormente dejadas al reglamento, donde no tenían correcta ubicación, tales como las relativas a las funciones de gran parte del personal de seguridad.

- La ley modifica el nombre de los guardas particulares del campo por el de guardas rurales.

- Se amplía el requisito nacionalidad a los nacionales de terceros estados que tengan suscrito con España un convenio internacional en el que se contemple tal posibilidad a los nacionales de ambos Estados.

- Protección jurídica análoga a la de los agentes de la autoridad del personal de seguridad privada frente a las agresiones o desobediencias de que pueden ser objeto cuando desarrollen actividades de seguridad privada en cooperación o bajo el mando de las FFCCSS.

- Se elimina el periodo de inactividad.

- Se da cabida a otras posibilidades de acceso a la formación mediante el sistema que determine el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, al contemplarse la posibilidad de una formación profesional reglada o de grado universitario para el acceso a diferentes profesiones de seguridad privada, o de los correspondientes certificados de profesionalidad del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

- Regulación de los servicios de videovigilancia y de investigación privada.

- Nuevo precepto que regula las medidas provisionales que pueden adoptar los funcionarios policiales, cuando en el marco de una inspección lo consideren absolutamente necesario.

- Separación del las infracciones cometidas por las entidades, el personal o los usuarios, incluyendo a estos últimos, a los centros de formación.

- Especial hincapié en la regulación de aquellas conductas infractoras que tengan por objeto evitar el intrusismo de las empresas de seguridad, el personal no habilitado, las empresas de servicios que desarrollen actividades de seguridad o los usuarios.

 

Datos del sector

 

En la provincia de León existen 26 empresas dedicadas a la seguridad privada (más de una decena con delegación y/o sede en la provincia), siendo un sector que emplea directamente a unas 800 personas, (739 vigilantes de seguridad, 46 vigilantes de explosivos, 8 escoltas, jefes y directores de seguridad y 7 detectives), a los que hay que sumar otros mil puestos de trabajos indirectos que generan los puestos de formación, las empresas instaladoras y de mantenimiento, las empresas de alarmas y centrales receptoras de las mismas, etcétera.

El número de establecimientos obligados por la Ley de Seguridad Privada a disponer de medidas de seguridad se ha mantenido con respecto al año anterior, existiendo en la actualidad742 con este tipo de exigencias legales, cuyos responsables deben comunicar la apertura a la Subdelegación del Gobierno para que se realicen la comprobación y probación de las medidas de seguridad aplicadas.

Una de las mayores inquietudes del sector, que también fue objeto de análisis por parte de la Comisión Provincial Mixta de Seguridad Privada, se refiere al elevado número de falsas alarmas que se están produciendo en los últimos tiempos, lo que acarrea la movilizaciones innecesarias de los efectivos de los FCSE, un asunto que se ha incluido en la nueva legislación para que las empresas del sector vayan adecuando progresivamente sus elementos de seguridad para garantizar la veracidad de las alarmas y por ende la eficacia en la actuación de Policía y Guardia Civil.

 

Complementaria  a la seguridad pública

 

El Subdelegado del Gobierno en León recordó que los servicios de seguridad privada son complementarios y subordinados respecto a los de la seguridad pública, estableciéndose, a partir de ahí, un conjunto de controles e intervenciones administrativas que condicionan el ejercicio de las actividades de seguridad por los particulares.

En este marco de complementariedad y subordinación, es el Cuerpo Nacional de Policía, a través de la Unidad Territorial de Seguridad Privada, el encargado del control, la supervisión y el asesoramiento de todos los integrantes de la seguridad privada (a excepción de los guardias rurales de campo, competencia de la Guardia Civil), empresas de Instalación y mantenimiento, centrales receptoras de alarmas, empresas de seguridad, detectives privados.

Igualmente comprueba la idoneidad de las medidas con los que  ciertos establecimientos están obligados a contar por ley, habiendo realizado a lo largo de presente año más de medio millar de inspecciones, concretamente 567 en lo que va de año. La actividad inspectora que a lo largo del año ha propiciado la propuesta de 15 sanciones, de las que 10 fueron leves, 3 graves y 2 muy graves.

 

Link a la nota:

http://www.diariodigitaldeleon.com/economia/empleo/57238-el-sector-de-la-seguridad-privada-genera-en-leon-casi-dos-mil-empleos-directos-e-indirectos.html

 

 

Medio: El Comercio (Perú)

Fecha: 6 de noviembre

 

Clubes deberán pagar seguridad privada para eventos deportivos

El pleno del Congreso aprobó hoy una ley que obliga a los clubes deportivos a contratar seguridad privada que complemente la custodia que la Policía Nacional del Perú (PNP) brinda a los eventos deportivos.

El objetivo de esta modificación legal es cautelar y proteger la vida y la integridad de las personas, así como el patrimonio público y privado.

En la actualidad, cada vez que hay un campeonato deportivo entre clubes de fútbol populares se destina para la vigilancia del orden público unos seis mil policías. Solo en Lima (donde juegan Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal), apenas existen 9 mil efectivos policiales para custodiar el orden público.

El dictamen fue aprobado por unanimidad y quedó exonerado de la segunda votación, por lo que esta listo para su promulgación por el poder ejecutivo. La iniciativa fue impulsada por los parlamentarios Gabriela Pérez del Solar, Lourdes Alcorta, Mariano Portugal y Norman Lewis.

La autógrafa establece que, si los clubes no cumplen con contratar la seguridad privada, se suspenderá el evento deportivo.

 

Link a la nota:

http://elcomercio.pe/politica/congreso/clubes-deberan-pagar-seguridad-privada-eventos-deportivos-noticia-1769568

 

 

Medio: NTR Zacatecas (México)

Fecha: 6 de noviembre

 

Ex policías no pueden trabajar en seguridad privada: Figueroa

José Luis Figueroa Rangel, diputado petista, enfatizó que es improcedente la propuesta que hizo el procurador de justicia para que los elementos despedidos abrieran empresas de seguridad privada.

Esto en el apartado de asuntos generales realizada en la sesión de éste jueves dentro de la LXI Legislatura Estatal.

“Están en plataforma y a partir de ello está prohibido que tengan un empleo dentro de ésta rama”, recalcó el ex alcalde del municipio de Loreto.

Acusó al gobierno del estado de minimizar la problemática y afirmó que “está incorrecto el tratamiento que se ha dado a este tema que es muy delicado y que aquí, Francisco Escobedo, no está haciendo lo correcto”.

Explicó que “lo más delicado no es a dónde van los trabajadores, sino a dónde los estamos mandando y qué riesgos se pudieran generar que afecten la paz social”; por lo que solicitó que se establezca un fondo emergente para atender dos objetivos en concreto.

“El primero, que se liquide correctamente en base a la ley de los que así lo pidan;  y el segundo, que se generen con el Servicio Nacional de Empleo esquemas a fondo perdido para poder generar autoempleo a partir de oficios que conozcan y que manejen varios de los elementos que fueron despedidos “, puntualizó el petista.

 

Link a la nota:

http://ntrzacatecas.com/2014/11/06/ex-policias-no-pueden-trabajar-en-seguridad-privada-figueroa/

 

 

Medio: El Día (Chile)

Fecha: 6 de noviembre

 

Establecen plan para evitar robos a camiones de valores en la región

Ha sido un tema recurrente en el último tiempo. Porque en lo que va de 2014, son 19 los camiones de valores asaltados por desconocidos en nuestro país. Y sólo la semana pasada, 3 vehículos de este tipo fueron víctimas de atracos, con un botín total de $3.000 millones.

En Santiago, recientemente se anunció que los móviles serán escoltados por Carabineros para evitar más asaltos. Las autoridades explicaron que es una medida transitoria, hasta que estas entidades implementen una serie de protocolos de seguridad, tras una reunión de urgencia con la policía uniformada.

En la región también existe preocupación por la materia, aunque hasta el momento no se registra ningún hecho de este tipo. Pero para estar alertas, la Prefectura de Carabineros Coquimbo organizó una actividad preventiva que se llevó a cabo ayer, en dependencias de la Primera Comisaría de La Serena (IV Zona). Se trató de una reunión justamente con las empresas de seguridad de valores. En la jornada participaron directivos de Brinks, Prosegur e Intertecno.

Aunque las citadas empresas siempre se mantienen coordinadas con Carabineros y realizan reuniones periódicas donde definen los planes a seguir en temas de seguridad, dadas las recientes circunstancias se organizó un encuentro extraordinario.

Según explicó el coronel Julio Gordon, “instauramos un protocolo de comunicación con las 3 empresas”, poniendo especial énfasis en casos donde se trasladen grandes cantidades de dinero. Además, se revisó la problemática que a veces presentan para estacionar los camiones, de manera que no queden lejos de las respectivas entidades bancarias.

Aunque hasta el momento no se registran robos o asaltos, el coronel admitió que hace un par de meses se investigó una situación en Tierras Blancas, comuna de Coquimbo, ya que se contaba con la información de que un grupo de sujetos, privados de libertad, estaban planificando un atraco. “Por eso se ha reforzado la vigilancia”, dijo Gordon.

 

Link a la nota:

http://diarioeldia.cl/articulo/policial/establecen-plan-evitar-robos-camiones-valores-region

 

 

Medio: Diario Digital 0223 (Mar del Plata, Argentina)

Fecha: 6 de noviembre

 

Mil custodios privados quieren conformar la Policía Local

El Sindicato Unidos de Trabajadores de Custodios Argentinos (Sutca) le solicitó al intendente Gustavo Pulti que los afiliados a dicho gremio sean incorporados al cuerpo de la Policía Local. “Contamos con mil trabajadores desocupados con los cursos habilitados para ocupar los cargos de agentes de la policía municipal”, se manifestó.

En una nota presentada en el Concejo Deliberante, a la cual 0223 tuvo acceso, el sindicato explicó que “nuestros afiliados trabajadores de seguridad privada, tanto en empresas como en la capacitación con el único instituto que forma a nuestros trabajadores con matrícula Diepregep de educación y del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, asegurando así el personal ingresante a cualquier empresa de seguridad cuente con los certificados de reincidencia carcelaria por la Ley 12297, capacitados en cinco categorías: jefe de seguridad, vigilador sin arma, vigilador con arma, detective privado y custodio privado. Todos mayores de 21 años”.

En ese contexto, el gremio solicitó que los custodios privados sean tenidos en cuenta para integrar la Policía local sin el examen previsto por el Ejecutivo municipal, que se tomará en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. “Afirmamos que este personal en actividad ya cuenta con preparación fundamental”, manifestó Luis Medina, asesor gremial de Sutca.

Para finalizar, desde el sindicato se destacó que “contamos con mil trabajadores desocupados con los cursos habilitados para ocupar los cargos de agentes de la policía municipal”. “Por el alto índice de desocupación que tiene nuestra ciudad de Mar del Plata, queremos hacer nuestros aportes asegurando a todos nuestros vecinos, que cuentan con agentes de la policía municipal responsables, éticos y preparados para la tarea a realizar”, finaliza el texto presentado en el HCD.

 

Link a la nota:

http://www.0223.com.ar/nota/2014-11-4-mil-custodios-privados-piden-conformar-la-policia-local

 

 
Resumen Semanal de Noticias del Sector Del 24 al 31 de octubre de 2014 PDF Imprimir E-mail

Resumen Semanal de Noticias del Sector

Del 24 al 31 de octubre de 2014

 

 

Medio: Sipse (Quintana Roo, México)

Fecha: 24 de octubre

 

Miguel Ángel Gutiérrez, nuevo director general de vigilancia y protección electrónica

Aumentar el número de elementos de Seguridad Privada, realizar simulacros en materia de delitos para que practiquen sus protocolos de seguridad, son algunos puntos con los que concluyó el diagnóstico la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (Smspyt), el cual fue entregado la mañana del pasado martes a los administradores de las plazas comerciales.

 

Analizan las medidas de seguridad

 

El mediodía del 24 de septiembre de los corrientes un grupo de cinco sujetos armados irrumpió de manera violenta a la joyería “Nueve Lunas”, localizada en la Gran Plaza, para apoderarse de un lote de joyas en valuado en más de 250 mil pesos. En los hechos resultaron lesionados dos agentes de seguridad privada, uno con un rozón de bala en un testículo y el otro con un golpe en el rostro.

A raíz de estos hechos violentos, donde no se detuvo a ningún sospechoso, autoridades de la Smspyt y administradores de seis plazas comerciales se reunieron para analizar las medidas de seguridad que deberían tener esto lugares.

 

Evitarán futuros delitos en plazas comerciales

 

La dependencia policíaca se comprometió a realizar un diagnóstico para verificar las fallas que tienen cada una de las plazas y que estas sean subsanadas para evitar futuros delitos. También apoyaron con elementos policíacas para que recorrieran las plazas en el interior y exterior.

La encargada de realizar el diagnóstico, la subsecretaria de Smspyt, Bibian Castillo Dzul, dio a conocer que dicho proyecto ya fue concluido. Se reunieron la mañana del pasado martes con los administradores para informarles que deberán considerar el aumento de personal de seguridad privada porque diagnosticaron que muchas zonas de las plazas están desprotegidas.

 

Recomiendan realizar simulacros de robos

 

También detectaron que muchos de los agentes privados no saben que hacer en caso de una situación de riesgo como la que sucedió en la Gran Plaza. Por eso recomendaron que practiquen sus protocolos de seguridad y realicen simulacros de robos, asaltos o cualquier otro delito, para que sepan que hacer en caso de que se presente uno.

La capacitación a los elementos de seguridad, fue otra de las recomendaciones que les hicieron. La infraestructura de las plazas es un punto que también tocaron en la reunión.

La funcionaria municipal dijo que independientemente de las observaciones que les entregaron para que las subsanen, estarán en coordinación y supervisión permanente con las plazas.

Señaló que los policías preventivos asignados a dichas plazas seguirán dando seguridad, como parte del apoyo a los comercios y el plan integral de prevención. Van a cruzar información con el personal de las plazas para ubicar a los delincuentes que están robando en estos lugares.

 

Link a la nota:

http://sipse.com/novedades/recomiendan-entrenar-a-persona-de-seguridad-119189.html

 

 

Medio: Ecuavisa (Ecuador)

Fecha: 24 de octubre

 

Tras asalto a blindados, empresas de seguridad piden autorizar uso de armamento

Los dos detenidos, luego del asalto a los blindados de la empresa Vaserum, tienen orden de prisión preventiva.

En los últimos seis años, doce vehículos blindados han sido atacados. Las empresas de seguridad privada y los bancos ven con preocupación los métodos que emplean los delincuentes para cometer los delitos.

El hecho, ocurrido esta miércoles en el kilómetro 98 de la vía que une a Quito con Lago Agrio, es el más violento de los registrados en los últimos años, aunque es similar al que se produjo en noviembre de 2008, cuando un vehículo blindado fue dinamitado en la vía entre Quito y Papallacta. En esa oportunidad, el automotor trasladaba alrededor de un millón de dólares.

Según Pablo Córdova, gerente de seguridad del banco Pichincha, en los últimos seis años, 12 vehículos blindados han sido atacados en el país, y en este año ya son 18 asaltos a instituciones financieras. “En lo que va del año, solamente en Quito ha existido seis asaltos bancarios, asaltos con muchísima violencia y complicaciones que genera la preocupación en la ciudadanía”. dijo.

Es la misma preocupación que ahora tienen los bancos y las empresas de transporte de valores, ya que en el último asalto, los delincuentes habrían usado explosivos de alto poder, así como armas de grueso calibre, mientras los guardias de seguridad habrían intentado repeler la acción con revólveres y carabinas de perdigones. Al respecto, Oswaldo Domínguez, gerente de Vaserum, cuyos blindados fueron destruidos, hizo una recomendación. “Que las autoridades revisen la conveniencia de modificar la ley y permitir otro armamento”.

Los últimos asaltos en entidades financieras preocupan también a la Policía, especialmente en la capital. Por eso, 30 miembros del Grupo de Operaciones Motorizadas tienen como misión vigilar permanentemente la zona financiera de la ciudad.

 

Link a la nota:

http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/86050-tras-asalto-blindados-empresas-seguridad-piden-autorizar-uso

 

 

Medio: Infobae.com (Argentina)

Fecha: 25 de octubre

 

Edificar una política de seguridad efectiva

Edificar una política de seguridad que combine altos niveles eficacia con la defensa irrestricta de las herramientas del Estado de Derecho es un desafío central para los próximos años, tanto a nivel nacional como en nuestra Ciudad. Mientras sectores de la oposición apelan a la mano dura y a la criminalización de la pobreza desde los medios de comunicación para hacer campaña electoral, respondemos con un debate serio y profundo sobre la seguridad democrática como proyecto.

 

La seguridad democrática ha reemplazado en nuestro país la política de Doble Pacto los 90s: aquel que tenían entre sí las fuerzas policiales, absolutamente desgobernadas y por ende al margen de cualquier control por parte de los gobiernos y de la ley, y el poder político, que se dedicaba únicamente a negociar.

 

Aún falta mucho camino por recorrer para resolver la grave crisis que estamos viviendo. Por eso, proponemos diez soluciones al problema de la inseguridad en la Ciudad:

 

1. Coordinación de toda el área metropolitana: no podemos seguir con cada fuerza actuando discoordinadamente y con los cruces habituales entre funcionarios/as: el accionar de la Policía Federal, la Metropolitana y la Bonaerense, junto a Prefectura y Gendarmería, deben estar centralizadas e interrelacionadas. Deben compartir objetivos y acciones comunes, como parte de una estrategia integral contra el delito.

 

2. Coordinación multiagencial: lo mismo deben hacer los ministerios. No sólo debe actuar el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, sino también los Ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Social y Espacio Público.

 

3. Lograr la gobernabilidad del sistema de seguridad: los gobiernos nacional y de la Ciudad deben ser capaces de controlar en su conjunto el sistema de seguridad, atacando cualquier intención de los comisarios de actuar a la sombra de las leyes.

 

4. Revolucionar la Policía Metropolitana: desde sus inicios, con el nombramiento del Fino Palacios, la metropolitana nace con un vicio de origen: una finalidad meramente política disfrazada de seguridad. Hoy, cuatro años después, contamos con una fuerza raquítica, discoordinada y con decenas de denuncias de corrupción. Es necesario duplicar la cantidad de agentes que ingresan por año, multiplicar su presencia en todas las comunas de la ciudad e imprimirle una dirección que la aleje de la interna policial y la acerque a los/as ciudadanos/as.

 

5. Establecer un protocolo de actuación de todas las fuerzas que intervienen en el área Metropolitana, que enmarque su actuación y prevenga de las prácticas corruptas y otorgue seguridad y respaldo a aquellos policías que son responsables.

 

6. Mejorar las condiciones laborales de los policías y los gendarmes, hoy pésimas, para promover las conductas transparentes con estímulos reales, y restablecer una cadena de mando enfocada en el deber con la población.

 

7. Renovar el marco legal: está pendiente una actualización del código procesal penal, así como también sancionar una ley marco del accionar policial, dado que el vigente tiene más de 50 años.

 

8. Prevención y control del delito: La prevención del delito es la llave para la tranquilidad del y de la ciudadano/a. Su vinculación con las políticas de contención social no es lineal: si bien va de la mano con un bienestar general de la población y con la creación de empleo, la prevención implica hoy mayor presencia de las fuerzas de seguridad en las calles. A su vez, es necesaria la creación de un área específica de Estadística Criminal propia que permita establecer un mapa del delito. Para la reducción de mercados delictivos tales como los robos de celulares o pertenencias privadas y de los mercados de drogas o trata es urgente que las Coordinaciones de Auditoría Policial Comunal se pongan realmente en funcionamiento y estén coordinadas con las políticas de seguridad.

 

9. Regular el mercado de seguridad privada: Este es sin dudas un sector parasitario de la inseguridad, que lucra con el miedo de la gente y las fallas del Estado, e incluso ofrece en varios casos mejores condiciones laborales que la policía, y recluta agentes retirados/as. Por lo tanto, tiene intereses contradictorios con la solución del problema. La seguridad no es un negocio, es una responsabilidad del Estado.

 

10. Participación Popular y Ciudadana: es imprescindible implementar en cada Comuna los foros de seguridad pública para promover el control social de las fuerzas de seguridad. La Ley 4007 lleva dos años de vigencia y el gobierno de la ciudad mira para otro lado.

 

Debe ser un compromiso central para una futura gestión en la Ciudad tomar el eje de la seguridad democrática, de manera transversal a los colores e identidades políticas, buscando articular ampliamente con todos ellos. Es decir, tomar la seguridad no como un negocio, ni como bandera político electoral, ni propagandística, ni tampoco con fines represivos. Se trata de alcanzar la transparencia y la planificación necesarias, desde el compromiso transversal de todos los sectores, para dar respuestas a los/as ciudadanos/as. Desde la base de la eficacia y el respeto del Estado de Derecho.

 

Por María José Lubertino

 

Link a la nota:

http://opinion.infobae.com/maria-jose-lubertino/2014/10/25/edificar-una-politica-de-seguridad-efectiva/

 

 

Medio: Entorno Inteligente (Uruguay)

Fecha: 25 de octubre

 

Ladrones balearon en la cabeza a un guardia de seguridad

Un asalto a una fábrica de gaseosas ubicada en camino Antonio Rubio 1116 y camino Melilla, dejó a un guardia de seguridad privada gravemente herido.

La Jefatura de Policía de Montevideo informó que sobre las 15:00 horas de ayer viernes, llegaron a la fábrica dos hombres encapuchados y desde el portón dispararon varias veces con un arma de fuego contra los guardias de seguridad.

Uno de los guardias tiene 42 años y recibió dos impactos en su chaleco antibala. Su compañero, de 37 años, fue baleado en la cabeza.

Los delincuentes robaron sus revólveres e ingresaron a las oficinas, cuyo personal al ver lo que ocurría mediante las cámaras de seguridad, buscó refugio.

Los ladrones lograron encontrar una caja con dinero en efectivo, la cual se les cayó cuando escapaban, y solo se llevaron las armas de los vigilantes.

El guardia baleado en la cabeza fue trasladado al Hospital Saint Bois y está en estado reservado.

La investigación continúa y se trata de ubicar a los delincuentes.

 

Link a la nota:

http://www.entornointeligente.com/articulo/3898965/URUGUAY-Ladrones-balearon-en-la-cabeza-a-un-guardia-de-seguridad-25102014

 

 

Medio: El Sol de León (México)

Fecha: 26 de octubre

 

Regulará toda la seguridad privada

Funcionan en el estado unas 400 empresas de Seguridad Privada, pero solamente alrededor de 100 están debidamente registradas ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; la nueva "Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato" pretende regularlas.

En voz del diputado panista Presidente de la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados Juan Rendón López, la nueva ley busca que los empresarios cumplan con los requisitos de la Seguridad pública, es decir, que todos sus integrantes pasen por los Exámenes de Evaluación de Control y Confianza.

Así mismo, que tengan sus registros en regla y que cuenten con la anuencia del municipio pero que sean vigilados y supervisados por el Estado.

Al responder a las preguntas de este medio, el congresista informó que hay de 90 a 100 empresas de esa naturaleza que están registradas, el padrón varía debido a que hay altas y bajas, hay unas 400 empresas en el estado que prestan este servicio y que deben regularse, advirtió.

En el portal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en el apartado del padrón de empresas de Seguridad privada, se hace mención que esa dependencia estatal es la que otorga la autorización para el funcionamiento y operación de los servicios de Seguridad privada en la entidad.

De igual forma, se especifica las normas de servicio que deben prestar entre las que destacan: la protección de personas y bienes; protección y custodia en el traslado de fondos y valores; instalación y funcionamiento de dispositivos o mecanismos indispensables de seguridad y alarma, en bienes muebles e inmuebles.

Apoyo en la vigilancia de fraccionamientos o conjuntos habitacionales o de construcción; apoyo en la vigilancia en centros comerciales, turísticos y hoteles; asesoramiento y los servicios relacionados con la prevención de riesgos.

En la misma página de Internet de la Secretaría, aparece la lista de empresas de este tipo que funcionan en el estado, un total de 105, de la que se desprende que el municipio de León es el que más empresas cuenta con un total de 50, le sigue Celaya con 27, Irapuato con 12, lo que hace un total de 89.

El resto se divide de la siguiente manera: Cortazar 2; San Miguel de Allende 3; Tarandacuao 2; Silao 2; San José Iturbide 1; San Luis de la Paz 1; Apaseo el Alto 1; Guanajuato 2; Purísima del Rincón 1 y Acámbaro 1.

Cabe señalar que algunas de esas empresas solamente prestan los servicios en los municipios arriba señalados y otras son de carácter regional, es decir que, brindan el servicio en los municipios cercanos por ejemplo, algunas de Irapuato se extienden a Salamanca y algunas de Celaya a los municipios cercanos como los Apaseos.

 

Habrá nueva ley

 

Es necesario comentar que el viernes de la semana pasada, la Comisión de Seguridad del Congreso local, aprobó el dictamen relativo a la iniciativa de "Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato", la cual será presentada a la Junta de Gobierno.

De esa instancia será subida al pleno y en caso de que los diputados que integran el mismo lo aprueben, la citada ley entrará en vigor a partir del primero de enero del 2015, de acuerdo al artículo primero transitorio acordado por los legisladores integrantes de esa Comisión que preside el congresista Juan Rendón López.

 

Al margen de la ley

 

Es necesario comentar que la actual Ley de Seguridad Pública para el Estado de Guanajuato no es respetada por los empresarios que ofrecen este servicio, básicamente en su artículo 125 donde se habla de los lineamientos para la prestación de los servicios de Seguridad privada.

En la fracción IV se lee que: "queda estrictamente prohibido a los elementos de servicios de seguridad privada usar el escudo nacional, del estado, de los municipios, así como logotipo, lemas, luces, sirenas, torretas, uniformes, insignias y demás suplementos de uso exclusivo de las instituciones policiales de la federación, del estado o de los municipios".

No obstante la mayoría de las empresas utilizan uniformes con los mismos colores de las autoridades tanto federales como estatales y municipales, los más comunes son el azul marino, el negro y hasta colores similares a los que usa Tránsito del Estado.

 

Link a la nota:

http://www.oem.com.mx/elsoldeleon/notas/n3583993.htm

 

 

Medio: 24 Horas (Chile)

Fecha: 28 de octubre

 

Subsecretario de Prevención del Delito reconoce que "robo cero es casi imposible"

El subsecretario de la Prevención del Delito, Antonio Frey, aseguró que el "robo cero es casi imposible", aunque "sí se puede mejorar los riesgos" de la industria de camiones de valores..

En declaraciones a radio Cooperativa en donde fue entrevistado tras la serie de asaltos ocurridos en los últimos días, Frey dijo que el Gobierno apuesta por un nuevo decreto que aumenta mejorar los estándares de seguridad.

"Estamos trabajando arduamente en la solución de este problema, una solución que tiene que tener una pata tanto en seguridad privada como en seguridad pública", señaló Frey.

En ese sentido, agregó que "estamos obligados a trabajar en conjunto porque hay que racionalizar la fuerza pública (...) estamos en un trabajo de avance, estamos con las cinco empresas involucradas tratando de llegar a un acuerdo respecto a los estándares de seguridad para que podamos tener mejores elementos preventivos y para compatibilizar la seguridad pública con la privada".

Respecto a medidas concretas, la autoridad señaló que se buscará mejorar cámaras de seguridad; sistemas de GPS y monitoreos; y centros de acopio.

No obstante, no descartó que en algunos casos de podría utilizar una técnica "como el entintado de billetes que permita inhibir los robos".

A modo de reflexión, y en conversación con "Tu Mañana", Frey dijo que los recorridos de los camiones de valores "no pueden ser tan fáciles de identificar"

"El delito es innovador, hay que ir constantemente avanzando en este proceso actualizando y modernizando los sistemas donde ocurre esto (..) tenemos que tener cámaras de alta definición, protocolos de actuación quién se baja, quién hace el traspaso de dinero", agregó.

Frey, además, entregó información sobre el robo un camión de valores en la calle Morandé, en donde se mostró una forma de operar distinta a la habitual.

Según señaló, el chofer fue intimidado por un delincuente que le mostró una fotografía de su familia, lo que da cuenta de la preparación de los asaltantes.

"¿Por qué el delincuente tenía información de los turnos? ¿Por qué sabía que esa persona en el turno?", dijo.

Finalmente, Frey anunció que próximamente la fiscalía dará a conocer "buenas noticias" sobre el robo ocurrido a un camión de valores que se encontraba al interior del aeropuerto de Santiago, atraco avaluado en seis mil millones de pesos.

Para este martes, el Gobierno citó una reunión a las empresas Prosegur y Brinks.

 

Link a la nota:

http://www.24horas.cl/nacional/subsecretario-de-prevencion-del-delito-reconoce-que-robo-cero-es-casi-imposible-1472594

 

 

Medio: Expansión (España)

Fecha: 29 de octubre

 

Seguriber, la empresa de Mónica Oriol, se queda fuera del contrato para la vigilancia exterior de las prisiones

Seguriber, le empresa de la presidenta del Círculo de Empresarios de Madrid, Mónica Oriol, no será una de las empresas contratadas por el Ministerio del Interior para vigilar el perímetro exterior de las prisiones. Así la afirmado este miércoles el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien ha anunciado que esta empresa "se ha quedado fuera".

"No ha resultado adjudicataria en los contratos para la vigilancia del perímetro exterior de las prisiones. Entiendo que se habrá presentado en las condiciones que marcaban los pliegos y se ha quedado fuera", ha dicho el 'número dos' de Interior. El Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz va a invertir 33 millones de euros en un año para este proyecto que, según ha dicho, va a integrar a una tercio de los escoltas que prestaban labores de escolta en el País Vasco.

Martínez ha hecho estas declaraciones en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, donde ha mantenido un enfrentamiento dialéctico con el diputado del PSOE, Antonio Trevín, quien ha acusado al ministerio de privatizar la vigilancia exterior de las cárceles para favorecer a empresas como la de Mónica Oriol.

Esta cuestión ya fue motivo de enfrentamiento entre ambos el pasado 7 de octubre en otra comparecencia del secretario de Estado de Seguridad en la Cámara Baja.

Mónica Oriol declaró recientemente que prefiere "contratar a mujeres mayores de 45 años o con edades inferiores a los 25 años para evitar embarazos". Trevín ha recordado además que la empresa de Oriol, Seguriber, era la misma que se encargaba de la seguridad en el Madrid Arena.

El diputado socialista ha explicado que "sólo había dos razones" para reforzar el exterior de las prisiones con agentes de seguridad privada: "un problema de seguridad, que no ha habido un sólo caso, o la necesidad de ampliar el negocio y ese negocio en el que hay diez empresas incluye también la de Mónica Oriol", denunció el socialista.

 

Link a la nota:

http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2014/10/29/20141029220030.html

 

 

Medio: Expansión (España)

Fecha: 29 de octubre

 

Uno de cada tres escoltas que prestaba servicio en el País Vasco por ETA se integra en el plan para vigilar prisiones

Uno de cada tres escoltas que protegía a personas amenazadas por ETA en el País Vasco se ha integrado en el plan del Ministerio del Interior para que las empresas de seguridad privada se encarguen de vigilar el perímetro exterior de las prisiones.

Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.

Según ha dicho, había un "pacto de caballeros" para "no dejarles tirados" y que ese pacto se ha respetado, pero ha explicado que no a todos les interesaba pasar de ser escolta a hacer vigilancia privada. "No es el mismo trabajo", ha añadido Martínez, que ha cifrado el 'trasvase' en un tercio.

"El compromiso existía, pero luego tenían que aceptar voluntariamente, no se ha dejado tirado a nadie", ha insistido al tiempo que ha argumentado que en ocasiones significaba salir de su lugar de origen para trabajar en una cárcel de otra provincia.

En cualquier caso, el secretario de Estado de Seguridad ha concluido que "es una buena noticia que los cargos que tenían escolta ya no la necesiten".

 

Link a la nota:

http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2014/10/29/20141029210705.html

 

 

Medio: Prensa Libre (Guatemala)

Fecha: 29 de octubre

 

La privatización de la seguridad beneficia a amigos del PP y empresas anticonvenio

Sin imaginarse que pedir un favor le costaría la vida, Nivya Aracely Pérez Quiñónez, de 64 años, murió a manos de guardias de seguridad privada del condominio Jardines de San Cristóbal, a quienes acudió para que le cambiaran el garrafón de agua el sábado último en la noche.

La Fuerza de Tarea contra el Secuestro empezó las investigaciones el domingo, después de que los familiares de Pérez Quiñónez presentaron la denuncia en el Ministerio Público.

Por este caso fueron detenidos Gilberto Antonio Cortez Escalante y/o Sergio Luis Castañeda, 23, de nacionalidad salvadoreña, y José Blanco González, 35, como presuntos responsables del crimen.

Investigadores refirieron que el sábado último, a eso de las 19 horas, la víctima salió a la garita del condominio donde residía, para pedirles a los guardias que le hicieran el favor de cambiar el garrafón de agua pura, y uno de ellos le indicó que lo haría a eso de las 20.30 horas.

Esto se deduce con base en la información que proporcionó el esposo de la víctima, quien señaló que Pérez Quiñónez le informó que les había pedido ayuda a los guardias.

Según la fuente, uno de los guardias aprehendidos detalló que Cortez Escalante fue quien llegó a la casa y amarró a la víctima, y después robó Q12 mil 500 en efectivo y joyas.

Sin embargo, Pérez Quiñónez logró escapar y salió a la calle en busca de ayuda. En ese momento se encontró con Blanco González, quien en lugar de ayudarla la regresó a la residencia y fue cuando ambos decidieron darle muerte a golpes.

Después introdujeron el cadáver al baúl del vehículo de la víctima y lo lanzaron a un barranco que se encuentra frente al condominio, ubicado en la 9a. avenida y 6a. calle, Ciudad San Cristóbal,  zona 8 de Mixco,  donde fue localizado ayer.

Según las pesquisas, estarían involucrados otros tres guardias privados y los cinco pertenecen a la empresa Marsan.

 

Link a la nota:

http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/detenidos-dos-presuntos-homicidas_0_1235276652.html

 

 

 
Resumen Semanal de Noticias del Sector Del 10 al 17 de octubre de 2014 PDF Imprimir E-mail

Resumen Semanal de Noticias del Sector

Del 10 al 17 de octubre de 2014

 

 

Medio: Semana (Colombia)

Fecha: 10 de octubre

 

Estado fue permisivo con la creación de las ‘Convivir’

Lo dice el Consejo de Estado, quien halló responsable al Municipio de Medellín por los perjuicios a varios comerciantes por el accionar de estas estructuras.

En la década de los 90 Medellín evidenció la creación de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada para la Autodefensa Agraria (CONVIVIR), las cuales terminaron convirtiéndose en una monstruosa fuerza paramilitar que dejó miles de víctimas.

Mucho se ha debatido por la creación de esas estructuras. Y ahora el Consejo de Estado declara la responsabilidad del Municipio de Medellín por los perjuicios causados a varios comerciantes con un artefacto explosivo accionado por un grupo armado ilegal en enero de 1997, en contra del edificio donde funcionaban unas asociaciones 'Convivir'.

La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, dice respecto a la creación de las ‘Convivir’ que el Estado estaba enterado de la constitución de grupos civiles armados que estaban actuando al margen de la Constitución y de la ley, y no hizo nada. Asegura que, por el contrario, con su omisión incurrió en un desprotección de los derechos de los ciudadanos. “El Estado aceptó con su silencio que se configurara, más allá del riesgo jurídicamente aprobado y tolerado, una fuente de peligro para la sociedad”, afirma la decisión.

El fallo afirma que “es un hecho censurable que las autoridades municipales manifestaran su aquiescencia con las labores adelantadas por las 'Convivir', manera ignominiosa de contribuir desde el aparato estatal en el fomento y promoción de grupos civiles armados al margen de la ley, circunstancia intolerable que no se puede volver a repetir en una sociedad que aspira a alcanzar con premura el valor supremo de la paz”.

Para la sección tercera es una certeza que las autoridades de Medellín conocían las oficinas del edificio donde funcionaba Asocomunal, asociación dedicada a actividades de carácter comunitario, donde también funcionaban la Asociación Convivir y el Comité de Participación Ciudadana Comerciantes Vecinos Empresas Públicas de Medellín, entidades que ejecutaban servicios especiales de vigilancia y seguridad privada.

Ellas, según el Alto Tribunal, “estaban involucradas en homicidios, abuso sexual contra las trabajadoras sexuales del sector, maltrato, lesiones personales, amenazas, injuria, suplantación de autoridad legítima y enfrentamientos con estas, piratería terrestre, hurto, boleteo, extorsión y prestación ilegal de servicios de seguridad y vigilancia privada, pese a que su objeto era de promoción comunitaria de programas sociales, morales, culturales y educativos”.

El edificio atacado había sido arrendado al municipio de Medellín para el funcionamiento de las oficinas de Asocomunal, sin embargo, allí se instalaron de forma ilegal cooperativas como la Asociación Convivir.

Por esta omisión el Alto Tribunal conmina al Municipio de Medellín a pagar cerca de $ 400 millones a los comerciantes que se vieron afectados por el funcionamiento de estas estructuras en ese inmueble de la capital antioqueña. Pero, más allá de la sanción, lo cierto es que el alto tribunal considera que el Estado fue permisivo con la creación de estas organizaciones que degeneraron en las ya conocidas y macabras agrupaciones paramilitares.

 

Link a la nota:

http://www.semana.com/nacion/articulo/estado-fue-permisivo-con-la-creacion-de-las-convivir/405569-3

 

 

Medio: El Patagónico (Argentina)

Fecha: 10 de octubre

 

Trabajadores de seguridad privada de bancos en estado de alerta y movilización

Desde el Sindicato de Personal seguridad privada, Julio Gutiérrez anunció que desde este mediodía se encuentran en estado de alerta y movilización ante la falta de respuesta al reclamo de adicionales a distintas entidades bancarias de Comodoro Rivadavia.

Gutiérrez en una entrevista en Radio Del Mar informó sobre la preocupación del sector ante la falta de respuesta al reclamo de adicionales del personal que se desempeña en los diversos bancos de la ciudad. “Hace un tiempo que hemos pedido un adicional a las distintas entidades bancarias a través de las empresas que prestan servicio y no hemos tenido respuestas con una desidia total al tratamiento de este tema”.

De esta manera, lamentó que se haya resuelto que hoy a partir de las 12 del mediodía el sector se encuentre en estado de alerta y movilización. De la misma manera, adelantó que a las 18 horas de hoy se realizará la reunión de Comisión “para resolver si el martes o qué día de la semana vamos a tener que generar una medida de acción directa en los distintos bancos Comodoro”.

Las entidades bancarias que se verían afectadas serían: Citibank, Francés y Patagonia.

 

Link a la nota:

http://www.elpatagonico.net/nota/257777-trabajadores-de-seguridad-privada-de-bancos-en-estado-de-alerta-y-movilizacion/

 

 

Medio: La Capital (Rosario, Santa Fé, Argentina)

Fecha: 11 de octubre

 

Entraron a un country y robaron en una vivienda

Después, según la poca información que trascendió, le sustrajeron algunos electrodomésticos y unos mil dólares en efectivo.

Cuatro hombres encapuchados ingresaron la madrugada de ayer en el country Carlos Pellegrini, ubicado en la zona oeste de Rosario, y tomaron por asalto una de las viviendas cercanas al perímetro del predio. Los maleantes redujeron a la pareja que vive allí y que estaba durmiento. Después, según la poca información que trascendió, le sustrajeron algunos electrodomésticos y unos mil dólares en efectivo.

El asalto se produjo alrededor de las 5 de la mañana en el coqueto barrio cerrado ubicado en Alvarez Condarco y Alippi, en el barrio de Fisherton R., aunque también tiene ingreso por calle Urquiza y desde el interior del Jockey Club.

De acuerdo a los primeros trascendidos, cuatro hombres con sus rostros cubiertos por capuchas y buzos lograron introducirse en el predio cerrado por uno de los alambrados perimetrales que habrían cortado y así avanzar hacia la vivienda que ocupa una pareja de ancianos sin ser detectados por las numerosas cámaras de videovigilancia que controlan el lugar ni por la guardia de seguridad privada que está apostada en cada ingreso.

Una vez adentro de la casa "elegida al azar", según las fuentes, los ladrones amenazaron y maniataron a la pareja y sustrajeron electrodomésticos y unos mil dólares con los que escaparon por el mismo lugar por el cual ingresaron y sin ser visto por ningún custodio privado del lugar. Anoche, otras versiones extraoficiales, sostenían que las viviendas asaltadas habían sido tres pero que sólo los dueños de una hicieron la correspondiente denuncia policial.

 

Link a la nota:

http://www.lacapital.com.ar/policiales/Entraron-a-un-country-y-robaron-en-una-vivienda-20141011-0033.html

 

 

Medio: La Opinión de Málaga (España)

Fecha: 11 de octubre

 

Los «vacíos» de la Ley de Seguridad Privada

La Ley de Seguridad Privada aprobada por el Gobierno se anunció como una revolución para el sector. Sin embargo, para Marea Negra hay ciertas lagunas y vacíos legales. Para el coordinador de la asociación en Andalucía, José Antonio Sánchez, es «verdaderamente contradictorio» que, por un lado, «un vigilante cualificado pueda participar en misiones internacionales protegiendo de los piratas a atuneros llevando armas y vigile el perímetro de las cárceles» y que, por otro, «se nos impida identificar o reducir a un presunto delincuente en cualquier polígono de nuestro país». «Yo no quiero ser policía, pero tampoco quiero que en mi barrio falten agentes porque están en un evento deportivo o en un espectáculo. ¿Me entiende?».

 

Link a la nota:

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/10/12/vacios-ley-seguridad-privada/713892.html

 

 

Medio: El País (Uruguay)

Fecha: 14 de octubre

 

Verano: Prosegur planteó colaborar con seguridad en Maldonado

El gobierno departamental recibió la propuesta de la empresa privada de seguridad para contribuir en los planes previstos para el próximo verano.

La Intendencia de Maldonado está llevando a cabo una serie de encuentros para el intercambio de ideas e información en el marco de la confección del Plan de Seguridad para la temporada 2014-2015. En este contexto, la empresa Prosegur expresó su interés en colaborar mediante el aporte de recursos, ya sean vehículos o cámaras, entre otros elementos.

El secretario general de la Intendencia de Maldonado, Gustavo Salaberry señaló que la propuesta ha sido considerada como muy interesante porque “la empresa tiene una cobertura amplia en el departamento y, sobre todo, en la costa”. Además, indicó que ante esta iniciativa se les planteará a otras empresas privadas si también desean colaborar.

En los próximos días, a través de una mesa de trabajo, se evaluará “el rol que podrían cumplir los vehículos” durante el verano para formar parte del Plan de Seguridad. Por consiguiente, esta colaboración implicaría que la IDM cuente con los recursos de Prosegur -tanto de los instrumentos como su aporte a nivel logístico-.

 

Link a la nota:

http://www.elpais.com.uy/economia/gente-negocios/prosegur-colaborara-verano-seguridad-maldonado.html

 

 

Medio: Página 12 (Argentina)

Fecha: 15 de octubre

 

Debate por la otra seguridad

Una Cámara condenó a la CHA porque una persona que se acercó a un acto en la Reserva Ecológica porteña fue atacada por un tercero ajeno a la actividad. Otras entidades se sumaron al rechazo de que una organización deba asumir el poder de policía en un lugar público.

En 2008, un hombre denunció judicialmente a la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) porque, aseguró, había sido atacado por un tercero, desconocido, durante un evento público que la entidad organizó en Puerto Madero. En la demanda, el hombre también responsabilizó al gobierno porteño, la Prefectura y la Policía Federal. La causa prosperó hasta llegar a una resolución de Cámara que responsabilizó exclusivamente a la CHA por el incidente, basándose en que, a la hora de autorizar el evento, el gobierno porteño delegó “la seguridad” en la organización. Esa resolución, que condena a la CHA a pagar 450 mil pesos, asevera que la entidad tenía a su cargo la seguridad de las personas, aunque el evento transcurriera en un espacio público abierto. Por considerar que la sentencia es “arbitraria”, vulnera una ley que prohíbe a asociaciones civiles y fundaciones brindar servicios de seguridad en espacio público abierto no concesionado y que se trata de un caso de interés público, la entidad pidió a la Corte Suprema que tome el caso. Organizaciones como la UTE (Unión Trabajadores de la Educación) y 100x100 Diversidad acompañaron el reclamo como “terceros afectados” porque, explicaron fuentes de la CHA, “todas las asociaciones civiles de derechos humanos sin fines de lucro enfrentaremos el mismo peligro potencial de quiebra económica institucional y, tal vez, personal, a partir de este antecedente”.

“En general, las causas que reclaman por daños tratan cuestiones privadas, y la Corte no suele hacerse eco de cuestiones privadas salvo que haya arbitrariedad de sentencia, que se trate de un fallo en contra de la ley, de prevaricato. Y nosotros consideramos que este es precisamente un caso de arbitrariedad de sentencia”, explicó a este diario Marcelo Suntheim, abogado de la CHA. Desde UTE, la abogada Silvana Graciano explicó que en el fallo “hay un corrimiento de la responsabilidad del Estado, que parecería delegar en la organización el deber de seguridad sobre las personas, algo que es responsabilidad indelegabe del Estado. A la organización sí se le puede exigir la seguridad del espacio prestado, pero no eso”.

El 15 de enero de 2005, la CHA organizó una actividad de la campaña Stop-Sida en el anfiteatro del parque Micaela Bastidas, de Puerto Madero. Durante el evento, que duró dos horas y media, un dj pasaba música y activistas de la organización distribuían material informativo sobre prevención en salud. Según explicaron activistas de la CHA, “todo se desarrolló con tranquilidad y pacíficamente” y “en ningún momento nadie se acercó para denunciar algún episodio violento o solicitar ayuda”. Pero poco después fueron denunciados ante la Justicia por Diego Arregui, un hombre que dijo haber sido atacado por un tercero en la vereda y que también responsabilizó por eso al gobierno porteño, la Prefectura y la Policía Federal Argentina (PFA). Arregui explicó que paseaba por Puerto Madero con amigos cuando escuchó música y se acercaron; que a unos metros vio a alguien sobre el piso y se dirigió hacia donde estaba para ayudarla, pero que antes de llegar sintió un fuerte golpe en la cabeza y quedó inconsciente, tras lo cual sus amigos lo llevaron hasta el puesto de Prefectura más cercano. Arregui dijo que no había ningún policía en la zona, y que sus amigos no lograron dar con organizadores del evento. Una vez recuperado, inició la demanda por daños.

En primera instancia, el titular del Juzgado Contencioso Federal Nº 6, Enrique Lavié-Pico, condenó al gobierno porteño porque “el deber de seguridad es indelegable”, y porque, aun habiendo concedido el permiso para la realización del evento, nunca comunicó a la PFA que se haría esa actividad. Además, eximió de responsabilidad a la Policía y condenó a la CHA, al considerar que no puede deslindarse de su responsabilidad como organizadora del evento. Tras la apelación, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal reformuló la sentencia: exculpó al gobierno porteño y responsabilizó exclusivamente a la CHA. Para ello, esgrime como antecedente de jurisprudencia el “caso Mosca”, en el cual un hombre reclamó daños por heridas sufridas en un estadio cerrado, durante un partido organizado por la AFA.

Con esa resolución, además de demostrar arbitrariedad, señaló la CHA, “la Cámara falla contra la ley Nº 118, de Servicios de Seguridad Privada, que expresamente prohíbe la prestación de servicios de seguridad privada sobre las personas en el espacio público abierto concesionado (excepto servicios de custodia personal y transporte de bienes)”. Esa misma ley también incluye “la prohibición a las asociaciones civiles y fundaciones de proporcionar todo tipo de servicios de seguridad privada a terceros, en cualquier caso y lugar”.

La abogada Graciano explicó que UTE acompañó el pedido de que la Corte tome el caso “porque tenemos interés legítimo en la cuestión” y que la causa involucra “intereses colectivos, públicos, tanto el de la tutela del bien jurídico seguridad, que es colectivo, como el del interés de las organizaciones que no tienen fines de lucro, que no pueden tener a su cargo el poder de policía, indelegable del Estado”.

 

Link a la nota:

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-257562-2014-10-15.html

 

 

Medio: Parabuenosaires.com (Ciudad de Buenos Aires, Argentina)

Fecha: 15 de octubre

 

Casi 300 mil pesos costó en septiembre la vigilancia privada en subtes porteños

Así lo informó la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana.

Luego de intensos debates entre la Policía Metropolitana y la Federal por la custodia en subtes, a través de la Resolución 177 del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad se supo que el mes pasado se gastó casi 300 mil pesos en seguridad privada.

“Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada prestado en Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el mes de Septiembre de 2014 por la firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos doscientos noventa mil ochenta con 80/100 ($ 290.080,80)”, detalla el primer artículo de la Resolución.

“El Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación sea de tracto sucesivo”, explican los considerandos.

 

Link a la nota:

http://parabuenosaires.com/casi-300-mil-pesos-costo-en-septiembre-la-vigilancia-privada-en-subtes-portenos/

 

 

Medio: Genteba.com (Ciudad de Buenos Aires, Argentina)

Fecha: 15 de octubre

 

Hospitales inseguros en CABA: Negocios para la seguridad privada

La diputada del Frente para la Victoria Claudia Neira presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo en relación a la deficiente prestación de seguridad en los hospitales porteños. Este pedido de informes surge de una exhaustiva investigación presentada por La Fábrica Porteña que fue difundida la semana pasada.

La diputada Neira, Vicepresidenta de la Comisión de Seguridad, manifestó que “Todos los meses nos llega la noticia de una situación de violencia ocurrida en los hospitales porteños frente a los cuales no hay reacción del Estado de la Ciudad” y agregó.

“El PRO no construye una política de seguridad para los hospitales. Mientras desmantela el área de Custodia y Seguridad de Bienes, destina una millonaria inversión a la contratación de agencias privadas. De esta manera, El PRO entrega la seguridad en los hospitales al negocio de las empresas privadas”

Este año, el Ministerio de Seguridad dictaminó una serie órdenes a través de la Disposición N° 106-DGCYSB/14 que se conocieron con el nombre de “Órdenes de Servicio para hospitales públicos de la Ciudad”

Neira expresó que “estas 33 órdenes no son más que una serie de instrucciones generales para el personal de seguridad privada, son indicaciones generalizadas que no contemplan la particularidad de cada hospital” y agregó:

“Por ejemplo, en el informe presentado por La Fábrica Porteña se detalla como en el Hospital Álvarez, que tiene sectores muy alejados entre sí, no se contempla personal de seguridad para los consultorios externos”

La diputada concluyó que las políticas más efectivas “tienen necesariamente que ver con la prevención y en este caso hay que atender las situaciones que contribuyen al clima de violencia” y agregó:

“Se requiere un abordaje integral que no solo revierta la deficitaria situación actual en materia de insumos y personal, sino también una mejora en las normas y dispositivos de recepción y derivación, que permita mejorar la atención en situaciones conflictivas y evitar demoras extraordinarias innecesarias”.

 

Link a la nota:

http://www.genteba.com.ar/index.php/component/k2/item/72962-hospitales-inseguros-en-caba-negocios-para-la-seguridad-privada

 

 

Medio: Diario Clarín (Argentina)

Fecha: 15 de octubre

 

Un detenido por el asalto a la planta de Coca Cola en Loma Hermosa

Se trata de un empleado de una empresa de seguridad privada que, de acuerdo con la investigación policial, habría estado involucrado en el golpe comando del sábado. La detención se conoció recién ahora aunque, según lo afirmado por el Jefe de la Policía Departamental de Tres de Febrero, se produjo horas después del asalto en el que un grupo de delincuentes se llevó $ 120 mil de la fábrica.

En menos de diez minutos, un grupo comando formado por entre ocho y nueve delincuentes robaron $ 120 mil de la planta de Coca Cola FEMSA, ubicada sobre Ruta 8 y Gabino Ezeiza, en Loma Hermosa. El hecho ocurrió el sábado al mediodía y horas más tarde, la policía procedió a arrestar a un empleado de una empresa de seguridad privada por estar sospechado de estar involucrado en el golpe a la distribuidora, algo que recién trascendió el martes. Hasta entonces, la información había sido que había pistas, pero ningún detenido.

De acuerdo con lo que explicó el Jefe Departamental de la Policía de Tres de Febrero, Miguel Macario, el grupo de delincuentes aprovechó el ingreso de una camioneta para irrumpir al lugar en dos vehículos. Y una vez dentro, los ladrones, fuertemente armados, redujeron a tres vigiladores que había en la garita y cuando uno de ellos se quiso resistir, se trenzaron a golpes y le efectuaron tres balazos.

Luego, los delincuentes asaltaron a tres camioneros que estaban en sus vehículos a punto de entregar la recaudación del día. Tras eso, se dirigieron a la administración y robaron el efectivo que tenían cuatro cajeras. La banda escapó a los pocos minutos por un portón trasero que abrieron dos vigiladores, tras ser amenazados.

Según indicó Macario, el empleado herido permanece internado en estado delicado pero estable en una clínica de Capital Y detalló que, junto con la UFI 5 de San Martín, trabajan en la investigación para dar con la banda.

El único detenido es el empleado de la empresa de seguridad. "A esa detención se llegó en el mismo día del hecho, tras encontrar gran cantidad de anomalías que incidieron en la forma en que se concretó el robo", detalló Macario.

 

Link a la nota:

http://www.clarin.com/ciudades/asalto-planta-Coca_Cola-Loma_Hermosa_0_1230477310.html

 

 

Medio: Noticias RCN (Bogotá, Colombia)

Fecha: 15 de octubre

 

Bogotá se raja en seguridad, movilidad y justicia

La encuesta de la Alcaldía sostiene que la gente dice que es feliz pese a los problemas.

Los bogotanos no creen en la justicia, al menos eso muestra una encuesta de la Alcaldía de Bogotá. La impunidad y la poca efectividad genera inconformismo.

"El 82 por ciento de los bogotanos se sienten poco o nada satisfechos con la justicias, y es un elemento muy clave para cualquier tipo de análisis alrededor de políticas de seguridad, paz y convivencia democrática. Sólo el 15 por ciento se siente satisfecho en general", aseguró el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Siete de cada diez bogotanos no confía plenamente en la Policía. A la gente le preocupa la inseguridad en un porcentaje similar.

"Los estratos de más altas condiciones económicas se sienten más seguros en Bogotá, obviamente porque hay más concentración de mecanismos de seguridad y en eso un gran porcentaje de la seguridad privada que cuenta con más de 90.000 hombres y mujeres, y si se georreferenciara estaría concentrado básicamente donde están los estratos altos", precisó Petro.

En cuanto a movilidad, el 80 por ciento de la gente no está satisfecha. "Bogotá, comparada con otras ciudades europeas por percepción de su propia población sería la última en transporte público", dijo.

Por otro lado, la ciudad mejora en salud, le ganaría a otras de Europa como Atenas. En educación, más de la mitad de los preguntados dice que es buena y hay ofertas.

La encuesta fue aplicada a 7.300 personas de todos los estratos. Pese a los problemas y las quejas, el 70 por ciento de la gente se siente feliz en la ciudad.

 

Link a la nota:

http://www.noticiasrcn.com/nacional-bogota/bogota-se-raja-seguridad-movilidad-y-justicia

 

Actualizado ( Miércoles, 22 de Octubre de 2014 03:35 )
 
Resumen Semanal de Noticias del Sector Del 19 al 26 de septiembre de 2014 PDF Imprimir E-mail

Resumen Semanal de Noticias del Sector

Del 19 al 26 de septiembre de 2014

 

 

Medio: O Estado do Sao Paulo (Brasil)

Fecha: 14 de septiembre

 

¿La corrupción aumenta o disminuye?

El último escándalo en el país - la red de intereses creados dentro de la empresa brasileña más grande y símbolo de orgullo nacional desde su fundación - tiroteos entre ejércitos y milicias situacionistas, el humo denso electoral en el aire geenra una de las preguntas inevitables: incluso con los mecanismos del estado más atento y eficiente en la investigación y el desvío ilícito, ¿la corrupción ha aumentado en los últimos tiempos? ¿O los controles han sido negligentes en la lucha contra las acciones de los ladrones que capturan gran parte del tesoro nacional? Vamos a ver. Calcular la cuenta de la corrupción 100 mil millones de reales, con Brasil ocupando el puesto 72 en la lista de los países más limpios, organizado por Transparencia Internacional. Para la comparación, aquí cerca, Uruguay está en el puesto 19 y Chile, en el  22. Y no es por falta de prisiones que se propaga la corrupción endémica. Entre diciembre de 2008 y diciembre de 2012, el número de reclusos en el sistema penitenciario brasileño por delitos contra la administración pública - la corrupción y la malversación de fondos, por ejemplo - creció un 133%, siete veces más que el aumento de la población carcelaria. Hoy en día, casi 3.000 personas fueron condenadas por estos delitos.

Por tanto, la primera respuesta a la pregunta es la siguiente: los mecanismos del estado han mejorado su desempeño en cálculos como delincuentes en las cárceles; aún así, la corrupción va al galope. ¿Cómo se explica la aparente contradicción? Tratemos de examinar la cuestión de un haz de factores. La primera concierne a las transformaciones que la política anterior en este ciclo que los sociólogos denominan la sociedad post-industrial. La política se vacía de ideología a raíz de la creciente alienación con la abundancia y la degradación de los mecanismos tradicionales de la democracia liberal (los partidos, los parlamentos, las fundaciones políticas, oposiciones, etc). Una nueva era revela un paisaje desolador de competencias ideológicas menos contrastados y ahora anclado en un lado, en las grandes organizaciones y los intereses privados sobre los otros burócratas de la administración pública y también en los que abandonaron sus partidos de masas de identidad para alcanzar el poder por el poder. En este modelo, también llamado tecnoburocracia, expertos técnico-formando alianzas con las empresas y los políticos.

La política, por lo tanto, deja de estar en misión para transformar el negocio. Este rediseño se proyecta en el panorama mundial, con más énfasis en uno u otro país, pero sin perder las características del modelo que Roger-Gérard Schwartzenberg llamaba "organizaciones de la democracia." Pensemos ahora a nuestras costas tropicales, donde este tipo de modelos consigue proporciones excesivamente sesgados debido a una cultura política regada por fuentes del pasado. Los clásicos de nuestra sociología, como Sérgio Buarque de Holanda, son unánimes en señalar "intereses individuales y familiares intervinieron en el trato con público de tal manera que el estado pierde su función principal mantenedor de la justicia y el orden, sino que actúan exclusivamente en nombre de los grupos que controlan". La imagen que surge es la de la Gran Familia. El marqués de Paraná, Honorio Hermeto Carneiro Leão, afirmó estar en Brasil, "los políticos capaces de todos, menos el valor de resistir los amigos."

Surge aquí, la figura del Estado providencial, con su sombra se proyecta sobre nuestra cultura política. Getúlio Vargas, el dictador, da fuerza al concepto. Fue él quien ayudó a fortalecer el país lo que el pensador José Murilo de Carvalho que se nombra como Estadania, dentro de los espacios de la ciudadanía del estado. En Brasil se implementaron inicialmente los derechos sociales, a raíz de los derechos políticos, y por último, los derechos civiles. La pirámide de la ciudadanía se volcó. Esta inversión se explica en la mejora del Ejecutivo, ofrecer las necesidades y demandas de los ciudadanos. La ilustración de la vaca lechera es recurrente: todo el mundo quiere mamar. De ahí la fascinación que deriva de las masas por el poder de la pluma. Individuo y gobierno se unen para deleitar a los gobernantes. El difunto senador Parsifal Barroso recordó las veces que gobernaban el Estado de Ceará: "aquí viene el gobierno."

Cerremos el circuito: Estado providencial, la expansión de la vida económica, la cultura arraigada en familismo (nepotismo), tecnodemocracia en expansión, los partidos y actores políticos que ganan masas administrativas distribuyéndolas a los miembros de la coalición de gobierno, la competitividad feroz, ¿qué esperar un país que se unió a las filas de los emergentes? La potencia emergente tiene un ojo en el futuro y el otro en el pasado. El poder invisible que actúa en las entrañas del gobierno, se expande. Para él, vale la pena invertir en el crimen contra el estado. Por otra parte, aplicar el castigo cuando se produzca. Los delincuentes "de cuello blanco" terminan usando su poder de aplazar la sentencia. (Los estudios dan cuenta de que el 96% de los daños a la sociedad son causados ​​por delitos de cuello blanco).

Cerrar las compuertas de la corrupción parece más una utopía. Pero usted puede usar la vieja receta: el cambio de las reglas de la política, las cosas buenas vendrán. Tendrá que detener la metástasis que devasta al cuerpo político. Y una nueva sangre circulante.

 

Gaudencio Torquato, periodista, profesor de la USP y consultor político y de comunicación.

 

 

Medio: Periódico Digital (Puebla, México)

Fecha: 20 de septiembre

 

Propone diputado PAN obligatoriedad de seguridad privada en empresas que venden arte

El diputado del Partido Acción Nacional Francisco Rodríguez Álvarez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Pública de Puebla para hace de carácter obligatorio a las empresas dedicadas a la venta de obras de arte contar con seguridad privada o equipo de videovigilancia en sus establecimientos.

Expresó que esta adecuación se suma a la modificación realizada a este ordenamiento en la que se estableció la obligatoriedad para las casas de cambio y de empeño contar con sistemas de seguridad para tranquilidad de sus clientes.

Expresó que esta reforma es de carácter preventivo puesto que estos negocios también pueden ser susceptibles de algún robo sin que ello signifique que haya un incremento en los asaltos a una de las 40 empresas de este sector registradas en Puebla.

“El tema de seguridad privada es importante para quienes hace usufructo de su esquema de negocio, le restaba fuerza de tarea al municipio o al estado, es decir, los negocios van a coadyudar al tema de seguridad pública de aquellos negocios que son susceptibles a la delincuencia”.

Precisó que este ordenamiento establecerá que en el inmueble exista por lo menos un elemento de seguridad privada y en su caso aumentará dependiendo el flujo de clientes del negocio, además que deberán contar con equipo de videovigilancia o sensores de movimiento.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio, análisis y en su caso dictaminación, para que posteriormente sea puesta a consideración del Pleno del Poder Legislativo poblano.

 

Link a la nota:

http://www.periodicodigital.mx/2014/09/20/propone-diputado-pan-obligatoriedad-de-seguridad-privada-en-empresas-que-venden-arte/

 

 

Medio: El Financiero (Costa Rica)

Fecha: 21 de septiembre

 

Proliferan empresas de seguridad privada en Costa Rica

La cantidad de empresas dedicadas a brindar servicios de seguridad en el país sigue creciendo, sin indicios de un posible declive en un periodo cercano.

Según datos de la Dirección de Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de Seguridad Pública, durante todo el 2013 se registraron 150 nuevas compañías.

En el primer semestre de este año ya se reportaron 145 incorporaciones adicionales, para un total de 1.539 empresas.

La creación de pequeñas firmas dedicadas a la atención de un lugar en especifico, los límites impuestos sobre la cantidad de oficiales y armamento, la apertura de compañías de servicios varios y la contratación de firmas que están en orden con las leyes, son los factores que impulsan este crecimiento.

Allan Guillén, vicepresidente de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad (ACES), indicó que cada vez son más las compañías consideradas como “localizadas”, es decir, que se concentran en un solo lugar.

“Por ejemplo, en una compañía bananera o un condominio, contratan los servicios de una empresa grande de seguridad. Sin embargo, luego, por cuestiones de costos u otros, negocian con los guardas y crean una empresa más pequeña que cuida únicamente de ese lugar”, explicó Guillén.

A esta situación se suma que diversas firmas ya consolidadas en el mercado desean seguir creciendo pero no lo pueden hacer con el mismo nombre debido a lo estipulado en las leyes de Servicios de Seguridad Privada y la de Armas y Explosivos.

La primera indica, en su artículo 19, que las empresas “no podrán mantener un número de agentes de seguridad superior al 10% del total de los miembros de la Fuerza Pública por el tipo de servicio, calculado según las estimaciones presupuestarias de cada año”.

La segunda ley manifiesta, en el apartado 86, que se podrán inscribir el número de armas que requieran para ejercer su función, pero no podrá ser superior al 1% del total de armas que posee la Fuerza Pública.

Guillén añadió que ante estas situaciones, diversas compañías se han inclinado por abrir otras más pequeñas con la misma línea de funcionamiento u optan por realizar alianzas.

Por otra parte, Johnny Delgado, gerente de CSE Seguridad, mencionó que la aparición de empresas de diferentes sectores económicos, tanto nacionales como transnacionales, ayudó al incremento debido a que consideran el servicio como una necesidad para dar tranquilidad a su personal y clientes.

Este negocio posee más de 50 clientes y tienen a su servicio una cantidad superior a los 1.800 oficiales que brindan su atención en todo el país.

Otro factor que influye también en el incremento de empresas de seguridad, es que los clientes están mostrando una mayor conciencia sobre la contratación de firmas autorizadas que cumplan con la ley y que les garantice un servicio de calidad al tener un personal capacitado.

“Poco a poco se empiezan a preocupar por tener una seguridad de mayor calidad, en la que se cumplan con las garantías sociales para los empleados y en la que se le brinde un valor agregado”, mencionó Luis Guzmán, gerente de Sistemas de Gestión Integrados, de CSI Seguridad.

Esta firma tiene 65 clientes y una planilla de 700 personas que laboran en diferentes zonas del territorio nacional.

Aunado a esto, la percepción de inseguridad por parte de la población en general, sigue siendo un factor determinante en la creación de compañías.

 

Competencia desleal

 

A pesar de los indicios de una mejora en la contratación de empresas que cumplen con todos los requisitos, las compañías de seguridad privada legales son conscientes de que la competencia desleal sigue siendo un factor por superar.

El vicepresidente de la ACES mencionó que este es uno de los principales retos a enfrentar debido a que, actualmente, existe una gran cantidad de negocios que se encuentran fuera de la ley.

Estas organizaciones suelen cobrar montos menores a los considerados como rentables, con los que no se asegura el cumplimiento de las garantías sociales y legales.

Según la referencia del mercado, los costos por tener un puesto de 24 horas es de aproximadamente ¢2,1 millones. Sin embargo, otras cobran desde ¢1,5 millones a ¢1,7 millones.

“El cliente se pone en un riesgo terrible, está incumpliendo con la caja o con las pólizas de seguro”, destacó Guillén.

Con él coincidió el representante de CSE Seguridad, quien manifestó que el crecimiento del mercado no es un problema, sino la existencia de competencia desleal que ofrece un producto no garantizado ni respaldado.

“No se puede omitir que la proliferación de muchas empresas de seguridad que actúan al margen de la ley, ha venido de manera riesgosa a saturar el mercado de los servicios de seguridad, convirtiéndose estas en un actor que golpea drásticamente”, destacó Delgado.

 

Link a la nota:

http://www.elfinancierocr.com/negocios/Seguridad_privada-Asociacion_Costarricense_de_Empresas_de_Seguridad-CSE_Seguridad-CSI_Seguridad_0_595140492.html

 

 

Medio: Europa Press (España)

Fecha: 21 de septiembre

 

Interior gasta 33 millones en un año para incorporar seguridad privada en las prisiones y da trabajo a 800 agentes

El Gobierno defiende que no va a significar un recorte del número de efectivos policiales que actualmente prestan servicio

El coste de incorporar empresas privadas a las prisiones supera los 33 millones de euros sólo para el primer año. Eso es lo que destina el Ministerio del Interior en el primer contrato de este plan, que cubre 67 centros penitenciarios dependientes del Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz y emplea a más de 800 vigilantes privados.

Así lo explica el Gobierno a través de una respuesta parlamentaria escrita a la que ha tenido acceso Europa Press en la que se detalla que "el coste del contrato asciende a 33.387.743,03 euros distribuidos en las anualidades 2014 y 2015".

Esta iniciativa tiene su punto de partida en el acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de mayo, que autorizaba a Interior a contratar el "servicio de apoyo a la seguridad" en los centros penitenciarios dependientes de la Administración central.

 

ABARCA A 67 CENTROS PENITENCIARIOS

 

En consecuencia se preparó un expediente de contratación que cubriese los 67 centros penitenciarios, "estando previsto que el contrato tenga una duración de un año, comenzando el 22 de junio de 2014 o a partir de la fecha de la formalización, si esta fuera posterior".

El Ejecutivo detalla que el contrato se estructurará en cuatro lotes, divididos por zonas geográficas, "con lo que se pretende garantizar la diversidad en la adjudicación del contrato". Por su parte, precisa que el volumen del contrato implica 202 puestos de trabajo (181 de veinticuatro horas y 22 de doce horas), lo que supone más de 800 vigilantes de seguridad que se emplearían.

Interior insiste en que la presencia de estos agentes de seguridad privada no va a significar un recorte del número de efectivos policiales que actualmente prestan servicio y los agentes privados desempeñan "cometidos como auxiliares de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de los centros afectados".

 

ARGUMENTOS DEL GOBIERNO

 

El argumento que defiende el Gobierno es que lo que se pretendía era liberar a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que realizasen funciones para las que "resulta más apropiada su mayor cualificación y especialización".

Desde el mismo mayo se puso en marcha un programa piloto sólo en algunos centros. El proyecto de dicho plan tenía como fin, que si los resultados fueran positivos, se ampliaría al resto de los Centros. "La implantación y funcionamiento del plan fueron satisfactorios, cumpliendo con los objetivos previstos, por lo que la valoración en su conjunto ha sido positiva, haciendo viable su extensión al resto de centros penitenciarios", afirma el Gobierno.

Las empresas que actualmente están participando en el apoyo a la seguridad de los centros penitenciarios son nueve, que han constituido una UTE (Unión Temporal de Empresas).

 

Link a la nota:

http://www.europapress.es/nacional/noticia-interior-gasta-33-millones-ano-incorporar-seguridad-privada-prisiones-da-trabajo-800-agentes-20140921122045.html

 

 

Medio: MDZ On Line (Mendoza, Argentina)

Fecha: 21 de septiembre

 

Ya hay más vigiladores privados que policías en Mendoza

El número de custodios ha aumentado de manera exponencial y con ello, la informalidad laboral. La delicada relación entre la seguridad y los negocios.

La demanda por seguridad desborda al Estado en Mendoza y, en ese paño, las empresas de seguridad privada ganan terreno de manera exponencial sobre todo a partir del boom inmobiliario de los barrios cerrados.

Los custodios contratados han aumentado de manera tal que hoy ya superan en número a los efectivos de la Policía.

Mientras que la fuerza cuenta con unos 9.000 uniformados, los vigiladores privados son casi 15.000 de acuerdo a los números que maneja la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) en su delegación local.

Ahora bien, un detalle no menor es que de estos 15.000 trabajadores solo la mitad lo hace con todos sus documentos en regla, según lo admite a MDZ el referente del gremio Ariel Marcos Egdechman.

"Se apela a figuras como las de serenos, monotributistas, cooperativas y personal retirado de alguna fuerza" para reducir costos, denuncia el líder sindical.

Más allá del problema de la informalidad laboral, la contratación de empresas flojas de papeles atenta directamente contra el objetivo final del contrato: estar seguros.

"Si contratás a alguien que va a cuidar tu casa es importantísimo asegurarse de sus antecedentes, porque podés estar contratando a un ladrón, por ejemplo", advierte el director del Registro Provincial de Empresas de Vigilancia Privada (Repriv), Gabriel Garnica.

En la actualidad hay 174 empresas habilitadas por la repartición para prestar el servicio de seguridad privada, con 7.500 trabajadores registrados en actividad.

Garnica admite que al menos un 25 por ciento más de ellos trabajan en la informalidad y que están endureciendo los controles. Pero, ¿cuáles son los riesgos de contratar a alguien en esta situación?

Más allá de que los antecedentes del trabajador no están asentados en el Repriv y, por ende, no hay un certificado de buena conducta como respaldo, se corre el riesgo de que la empresa contratante no responda al damnificado en caso de un robo, por ejemplo.

"Cuando vos a través de un consorcio como pueden ser Dalvian o Palmares, por ejemplo, y ofrecés tranquilidad y seguridad, si ahí adentro (del barrio) te roban, es responsable la empresa y el consorcio que cobra las expensas", alerta Garnica haciendo referencia a un fallo judicial reciente por un caso ocurrido en un country de Buenos Aires.

 

Cuestión de costos

 

La ecuación precio-servicio o producto aplica a toda la actividad económica y la vigilancia privada no escapa a ella, aunque su especial particularidad.

Desde el gremio denuncian que muchas empresas lo manejan solo como un negocio más, lo que en los términos del rubro podría derivar, paradójicamente,en inseguridad.

"Las empresas, para ganar objetivos o licitaciones, se ofrecen a valores de contratación muy bajos en detrimento del bolsillo de los empleados dado que existe una competencia bastante desleal" entre ellas, apunta Egdechman.

El costo mínimo de un vigilador es de $83 más IVA por hora pero, según del sindicalista, algunas firmas llegan a ofertar precios de $45 final.

El propio Garnca lo admite al señalar que si se está pagando por debajo del valor señalado por el gremio es "porque la empresa está evadiendo algún pago, ya sea al vigilador, a la ART o cargas sociales".

 

Link a la nota:

http://www.mdzol.com/nota/558564-ya-hay-mas-vigiladores-privados-que-policias-en-mendoza/

 

 

Medio: 7 Días (Santo Domingo, República Dominicana)

Fecha: 21 de septiembre

 

Empresas de seguridad privada quieren importar armas y que se fije tasa cero para licencias

Las empresas de vigilancia privada aspiran a que se les permita importar armas de fuego, y que además, se establezca una tasa cero para la expedición de las licencias y traspasos de los artefactos a las compañías reguladas.

Así se lo ha pedido al presidente Danilo Medina la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc), que preside el ex general Víctor Crispín, utilizando como argumento el aporte en la generación de empleos de este sector.

En una reunión de la directiva de Adesinc con el primer mandatario se abordó el tema tanto de la importación (vedada por ley a las empresas de seguridad) como a la fijación de una tasa cero para las licencias y traspasos de armas de fuego, como pistolas, revólveres, escopetas, armas no letales y municiones.

Crispín resaltó que las compañías de seguridad privada son unas 265 en todo el país, el 70% pertenece a Adesinc, y éstas, emplean a 35,000 personas.

El ex oficial recordó que la ley prohíbe a las empresas de seguridad importar armas de fuego, y además de los impuestos, asumen las cargas que representan la Seguridad Social, la cuota en Infotep y tasas en Interior y Policía.

 

Link a la nota:

http://www.7dias.com.do/destacadaeconomia/2014/09/21/i172836_empresas-seguridad-privada-quieren-importar-armas-que-fije-tasa-cero-para-licencias.html#.VCWnBFJuPMo

 

 

Medio: El Comercio (Asturias, España)

Fecha: 22 de septiembre

 

Vigilantes de Seguridad acusa al Principado de contratar a una empresa que trata mal a sus trabajadores

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) ha acusado este domingo a la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias de contratar para la vigilancia de edificios a una empresa que trata mal a sus trabajadores.

A través de una nota de prensa, Avispa señala que el Gobierno asturiano sólo se guía por las ofertas más baratas y que ha elegido a una compañía que está descolgada del convenio nacional de empresas de seguridad privada, con el perjuicio económico que supone para los trabajadores, que acumula impagos a sus vigilantes y que incluso otras administraciones han decidido prescindir de sus servicios por aplicar condiciones "deplorables".

Según Avispa, el Principado ha contratado a la citada empresa para que haga la vigilancia de los servicios del Sespa, del centro de menores de Miraflores, del Centro Materno Infantil y de las sedes judiciales de Mieres, Langreo, Gijón y Siero.

"Esta política de adjudicaciones absurda y sin criterio técnico, por parte de la Consejería de Presidencia, aboca a los vigilantes de seguridad afectados a una delicada situación laboral, además de una discriminación manifiesta respecto de los trabajadores de otras empresas que si perciben lo pactado y estipulado en el convenio nacional", han comentado desde Avispa.

 

Link a la nota:

http://www.elcomercio.es/asturias/201409/22/vigilantes-seguridad-acusa-principado-20140922104912.html

 

 

Medio: Diario Presente (México)

Fecha: 22 de septiembre

 

A pesar de la delincuencia evitan contratar seguridad privada

La Policía Auxiliar Bancaria e Industrial, que dirige el Coronel Jorge Octavio Casillas Romero, ha incrementado en un 80 por ciento sus efectivos y en 83 por ciento los ingresos obtenidos este año respecto a lo que obtuvo el año pasado por ofrecer sus servicios.

Sin embargo, aunque tiene casi 40 por ciento más de empresas registradas, ni los bancos ni el comercio recurren a estos servicios, considerándolos caros, por lo que prefieren sus propios sistemas de seguridad, a pesar de que este cuerpo tendría el apoyo directo de las demás unidades de seguridad pública, pues depende de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP).

De acuerdo con el Consejo de Empresas de Seguridad Privada que encabeza Juan Manuel Trujeque Russi, es el sector petrolero el que más ocupa a esa corporación. “Ellos casi no tienen presencia en la capital, tengo entendido que tiene más demanda en los límites de Tabasco con Chiapas, en instalaciones petroleras, donde se requiere personas armadas”, dijo.

Jorge Navarro López, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET) ha manifestado que si bien los empresarios locales sí tienen interés en contar con los servicios de la policía auxiliar, la mayoría no puede pagar el servicio. Por ello buscan negociar que se reduzca el costo a un 25 por ciento y que la diferencia sea subsidiada por el gobierno estatal.

De acuerdo a documentos obtenidos por vía Transparencia, la policía auxiliar le brinda servicio a tres dependencias de gobierno: la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de la Judicatura Federal y la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, quienes pagan el servicio.

Esta policía ya existía en Tabasco, pero se reestrenó en 2013 tras un proceso en el que se convocó a jóvenes para integrarse al cuerpo después de aprobar un curso de formación que incluye contenidos sobre Derechos Humanos. Mientras estaban listos, Audomaro Martínez Zapata, titular de la SSP, enfrentó críticas que señalaban que estaba trasladando policías a este servicio, lo cual disminuía la vigilancia en las calles, en perjuicio de la seguridad de los ciudadanos.

Cabe mencionar que los servicios de seguridad privada cobran por una guardia de 24 horas desde 12 mil pesos mensuales hasta 30 mil pesos o más, dependiendo de los servicios extra que se contraten, como por ejemplo guardias extra, cámaras o monitoreo en tiempo real por Internet.

Al respecto, el presidente del Consejo Estatal de Empresas de Seguridad Privada, A. C., Juan Trujeque Russi, comentó que desde hace más de 10 años los bancos no contratan seguridad privada de Tabasco, pues estas contrataciones se dan desde la Ciudad de México o por zonas.

En entrevista, el empresario, comentó que se ha incrementado hasta en un 15 por ciento la contratación de protección privada de parte de particulares en la entidad, por la inseguridad que se vive en las calles.

“Tiene mucho tiempo, más de diez años que los bancos no contratan seguridad privada en la entidad, eso lo hacen desde la ciudad de México, para todo el país o por zonas, a nivel local”, mencionó.

Así también, dijo que a la fecha, no han sostenido ningún encuentro ni con gerentes de los bancos ni con Seguridad Pública, para tocar el tema.

 “Como tienen seguros, alarmas y reservados de puertas, para entrar donde están los cajeros, ya no gastan los bancos en pagar seguridad privada, aunque los usuarios no lo estén, ya que son a quienes asaltan comúnmente”, destacó.

Trujeque Russi, expuso que año con año la contratación que tienen de particulares ha sido paulatina, por el aumento de la población e inseguridad que hay en la entidad y el país.

 

Link a la nota:

http://www.diariopresente.com.mx/section/lcapital/117263/pesar-delincuencia-evitan-contratar-seguridad-privada/

 

 

Medio: La República (Perú)

Fecha: 22 de septiembre

 

Más de dos mil armas de fuego fueron incautadas este año en empresas de seguridad

Más de 2 mil 62 armas de fuego fueron incautadas en lo que va del año a empresas de seguridad privadas y formales, por la Policía Nacional porque no cumplían con las medidas de seguridad.

Además, más de 500 de estas armas tenían las licencias vencidas y no se comprobó si estaban en renovación.

Asmismo, 484 armas no tenían ningún tipo de documentación, por ello, la Policía Nacional y la Superintendencia Nacional de Control de Servicio de Seguridad Armas, Municiones y explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) investigará su legalidad.

 

Erick Torres La Rosa, superintendente de la Sucamec, precisó que son 708 las empresas privadas intervenidas desde enero en Lima, Callao, Iquitos, Piura, Chiclayo, y Trujillo. Las que estén en falta serían sancionadas con multas desde el 50% de una UIT.

Por otro lado, el ministro del Interior, Daniel Urresti, ascendió a dos suboficiales y felicitó a otros 28 por recientes intervenciones.

 

Link a la nota:

http://www.larepublica.pe/22-09-2014/mas-de-dos-mil-armas-fueron-incautadas-este-ano-a-empresas

 

 

Medio: Noticias de Navarra (España)

Fecha: 23 de septiembre

 

El Gobierno prevé 12,5 millones en seguridad privada en 4 años

La Dirección General de Interior del Gobierno de Navarra ha convocado el concurso para la selección de empresas que prestarán los servicios de vigilancia y seguridad privada de diversos edificios y recintos del Ejecutivo foral durante los próximos cuatro años. Según consta en el acuerdo marco sacado ya a licitación, el valor total de los contratos que se adjudiquen en ese periodo se estima en unos 12,5 millones de euros (más IVA).

Dicho anuncio, que se encuentra accesible en el portal de contratación del Ejecutivo foral, tiene por objetivo realizar una selección de un máximo de ocho empresas dedicadas al sector de la seguridad privada que serán las que a lo largo del año 2015 podrán optar a los contratos de este ámbito que la Dirección General de Interior saque a licitación. Los contratos serán prorrogables, en su caso, hasta el 31 de diciembre de 2018.

El número de edificios que están afectados por los servicios de vigilancia y seguridad privada son 31, más otros dos servicios estacionales (campaña de la renta y Sanfermines). Son los inmuebles donde están los departamentos del Gobierno de Navarra, los museos, sedes judiciales, hospitales, la biblioteca, la sede de la Cámara de Comptos, etc. En cuanto al número total de horas anuales estimadas para el cálculo del contrato estas se elevan a 154.866,17 horas/año. La mayoría de los vigilantes ejercen el control y la seguridad sin arma y solo un 6% de ellos lo hacen armados.

De acuerdo con los datos disponibles, el importe total de los servicios de seguridad y vigilancia de diversos edificios y recintos del Gobierno de Navarra para el ejercicio 2015 podría cifrarse en la cantidad 2.862.210 euros (IVA excluido), de los cuales 2.825.950 euros corresponden a servicios ordinarios y otros 36.260 euros a servicios estacionales. En consecuencia, el valor total estimado de los contratos que se adjudiquen, durante el periodo de vigencia del acuerdo marco, previendo la posibilidad de nuevas necesidades de seguridad en los centros de trabajo, asciende a la cifra de 12.500.000 euros (IVA excluido). En ese sentido, fuentes del departamento de Interior advierten que la cifra reseñada es “meramente estimativa”, sin que suponga un compromiso de gasto por parte del Gobierno de Navarra.

 

31

 

Los edificios y recintos afectados por los contratos de seguridad dan cobertura a 31 inmuebles, más otros dos estacionales (campaña de la renta y Sanfermines).

 

Link a la nota:

http://www.noticiasdenavarra.com/2014/09/23/sociedad/navarra/el-gobierno-preve-125-millones-en-seguridad-privada-en-4-anos

 

 

 

 

 
Resumen Semanal de Noticias del Sector Del 15 al 22 de agosto de 2014 PDF Imprimir E-mail

Resumen Semanal de Noticias del Sector

Del 15 al 22 de agosto de 2014

 

 

Medio: La Prensa (Perú)

Fecha: 15 de agosto

 

Prohibido dar servicio de seguridad con licencia de armas para defensa personal

La Sucamec advirtió que la multa varía entre los 5.700 y 17.000 soles.

Está prohibido prestar servicios de seguridad armada a terceros con licencia de armas para defensa personal. Para ello se requiere tener la autorización expresa de la Gerencia de Servicios de Seguridad Privada de la Sucamec, informó la referida entidad.

“La sanción correspondiente por prestar servicios de seguridad armada a terceros sin la autorización respectiva es una multa entre 5.700 y 17.000 soles”, advirtió la Sucamec (Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosiones de Uso Civil) en un comunicado.

Asimismo, se indicó que las personas que cuenten con licencia de posesión y uso de armas de fuego bajo las modalidades de defensa personal, caza o deporte, están prohibidas de prestar servicios de seguridad armada, ya sea de manera personal o a través de empresas, haciendo uso de esas armas.

“Prestar servicios de seguridad armada con armas cuya licencia es para defensa personal, caza o deporte constituye una infracción grave que podría ser causal de cancelación de la licencia e incautación del arma de fuego por parte de la Sucamec”, finalizó la entidad.

ENLACE Solo el 14,6% de usuarios de armas de fuego ha tramitado renovación de licencia

 

Link a la nota:

http://laprensa.pe/actualidad/noticia-prohibido-dar-servicio-seguridad-licencia-armas-defensa-personal-30166

 

 

Medio: Mundo Ejecutivo (México)

Fecha: 15 de agosto

 

Seguridad y democracia

Estar al tanto de las necesidades de seguridad de cada uno de nuestros clientes y amigos conlleva el informarse de las noticias coyunturales y los temas de actualidad; por esta razón, Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial organizó un evento privado con Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, y nuestros clientes, para compartir las experiencias que este personaje tuvo como el funcionario más importante de Colombia, quien mejoró considerablemente la seguridad en su país.

De esta manera, directores y presidentes de diferentes empresas de diversos sectores tuvieron la oportunidad de convivir con este personaje y tener un diálogo privado, sin censura.

Desde la convocatoria, el carisma de Uribe atrajo la atención de los asistentes, que disfrutaron comer con él en un conocido hotel de la zona poniente del DF. Durante el postre, comenzó a responder numerosas preguntas de los asistentes y trató algunos puntos en particular del tema “Seguridad y Democracia”, resaltando que la seguridad y la libertad son valores democráticos.

Ante los asistentes, Uribe comentó que programas de acción conjunta entre particulares y Estado pueden tener grandes resultados, incluso a nivel regional. En ese sentido, la seguridad privada profesional representa una importante contribución a la vigilancia permanente, pues permite prevenir el delito, además de convertirse en un importante socio de negocio de cada uno de los empresarios.

En repetidas ocasiones, el ex presidente mencionó el concepto vigilancia permanente, y al respecto mencionó la Red de cooperantes que se formó en Colombia durante su mandato, que contó con la participación por vía telefónica de más de 4 millones de ciudadanos.

Mediante dicho mecanismo de vigilancia, que se basa en la tecnología y la perseverancia, se logró que millones de personas denunciaran delitos de los que eran testigos, contribuyendo así a una vigilancia permanente más productiva y segura, es decir, sin armas.

Asimismo, Álvaro Uribe hizo hincapié en que la educación en todos sus niveles es un elemento fundamental para tener un país seguro y lograr avances económicos.

En el caso concreto de la seguridad privada, es necesario que las empresas cuenten con cursos de capacitación dirigidos a sus técnicos y directivos de seguridad para alcanzar mayor profesionalización. La capacitación, junto a la certificación, es una de las herramientas que les permiten a las empresas profesionales diferenciarse de la competencia, actualizar constantemente a sus recursos humanos y brindar servicios de alta calidad.

Uribe también comentó que es necesario un pluralismo participativo de audiencia pública como herramienta en la lucha contra la corrupción, e insistió en “denunciar, denunciar y denunciar” para combatir este delito.

El colombiano aseguró que “la paz nace de la seguridad, y no viceversa”. Finalmente, agradeció a GMSI la oportunidad de poder convivir con algunos de los empresarios más importantes del país

 

ALEJANDRO DESFASSIAUX

Presidente de Grupo Multisistemas

 

Link a la nota:

http://mundoejecutivo.com.mx/economia-negocios/2014/08/15/seguridad-democracia

 

 

Medio: El País (Uruguay)

Fecha: 17 de agosto

 

Total de guardias supera a policías

En 1990 había 3.500 guardias de seguridad privada inscriptos en el Registro Nacional de Empresas de Seguridad (Renaemse). Hoy son 19.908 y superan a los efectivos policiales. Ganan un salario de $ 15.436.

La seguridad privada tuvo un crecimiento exponencial en los últimos 25 años, cuando comenzó a llevarse un registro de las empresas, sus empleados y las armas de fuego a disposición. En 1990, cuando se instaló Renaemse en el Ministerio del Interior, fueron registrados 3.570 guardias trabajando para 68 empresas.

Diez años después, los guardias se habían duplicado y las empresas ya anexaban otros servicios además de la vigilancia o la custodia de valores tradicional, tales como la respuesta móvil al activarse una alarma.

En 2001 se registraron 7.500 guardias y 190 empresas y en 2007 el sector mantuvo ese crecimiento: 12.998 registrados en 298 firmas, de los cuales 5.446 tenían arma.

Hoy el número de empresas disminuyó pero su personal aumentó sensiblemente. Hay 245 firmas habilitadas y vigentes y 19.908 guardias registrados, de los cuales 8.769 tienen armas de fuego, mientras 10.590 están desarmados. Hay tres tipos de armas registradas: pistolas 9mm, revólveres calibre 38 y escopetas calibre 12/70.

Por otra parte, hay 111 solicitudes de habilitación y 36 con solicitud de renovación de habilitación.

Los casi 20.000 guardias de seguridad privada ya superan el número de efectivos policiales, que se sitúa en el entorno de 18.000. Para que una persona pueda desempeñarse como guardia debe realizar un curso de entre 80 y 120 horas, según sea con o sin arma, y superar una prueba psicológica. El costo mínimo para una empresa de preparar y poner a trabajar un guardia es de $ 10.000, entre cursos, psicólogo, uniforme y la habilitación.

El laudo de un vigilante vigente al primero de enero de 2014 asciende a $ 15.436.

Los guardias, agremiados en Unatrase, exigen que Renaemse no sólo controle a las empresas que ofrecen el servicio sino también a las contratantes para que el empleado cumpla las tareas que realmente exige el servicio y no otras. También piden garantizar acceso a psicólogos, prácticas y cursos.

 

Link a la nota:

http://www.elpais.com.uy/informacion/total-guardias-seguridad-supera-policias.html

 

 

Medio: Erbol (Bolivia)

Fecha: 19 de agosto

 

Sólo 39 de 218 empresas de ‘seguridad privada’ son legales

De 218 empresas de seguridad privada existentes en el país sólo 39 realizaron el trámite de “regularización” de funcionamiento hasta este agosto, el resto todavía tiene que aclarar su situación, según un informe del Comando de la Policía Boliviana.

El director Nacional de Autorización y Control de Empresas Privadas de Vigilancia, coronel Edwin Iturri, manifestó a Erbol que la mayoría de las “empresas de vigilancia” se encuentran ubicadas en Santa Cruz, Tarija y La Paz.

“39 han cumplido con los requisitos, pero tenemos, como usted, carpetas que están corriendo de acuerdo a la normativa vigente (del país)”, señaló el jefe policial.

Consultado si hay empresas ilegales, Iturri justificó que no se “puede hablar de ilegalidad, mientras no cumplan la normativa vigente”. Según los datos, 179 entidades no cumplen con los requisitos y funcionan irregularmente, pero brindan servicios de vigilancia y hasta “seguridad”.

 

Riesgos

El excomandante de la Policía Departamental de La Paz, coronel Jhonny Troncoso, señaló que varias empresas trabajan al margen de la norma; por tanto, son un riesgo para la sociedad, porque hay gente que se enrola para cometer delitos.

“Hay innumerables ejemplos que podemos dar, pero que muchas empresas están trabajando al margen de la norma y (en vez de dar seguridad) son más bien (un) riesgo para la sociedad”, afirmó.

Sobre el asesinato en Santa Cruz de Sophia calvo Aponte, cuyo autor material fue Ronald Iván F. Ch., argumentó que el sujeto no era empleado de ninguna empresa sino “vigilante nocturno”.

“Él había sido portero que lo ‘utilizaban’ también como vigilante, pero que no es miembro de ninguna de las empresas que están legalmente establecidas en la ciudad de Santa Cruz”, explicó.

 

Link a la nota:

http://www.erbol.com.bo/noticia/seguridad/19082014/solo_39_de_218_empresas_de_seguridad_privada_son_legales

 

 

Medio: Página 12 (Argentina)

Fecha: 19 de agosto

 

La seguridad paga por insegura

Un fallo de un juez civil de San Isidro ordena al Tortugas Country Club y a las agencias privadas Securitas y Bastidas al pago de cien mil dólares de indemnización a un vecino al que una banda asaltó en su casa, con complicidad de un guardia del country.

El Tortugas Country Club y las compañías de seguridad Securitas y Bastidas fueron condenados el 8 de agosto pasado por el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº8 de San Isidro a pagar indemnizaciones de unos cien mil dólares por un robo perpetrado en el country en 2006. El 31 de marzo de ese año, un grupo entró al barrio privado diciendo que iba a la vivienda del abogado Alejandro Novak. Llegados a la casa del letrado, los integrantes de la banda irrumpieron con armas largas, amarraron con cintas a todos los que estaban en la vivienda y luego de robar lo que había de valor, salieron nuevamente por la puerta principal. El juzgado consideró al country y a las empresas de seguridad responsables de lo ocurrido. Es el primer fallo de estas características y golpea con dureza a quienes están a la cabeza de esa especie de torres de marfil que son los countries.

Novak es un penalista conocido que intervino en casos de alto impacto: fue defensor de Carlos Menem y del joven Sebastián Cabello que atropelló y mató a Cecilia González Carman y su hija. Desde el primer minuto pensó que en aquel asalto hubo complicidades de la guardia de seguridad del Tortugas y se embarcó en una minuciosa investigación, aportándole elementos al fiscal Ricardo Costa. Al poco tiempo determinó que en el robo había participado un empleado de seguridad del country, Julio César Romero. En su casa se encontraron elementos robados y terminó detenido por orden del juez Rafael Sal Lari.

Pero Novak no paró ahí, siguió adelante con una demanda contra los que consideró responsables finales de lo ocurrido: la conducción del propio country y las dos empresas de seguridad. “El fallo es de suma importancia porque sienta jurisprudencia –sostuvo Novak– con relación a la responsabilidad que les cabe a los clubes como Tortugas y a las compañías de seguridad en este tipo de sucesos que son ya habituales en los countries.” Tortugas es seguramente uno de los countries más tradicionales de la Argentina y ambas empresas de seguridad son de las de mayor importancia en el mercado.

Hay todo un debate que tiene que ver con las empresas de seguridad, la mayoría de ellas propiedad de ex comisarios de la Bonaerense, de la Federal o ex integrantes de las Fuerzas Armadas. Por un lado, han resistido muchísimo al control del Estado y arman verdaderos ejércitos privados con efectivos sin preparación y, en algunos casos, con vínculos anteriores con el mundo del delito. Aunque esto figura entre los requisitos para dar seguridad privada, hay decenas de artilugios para eludir los controles. Por otra parte, los sueldos son del más bajo nivel, las guardias extensas y esos efectivos conocen al dedillo los movimientos en el barrio privado que supuestamente protegen. Un caso conocido fue el del prefecto Alcides Díaz Gorgonio que protagonizó un robo en la casa del ahora candidato presidencial Sergio Massa, en un barrio privado de Tigre.

En el caso de Tortugas, los delincuentes entraron al country por la puerta principal en un vehículo Peugeot y vestidos de saco y corbata. Dijeron que iban a casa de Novak y la guardia, en la que revistaba Romero, los dejó entrar. Interceptaron a la madre del abogado que estaba por llevar a su nieto a la parada del vehículo escolar, la obligaron a volver a la casa y ahí redujeron también al personal doméstico y a tres carpinteros. Novak estaba de viaje. Después de maniatar a los presentes, se llevaron dólares, pesos, computadoras, relojes Rolex y joyas y salieron nuevamente por la puerta principal del country.

Novak es abogado de familiares de María Marta García Belsunce y su hipótesis del asesinato es, justamente, que integrantes de la guardia y algún vecino entraron a robar a la casa de María Marta, ésta volvió de improviso, los sorprendió y la mataron. Hasta ahora, la Justicia sostiene que el homicidio fue cometido por su marido, Carlos Carrascosa, quien está preso desde hace cinco años y está esperando que la Corte Suprema revise su caso.

 

Link a la nota:

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-253274-2014-08-19.html

 

 

Medio: El Sol de Santa Cruz (Bolivia)

Fecha: 19 de agosto

 

¿A quién confía su seguridad?

Situación. El representante de los vigilantes privados pide no confundir a un guardia con cuidante. El primero debe presentar varios requisitos para el cargo; mientras el segundo es contratado solo por buena fe.

Una serie de normas, exigidas por el Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana, son las que deben seguir las empresas de seguridad privada para contratar a su personal. El reciente crimen de una joven profesional cruceña, a manos del cuidante de un parqueo ha activado el debate sobre la seguridad ciudadana en Santa Cruz de la Sierra. "No se debe confundir al guardia de seguridad privada, que es contratado siguiendo una serie de requisitos, con un cuidante, que puede ser contratado únicamente por buena fe", explicó Juan Carlos Carrillo, presidente de la Federación Boliviana de Seguridad Privada. El mismo explicó que una entidad constituida debe exigirle al interesado, en obtener el puesto, una serie de requisitos, entre ellos, la libreta del servicio militar, el carnet de identidad, certificado de antecedentes de la Felcn y la Felcc, como base.

En Santa Cruz. Por su parte, Jaime Virreira, representante en Santa Cruz de la asociación de empresas de seguridad privada, informó que hasta fin de año, las empresas de seguridad se encuentran en un proceso de acreditación ante el Ministerio de Gobierno, que es el ente que las regula. "En Santa Cruz, deben haber unas 200 empresas, y nosotros como gremio tenemos 20", resaltó el representante local.

En un sondeo realizado a cinco empresas de seguridad en Santa Cruz, algunas pedían para la entrevista laboral, presentarse únicamente con la cédula de identidad. Otras fueron más estrictas y pidieron, además del documento de identificación, otros papeles como certificado de antecedentes y factura de luz o agua como referencia de un domicilio conocido.

¿Policía departamental?. El candidato a senador por Unidad Demócrata (UD), Carlos Pablo Klinsky, propuso la creación de una policía departamental, como instrumento para combatir la creciente criminalidad en Santa Cruz. El postulante a la Cámara Alta añadió que por esta situación, promoverá la normativa necesaria para echar a andar otras iniciativas previstas.

 

Link a la nota:

http://elsol.com.bo/index.php?c=santa%20cruz&articulo=%C2%BFA-quien--confia-su-seguridad?&cat=362&pla=3&id_articulo=92387

 

 

Medio: El Espectador (Colombia)

Fecha: 22 de agosto

 

Proyecto busca prohibir capital extranjero en empresas de seguridad privada en Colombia

El senador del Partido de la U, Mauricio Lizcano, señaló que el proyecto busca reformar el Estatuto de Seguridad.

El senador del Partido de la U, Mauricio Lizcano, dijo este jueves que fue radicado en el Congreso un proyecto de ley que busca prohibir la inversión de capital extranjero en las empresas de seguridad privada.

El anuncio fue hecho por Lizcano en la Feria Internacional de la Seguridad E+S+S, que termina mañana en Corferias.

El político señaló que el proyecto busca reformar el Estatuto de Seguridad, el cual pretende prohibir la inversión extranjera de seguridad privada en Colombia.

Según Lizcano hay denunciar por parte de algunas empresas de seguridad encabezadas por Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada, sobre la presencia ilegal de capitales extranjeros en la industria.

Por su lado, el excongresista, Juan Lozano, señaló que de continuar la compra de en empresas de seguridad privada, esta podría ser un riesgo fundamentalmente en zonas fronterizas.

"Imaginemos que las compañías que manejan personal armado en Cúcuta o Putumayo fueran compradas por capitales de países vecinos, eso sería una grave afrenta para la seguridad nacional del país", dijo Lozano.

El exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, defendió el proyecto de ley, argumentando que es necesario para la defensa del monopolio de la fuerza por parte del Estado, que quienes tengan acceso a armas sean colombianos.

El proyecto de ley, que cursará la Comisión Primera del Senado, también busca establecer "licencias indefinidas para las empresas de vigilancia, reducir la temporalidad de los trámites para la adquisición de armas, la prohibición de prácticas monopólicas y la creación de un sistema de capacitación adecuada para los trabajadores de la industria" explicó el Senador Lizcano.

 

Link a la nota:

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/proyecto-busca-prohibir-capital-extranjero-empresas-de-articulo-512033

 

 

Medio: Publimetro (Chile)

Fecha: 22 de agosto

 

Gobierno aborda estrategia regional de seguridad con alcaldes e intendente metropolitano

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, se reunió con alcaldes y el intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, con el objetivo de avanzar en una estrategia regional de seguridad.

En la oportunidad se analizaron los distintos problemas delictuales que enfrentan las comunas y sus posibles vías de solución.

Hasta la subsecretaría del Interior llegaron los alcaldes de Providencia, Josefa Errázuriz; Puente Alto, Germán Codina; Maipú, Christian Vittori; y los representantes de los municipios de Santiago y La Florida.

"Vamos a coordinarnos con los municipios para los temas delictuales de cada una de las comunas. Ésta es la continuación de un plan que ya hemos iniciado con todas las áreas productivas privadas que están involucradas o son sujetos de temas delictuales" , recalcó el subsecretario.

La autoridad explicó que la idea principal de esta estrategia será "recoger información común sobre el conjunto de situaciones complejas que suceden en las comunas y, segundo, establecer las soluciones en común para que se vayan solucionando dichos problemas" .

En la reunión con los alcaldes se pasó revista a las modificaciones legales que el Ejecutivo busca implementar en materias como "Seguridad Privada" , al igual que a los aspectos vulnerables del sistema, que en las últimas semanas han quedado al descubierto con el millonario robo en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, según precisaron desde Interior.

Esta cita se suma a las que Aleuy ha tenido con otros actores, como la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transporte de Valores (Aseva).

El subsecretario destacó que se debe identificar cuáles son las prioridades en materia de seguridad de las comunas y a partir de eso puntualizar las medidas que se deben adoptar.

"Confiamos mucho en el sentido común que existe en los municipios para permitir contribuir de manera decisiva y detener los problemas de delincuencia que tenemos en el país" , dijo Aleuy.

 

Link a la nota:

http://www.publimetro.cl/nota/cronica/gobierno-aborda-estrategia-regional-de-seguridad-con-alcaldes-e-intendente-metropolitano/CPInhu!eKEMSzEqKW6gmRnoZqRgnQ/

 

 
Resumen Semanal de Noticias del Sector Del 8 al 15 de agosto de 2014 PDF Imprimir E-mail

Resumen Semanal de Noticias del Sector

Del 8 al 15 de agosto de 2014

 

 

Medio: La Capital (Rosario, Argentina)

Fecha: 9 de agosto

 

Robaron 8 armas de fuego en certero golpe a una agencia de seguridad privada

Atraco en la zona del barrio Fisherton Industrial. En siete minutos cuatro hombres armados redujeron a un empleado y violentaron una caja fuerte en la que no había dinero.

Cuatro hombres armados, decididos y a cara descubierta, asaltaron ayer a la mañana la oficina de una agencia de seguridad privada ubicada en el barrio Fisherton Industrial. En tan sólo siete minutos redujeron al empleado que llegaba para abrir la oficina, barretearon una puerta, violentaron una caja fuerte empotrada en una pared con una amoladora y, como no hallaron dinero en efectivo, se llevaron cuatro revólveres calibre 38 y cuatro escopetas calibre 12.70. Las cuatro cámaras de vigilancia que tomaron el golpe, en sus distintas secuencias, no alcanzaron para amedrentar el accionar de los ladrones. En su huida, los maleantes se llevaron el Volkswagen Gol del empleado al que redujeron.

"No vamos a hablar porque estamos muy conmocionados con lo que pasó y mi papá (titular de la empresa) no está. La verdad, no se cómo te abrí la puerta", dijo, con voz suave y cordial, una de las empleadas que estaban ayer al mediodía en la oficina de la agencia de seguridad privada Sion, ubicada en Esquiú casi esquina Bolivia (altura de Provincia Unidas al 400 bis), jurisdicción de la seccional 17ª. Ayer, fuentes de la provincia dijeron que la agencia está habilitada desde 2008 y que las armas de fuego robadas están debidamente registradas.

La empresa es propiedad de un comisario retirado de la policía provincial en 2004 y cuenta con alrededor de 120 empleados, dijeron las fuentes. "No se nada de lo que pasó. Nos enteramos porque un policía nos vino a preguntar si habíamos visto algo. Pero esta cuadra si no es para llevar los pibes a la escuela y con el frío de esta mañana, es difícil que hubiera gente en la calle", explicó una doña de la cuadra.

Barrio tranquilo. Esquiú al 6800, entre Bolivia y Ecuador, es una de las típicas cuadras de un barrio que supo ser tranquilo y que ahora suele ser territorio de arrebatos y robos. Ninguna de las viviendas de la cuadra dan el aspecto de una oficina y mucho menos de una empresa de seguridad privada. Tampoco hay indicadores o carteles que lo alerten. El local de Sion sólo cuenta con alarma y cámaras de video vigilancia.

Ayer a las 9.30, un Volkswagen Gol color gris se estacionó frente a la puerta de ingreso a la oficina. Un hombre de 30 años, empleado del lugar, bajó y fue directamente hacia la puerta. Era el primero en llegar. Cuando estaba a punto de girar la llave, dos hombres llegaron por detrás, saltando la zanja, y lo apuntaron con una pistola mientras lo abrazaban. Para cualquier residente de la cuadra, eran tres amigos que trabajaban en la oficina. Pero en realidad eran maleantes que no sólo estaban decididos a dar el golpe sino que contaban con información pormenorizada del lugar.

Una vez que la puerta se abrió, al empleado le hicieron desactivar la alarma a través del código correspondiente y otros dos hombres ingresaron a la oficina. De los cuatro ladrones ninguno se molestó por ocultar su rostro ante la cámara. Sólo uno llevaba una gorrita con visera que disimulaba su cara. Los cinco hombres quedaron en un hall de 1,5 por 4 metros que hace de antesala a la oficina propiamente dicha.

Sin prejuicios. Uno de los delincuentes, que llevaba una especie de cinturón con herramientas, fue directamente hacia la puerta de chapón que da paso a la oficina. Con una barreta de metal arremetió y forzó en tres lugares clave: las tres cerraduras dobles. Una vez que la puerta ya no era un obstáculo fueron directamente hacia un mueble empotrado en la pared y cerrado. Lo abrieron y se toparon con una pequeña caja fuerte.

El ladrón que llevaba las herramientas sacó de su bolso una importante amoladora y comenzó a cortar el metal de la caja. En dos minutos de chispazos, el cofre se abrió como un libro. Otro ladrón revolvió los papeles. Entonces encontraron cuatro revólveres calibre 38 y una cantidad de cheques que quedaron tirados en el piso "porque es un valor fácil de rastrear y dar de baja", según dijeron los pesquisas. Las mismas chispas de la amoladora orientaron la mirada de los ladrones hacia cuatro impecable escopetas marca Mosgber calibre 12.70 que en sus estuches estaban acomodadas en el piso del mueble. Todas las armas, sostuvieron los investigadores, estaban debidamente registradas para el uso de la empresa.

Al ver que no había efectivo en la caja, los ladrones agarraron las armas, una notebook, dos celulares y las llaves del Volkswagen Gol del empleado, al que dejaron encerrado en el baño. En el suelo de la oficina quedaron varios trozos de alambre acerado que había llevado para maniatar a las víctimas. Con las armas en su poder, se subieron al auto y, en otro vehículo en el que habían arribado desaparecieron. Nadie en el barrio los vio llegar. Nadie los vio irse. Todo el golpe duró siete minutos. "Para nosotros estos tipos tenían un dato de que había plata por el pago de sueldos y ya nadie paga sueldos en efectivo", especuló un vocero de la causa en manos de la Fiscalía de Flagrancia y Turno.

 

Link a la nota:

http://www.lacapital.com.ar/policiales/Robaron-8-armas-de-fuego-en-certero-golpe-a-una-agencia-de-seguridad-privada-20140809-0013.html

 

 

Medio: La Verdad (Quintana Roo, México)

Fecha: 9 de agosto

 

Exigen mayor regulación para agencias de seguridad privada

Según estimaciones del sector empresarial en Cancún hay alrededor de 80 empresas que brindan el servicio a hoteles, fraccionamientos, comercios y otros.

Debido a la proliferación de agencias de seguridad privada en el destino, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Cancún solicitó a las autoridades policiales regular estas empresas y vigilar que cumplan con todos los requerimientos que exige la ley, ya que de sus elementos depende la protección de una gran parte de ciudadanos y negocios.

Juan Manuel Peraza Peraza, dirigente de este organismo en el destino, comentó que las necesidades que tiene el municipio ha ocasionado que el número de este tipo de empresas crezca en forma considerable en los últimos años.

Dijo que hoteles, empresas y hasta fraccionamientos habitacionales son los que contratan seguridad privada para salvaguardar su integridad y evitar con esto ser víctimas de la delincuencia.

Se trató de contactar a Isaac Reza, dirigente de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) y que también es propietario de una agencia de seguridad privada, para que opine en torno al tema, pero no se encontró en su negocio y tampoco contestó su celular.

El dirigente de la Coparmex opinó que el sector empresarial ya solicitó en varias ocasiones a las autoridades de seguridad que regule y verifique que todas esas empresas cumplan con la documentación necesaria para poder brindar adecuadamente el servicio.

Según estimaciones del sector, en Cancún hay alrededor de 80 empresas de seguridad privada que manejan en promedio de 30 a 120 trabajadores, cada una, distribuidos en tres turnos.

Además, que la mayoría del personal que contratan carece de estudios, no cumple con los parámetros necesarios para ser un agente de seguridad y no se les ofrecen cursos de capacitación.

Peraza Peraza aseveró que las empresas de seguridad privada deben de cumplir con todos los parámetros que les exija la ley y aunque saben que son trámites engorrosos se tienen que hacer, debido a que en las manos de los guardias que contratan se encuentra la tranquilidad de muchas personas.

 

Link a la nota:

http://laverdadnoticias.com/exigen-mayor-regulacion-para-agencias-de-seguridad-privada/411765/

 

 

Medio: Chaco Día por Día (Argentina)

Fecha: 8 de agosto

 

Personal de Seguridad Privada logró un incremento salarial del 34,1%

La Unión del Personal de la República Argentina (UPSRA), delegación Chaco informó a los vigiladores y custodios de todo el territorio provincial nacional que luego de intensas tratativas con la Cámara Empresaria del sector (CAESI) acordaron un aumento salarial que asciende al 34,1% con vigencia a partir del 1° de julio de 2014.

El incremento salarial fue homologado el pasado 25 de julio de 2014 por Resolución N° 1153 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  de la Nación, y fue firmado entre la CAESI y la UPSRA para todos los trabajadores de seguridad y vigilancia privada y seguridad electrónica de todo el país.

El aumento se compone abonara en dos etapas. La primera será de  24,8% a partir del 1° de julio de 2014 y el 9,3% restante que incluye la sima de $200 por presentismo desde el 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2015.

Además el gremio de los vigiladores acordó que agregar el pago de la gratificación extraordinaria por única vez de $3060,00 pagaderos en 12 cuotas. Dicha suma se abonará en dos tramos, las primeras 6 cuotas serán de $310 cada una a partir del 1° de julio de 2014. El resto será de $200 desde el 1° de enero de 2015.

Para consultas deberán dirigirse a la sede gremial de Necochea 295, planta alta en el horario de 9 a 17 de lunes a viernes.

 

Link a la nota:

http://www.chacodiapordia.com/gremiales/noticia/89392/personal-de-seguridad-privada-logro-un-incremento-salarial-del-341%25

 

 

Medio: Unión Yucatán (México)

Fecha: 9 de agosto

 

32 de 60 empresas de seguridad en Yucatán tienen permiso federal

La Fiscalía General del Estado (FGE) participó en la II Reunión Nacional de Reguladores de Seguridad Privada en la que tomaron parte representantes de las 31 entidades federativas, para analizar las acciones implementadas para mejorar la regulación de este sector.

El jefe del Departamento de Regulación y Control de Empresas de Seguridad Privada de la FGE, Guillermo Alejandro Uc Chi, explicó que el encuentro celebrado en días pasados ayudó en el intercambio de estrategias, a fin de continuar el seguimiento de empresas que pudieran incurrir en diversos delitos.

 

Se intercambiaron puntos de vista sobre temas como fugas de información, el seguimiento para evitar la inclusión de elementos con antecedentes penales o del crimen organizado en las citadas empresas, lavado de dinero, entre otros.

Durante el evento coordinado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), también se abordaron temas legislativos para regular la seguridad privada en el ámbito federal, así como el control regulatorio de la misma a nivel estatal, además de su registro en Plataforma México.

Entre otros temas también se incluyó el uso de la tecnología como herramienta para el registro de empresas de seguridad, el control sobre el armamento en las mismas y la homologación de los derechos y obligaciones de los prestadores de servicio de seguridad privada.

Uc Chi, destacó que Yucatán presenta un avance importante en este sentido, pues continúa en aumento el número de empresas debidamente regularizadas en el Estado, que a la fecha suman un total de 60.

Más de 1300 elementos pertenecientes a estas empresas, señaló, están dados de alta en el Sistema Nacional de Seguridad y Plataforma México, con lo que se tiene un estricto control en este sector.

Uno de los puntos principales en la reunión fue el tema de la coordinación entre las entidades federativas para otorgar los permisos federales, los cuales se autorizan cuando una empresa opera en más de un Estado.

En este sentido, la colaboración entre las entidades será fundamental, pues antes de otorgar dichos permisos, los Estados deberán confirmar que las empresas cumplan con los lineamientos estatales.

En Yucatán 32 de las 60 empresas registradas cuentan con permiso federal, por lo que también se avanza en este sentido.

El jefe del Departamento de Regulación y Control de Empresas de Seguridad Privada de la FGE mencionó que este tipo de encuentros son relevantes por el intercambio de experiencias, ya que además de conocer el trabajo efectuado en otras entidades, se contribuye a mejorar los mecanismos de supervisión y el control de las empresas de seguridad privada.

 

Link a la nota:

http://www.unionyucatan.mx/articulo/2014/08/09/seguridad/32-de-60-empresas-de-seguridad-en-yucatan-tienen-permiso-federal

 

 

Medio: ABC (España)

Fecha: 11 de agosto

 

Vigilantes y guardas amenazan con recurrir el reglamento de la Ley de Caza

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada y la Asociación de Guardas de Caza han advertido hoy de que interpondrán acciones legales por vía penal como administrativa si el Gobierno regional adopta las medidas de corrección oportunas en el nuevo borrador del Reglamento de Caza.

Según han señalado ambos colectivos en un comunicado, de aprobarse el texto ocasionaría graves perjuicios que podría ocasionar a los profesionales de la seguridad privada habilitados y que desempeñan sus funciones en los diferentes cotos de caza.

En concreto, los vigilantes de seguridad cuestionan la creación de la figura del denominado guía de caza a la que se otorga la facultad de acompañamiento en las cacerías de caza mayor, un labor que se podrá desarrollar a través del jefe de la cuadrilla o por personal ajeno contratado para esta función.

Asimismo, contempla la posibilidad de que el guía pide la documentación a los participantes en la cacería, una medida que, aseguran, vulnera la normativa que especifica que esta función sólo puede ser prestadas por personal de seguridad privada con la correspondiente habilitación expedida por el Ministerio del Interior".

Según ambos colectivos, sólo puede ejercer estas funciones el personal de seguridad privada, integrado por los vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes de explosivos, los escoltas privados, los guardas rurales y sus especialidades de guardas de caza y guardapescas marítimos, los jefes de seguridad, los directores de seguridad y los detectives privados.

 

Link a la nota:

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1643621

 

 

Medio: Te Interesa (España)

Fecha: 11 de agosto

 

El Gobierno gastará más de 33 millones de euros en dos años en su plan de incorporar vigilantes privados a las prisiones

El Gobierno gastará 33 millones de euros entre 2014 y 2015 en su plan para incorporar vigilantes de seguridad privada al perímetro exterior de las prisiones en sustitución de la Guardia Civil, según admite el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria escrita al diputado de IU, Ricardo Sixto.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de mayo el acuerdo por el que "se autoriza al Ministerio del Interior la contratación del servicio de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios dependientes" del Departamento del ministro Fernández Díaz. El citado acuerdo incluye un expediente de contratación para cubrir 67 centros.

Según las explicaciones del Gobierno a IU, "las empresas que actualmente están participando en el apoyo a la seguridad de los centros penitenciarios son nueve, que han constituido una UTE (Unión Temporal de Empresas)". IU informa en un comunicado que, según los datos aportados en la contestación, el coste del contrato asciende a 33,3 millones de euros, distribuidos en las anualidades 2014 y 2015.

El proyecto piloto para implantar la seguridad privada en el perímetro exterior de 21 prisiones habría costado ya 7,3 millones de euros, según Sixto, quien realizó una batería de preguntas acerca de los "motivos por los que mantiene el Gobierno el proyecto de privatización de la seguridad exterior de las prisiones", cuando ni en 2012 ni en 2013 fueron convocadas plazas de empleo público para el cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

 

RECUERDA LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD

 

En este sentido, Sixto preguntaba además "si considera el Gobierno necesario destinar 7,3 millones de euros para que la seguridad privada se haga cargo de la seguridad exterior de los Centros Penitenciarios", y "cómo justifica" ese gasto "destinado a financiar la primera fase del proyecto de implantación de la seguridad privada, en el marco de las políticas de austeridad que está aplicando en las administraciones públicas".

Según IU, el Gobierno de Mariano Rajoy argumenta que el plan obedecía "tanto al principio de optimización de los recursos humanos y materiales asignados a la seguridad de las instalaciones públicas como a la conveniencia estratégica de concentrar el servicio prestado directamente por funcionarios policiales en aquellas funciones relacionadas con la seguridad de los centros penitenciarios para las que resulta más apropiada su mayor cualificación y especialización".

IU denuncia que la respuesta del Gobierno deja sin explicar otra de las cuestiones planteadas por Sixto acerca de "qué ahorro le ha supuesto la contratación de seguridad privada para el perímetro exterior de los centros penitenciarios".

 

Link a la nota:

http://www.teinteresa.es/politica/Gobierno-incorporar-vigilantes-privados-prisiones_0_1191482195.html

 

 

Medio: La Voz de Galicia (España)

Fecha: 12 de agosto

 

La seguridad privada llegará a la cárcel de Pereiro después del verano

La seguridad exterior del centro penitenciario de Pereiro pasará a ser responsabilidad de una empresa privada, que, según los planes del Gobierno, se hará cargo a medio plazo de un servicio que hasta ahora presta la Guardia Civil por medio de un equipo humano específico y dedicado de forma exclusivo a este cometido. En la actualidad son cuarenta personas las que dedica la Comandancia de Ourense a seguridad y vigilancia de la cárcel, que es permanente y requiere de tres turnos diferentes, integrado cada uno de ellos por diez personas.

La entrada de los primeros trabajadores de seguridad privada se hará, según las estimaciones que se maneja en medios conocedores de este proyecto, a mediados del mes de septiembre. Con todo, no existe una fecha que se haya hecho pública, pues este asunto se está llevando con especial cuidado y discreción por parte de la administración. De hecho, las adjudicaciones de estos servicios se hacen por medio de procedimientos negociados y sin publicidad, con el fin de preservar detalles y evitar la difusión pública de datos internos y reservados de seguridad.

 

Sin calendario definitivo

 

En el caso concreto de Pereiro, se apunta a que el cambio se hará de forma gradual, de tal manera que la firma de seguridad a la que ya se ha encargado el servicio -en el mismo paquete con la cárcel de A Lama, en Pontevedra- empezará con dos trabajadores. A medida que estos empleados de la empresa privada vayan familiarizándose con la actividad, se irán incorporando más. No existe, al parecer, una fecha definitiva para completar el relevo de la Guardia Civil como responsables únicos de seguridad del centro penitenciario de Pereiro.

Una vez que se consume el relevo, los guardias que abandonen el servicio en Pereiro se podrán recolocar en distintos servicios para reforzar las secciones generales de seguridad ciudadana.

 

Link a la nota:

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/08/12/seguridad-privada-llegara-carcel-pereiro-despues-verano/0003_201408O12C5992.htm

 

 

Medio: La Capital (Rosario, Argentina)

Fecha: 12 de agosto

 

Necrópolis municipales con mayor vigilancia privada

El titular de la Dirección de Cementerios del municipio, Edgardo Pereyra, reconoció que el robo de placas de bronce es un problema recurrente en las necrópolis. No obstante, apuntó que la incorporación de vigilancia privada y un refuerzo de la presencia policial logró reducir los actos de vandalismo en El Salvador y La Piedad.

La medida se tomó en mayo, después de que los 60 empleados del cementerio de La Piedad reclamaron el incremento de medidas de seguridad. Por esa fecha un trabajador había sido atacado a tiros por una persona que aparentemente intentaba robar una placa de una tumba.

"Si dijera que después de eso no se volvieron a denunciar faltantes de piezas de bronce, estaría mintiendo. Pero de un solo policía por cementerio pasamos a tres y también incorporamos seguridad privada en los accesos durante las 24 horas, con eso pudimos contener la situación", sostuvo Pereyra.Para el funcionario, que lleva 22 años desempeñándose en el área de cementerios, las intrusiones están relacionadas con la extensión de los predios y la soledad que reina a la tarde. "Pasan los años, y hay cada vez menos circulación de gente, y eso puede ser un factor que aliente los robos", sostuvo.

 

Link a la nota:

http://www.lacapital.com.ar/ed_impresa/2014/8/edicion_2096/contenidos/noticia_5182.html

 

 

Medio: Los Andes (Mendoza, Argentina)

Fecha: 13 de agosto

 

Tres preguntas para pensar la seguridad

La seguridad ciudadana es, desde 2010, la principal preocupación de los latinoamericanos, por encima de inquietudes económicas o políticas.

La Argentina no es una excepción: durante la última década, la inseguridad encabezó encuestas y reclamos populares como el principal problema del país.

Sin embargo, a pesar de esfuerzos políticos e institucionales para responder a estas demandas, como la creación de un ministerio nacional a fines de 2010, los acuerdos políticos aún son endebles y no se vislumbra una estrategia de mediano plazo.

En este marco, existen tres preguntas que pueden contribuir a repensar una política de seguridad en la Argentina y sus provincias: ¿Qué sucede? ¿Cómo lo percibe la sociedad? y ¿Qué recursos necesitamos?

Estos interrogantes no agotan la discusión sobre la seguridad en nuestro país, pero permiten identificar puntos de convergencia y divergencia entre las propuestas políticas de cara a 2015.

¿Qué sucede? Toda política pública requiere de un diagnóstico. El país sufre de una falta de información criminal sistematizada, actualizada, pública y confiable que permita tomar decisiones sobre la base de evidencia.

Hasta hoy, las urgencias políticas y la volatilidad de los cargos vinculados con la seguridad pública han obstaculizado la posibilidad de jerarquizar la recopilación y sistematización de datos y esto es muy grave.

La fragmentación de competencias y las rencillas políticas también retrasaron la consolidación de un sistema único de información criminal y de un diagnóstico compartido.

Así, las distintas agencias públicas encargadas de la seguridad a nivel nacional y provincial dependen de las simpatías políticas de sus autoridades o de la buena voluntad de sus cuadros técnicos para coordinar sus acciones.

La escasa articulación y coordinación de dichos organismos deviene en un solapamiento de políticas, esfuerzos duplicados, presupuestos desconectados de las metas, iniciativas compartimentadas y, lo más grave, escasos resultados. Por ejemplo, el plenario del Consejo de Seguridad Interior, encargado de reunir a las autoridades nacionales y provinciales con competencia en seguridad interior, sólo se reunió dos veces en los últimos cuatro años.

Sin diagnóstico, información confiable y articulación, la implementación de las políticas se torna espasmódica y su evaluación, anecdótica o meramente descriptiva.

¿Cómo lo percibe la sociedad? El pulso social es un insumo crítico para el diseño de una política de seguridad. En nuestro país, la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes es sensiblemente menor que en el resto de América Latina.

Sin embargo, de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre 2005 y 2011 Argentina fue el país con mayor tasa de robos, en su mayoría violentos o involucrando armas de fuego.

En este contexto, varios segmentos sociales expresan niveles de temor y desconfianza muy superiores a la media latinoamericana. El incremento en las medidas de autoprotección e incluso los recientes linchamientos podrían enmarcarse en este fenómeno.

Por ejemplo, de acuerdo al Ministerio de Trabajo nacional, entre 2003 y 2012 el número de empresas de seguridad privada se incrementó 32%, la facturación del sector aumentó 657%, y el número de agentes privados creció un 11%.

El hecho de que el temor al delito sea tan alto demanda soluciones más abarcativas e innovadoras para proteger a los grupos más vulnerables.

Si la percepción pública es importante, entonces una encuesta de victimización sistemática, nacional y comprensiva es la herramienta adecuada para evaluar el temor de los ciudadanos, conocer el universo de delitos no denunciados y asignar mejor los recursos operativos.

¿Qué recursos necesitamos? La seguridad ciudadana excede lo estrictamente policial, pero las fuerzas de seguridad ejecutan los programas y son responsables de la mayor parte de la implementación de las políticas. Por ello, la educación de los agentes policiales es fundamental.

Algunas iniciativas recientes a nivel nacional, incluyendo el fortalecimiento de los sistemas de formación de las fuerzas federales, son alentadoras.

Sin embargo, el atraso de algunos sistemas educativos provinciales, anclados en una noción violenta del orden público, es alarmante.

Estos sistemas requieren actualización y modernización para lidiar con los desafíos contemporáneos de la seguridad.

Independientemente de las urgencias políticas, es responsabilidad de las autoridades civiles y policiales lograr que aquellos aspirantes que ingresan a la academia de policía con plena vocación de servir sean bien remunerados, gocen de legitimidad social y no cedan ante focos de corrupción.

En su educación, además, es importante que incorporen herramientas para el análisis y valoren el rol de la información en la toma de decisiones.

La protección de los agentes policiales, incluyendo su salud y condiciones laborales, ha cobrado relevancia en los últimos años.

Sin embargo, aún resta mucho por delante. Un ejemplo de esa deuda lo constituyen los 42 homicidios de policías que ocurrieron entre 2010 y 2012 en la Capital Federal y el conurbano bonaerense, en la mayoría de los casos mientras se encontraban fuera de servicio.

Sin duda la tecnología es uno de los recursos más importantes para brindar un servicio de seguridad inteligente.

Nuevas herramientas geográficas, de identificación, de imágenes y de comunicación se encuentran disponibles y a disposición de los gobiernos.

Ahora bien, sin la voluntad política para adaptar y capacitar a las organizaciones encargadas de utilizarlas, su potencial se ve severamente limitado.

En torno a la seguridad ciudadana, existe una marcada diferencia entre provincias y regiones de nuestro país. No se trata exclusivamente de diferencias en la escala o la gravedad del problema, sino en la estructura y el perfil de la economía del delito y de los arreglos institucionales para responder, incluyendo las policías, los poderes judiciales y los organismos subnacionales de investigación e inteligencia criminal.

Cualquier solución homogénea o esfuerzo por aplicar una política común difícilmente capture los complejos fenómenos sociales, económicos, políticos y culturales que subyacen al problema de la inseguridad en cada provincia.

Sin embargo, el Estado nacional tiene la tarea indelegable de coordinar y articular los esfuerzos para alcanzar un escenario homogéneo de mayor seguridad y confianza pública.

 

Link a la nota:

http://www.losandes.com.ar/article/tres-preguntas-para-pensar-la-seguridad-804851

 

 

Medio: Europa press (España)

Fecha: 14 de agosto

 

La CNMC pide al Gobierno que no incluya en el contrato de seguridad privada la subrogación del personal

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pide al Gobierno que no incluya en el contrato centralizado de servicios de seguridad integral para varios edificios públicos la obligación de subrogar al actual personal que presta este servicio o que, al menos, se "interprete restrictivamente" esta obligación por cuanto limita la posibilidad de competencia.

Así se recoge en el 'Informe sobre los pliegos del contrato centralizado de servicios de seguridad integral y de auxiliares de control en edificios de la Administración General del Estado y sus organismos' que este jueves ha publicado el 'superregulador' y que recoge Europa Press.

El contrato al que se refiere el documento fue licitado por el Ministerio de Hacienda el pasado 18 de julio para cubrir los servicios de vigilancia y protección de bienes, el mantenimiento de equipos e instalaciones de seguridad y los servicios auxiliares de control (conserjería y portería) de una veintena de edificios de la capital, entre ellos los ministerios de Agricultura, Educación o Hacienda; la Confederación Hidrográfica del Tajo o la Delegación del Gobierno en Madrid.

La licitación está dividida en cuatro lotes valorados en 30,4 millones --van de los 14,27 millones el más grande a 965.900 euros el más pequeño-- por un periodo de 22 meses prorrogables por el mismo tiempo, lo que eleva el presupuesto a un máximo de 55 millones. Con ello se ahorrarán unos 4 millones de euros.

Los servicios se irán incorporando desde el 1 de diciembre de 2014 hasta julio de 2015 en función de la finalización de los 22 contratos en vigor actualmente. En todo caso, la finalización es fija para todo el contrato y está fijada el 30 de septiembre de 2016.

 

VALORACIÓN POSITIVA GENERAL

 

Así, la CNMC hace una valoración positiva general de la unificación del contrato en aras a conseguir una "mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos", y agradece también que se le hayan remitido los pliegos para su estudio. No obstante, recomienda que la próxima vez la consulta se haga antes de publicar el concurso.

No obstante, advierte de que existen algunos problemas desde el punto de vista de la competencia, como la obligación de subrogar al personal que actualmente presta el servicio. La Comisión subraya que "se corre el riesgo de perder gran parte de la posibilidad de competencia en la licitación" ya que la plantilla constituye un "input fundamental" en el precio que se puede ofrecer.

Es decir, que muchas pequeñas empresas no podrían asumir el coste de incorporar una "estructura organizativa alternativa" a la propia, lo que podría disuadir a algunos posibles licitantes de concurrir. Además, se trata de un criterio con "excesivo peso" en la valoración pese a ser "escasamente relevante para la ejecución de la prestación" e "imponer costes adicionales".

"Por esos motivos, se recomienda que la exigencia de subrogación debiera, si no eliminarse, cuanto menos interpretarse restrictivamente por parte de los órganos de contratación", concluye el organismo que preside José María Marín Quemada.

En otro punto del informe se reclama "una mayor justificación" a la inclusión, entre las condiciones de solvencia, de la exigencia de un número de trabajadores con formación profesional concreta, ya que "además de introducir una posible barrera de entrada a la prestación del servicio se impone una limitación a la libertad de organización de recursos del adjudicatario".

"El hecho de exigirse en todos y cada uno de los lotes estos requisitos de personal puede ser especialmente restrictivo, en la medida en que para un licitador que pudiese obtener más de un lote podrían generarse sinergias que permitiesen ganancias en eficiencia. Cabe pensar que, salvo justificación expresa en contra, pudiera compartirse personal entre lotes adjudicados a un mismo licitador dada la escasa dispersión geográfica", añade la CNMC.

 

LIMITAR EL RIESGO

 

La Comisión también recomienda eliminar la cláusula que prevé una indemnización equivalente al 3% de los servicios contratados si se produce una reducción del servicio superior al 10% del importe de la adjudicación. "No se considera adecuado restringir el principio de riesgo y ventura que debe asumir el contratista, sin que quepa aventurar además beneficio alguno para los usuarios del servicio", señala.

Con respecto a los plazos de duración del contrato, pese a comprender la necesidad de tiempos largos ante un servicio complejo como la seguridad integral, la CNMC recomienda que el derecho a prórroga se interprete "de forma restrictiva, examinando su necesidad, proporcionalidad y mínima restricción" dado que supone "el cierre absoluto del mercado durante su vigencia".

Además, cree que esta figura no debería justificarse alegando que incentiva a los posibles licitadores, ya que ese mismo objetivo "podría conseguirse por otras vías menos restrictivas para la competencia".

 

VALORACIÓN DE LOS CONTRATOS

 

La CNMC se centra por último en los criterios de aceptación de ofertas y en el procedimiento de valoración. Así, cree que deberían reducirse las condiciones mínimas de solvencia económica, financiera y profesional o técnica para presentarse a cualquiera de los lotes, y no sólo al de menor cuantía, de modo que se favorezca la concurrencia.

También opina que las exigencias económicas a las empresas aspirantes deberían ser acumulativas de diferentes años para no ser "excesivas o desproporcionadas" para las pymes, del mismo modo que no deberían incluirse criterios económicos --como los presupuestos o el volumen de negocio-- entre los requisitos de solvencia técnica.

La CNMC cree que los licitadores de otros estados miembros de la UE deberían tener requisitos de solvencia "equiparables" a los exigidos a las empresas españolas, y también rechaza que se limite a dos los lotes por los que se pueden presentar ofertas, sugiriéndose la eliminación de este tope.

Asimismo, cree que la exigencia de visitar los edificios puede suponer un problema para licitadores de fuera de Madrid, sugiriendo la posibilidad de mandar la información por vía telemática; y avisa de los "claros efectos anticompetitivos" de que la primera fase de la valoración sea eliminatoria, ya que "excluye a operadores sin haber podido valorar de forma completa su oferta".

La Comisión advierte por último de que hay demasiados criterios sujetos a una "valoración subjetiva", lo que supone una "excesiva discrecionalidad"; y rechaza la inclusión del factor corrector de penalización para las bajas inferiores al 10% del precio, lo que "estimula la formalización de ofertas que incluyan bajas superiores a dicho porcentaje".

"Sería recomendable que, dada la trascendencia del criterio precio, se realice una justificación de por qué, frente a otros posibles porcentajes, se ha considerado que el 10% ha de ser el umbral adecuado que justifique esta diferencia en la asignación de puntuación en las ofertas", concluye.

 

Link a la nota:

http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-cnmc-pide-gobierno-no-incluya-contrato-seguridad-privada-subrogacion-personal-20140814113533.html

 

 

Medio: Tiempo (Chihuahua, México)

Fecha: 14 de agosto

 

50% de empresas dejaron de contratar seguridad privada: Duarte

El mandatario estatal, César Duarte Jáquez, ofreció hoy discurso en la empresa maquiladora Osram Sylveira en donde destacó las bajos índices de violencia en la ciudad.

"Hoy en día el 50 por ciento de empresas dejaron de contratar seguridad privada", manifestó Duarte Jáquez.

"La seguridad nos genera: empleo, riqueza, confianza", comentó el mandatario estatal y destacó que esto a su vez genera competitividad.

Por último comentó que estos avances de seguridad y de generaicón de empleo "los juarenses lo ganaron a pulso con inteligencia y con imaginación"

 

Link a la nota:

http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-cnmc-pide-gobierno-no-incluya-contrato-seguridad-privada-subrogacion-personal-20140814113533.html

 

 

Medio: Vanguardia (México)

Fecha: 14 de agosto

 

Certificarán en Torreón empresas de seguridad privada

La Dirección de Seguridad Pública Municipal estableció un protocolo de coordinación y colaboración con empresas de seguridad privada que ofrecen sus servicios en fraccionamientos privados, con el fin de operar un programa que ayude a prevenir los hechos delictivos en esas zonas habitacionales.

El director de Seguridad Pública Municipal, Adelaido Flores Díaz, en una reunión con los gerentes de estas empresas, estableció el compromiso de generar los mecanismos para mantener una estrecha comunicación y suma de esfuerzos en pro la seguridad en los fraccionamientos.

Comentó el jefe policíaco que en sectores como Villas del Renacimiento, El Rosario, Las Villas, San Ángel, Senderos, El Fresno y otros conjuntos habitacionales, se contabilizaron más de 10 mil casas en donde se detectaron situaciones de vulnerabilidad para la seguridad de las familias.

Por su parte, los representantes de las empresas de seguridad privada expusieron la necesidad de ejercer una mayor vigilancia por parte de la Policía Municipal en el exterior de los fraccionamientos.

Manifestaron que cuentan con un control de ingresos y salidas de los visitantes y en algunos casos con cámaras de video vigilancia o alarmas que pueden poner a disposición de la Dirección de Seguridad Pública para reforzar las labores de vigilancia.

Díaz Flores refirió que ha iniciado la regularización de las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada así como de sus elementos que integran dichas agrupaciones, con el propósito de llevar un orden y con ello evitar la posible colusión del personal con hechos delictivos.

Afirmó que algunas empresas ya se han acercado para regularizarse; sin embargo, detalló que también se hará un proceso de certificación de manera individual de cada uno de los guardias, los cuales deberán acreditar los exámenes de control y confianza, mismos que serán aplicados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

 

Link a la nota:

http://www.vanguardia.com.mx/certificaranentorreonempresasdeseguridadprivada-2138189.html

 

 

Medio: El Universo (Ecuador)

Fecha: 14 de agosto

 

Decomisan 18 armas de fuego a dos empresas de seguridad

Durante un operativo de verificación de permiso de armas en dos empresas de seguridad privada, la Policía decomisó trece cartucheras y repetidoras, y cinco revólveres.

Según la Policía, catorce de esas armas no tenían permisos, mientras del restante estaban caducadas.

El coronel Edmundo Moncayo, comandante de la Zona 8 de Policía, informó que el objetivo del operativo es evitar que estas compañías funcionen al margen de la ley.

“Esperamos que las otras entidades encargadas de la seguridad privada se regularicen porque no pueden tener bajo su custodia armas de fuego sin los respectivos permisos”, sostuvo el oficial.

Indicó que las armas incautadas serán analizadas por la unidad de Criminalística para determinar si no han sido usadas para cometer algún delito.

 

Link a la nota:

http://www.eluniverso.com/noticias/2014/08/15/nota/3415671/decomisan-18-armas-fuego-dos-empresas-seguridad

 

 

Medio: La Prensa (Perú)

Fecha: 14 de agosto

 

Prohibido dar servicio de seguridad con licencia de armas para defensa personal

Está prohibido prestar servicios de seguridad armada a terceros con licencia de armas para defensa personal. Para ello se requiere tener la autorización expresa de la Gerencia de Servicios de Seguridad Privada de la Sucamec, informó la referida entidad.

 “La sanción correspondiente por prestar servicios de seguridad armada a terceros sin la autorización respectiva es una multa entre 5.700 y 17.000 soles”, advirtió la Sucamec (Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosiones de Uso Civil) en un comunicado.

Asimismo, se indicó que las personas que cuenten con licencia de posesión y uso de armas de fuego bajo las modalidades de defensa personal, caza o deporte, están prohibidas de prestar servicios de seguridad armada, ya sea de manera personal o a través de empresas, haciendo uso de esas armas.

 “Prestar servicios de seguridad armada con armas cuya licencia es para defensa personal, caza o deporte constituye una infracción grave que podría ser causal de cancelación de la licencia e incautación del arma de fuego por parte de la Sucamec”, finalizó la entidad.

 

ENLACE

 

Solo el 14,6% de usuarios de armas de fuego ha tramitado renovación de licencia

 

Link a la nota:

http://laprensa.pe/actualidad/noticia-prohibido-dar-servicio-seguridad-licencia-armas-defensa-personal-30166

 

 

Medio: Misiones On Line (Argentina)

Fecha: 15 de agosto

 

Impulsan una nueva norma que regule la seguridad privada

“Las empresas del rubro son colaboradoras de la seguridad pública”, remarcaron desde la Dirección de Seguridad Privada, sistemas de alarmas y Afines de la Policía de Misiones. Allí reconocen que la legislación actual está obsoleta y trabajan en la redacción de un proyecto para una nueva ley que contemple las nuevas realidades del servicio.

La Policía provincial tiene una Dirección que controla la actividad de las 62 empresas de seguridad privada que funcionan en la provincia. En esa repartición sostienen que la legislación que regula al rubro está obsoleta y que por ello trabajan allí en una iniciativa para adecuar la legislación a los tiempos que corren. “Los más importante de regular es la capacitación del personal de las empresas y los servicios de monitoreo satelital, que rompe con los paradigmas de espacio, tiempo y legislación”, sostiene el comisario inspector Oscar Ríos, responsable de la dependencia.

“Las empresas de seguridad privada y los serenos son servicios netamente preventivos, su función es controlar y alertar al personal policial de cualquier hecho delictivo.

En la provincia la ley que regula los servicios de seguridad privada es la Ley XVIII Nº 18 del año 1991, el decreto reglamentario de está ley es el Nº 2052 del año 1993”, detalló el funcionario

Esta Dirección de Seguridad Privada fue creada en el año 2008. Estos primeros años de trabajo se ha abocado a realizar un registro unificado y actualizado de las empresas del sector. En la actualidad hay 62 empresas autorizadas y seis que están en trámite de habilitación. Cada compañía que quiera brindar servicios en la provincia debe presentar sus carpetas en la Dirección o en las Unidades Regionales y luego de una evaluación se las habilita por un periodo de cinco años.

“Para las empresas que requieran que sus empleados porten armas de fuego, además de la habilitación de la Dirección de Seguridad privada, deben hacer el trámite de habilitación en el RENAR. El Renar brinda las habilitaciones a la empresa como a los empleados que deben portar las armas”, detalló Ríos.

Cada año las firmas deben hacer un re-empadronamiento ante la Dirección de Seguridad Privada. Allí deben hacer constar todos los datos de la empresa, los vehículos que utilizan y de todo el personal que presta servicios, así como de las armas (en el caso que las usen) que cuente la compañía.

El oficial auxiliar Sebastián Ríos, que es jefe de Departamento de la Dirección de Seguridad Privada, explicó que de las 62 empresas habilitadas, la mayor parte de ellas están radicadas en Posadas, por ser el centro administrativo y comercial de la provincia.

Valoró que se haya logrado unificar los registros de habilitación y control. Consideró que debe acelerarse la nueva normativa, en especial lo concerniente a la capacitación del personal y los requerimientos para integrar estos servicios. Explicó que se controla la idoneidad del empleado, que no tenga antecedentes y con aptitudes psicofísicas.

Añadió que hay empresas que trabajan con servicios de alarmas su monitoreo. Otras trabajan con alarmas monitoreadas por la Policía (son habitualmente las que trabajan con entidades bancarias y financieras). Estos servicios están regulados por la Ley provincial 1743 del año 1982 y modificada por el decreto 1735 del año 1988.

 

Los serenos: en la búsqueda de una normativa que encuadre esta actividad preventiva

 

Otros de los servicios de seguridad privada tradicionales y arraigados en la provincia, son los “serenos”. Estos controladores son contratados de forma directa por el propietario de una vivienda o local comercial para brindar servicios de control. Esta actividad no está regulada y en Posadas la Policía busca hacer una norma que la reglamente en el ámbito municipal.

La edil Claudina Deglise presentó un proyecto de ordenanza (Ordenanza Nº 3206), que fue aprobado en junio del año pasado en el Concejo Deliberante y solo falta la reglamentación.

La norma busca un control mixto entre el municipio y la Policía para que los serenos sean un servicio de seguridad particular controlada y habilitada. Esa ordenanza estimaba que en Posadas hay unos 500 serenos.

Se busca tener un registro de quienes actúen como serenos, un control sobre las aptitudes sociales, psicofísicas y antecedentes de los mismos. Además se establecerán cursos básicos para su trabajo.

Desde la Dirección de Seguridad Privada remarcaron que estos servicios, tanto de las empresas como la de los serenos, son “netamente preventivos y deben alertar a la Policía de cualquier hecho delictivo que observar”. En casos especiales pueden interceder y retener a él o los delincuentes. Solo en casos especiales como el de los transportes de caudales, pueden hacer uso de las armas de fuego. Aún queda pendiente un listado accesible de las empresas o servicios de Seguridad Privada en la Provincia en medios digitales.

Para consultas sobre las empresas de Seguridad Privada habilitadas en la provincia pueden comunicarse con la Dirección a los teléfonos 376 – 4447692 / 4446542 o al correo electrónico Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla o en la sede ubicada en Jefatura de la Policía de Misiones en Posadas.

 

Link a la nota:

http://misionesonline.net/2014/08/15/impulsan-una-nueva-norma-que-regule-la-seguridad-privada/

 

 
Resumen Semanal de Noticias del Sector Del 18 al 25 de julio de 2014 PDF Imprimir E-mail

Resumen Semanal de Noticias del Sector

Del 18 al 25 de julio de 2014

 

 

Medio: La Voz de Tandil (Argentina)

Fecha: 18 de julio

 

Custodios privados acordaron un 34 % de aumento salarial

José Rodríguez, secretario general de la Unión Personal de Seguridad Privada de la República Argentina, seccional Tandil, confirmó los términos del acuerdo salarial 2014, homologado el último martes. 

El sindicato, que en nuestra ciudad nuclea a alrededor de 400 afiliados, logró un 34.1 % de incremento.

Los trabajadores de Upsra, custodios y empleados del servicio de monitoreo, cobrarán un 24.8 % a partir del 1 de julio, más una suma fija de 3.600 pesos dividido en 12 cuotas, mientras que desde el 1 de enero de 2015 incorporarán el 9.8 % restante.

El acuerdo fue homologado en la víspera con la firma del ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada.

 

Link a la nota:

http://www.lavozdetandil.com.ar/nota-custodios-privados-acordaron-un-34-de-aumento-salarial-51225.html

 

 

Medio: Argenpress (Argentina)

Fecha: 18 de julio

 

Argentina, Seguridad: Granados habilita agencias privadas donde podría haber represores

El certificado de buena conducta en derechos humanos es un detalle para la actual gestión. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires autorizó a una agencia a prestar servicios sin que se haya demostrado que no hay entre sus miembros beneficiarios de las leyes “de Obediencia debida” y “Punto final” o agentes de fuerzas armadas o de seguridad estatales, entre otros requisitos legales.

QUILLOTASEGUTEX, una sociedad anónima con sede comercial en Florida, partido de Vicente López, solicitó ser admitida como prestadora de servicios en la Provincia y obtuvo la luz verde de Granados sin demasiados trámites, como reconoce el propio ministro.

En la reciente resolución Nº 838, publicada en el Boletín informativo de Seguridad, Alejandro Santiago Granados hace explícita la excepción: “De la documentación agregada surge que se encuentran cumplidos los recaudos legales, salvo el requisito previsto en el artículo 8° inciso 2° de la Ley N° 12.297, respecto del señor Marcelo Miguel Sanchez Sorondo”.

Dicho artículo, incluido en el capítulo de “inhabilitaciones e incompatibilidades” de la ley que regula la actividad del sector, dice: “No podrán desempeñarse en el ámbito de la seguridad privada las siguientes personas:

1) Quienes hayan sido excluidos de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, del servicio penitenciario u organismos de inteligencia por delitos o faltas relacionadas con las actividades reguladas por la presente.

2) Quienes se beneficiaron con las Leyes 23.492 ó 23.521 e indultados por hechos que constituyan violación a los derechos humanos.

3) Quienes posean antecedentes por condenas o procesos judiciales en trámite por delitos dolosos, o culposos relacionados con el ejercicio de la función de seguridad.

4) Quienes hayan sido inhabilitados por infracciones a la presente Ley.

5) Quienes sean personal en actividad de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, del servicio penitenciario u organismos de inteligencia”.

Como si se tratara de un compromiso ineludible o de la única prestadora del servicio de seguridad privada posible, Granados concedió la habilitación de manera exprés salteando la escala en la Secretaría de Derechos Humanos, que conduce Guido Carlotto.

En el Ministerio explican en off que “la Secretaría de Derechos Humanos no responde los requerimientos” y en Seguridad prefieren agilizar de cualquier modo las habilitaciones.

Cabe recordar que las agencias de seguridad privada tuvieron una acogida especial en el actual esquema de emergencia (1), y que a cargo de la Oficina para la Gestión de la Seguridad Privada está el hijo de la mano derecha de Granados, Edgardo Amarilla.

OTROS CÍRCULOS difundió hace unos meses una denuncia penal referida a la Oficina para la Gestión de Seguridad Privada en el periodo del ministro Ricardo Casal, donde tres funcionarios fueron acusados por un presunto episodio de corrupción (“coimas”) para habilitar la agencia “Torresco AES S.R.L.” salteando escalas necesarias, como la de la Secretaría de Derechos Humanos (2). Ese expediente fue derivado a la fiscalía de Delitos Complejos Nº 8, a cargo de Jorge Martín Paolini, que la archivó haciendo uso de una resolución de la época del Procurador Eduardo Matías de la Cruz que permite desestimar denuncias basadas en anónimos sin dar paso alguno.

 

Link a la nota:

http://www.argenpress.info/2014/07/argentina-seguridad-granados-habilita.html

 

 

Medio: La Información (España)

Fecha: 18 de julio

 

El Gobierno aprueba la contratación centralizada de la seguridad privada, con lo que ahorrará 4 millones

El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes a realizar la contratación centralizada de los servicios de seguridad privada y auxiliares de control en la administración general del Estado, con lo que prevé un ahorro de cuatro millones de euros.

Para ello, el Ejecutivo ha dado la orden a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con el objetivo de "mejorar la eficiencia de la contratación de los servicios de seguridad privada".

Esto se alcanzará al "homogeneizar las prestaciones y aplicar un planteamiento integral de la seguridad, teniendo en cuenta, tanto los medios personales adscritos por las empresas a estos servicios, como los sistemas técnicos dirigidos a la mejora de la seguridad".

 

VALOR DE 55 MILLONES

Estos servicios, que actualmente están incluidos en veintidós contratos con diferentes fechas de finalización, se incorporarán en el contrato centralizado a partir del 1 de diciembre de 2014, conforme terminen los contratos en vigor. La fecha de finalización será el 30 de septiembre de 2016, con posibilidad de prórroga por un periodo máximo igual al del contrato inicial. El valor estimado, para el período de duración máximo indicado, incluida la prórroga, es de 55 millones de euros.

El contrato incluye 116 sedes, correspondientes a cuatro ministerios, la Delegación del Gobierno en Madrid y catorce organismos. Los ministerios cuyos servicios se integran en el contrato son: Justicia; Educación Cultura y Deporte; Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; y Hacienda y Administraciones Públicas.

 

CONTACTO CON ASOCIACIONES Y EMPRESAS

Para la elaboración del pliego de condiciones que regula la contratación se han mantenido reuniones con el Ministerio del Interior, como Departamento que tiene encomendada la supervisión del sector de seguridad privada, y se ha solicitado informe a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.

 

El Gobierno explica que, con el fin de conseguir una mayor transparencia, el planteamiento del contrato se ha presentado a las asociaciones y empresas del sector, en una sesión pública celebrada el 26 de marzo, tras la cual se remitió un cuestionario en que expusieron sus observaciones y sugerencias sobre el procedimiento.

 

Link a la nota:

http://noticias.lainformacion.com/politica/ministerios-o-departamentos-del-gobierno/el-gobierno-aprueba-la-contratacion-centralizada-de-la-seguridad-privada-con-lo-que-ahorrara-4-millones_doBFlUBi5RTsZmaOyLlWm2/

 

 

Medio: La Voz de Galicia (España)

Fecha: 23 de julio

 

Interior incorpora la seguridad privada a todas las prisiones

Otros 800 agentes se sumarán en semanas a los 254 que entraron el año pasado con la puesta en marcha de un plan piloto en 21 centros.

El proceso de privatización de la seguridad en los centros penitenciarios españoles avanza de forma imparable. A los 254 agentes que se incorporaron el año pasado en 21 de los 68 centros penitenciarios dependientes de la Administración central, en el marco de un plan piloto puesto en marcha por el Ministerio del Interior, se sumarán en los próximos días otros 800 agentes que se incorporarán a la totalidad de los centros.

Estas incorporaciones no supondrán, inicialmente, la salida de la Guardia Civil y la Policía Nacional de las prisiones. Eso queda para una tercera fase. El cometido de los agentes de la seguridad privada, de momento, se reducirá a la vigilancia del perímetro de las cárceles, lo que implica control de vallados y muros exteriores, la supervisión de las cámaras de seguridad y la comprobación de los accesos reservados a familiares de los reclusos, entre otras funciones. Inicialmente no está previsto que tengan ningún tipo de contacto con los internos.

La tercera fase del plan se pondrá en marcha previsiblemente en julio del año que viene, una vez que se emita un nuevo informe positivo relativo a la segunda experiencia realizado por Guardia Civil, Policía e Instituciones Penitenciarias.

En esa última fase será cuando se produzca una reducción de plantilla en las unidades de la Guardia Civil dedicadas hasta el momento a controlar los accesos y las cámaras. El Ministerio del Interior se ha comprometido a que los agentes que actualmente llevan a cabo estas tareas pasarán a engrosar los departamentos de conducción y traslado de presos, labor que únicamente pueden realizar funcionarios del instituto armado.

 

Recolocaciones

Las razones esgrimidas por los responsables de Interior para privatizar la seguridad en los centros penitenciarios fueron fundamentalmente dos: recolocar a los más de 2.000 escoltas que prestaban servicios de protección a políticos y personalidades en el País Vasco y Navarra hasta la primavera del 2012, por el cese de la actividad armada de ETA y recuperar efectivos de la Guardia Civil para otros servicios -fundamentalmente la seguridad ciudadana- y paliar el recorte de nuevas incorporaciones al haberse fijada una tasa de reposición de las vacantes por cualquier causa en un 10 %, como consecuencia de la crisis económica.

La realidad, según fuentes sindicales de prisiones y de la Guardia Civil es otra bien diferente. Aseguran que la incorporación de los exescoltas, al menos en los 21 centros donde se implantó el plan piloto ha sido mínima y las posibilidades de incorporar a los servicios de seguridad ciudadana a agentes procedentes de prisiones, según reconocieron mandos de la Guardia Civil a sus representantes, en la práctica, será más bien remota, porque supondría un notable incremento del presupuesto, por la diferencia en los complementos de destino.

 

Cuatro lotes

La segunda fase del plan de incorporación de la seguridad privada a las prisiones supondrá la creación de 202 puestos de trabajo -181 de 24 horas y 22 de 12 horas- con un presupuesto total de 33.387.743 euros, aprobado en un Consejo de Ministros del pasado mes de abril.

El contrato que en estos momentos está en fase de adjudicación -por afectar a servicios de seguridad se tramita por el «procedimiento negociado sin publicidad»-, se estructura en cuatro lotes divididos por zonas geográficas.

Está previsto formalmente que cada lote se adjudique a un licitador diferente. Según fuentes del sector al concurso de ha presentado una UTE -Unión Temporal de Empresas- encabeza por Ombuds, en la que se integran Coviar, Seguriber, Prosegur Segur Ibérica, Prosetecnisa, Seguritas, Sabico y Vinsa. Salvo variaciones de última hora, son las mismas que ya se repartieron los cerca de ocho millones que se destinaron al plan piloto puesto en marcha hace un año.

El negocio para el sector lo completan los 14 centros penitenciarios radicados en Cataluña que gestiona la administración catalana que también apostó fuerte por la privatización del servicio.

 

Link a la nota:

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2014/07/23/interior-incorpora-seguridad-privada-prisiones/0003_201407G23P20991.htm

 

 

Medio: Jujuy al Día (Jujuy, Argentina)

Fecha: 23 de julio

 

Inscripciones maratón día de la policía

Jefatura de Policía de la Provincia a través de las Direcciones de Coordinación Vecinal y Seguridad Privada, invita a la comunidad en general a participar el sábado 26 de Julio del corriente año, a partir de la hora 08:00, a la “XXVII edición de la tradicional Maratón “Día de la Policía” con motivo del 169° aniversario de la creación de la institución policial.

El mencionado evento deportivo tendrá como punto de partida el frente de la Central de Policía, ubicado sobre calle Belgrano, lugar donde está prevista la largada y finalización del acontecimiento atlético.

Cabe acotar que las inscripciones son libres y gratuitas, las cuales se realizarán a partir de hoy lunes 21 de Julio, en las distintas Direcciones precedentemente mencionadas, en horario comercial.

Cabe mencionar que una vez finalizada la carrera, se hará entrega de premios a los ganadores de las diferentes categorías.

 

Link a la nota:

http://www.jujuyaldia.com.ar/2014/07/23/inscripciones-maraton-dia-de-la-policia/

 

 

Medio: La Prensa Gráfica (El Salvador)

Fecha: 24 de julio

 

Medidas sustitutivas a la prisión al matar en defensa propia

Las personas podrán optar a medidas alternas a la detención provisional, mientras se desarrolla la investigación del caso.

La Asamblea Legislativa aprobó esta noche reformar el artículo 331 del Código Procesal Penal que permitirá que los ciudadanos puedan actuar en defensa propia en hechos que atenten contra su seguridad a medidas sustitutivas a la prisión, mientras se desarrolla la investigación del caso.

Con la reforma aprobada, los agentes de seguridad privada, miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), de la Policía Nacional Civil (PNC) y ciudadanos comunes que cometan algún delito, como homicidio, en defensa propia, no serán detenidos y permanecerán en libertad.

La reforma contó con el apoyo de 48 diputados. El FMLN no dio su apoyo a la moción que fue ingresada a la sesión plenaria por dispensa de trámite.

Los parlamentarios consideraron importante aprobar estas reformas ante la situación de violencia que vive el país.

El artículo modificado  prohibía aplicar a las medidas sustitutivas a la detención provisional en los delitos de homicidio en sus diferentes modalidades.

Diputados aprueban con 48 votos medidas sustitutivas a la prisión al cometer homicidio en defensa propia. FMLN no votó.

 

Link a la nota:

http://www.laprensagrafica.com/2014/07/25/ciudadano-que-mate-en-defensa-propia-no-sera-detenido

 

 
Resumen Semanal de Noticias del Sector Del 11 al 18 de julio de 2014 PDF Imprimir E-mail

Resumen Semanal de Noticias del Sector

Del 11 al 18 de julio de 2014

 

 

Medio: Atuacao On Line (Brasil)

Fecha: 4 de julio

 

FENAVIST celebra primera reunión con su nueva junta ejecutiva

El 23 de junio comenzó el mandato de la nueva junta directiva de la Federación Nacional Valores de seguridad empresarial y de transporte (FENAVIST) cuya gestión será hasta el 22 de junio de 2018. Para comenzar oficialmente se realizó la primera reunión de la junta directiva en la sede de Confederación Nacional del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo (CNC) en Brasilia.

El orden del día fue la alineación de las actividades que se realizarán durante esta gestión. Como norte de la planificación estratégica 2014/2015, la nueva Junta subrayó la importancia de evaluar y deliberar sobre el proyecto de ley 4.238/12, presentado por el Senador Marcelo Crivela constitutivo de la Planta Nacional de  Vigilantes y toda la lista de proposiciones que se ocupan de la seguridad de asuntos privados y de otro tipo de actividad de interés.

Durante la reunión, Odair Concepción tuvo la oportunidad de presentar el Estudio ESSEG-IV del Sector de la Seguridad Privada, que se celebró en su gestión.

El estudio proporciona datos sobre el sector que se puede utilizar como referencia en la relación con el gobierno, el mercado y los medios de comunicación en general.

Listos para afrontar nuevos retos y lograr grandes victorias, la nueva Junta tiene la intención de mantener los proyectos que comenzaron en la anterior gestión y fortalecer la participación en la discusión de temas importantes para el desarrollo del país.

El empresario Jeferson Furlan Nazario fue elegido para el cargo de presidente Nacional. Minetras que el puesto de Vicepresidente Nacional quedó a cargo de Eliezer Palhuca. La nueva junta ya está disponible en el sitio FENAVIST para su consulta.

 

 

Medio: Folha de Sao Paulo (Brasil)

Fecha: 10 de julio

 

Gobierno publica MP para estimular Bolsa y la industria

El gobierno federal ha publicado el jueves (10), anuncios que contienen medidas provisionales e incentivos para el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la Bolsa de Valores y un paquete de beneficios a la industria.

Una de las medidas anunciadas el mes pasado por el ministro Guido Mantega (Finanzas), es la exención del impuesto sobre la renta para los que compran acciones y plicará a los fondos de inversión centrados en las empresas valoradas por debajo del mercado en $ 700 millones.

Para otras empresas, sin incentivos, el impuesto es del 15% sobre la ganancia con las aplicaciones.

La medida provisional se regula la creación de fondos de renta fija con cuotas que cotizanen la bolsa de valores, conocidos como ETFs, sin incidencia de las cuotas y un pago anticipado del impuesto sobre la renta grava cada seis meses y se reduce e número de acciones del inversor.

 

INDUSTRIA

 

En la medida cautelar también se incluyen las políticas destinadas a  estimular la industria anunciada por el Gobierno después de reunirse con los empresarios en el Palacio de Planalto, en junio.

Entre las medidas se enceuntra la extensión de Reintegra, programa de incentivos exportación. El programa, que se había extinguido en el último año, regresa en forma de créditos fiscales en porcentaje de las exportaciones de manufacturas en el país.

La cuantía de la prestación, que fue del 3% en el primer término del programa, variará de 0,1% a 3%. El MP también trae nuevas reglas para recargas - programa de instalación y deudas tributarias vencidas.

La medida establece que en las deudas de 1 millón de reales, los empresarios deben pagar el 5% del valor de entrada para ser refinanciada.

Para deudas entre 1 y 10 millones de reales, la entrada debe ser de 10%. Entre 10 y 20 millones, la "señal" debe ser de 15%, y por encima de esta cantidad, el 20%.

 

'Salvación'

 

Cuando el paquete fue lanzado, los analistas dijeron que las medidas ayudarán, pero no tendrá ningún impacto para sacar a la economía de la ruta recesión este año.

"Este año no tiene mucho efecto. Pero sirve para cambiar el estado de ánimo de la comunidad empresarial, que ha tenido sólo noticias negativas ", dijo el empresario Roberto Giannetti Fonseca.

Las medidas llegan en un momento en que la economía brasileña muestra signos de pérdida de la respiración. Al término del primer trimestre de expansión modesta (aumento de 0,2% en comparación con el cuarto trimestre de 2013), los analistas predicen que el PBI podría contraerse entre abril y junio, debido a la baja por la Copa y pesimismo sobre la economía.

 

 

Medio: Millenio (México)

Fecha: 11 de julio

 

Existen al menos 25 empresas 'pirata' de seguridad privada en Yucatán

Secretaría de Gobernación sale a la 'cacería' e inspección de empresas de protección que trabajan de manera irregularidad en el Estado.

En Yucatán hay 70 empresas de seguridad privada registradas ante las autoridades, pero se estima que existe un 50 por ciento más de empresas irregulares.

Representantes de la Secretaria de Gobernación realizan desde el pasado lunes la supervisión de las licencias del permiso federal de seguridad privada, a las empresas que operan tanto en el Estado, como a nivel nacional, informó Marco Antonio Sánchez Reyes, gerente de uno de esos negocios de ese sector.

Indicó que por tratarse de un operativo sorpresa, algunas empresas aprueban la revisión sin problemas al tener en orden todos sus permisos tanto a nivel estatal como federal, mientras que otras son acreedoras a suspensiones temporales, parciales o incluso definitivas. 

Uno de los principales rubros, dijo, es que todos los elementos que laboran en la empresa estén registrados en el padrón de la Secretaría de Seguridad Pública.

 

Sin armas

Añadió que en las empresas de seguridad privada ninguno de los empleados está armado, salvo cuando se trata de traslado de valores o custodia de personas, pero para ello se requieren licencias específicas.

En el caso de la seguridad privada que ellos ofrecen, dijo, está enfocada a comercios, custodia a bienes inmuebles y dependencias gubernamentales.

Respecto a si este tipo de revisiones se realizan con determinada periodicidad, indicó que  se pueden dar en cualquier momento o temporada del año, ya que se trata de una lucha frontal de las autoridades en contra de las empresas “patito”, ya que generan competencia desleal. 

Explicó que el permiso federal depende de la cobertura que tenga la empresa, pues si hablamos del sureste podría ser Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, pero en su caso, tienen cobertura nacional, porque cuentan con sucursales en nueve Estados del país, de ahí que  tengan permiso federal de cobertura nacional.

 

Registros

 

Precisó que no basta con la autorización federal, ya que por normatividad las empresas de seguridad privada también deben estar registradas ante las autoridades estatales, ya que son los requisitos que marca la ley.

Convenio con la SSP

Con relación al convenio firmado entre las empresas de seguridad privada con la Secretaría de Seguridad Pública, para acortar el tiempo de respuesta ante las llamadas de emergencia, señaló que trabajan en coordinación con las autoridades, para que en el momento en que se reporte una eventualidad, ya sea por robo o solicitud de auxilio, tengan el apoyo de las autoridades correspondientes. 

“Somos auxiliares de las autoridades, ya que no realizamos actividades policíacas, pero sí de seguridad preventiva. De ahí que en el momento que necesitemos del apoyo de la fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Pública e incluso de los elementos del Ejército Nacional, podemos contar con su apoyo”. 

Recordó que la primera etapa de ese convenio consiste en ampliar la cobertura de seguridad para prevenir la delincuencia común en el primer cuadro de la ciudad. “Incluso se habló de que se invitaría a los comercios que cuentan con cámaras de circuito cerrado de televisión a sumarse a este proyecto para incorporar la tecnología a las opciones de vigilancia y mantener el grado de seguridad que ha caracterizado a Yucatán”.

 

La tecnología es vital

 

La incorporación de la tecnología en la seguridad privada, para casas habitación, comercios y dependencias gubernamentales es sumamente importante.

 

Link a la nota:

http://sipse.com/milenio/empresas-seguridad-proteccion-irregulares-pirata-yucatan-101347.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+milenioYucatan+(Milenio+Novedades)

 

 

Medio: Prensa Libre (Guatemala)

Fecha: 13 de julio

 

Solo 400 guardias cumplen requisitos

Aunque hay pena de cárcel para las empresas de seguridad privada que no cumplan con la ley, así como para los contratantes, 139 compañías registradas, que representan al 99 por ciento de los policías privados en el país, prestan servicios sin estar debidamente legalizadas.

La jefa de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp), del Ministerio de Gobernación, Patricia Monge, reconoce que solo 400 agentes de 48 mil 240 guardias tienen actualmente certificado para trabajar como custodios.

Los 47 mil 840 guardias sin certificado se encuentran en empresas registradas antes de la aprobación de la normativa vigente, llamada Ley que regula los servicios de seguridad privada, pero que a la fecha operan al margen de la legalidad, pues no han llenado todos los requisitos establecidos.

Ese decreto, con número 52-2010, fue emitido por el Congreso el 23 de noviembre del 2010, en sustitución de la Ley de los cuerpos de las entidades bancarias, estatales y privadas, de 1979.

El artículo 66 de la citada ley, ordena prisión para quienes prestan el servicio sin autorización, y para el contratante, si este sabe que es una empresa no autorizada. La normativa dicta penas de seis a 12 años y multa de Q100 mil.

Al incumplimiento de la ley por parte de la mayoría de empresas de seguridad se agrega un subregistro de empresas que operan de manera ilegal, cuya cantidad, según Monge, es difícil de calcular.

Sin embargo, el Informe de Desarrollo Humano estima que hay de 30 mil a 40 mil guardias privados clandestinos.

 

PLAZO FINAL

 

El 29 de agosto del 2012 concluyó el período establecido por la ley 52-2010 para que las empresas se readecuaran, presentaran su papelería y enviaran a sus agentes a recibir cursos de capacitación.

A la fecha, de acuerdo con Monge, son muy pocas las empresas que tienen concluidas las fases que regula la normativa, además de que solo 400 custodios han recibido la certificación extendida por Digessp, un número en extremo bajo, en relación con los 48 mil 240 guardias registrados en la Dirección.

Consultado al respecto, el diputado Mario Guzmán, integrante de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional y de Inteligencia del Congreso, afirma que al concluir el plazo el 29 de agosto del 2012 para que las empresas entregaran papelería, técnicamente serían ilegales.

“Están fuera de la ley, deshabilitadas, pues no cumplen con los requerimientos legales y una interpretación es que no están correctamente constituidas”, menciona.

Explica que en el Congreso se ha analizado una prórroga, pero aún no se propone formalmente.

 

 

Rodolfo Muñoz, capitán retirado y presidente de la Cámara de Empresas de Seguridad Privada, que aglutina a 42 compañías, justifica que algunos no hayan cumplido con todos los requisitos, debido al oneroso pago de licencias que exige el reglamento de la citada ley.

“El problema es que no hay una definición y se sacaron de la manga que hay que comprar 10 licencias de Q40 mil para tres años, y hemos estado en una disyuntiva”, menciona.

Afirma que la mayoría de empresas sí cumplió con lo establecido por la normativa 52-2010, por lo cual no debieran hacer ningún otro pago.

“Nosotros estamos en ley. Quienes no están en ley son las autoridades”, explica.

A esto se une que la Digessp no ha puesto plazo para que las empresas concluyan con la entrega de papelería, a lo cual Monge llama proceso de “readecuación”.

 

PELIGRO

 

La Dirección General de Control de Armas y Municiones refiere que hay 49 mil armas registradas a nombre de empresas de seguridad privada.

A ese número le corresponden 24 mil escopetas, 18 mil revólveres y siete mil pistolas tipo escuadra.

Según han denunciado organizaciones de derechos humanos, empresas no autorizadas exponen a la ciudadanía, pues su personal no está calificado para el uso de armas, no tienen estudio de su perfil psicológico y están sometidos a horarios extensos, en condiciones a menudo deplorables.

Una prueba de ello es el crimen contra la historiadora Patricia Samayoa Méndez, de 59 años, coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer en Ciudad y Género, quien el 3 de julio pasado fue ultimada por el guardia privado Mynor David Guevara, 35.

El hecho desató de nuevo cuestionamientos hacia la capacidad de Gobernación para regir a las empresas de seguridad privada.

Luego del hecho, la Digessp hizo público que la empresa Shield Security, para la cual labora el custodio, tiene sanciones, y aun así opera.

Además, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que la empresa, constituida en el 2007, ha tenido denuncias del robo de 280 armas de fuego.

Pero no solo esa compañía ha perdido armamento, las autoridades reportan que en el primer semestre de este año fueron robadas 215 escopetas, la mayoría a empresas de seguridad privada, en algunos casos tras haber matado al guardia.

 

DIVERSOS CRITERIOS

 

Édgar Trujillo, general retirado y presidente de la Gremial de Empresas de Seguridad, al referirse al caso de Guevara, comenta: “Fue un hecho lamentable; es un caso aislado, porque no es la norma ni la doctrina. Somos proveedores de seguridad”.

La gremial tiene 91 empresas afiliadas, de acuerdo con Trujillo, y aunque Shield Security es una de las integrantes, refiere que cada compañía es “responsable” del entrenamiento de su personal.

“A los guardias siempre se les dice que no mantengan cartucho en recámara, y cuando no siguen los protocolos, ocurren accidentes como este”, dice Muñoz al respecto.

Lorena Escobar, analista en temas de seguridad de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, señala que no todas las empresas invierten en capacitación o entrenamiento.

“En el caso del guardia —Guevara—, entró en pánico, y parece que no fue bien entrenado y tuvo una capacitación débil. En este caso, la ley hace responsable de manera penal a la empresa”, afirma Escobar.

Recalca que no todas las empresas tienen criterios de selección de personal, pues solo les preocupa que sepan usar el arma y tengan la licencia de portación, con lo que dan por sentado que el agente tiene habilidades y capacidades”.

 

Link a la nota:

http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/Seguridad_privada-violencia-PNC-armas-camaras_de_vigilancia_0_1174682522.html

 

 

Medio: La Verdad (Murcia, España)

Fecha: 14 de julio

 

Dos vigilantes a juicio por detener a un joven

La Audiencia Provincial de Murcia juzgará este martes a dos trabajadores de una empresa de seguridad que están acusados de detener ilegalmente a un joven, al que presuntamente mantuvieron atado durante una hora a una balaustrada junto al Museo Arqueológico.

Las conclusiones provisionales de la fiscalía piden para J.F.S. y J.M. dos años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de actividades relacionadas con funciones de vigilancia o seguridad privada durante el tiempo de la condena.

Igualmente, el fiscal solicita al tribunal que los condene a indemnizar al joven víctima de estos hechos con 3.000 euros por los daños morales sufridos.

El relato de la acusación estatal establece que el suceso ocurrió en la madrugada del 25 de diciembre de 2008, cuando los acusados ejercían labores de seguridad sobre las casetas de artesanía instaladas en el Paseo Alfonso X el Sabio de Murcia.

Tras un alboroto protagonizado por jóvenes en la zona, en la que algunos de ellos dieron patadas a una de las casetas, los acusados procedieron a la detención ilegal del denunciante, «pese a que sabían que no había realizado ninguna acción dañina».

El joven permaneció detenido durante una hora hasta que agentes del Cuerpo Nacional de Policía «pusieron fin a su cautiverio».

 

Link a la nota:

http://www.laverdad.es/murcia/201407/14/vigilantes-juicio-detener-joven-20140714131310.html

 

 

Medio: El Faro Digital (España)

Fecha: 16 de julio

 

La mitad de los policías de la cárcel será reubicada tras la entrada de vigilantes privados

Los efectos de la nueva Ley de Seguridad Privada empezarán a notarse en Melilla. El jefe superior de Policía, José Ángel Jiménez, anunció hace una semana a un grupo de agentes que participaba en  un curso de formación que el próximo 1 de agosto la mitad de los policías nacionales  que trabajan en la cárcel de Melilla será reubicada en otros puestos de la Comisaría.

La medida no se tomará finalmente hasta el último trimestre de este año. Cuando entre en vigor, afectará a una veintena de agentes que sobrepasan los 40 años de edad y en muchos casos llevan cerca de 25 años de servicio, según han informado a El Faro fuentes policiales.

Se trata de una sustitución de policías nacionales (en el caso de Melilla y Ceuta) por vigilantes de seguridad privada.

La veintena de agentes del Cuerpo Nacional (entre ellos, oficiales) que sí se quedará trabajando en el centro penitenciario se ocupará de vigilar el perímetro de la prisión (garitas exteriores) para evitar los habituales lanzamientos de droga desde el Monte María Cristina a la cárcel a través del vallado.

Para los sindicatos, la controvertida decisión de sustituir la vigilancia policial de los centros penitenciarios por la seguridad privada les supone un nuevo reto porque intentarán conseguir que los agentes que se reubicarán en la Jefatura pasen a ocupar puestos vacantes en el servicio burocrático.

La idea es lograr que estos policías nacionales que llevan toda la vida vinculados a la cárcel pasen a reforzar la seguridad de la Comisaría y en ningún caso se destinen a los peores puestos: Los de la frontera.

Fuentes sindicales descartan que la Jefatura envíe a estos agentes a patrullar las calles porque eso ya lo hacen los ‘Zeta’, un grupo policial integrado en su mayoría por los agentes más jóvenes.

Sin embargo, el tema de la frontera no lo dan por descartado. De hecho, consideran injusto que se les destine al control de documentación o a los calabozos de los pasos fronterizos de Melilla.

En principio los sindicatos pedirán que la veintena de agentes que saldrá de la cárcel sea reubicada “en los mejores puestos” de la Jefatura Superior, aunque “no hay nada claro todavía”.

Como era de esperar, la medida no ha gustado entre los policías nacionales y estarán pendientes de que la privatización del servicio de seguridad de la cárcel no reste rigor a la vigilancia del centro penitenciario.

Además, aseguran a El Faro que tienen serias dudas de que sea más rentable contratar seguridad privada que mantener en sus puestos a policías nacionales.

Los sindicatos calculan que la seguridad privada en las cárceles es más cara que la pública y que esta decisión se toma para sacar del agujero de la crisis al sector de la vigilancia privada.

 

Link a la nota:

http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/148475-la-mitad-de-los-policias-de-la-carcel-sera-reubicada-tras-la-entrada-de-vigilantes-privados.html#sthash.YArNHjod.dpuf

 

 

Medio: La Voz de Galicia (España)

Fecha: 16 de julio

 

«Nuestro objetivo es acabar con las empresas pirata»

Trabajadores y sindicalistas del sector de la seguridad privada se reunieron ayer para celebrar el II Congreso de la Unión Sindical Obrera en A Coruña, donde su secretario general, Antonio Duarte, repasó el programa de acción que realizan desde la organización sindical para mantener el convenio estatal e hizo un análisis de los problemas que atraviesan las empresas de seguridad privada.

 

-¿Cuál es la principal preocupación de los vigilantes de seguridad?

 

-Mantener un convenio estatal que asegure el sueldo mínimo para los vigilantes de seguridad, independientemente de la ciudad en la que trabajen.

 

-¿Hay empresas en desacuerdo con este convenio?

 

-Muchas empresas están vulnerando el convenio estatal de seguridad privada, haciendo contratos que no respetan las condiciones laborales de los trabajadores. Actualmente este sector tiene un problema con las empresas pirata, que acceden a concursos públicos ofreciendo el coste más bajo y sabiendo que no van a poder hacer frente a los pagos. Llegado el momento, anuncian pérdidas, se acogen a la reforma laboral y bajan hasta un tercio los salarios de los trabajadores, que no son ni mileuristas.

 

-¿Existen muchas empresas pirata en España?

 

-Al menos una treintena que vulneran el convenio, infracotizan a la Seguridad Social contratando a los vigilantes por la mitad de jornadas que realmente trabajan, y defraudan a Hacienda. Sin embargo, continúan accediendo a concursos públicos. En Galicia, la empresa Seguridad Integral Canaria, que recibe todas las semanas denuncias por infracciones y ha cometido fraude fiscal, tiene un contrato con las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa para ofrecer servicios de vigilancia.

 

-¿Cómo lucha la Unión Sindical Obrera para acabar con estas empresas?

 

-Tenemos abiertos procesos judiciales contra alguna de estas empresas y estamos trabajando en una campaña con los gobiernos autonómicos para definir el modelo de contratación pública. Nuestro objetivo es acabar con las empresas pirata, que son una lacra para el sector.

 

-¿El sindicato está contento con la nueva Ley de Seguridad Privada?

 

-Consideramos que la ley es progresista y un referente para la Unión Europea. Se centra en la formación de los trabajadores, nos abre nuevos nichos de trabajo y por fin nos da cobertura jurídica como agentes de la autoridad.

 

Link a la nota:

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2014/07/16/objetivo-acabar-empresas-pirata/0003_201407H16C7993.htm

 

 

Medio: La Voz de Tandil (Argentina)

Fecha: 17 de julio

 

Custodios privados acordaron un 34 % de aumento salarial

José Rodríguez, secretario general de la Unión Personal de Seguridad Privada de la República Argentina, seccional Tandil, confirmó los términos del acuerdo salarial 2014, homologado el último martes. 

El sindicato, que en nuestra ciudad nuclea a alrededor de 400 afiliados, logró un 34.1 % de incremento.

Los trabajadores de Upsra, custodios y empleados del servicio de monitoreo, cobrarán un 24.8 % a partir del 1 de julio, más una suma fija de 3.600 pesos dividido en 12 cuotas, mientras que desde el 1 de enero de 2015 incorporarán el 9.8 % restante.

El acuerdo fue homologado en la víspera con la firma del ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada.

 

Link a la nota:

http://www.lavozdetandil.com.ar/nota-custodios-privados-acordaron-un-34-de-aumento-salarial-51225.html

 

 

Medio: Prensa Libre (Guatemala)

Fecha: 17 de julio

 

Empresa de seguridad privada fue sancionada

Robo de armas de fuego, incumplimiento de pago de planillas en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), no informar cuáles eran sus agencias y no estar al día en el pago de seguros colectivos llevó a la cancelación de licencia de la empresa Shield Security.

Para esta empresa trabajaba Mynor David Guevara Tenaz, guardia procesado por haber disparado contra Patricia Samayoa en una farmacia de la zona 1, el 3 de julio último. La mujer murió en el negocio.

Patricia Monge, jefa de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp), en conferencia de prensa, dijo ayer que Shield Security tiene hasta hoy para presentar su defensa.

La funcionaria explicó que la compañía les informó que tenía mil 500 colaboradores, pero en el IGSS el número es solo de 143.

“Una falta grave es que nunca mostraron que tuvieran al día el pago de sus seguros colectivos y contra terceros”, refirió Monge, quien indicó que la empresa tiene cancelada su licencia, por lo que no puede operar y fue desactivada en la página oficial de la institución.

 

Son legales

 

Monge dijo que entre los expedientes de otras empresas que han revisado no aparecen casos parecidos el de Shield Security.

“Tampoco es una cacería de brujas; trabajamos en la readecuación de todas las empresas —de seguridad privada—”, expresó.

La funcionaria manifestó que las 141 empresas registradas trabajan con acuerdo gubernativo, lo que les permite dar sus servicios en regla.

Al consultarle si habrá prórroga para las empresas en la entrega de papelería, como lo regula la ley, respondió: “En un mediano plazo deberíamos fijar una fecha”.

Señaló que la Digessp no ha podido dar respuesta a las demandas de las empresas, y poner un plazo sería irresponsable.

Entre los empleados de la referida empresa está el guardia Mynor Guevara, quien el pasado 3 de julio disparó contra Patricia Samayoa, cuando compraba en una farmacia en la zona 1. La mujer murió en el interior del negocio.

 

Cifras

 

1,500 Empleados reportaba Shield Security en la Digessp, dato distinto en el IGSS

 

143 personas aparecen como estado de fuerza de la empresa en el IGSS.

 

Link a la nota:

http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/cancelan-licencia-empresa-seguridad-privada-anomalias_0_1176482492.html

 

 

Medio: La Razón (Bolivia)

Fecha: 18 de julio

 

Alerta por abusos de guardia privada de dos discotecas

Las denuncias de golpizas presentadas por dos varones y toques sexuales contra una mujer por los guardias de seguridad privada de dos discotecas serán puestas en conocimiento de la Fiscalía Departamental de La Paz para su investigación.

Harold Jarandilla, fiscal de turno el miércoles, informó que dos parejas se presentaron en la fuerza anticrimen para denunciar agresión física de los guardias privados de dos discotecas, una situada en la avenida 6 de Agosto y otra, en la 16 de Julio.

“Tenemos denuncias de que son muy violentos. Entre el 15 y 16 de julio cuatro guardias (dos en cada discoteca) golpearon e incluso hicieron toques indebidos”, declaró el fiscal a La Razón. No dio el nombre de los agresores ni la razón social de los locales de diversión. A una de las víctimas —que se encontraba en la discoteca con su pareja— le quebraron su nariz y a una de las mujeres le rompieron un diente. Según el examen forense, a ambos les dieron de 8 a 12 días de impedimento. Los guardias tenían entre 16 y 20 años.

“Solo se recibió la denuncia, sin embargo voy a elevar un informe al fiscal departamental (José Ponce) para que se puedan iniciar las acciones y los controles a la división (policial) que corresponda”, añadió.

En mayo de este año se conoció de la violación de una adolescente en el pasillo de una discoteca en El Alto, se dijo que el agresor era un vigilante privado. “En esa ciudad aprovechan porque los ven (a sus víctimas) en estado de ebriedad, les sustraen sus objetos personales y los golpean”, recalcó.

 

Link a la nota:

http://www.la-razon.com/ciudades/Fiscalia-alerta-abusos-guardia-privada-discotecas_0_2090790913.html

 

 

 

 


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