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Resumen Semanal de Noticias del Sector Del 20 al 27 de febrero de 2015 PDF Imprimir E-mail

Resumen Semanal de Noticias del Sector

Del 20 al 27 de febrero de 2015

Medio: El Espectador (Colombia)

Fecha: 22 de febrero

Usted puede ser sancionado si contrata una empresa de seguridad privada ilegal

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se apresta a lanzar una campaña para que los ciudadanos denuncien a las empresas piratas de seguridad privada y recuerden que pueden ser sancionados por contratar con éstas. La preocupación de la entidad no es otra que la posibilidad de que dichas compañías sean usadas por criminales para hacer vigilancia privada para su propio beneficio. En 2014, ese organismo sancionó a 110 compañías piratas. En entrevista con este diario, el superintendente (e) de Vigilancia y Seguridad Privada, Carlos Manuel Peña Iragorri, se refirió a estas y otras preocupaciones, como los abusos en contra de los vigilantes privados.

¿De qué se trata la campaña que adelanta la Superintendencia contra las empresas piratas de seguridad privada?

Lo que quiere la Superintendencia es que el ciudadano conozca cuál es la empresa de vigilancia que tiene contratada y si ésta cuenta con un permiso del Estado. Queremos que la gente sepa que las compañías de vigilancia deben cumplir con ciertos requisitos para poder funcionar y el más importante es tener la licencia de funcionamiento, lo que pueden constatar en la página de la Superintendencia. Hay conjuntos residenciales y centros comerciales que por ahorrarse costos de la mano de obra contratan empresas ilegales y esto conlleva a que cuando va la Superintendencia de Vigilancia a ejercer su función de control, inspección y vigilancia, tengamos que sancionar al conjunto residencial y los habitantes a veces no se dan ni cuenta por qué los están sancionando. La Superintendencia puede llegar a imponer multas a aquellos usuarios que contraten servicios ilegales o no autorizados.

¿Cuáles son los riesgos de contratar con una empresa pirata?

El riesgo es gravísimo, porque están suplantando a la autoridad del Estado y, además, por lo general violan los derechos de los trabajadores, lo que conlleva a un problema social. Nosotros les pedimos a los ciudadanos que denuncien a las empresas ilegales, porque para nosotros es muy importante conocer cuáles son ilegales y sancionarlas. Igualmente, estamos logrando, junto con la Fiscalía, la judicialización de estas personas que se hacen pasar por empresas de vigilancia sin serlo. Buscamos que tras la ilegalidad no estén grupos subversivos haciendo esta vigilancia para su beneficio.

¿Cuántas empresas piratas han sido sancionadas?

En 2014, aproximadamente, unas 110. Nosotros vamos a adelantar una campaña a partir de marzo, con dos frentes: uno en la Costa Atlántica y otro en la Pacífica.

¿Por qué en estos lugares?

Porque ya tenemos identificadas varias empresas. Son sitios donde, por lo general, las comunidades contratan compañías que no tienen sus documentos al día.

¿Hay empresas de seguridad con nexos con grupos armados ilegales?

Nosotros como tal miramos mucho a las personas que forman parte de éstas. No somos entes investigadores, sabemos que el sector es vulnerable y, por ello, vamos a suscribir para esta semana un convenio con la Fiscalía, precisamente para que nos ayuden a identificar posibles nexos con criminales. Igual tenemos acceso a las bases de datos, a través de la Policía, de los organismos de seguridad para poder identificar si hay personas involucradas en hechos que puedan atentar contra el país.

¿Y esas empresas que no respetan los derechos de sus trabajadores?

Se han llevado a cabo investigaciones que conllevan sanciones de índole económico, nosotros tenemos la capacidad de sancionar hasta por 100 salarios mínimos mensuales. Por temas laborales en 2014 hubo 399 incidentes, en 2013, 494, y, en 2012, 603 quejas por abusos laborales.

¿Qué se les puede decir a estas personas, que buscando un trabajo digno terminan cayendo en manos de estas empresas?

Hemos visto que la entidad ha sido un poco lejana al vigilante. Desde el año pasado he insistido en conformar un consultorio jurídico para vigilantes para facilitarles su labor y dignificar la profesión que es lo que queremos, que el vigilante sea en realidad un profesional y la ciudadanía lo vea como tal. Hay más vigilantes privados que policías: 247 mil. Unas 22 empresas de vigilancia se crearon en 2014.

¿De qué forma la seguridad privada podría aportar en un posible posconflicto?

En un posible posconflicto la seguridad ciudadana pasaría a un primer lugar, porque la percepción de las personas se vuelve al delito común. Ahí es donde debemos actuar y que las empresas de vigilancia aporten. Necesitamos que los alcaldes y gobernadores estimulen el uso de medios tecnológicos y apropien recursos para que tanto la empresa privada como la pública tengan muchas cámaras de seguridad conectadas a la Policía para poder prevenir estos delitos.

¿Cómo evitar que esto se convierta en un ataque a la intimidad ciudadana?

Lo que queremos es que estas cámaras sean externas, no internas, para no violar la intimidad de las personas, y mucho menos convertirnos en investigadores de las personas. Esto se utiliza en el espacio público para poder controlar lo que está sucediendo. Las cámaras son, además, persuasivas y en este sentido gracias a ellas el delincuente evita cometer un acto delictivo.

¿Cómo hacemos para mejorar la relación de la ciudadanía con la seguridad privada?

Queremos enfatizar en la capacitación del vigilante, para eso ya tenemos un borrador de un plan educativo para los vigilantes. Y también la ciudadanía tiene que aportar. Si usted se pone a ver en los estratos altos el vigilante es bueno en la medida en que saque la caneca a la basura, deje subir al señor que trae el domicilio y le lleve el carrito a la señora hasta el tercer o cuarto piso. Eso es lo que debemos evitar, el vigilante debe cumplir una función específica. Y nosotros como ciudadanos, los que vivimos en conjunto, tratar de lograr que cumplan con esa función.

¿Ha habido cierto abuso con la figura del vigilante?

Sí. Abusamos a veces porque cuando no hacen las actividades que ya mencioné, el vigilante no es bueno. Pero cuando previene un delito, entonces ahí sí nadie lo reconoce. Gracias a los aportes de la seguridad privada, en coordinación con la Policía, se tuvieron, en 2014, 76.587 informaciones de hechos delictuales por parte de la vigilancia privada. Gracias a datos brindados por nuestros vigilantes se capturaron 1.804 personas, se incautaron 94 armas de fuego, se recuperaron 97 vehículos hurtados y se decomisaron 921 gramos de cocaína y 17.888 gramos de marihuana.

¿Qué otros objetivos tienen?

Queremos conformar, y lo estamos haciendo, un observatorio, por así decirlo, de la inseguridad ciudadana para determinar y georreferenciar dónde se cometen los delitos, en qué ciudades, en qué localidad, en el caso de Bogotá, y poder así colaborar de mejor forma con la Policía. Articular la empresa de vigilancia con la comunidad y la Policía, que vayamos de la mano para combatir la inseguridad ciudadana. Hoy en día le aportamos mucho a la Policía, porque a las empresas se les exige que cada que ocurra un hecho delictual, deben comunicárselo a la Superintendencia, a través del sistema Renova. En el caso de los ciudadanos, éstos a veces no denuncian que les robaron el apartamento, entonces ni la Fiscalía ni la Policía tienen ese dato, pero nosotros sí.

Link a la nota:

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/usted-puede-ser-sancionado-si-contrata-una-empresa-de-s-articulo-545615

Medio: El Sol de Tijuana (México)

Fecha: 23 de febrero

Contratan seguridad privada en el Cobach

Estudiantes del Colegio de Bachilleres (Cobach) han sido sorprendidos comprando drogas en el interior de los planteles a personas que traen el uniforme, por lo que a raíz de esto y de varios intentos de robo o asalto, se decidió contratar servicios de seguridad privada, que son absorbidos por los padres que aceptaron pagar cuotas.

Así lo aseguró la directora del sistema Cobach, Arcelia Galarza Villarino, y agregó que sí es importante el evitar que alumnos o ex alumnos se involucren con la venta de enervantes, por lo que al estar identificados, se debe impedir que se acerquen a los planteles.

Por otra parte, se siguen aplicando los exámenes antidoping y se realizan los "operativos mochila" para detectar drogas en los útiles. Los padres de familia firman que están de acuerdo con estas medidas para evitar que los involucren en el narco o se hagan adictos.

Respecto al antidoping, indicó Galarza que el 2% de los estudiantes dan positivo, pero es importante mantener este control para evitar desfases.

La Directora de Cobach firmó con el Seguro Popular un acuerdo por el que se inscribieron 35 mil estudiantes, ya que, según se explicó, todos los que tienen Seguro Social no tendrán apoyo médico cuando se vayan a la universidad.

De esta forma, se asegura que tengan cobertura, y en ese sentido, se informó, van a contar con apoyo médico siempre y cuando se inscriban al Seguro Popular.

Link a la nota:

http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n3717183.htm

Medio: EJU (Bolivia)

Fecha: 25 de febrero

Prohíben uso de cámaras en ambientes laborales

Polémica. La medida genera posiciones divididas entre trabajadores y empresarios que sugieren replantear la idea.

La aprobación de una Resolución Ministerial para regular el uso de las cámaras de vigilancia en las empresas privadas del país, ha causado repercusiones en favor y en contra de esta iniciativa que apunta a dar tranquilidad y respeto a la privacidad de los trabajadores.

Si bien la medida fue tomada luego de varias denuncias de trabajadores que rechazan la instalación de cámaras de vigilancia dentro de los centros laborales, por presunta vulneración de la dignidad del empleado, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), a través de su presidente Daniel Sánchez, ha solicitado anular la normativa por considerarla que atenta contra la seguridad de las empresas y de los mismos trabajadores.

Debate sobre la seguridad. Según la viceministra de Trabajo, Giovanna Maldonado, la nueva norma prohíbe totalmente las cámaras de seguridad dentro del centro laboral.

No podemos sancionarla porque no contamos con una normativa que prohíba el uso de estas cámaras, pero sin embargo lo que se ha hecho es regular el uso de las cámaras de vigilancia con la resolución 061/2015, manifestando que están totalmente prohibidas las cámaras de seguridad dentro del centro laboral”, señaló.

El director general del Trabajo, Miguel Albarracín, explicó que el objetivo de esa resolución ministerial es proteger al trabajador de cualquier vulneración a su intimidad y su privacidad.

Sin embargo, esta decisión no es vista así por Sánchez, “Creo que esta norma va en contra del mensaje que emite a diario el presidente Evo Morales de mejorar la seguridad de los bolivianos, por el contrario, pone en riesgo la seguridad de las empresas y los valores de la mismas así como la de los trabajadores”, señaló a tiempo de reiterar su posición al ejecutivo para replantear la medida.

La incorporación de cámaras en instituciones ha permitido develar muchas anticonductas que no favorecen no solo a la empresa sino a nivel general en casos de robos o actos de violencia, creo que se debe anular y hacer otras más importantes”, apuntó.

Trabajadores a favor. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de la Paz, Hugo Torres, adujo que “Con estas cámaras es trabajar como con dos, tres y hasta cuatro vigilantes al mismo tiempo”. A su juicio, las cámaras de vigilancia deberían estar en el perímetro de una empresa, no así dentro del lugar de trabajo. Por su parte el ejecutivo de la COD de Santa Cruz, Iver Peña, respaldó a su igual aduciendo que “las cámaras deben prohibirse dentro de los ambientes laborales, son un atentado a los derechos que tienen los trabajadores a su privacidad y su dignidad”.

Link a la nota:

http://eju.tv/2015/02/prohiben-uso-de-camaras-en-ambientes-laborales/#sthash.07uhXNev.dpuf

Medio: Yahoo Finanzas (España)

Fecha: 26 de febrero

Prosegur ganó 158,7 millones de euros en 2014, el 1,8 % más

La compañía de seguridad privada Prosegur obtuvo un beneficio neto de 158,7 millones de euros en 2014, lo que supone un incremento del 1,8 % respecto al año anterior, ha comunicado hoy la empresa de seguridad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los ingresos de Prosegur se incrementaron el 2,4 %, hasta alcanzar 3.782,5 millones de euros, la mayor parte de ellos obtenidos en su principal mercado, Iberoamérica, donde facturó 2.201 millones de euros con un descenso del 2,4 %.

La compañía ha atribuido esta caída de la cifra de negocio en Iberoamérica al impacto de la devaluación de las principales monedas de la región, por lo que, eliminado ese efecto, las ventas crecerían por encima del 16 %.

En cuanto a Europa y Asia-Pacífico, los ingresos aumentaron un 10 % hasta 1.581 millones de euros, gracias al buen comportamiento de España, influido por la recuperación económica, y de Alemania, donde las ventas se incrementaron más del 32 %, mientras que en la región asiática subieron por encima del 20 %.

Por líneas de negocio, el principal segmento de Prosegur es el de soluciones integrales de seguridad, que aportó 1.937 millones de euros a la cifra de negocio, una cuantía en línea con la obtenida en 2013.

Por su parte, el área de logística de valores y gestión de efectivo alcanzó los 1.664 millones, el 5 % más, en tanto que el negocio de alarmas ingresó 181 millones de euros.

La compañía ha lanzado una nueva división de ciberseguridad para completar su línea de servicios y ha creado un centro global de operaciones desde el que desarrolla sus propuestas de seguridad de la información.

La deuda neta de la compañía se situó en 611 millones de euros al cierre del ejercicio.

Link a la nota:

https://es.finance.yahoo.com/noticias/prosegur-gan%C3%B3-158-7-millones-euros-2014-1-083826887--finance.html

Medio: Unión Cancún (México)

Fecha: 26 de febrero

Policía pública desplazada por Seguridad Privada en QRoo: 2x1

La ASF indentificó un aumento de la percepción de la inseguridad y la desconfianza en las policía públicas como factores para contratar seguridad privada.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el número de elementos de seguridad privada en los tres estados de la Península de Yucatán aumentó 7.54 por ciento anual en el 2013, mientras que número de policías estatales y municipales se redujo 4.63 por ciento en el periodo.

Estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que Quintana Roo es el caso más drámatico en la transformación de la seguridad en la entidad al registrar dos elementos de seguridad pública estatal o municipal por uno de seguridad privada.

CASO QUINTANA ROO

Al cierre del 2013, Quintana roo reportó 7 mil 212 elementos de la policía en la entidad, lo que significó 262 personas menos; pero si se compara con el año 2011 suman 733 policías menos.

Por el contrario, el personal de las empresas de seguridad pública sumó 3 mil 583, 309 elementos más que el año 2012, un 9.44 por ciento adicional.

Datos de la Dirección de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada indican que 166 empresas de seguridad privada tienen vigente su concesión, autorización o permiso, que vence el 4 de agosto de 2015.

En Yucatán la tendencia es más menos la misma, el número de elementos de seguridad pública se redujo en 454, para sumar 7 mil 194 personas. Las empresas de seguridad pública reportaron 930 unidades, 26 adicionales.

En el reporte Evaluación núm. 1207 de la “Política de Seguridad Pública” indica que entre 2010 y 2013, la percepción de inseguridad en el ámbito nacional se incrementó en 22.0 por ciento.

La tendencia al alza del mercado de seguridad no es privativo de la Península de Yucatán, es una tendencia nacional por el incrememento de la percepción de la inseguridad y la poca confianza en las policías estatales y municipales.

Al cierre del 2013, la Policía Ministerial o Judicial, el Ministerio Público y las Procuradurías, y la Policía de Tránsito estatales y municipales registraron niveles de confianza entre 20.7 y 6.8 por ciento, mientras que la Marina y el Ejécito reportaron niveles mayores del 50%.

En el periodo 2007-2013, el mercado de la seguridad privada creció en 58.1 por ciento al pasar de 217 empresas registradas en 2007 a 343 en 2013,en el ámbito federal con un mayor gasto en los hogares en la seguridad.

En el reporte se explica que el gasto de los hogares en medidas de protección tomadas en 2010 ascendió a 53 mil 698 millones de pesos, equivalente al 59.7 por ciento de los 89 mil 985 millones 337.4 miles de pesos que el Estado ejerció en la implementación de la política pública para ese mismo año.

Link a la nota:

http://www.unioncancun.mx/articulo/2015/02/26/seguridad/policia-publica-desplazada-por-seguridad-privada-en-qroo-2x1

Medio: Correo del Sur (Bolivia)

Fecha: 26 de febrero

Ocho empresas de seguridad pueden funcionar en Sucre

En Sucre, ocho empresas de seguridad privada están habilitadas para prestar servicios a empresas privadas y públicas. La Policía anunció control a los centros de diversión y de eventos que contratan a personal no autorizado para prestar seguridad física.

El director de Planificación y Operaciones del Comando Departamental de la Policía, coronel Jaime Gonzales, informó que en la ciudad están operando con todos los documentos legalmente inscritos en esta repartición, cinco empresas locales de seguridad privada y tres a nivel nacional.

La pasada gestión, en la Jefatura Departamental de Control y Vigilancia Privada (JEDECEV) las empresas privadas en Sucre comenzaron a regularizar sus documentos y en esta gestión las que pueden funcionar legalmente son: VIP, ERAS, GAS, BRIKS y AGEVIC; asimismo las empresas nacionales con sucursal en la ciudad son LION, ARMUS y SEGURIBOL.

A decir de la autoridad policial, las empresas de seguridad privada legalmente establecidas cuentan con todos los requisitos exigidos por la ley y su personal es capacitado por la Policía, lo que garantiza la protección de las empresas contratantes.

Link a la nota:

http://correodelsur.com/2015/02/26/133.php

Medio: Terra (Argentina)

Fecha: 26 de febrero

La empresa de seguridad privada de Le Parc rechazó acusaciones de Carrió

La empresa de seguridad privada que se desempeña en el Complejo Le Parc de Puerto Madero rechazó hoy acusaciones de la dipuada Elisa Carrió.

La compañía Seguridad Integral Empresaria S.A. aseguró que "ha cumplido y se cumple estrictamente con todos los protocolos y normas de control de acceso residencial en el Complejo Le Parc Puerto Madero, servicio para el cual la empresa fue contratada".

"Con relación a los hechos que son de público conocimiento, señalamos que hemos aportado todos los elementos de información solicitados por la fiscalía actuante y continuamos colaborando y a disposición de la Justicia", subrayó.

A través de un comunicado, Seguridad Integral Empresaria S.A. sostuvo que "no tiene ni ha tenido nunca vinculación alguna con los servicios de inteligencia del estado ni con anteriores miembros de los mismos".

"También negamos categóricamente que nuestra firma haya realizado aportes a campaña electoral alguna del oficialismo o de cualquier oposición. Se ha mencionado que una empresa denominada Servicios de Seguridad Integral S.A habría realizado aportes a alguna campaña electoral y esa empresa nada tiene que ver con nosotros. Desconocemos tanto su razón social como su composición accionaria", remarcó.

Según se explicó, "desde que la familia Toro adquirió la empresa en 1993 -sin clientes ni empleados ni movimientos comerciales- ningún contador de apellido Jiménez ha estado vinculado a la empresa".

"Esta información es fácilmente demostrable con la sola consulta de nuestros estados contables, información pública disponible para cualquiera que los solicite", agregó.

"Por último, Seguridad Integral Empresaria S.A. desmiente cualquier vinculación con el señor Mario Caserta: desde la fecha de adquisición por parte de la familia Toro hasta el presente el sr. Caserta no tiene relación alguna con la empresa ni con sus accionistas", subrayó.

Link a la nota:

http://noticias.terra.com.ar/argentina/la-empresa-de-seguridad-privada-de-le-parc-rechazo-acusaciones-de-carrio,2e80ae153b6cb410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html

 
Resumen Semanal de Noticias del Sector Del 06 al 13 de febrero de 2015 PDF Imprimir E-mail

Resumen Semanal de Noticias del Sector

Del 06 al 13 de febrero de 2015

 

 

Medio: O’Globo (Brasil)

Fecha: 4 de febrero

 

Número de armas incautadas por la policía militar en el estado de Río de Janeiro crece 100 % en enero de este año

La tesis de que el importante número de casos de víctimas de balas perdidas registradas en enero en el estado, 32 en total, más de una al día, está relacionado con una gran cantidad de armas en manos de bandidos gana fuerza. La Policía Militar informó el martes que el mes pasado se apoderaron de no menos de 41 rifles. En el mismo período de 2014, recogió 20.

 

 

Medio: La Gaceta (Tucumán, Argentina)

Fecha: 8 de febrero

 

Las catacumbas del poder

El país discute cómo controlar a sus espías. Tucumán, con una historia de secretos y violencias, también debe democratizar esas instituciones que se han mantenido bajo la superficie de la ley.

“Dinero es la gran mansión en Sarasota que empieza a caerse a pedazos luego de diez años. Poder es el viejo edificio de roca que resiste por siglos”. (Frank Underwood, personaje interpretado por Kevin Spacey en “House of cards”).

Los espías, ocultos en el sótano de la democracia, han sido sacados a la luz con la conmocionante muerte del fiscal Alberto Nisman y han quedado medianamente expuestos en medio de la investigación que, a 21 años del irresuelto atentado a la AMIA, golpeó en lo más alto del poder político. Esto ha llevado a la pregunta acerca de los alcances para controlar ese poder en las sombras cuya tarea es una vieja deuda de la democracia, al decir del senador oficialista neuquino Mario Fuentes.

Las preguntas sobre los espías se centran en lo que ocurre en la Capital Federal, donde se va a debatir el necesario y a la vez apresurado proyecto de reforma de la Ley 25.520, que regula el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE). Nadie se pregunta sobre los espías en Tucumán, donde hay una delegación de la SI en la avenida Sarmiento, y donde hay oficinas de inteligencia en las delegaciones de la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía Aeroportuaria. El Ejército de César Milani también tiene inteligencia militar. En la Policía provincial existe una sección de inteligencia (el D2, también conocida como Departamento de Informaciones Policiales), que ha tenido épocas de trágica notoriedad en la dictadura. Con poder menguado en tiempos democráticos, ha sido vista –y denunciada- como el área policial desde la que se ha espiado a opositores, estudiantes y sindicalistas y donde se armaron carpetas con datos de personas espiadas. En los últimos años hubo denuncias del sindicato bancario, del diputado radical José Cano, del sindicalista Martín Rodríguez y del peronista disidente Enrique Romero. Las denuncias han quedado sólo en la primera fase. Nada se ha probado por la mora judicial.

¿Se hace espionaje en Tucumán? La respuesta es incierta, tanto como el secreto que alimenta los rumores que surgen con cada denuncia. Una de las grandes dudas a nivel oficial quedó expuesta en 2004 en el centro del poder, cuando el mismo gobernador José Alperovich contrató a una agencia internacional, Security and Intelligence Advising (SIA), para hacer un barrido de micrófonos en la Casa de Gobierno, pues temía que sus conversaciones telefónicas y diálogos pudieran ser escuchados por extraños. El gobierno, que dijo que esta contratación por $34.390 “hecha por única vez” hubiera podido realizarse en forma secreta en el marco de la ley de Administración Financiera, fue denunciado a su vez por Enrique Romero, que afirmó que ese contrato se había hecho para hacer espionaje. Luego denunciaría que el Gobierno compró una valija para hacer escuchas. Esta presentación duerme en la Justicia Federal.

También al comienzo del gobierno de Alperovich hubo cambios en la forma de trabajo del D2. Fueron tiempos en que el escándalo del ex comisario general Antonio Musa Azar en la Dirección de Informaciones Policiales de Santiago del Estero causó alarma en todo el país. Acusado por el doble crimen de la Dársena de 2003, Musa Azar tenía en la DIP vastos archivos de espionaje heredados de la dictadura. Hoy este personaje siniestro acumula tres condenas por delitos de lesa humanidad. Pero se dice que su caso hizo que se esfumaran archivos de la época militar en otras policías provinciales. Por esos tiempos, en Tucumán estaba al frente del D2 el comisario Miguel Ángel Chuchuy Linares, que tendría participación en la investigación de la desaparición de Marita Verón. Fue quien capturó y trajo de La Rioja a la banda de “Chenga” Gómez y su madre. Chuchuy Linares fue testigo en 2013 en el juicio del caso Verón y al mismo tiempo fue enjuiciado y condenado a 14 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en el juicio por la causa ArsenalesII- Jefatura de Policía II. Su abogado, Tomás Roberts, intentó probar que no había actuado en el Servicio de Informaciones Confidenciales que Roberto “El Tuerto” Albornoz había dirigido en la Jefatura de Policía durante la dictadura, sino en el D2. Pero no pudo evitar la condena. Chuchuy apeló. Pasa su castigo en su casa, a raíz de una enfermedad terminal.

Además, en el D2 hubo un caso extraño: dos años antes de que comenzaran los juicios por crímenes de lesa humanidad, se quitó la vida el comisario Rubén Ruiz, un silencioso agente histórico de informaciones policiales.

Fueron precisamente las denuncias por crímenes de lesa humanidad las que permitieron desentrañar parte de la forma más oscura del siniestro espionaje. La denuncia de Enrique Romero, en 2002, de la existencia del Pozo de Vargas al noroeste de la capital destapó el centro del crimen más horrendo de la dictadura, ya que ese era uno de los lugares de la disposición final de los desaparecidos. Se hallaron restos de unas 34 personas y se estima que habría más de 50 enterradas. Ya se hicieron en Tucumán 10 juicios por crímenes de lesa humanidad y en ellos se pudo resconstruir parte del horror.

Uno de los casos emblemáticos fue el del testigo protegido Juan Carlos Clemente (acusado de colaborar con los represores) que entregó en el juicio Jefatura I de 2010 archivos sobre el destino de 200 personas secuestradas a disposición del PEN y desaparecidas. Clemente había tenido durante 30 años esos archivos, tras haberlos robado de la SIC del “Tuerto” Albornoz llevándoselos ocultos en las medias.

También se describió en estos juicios el funcionamiento de la Comunidad Informativa en la que el Ejército, las policías nacional y provincial y la Gendarmería compartían datos. Allí se reveló que había personal civil que colaboraba con los servicios de inteligencia. El Ministerio de Defensa aportó nóminas donde estaban los civiles. Uno de ellos, el agente del Batallón de Informaciones 142, Guillermo López Guerrero, fue condenado a 4 años de prisión. Murió hace poco. A raíz de estas listas de civiles, cuya difusión causó escozor, el opositor Gumersindo Parajón pidió en 2010 que se abran los archivos secretos, pero todo quedó silenciado, en la duda de si el bisturí debía penetrar más allá de la capa militar de los servicios de inteligencia de la dictadura.

Esa falta de decisión de la democracia llevó a más de una sorpresa. En 2012, tembló la casa de Gobierno cuando fue detenido en Salta y acusado por crímenes de lesa humanidad el ex militar Fernando Chaín, subsecretario de Control de Gestión del Ministerio de Seguridad tucumano (resultaría absuelto por el beneficio de la duda). En ese momento, el secretario de Derechos Humanos, Humberto Rava, dijo que “la democracia está en mora”. No obstante, secretario ejecutivo del Plan Nacional de Derechos Humanos, Martín Gras, retrucó que “la democracia no le hace dosaje intelectual a nadie”. Otra sorpresa llegaría en marzo de 2014, cuando llegó desde Bahía Blanca la orden de detención del coronel (r) Enrique Stel, encargado de la oficina de Seguridad Privada en Casa de Gobierno. Está desde entonces en la cárcel de Villa Urquiza, esperando ser trasladado para un juicio por crímenes de lesa humanidad. El Gobierno hizo silencio.

El debate a nivel nacional sobre la Secretaría de Inteligencia muestra esa deuda-duda de la democracia sobre esta región del Estado que trabaja en lo que el politólogo Guillermo O’Donnell sintetiza como “zonas marrones”, es decir lugares donde no entran las reglas legales de las instituciones. Se rigen por otros códigos que se aplican en cárceles, comisarías, en villas de emergencia. Las fuerzas policiales del país, saturadas por métodos anticuados y autoritarios, henchidas de corrupción y de servilismo al poder de turno, son las más notorias. Los servicios de inteligencia son casi indescifrables; son lo que el personaje Galio Bermúdez de “La guerra de Galio” (del periodista mexicano Héctor Aguilar Camin) llama “los sótanos del poder”. Cuando se modificó la SIDE en 2001 y se la convirtió en SI, se constituyó como único órgano de control una comisión bicameral que nunca actuó, según la denuncia del diputado radical Miguel Bazze. La ex diputada Stella Maris Córdoba, que integró esa comisión, dice que la oposición presidió durante dos años el organismo (que está dominado por mayoría oficialista), pero no habla de lo que se hizo o no se hizo, porque, dice, todos están obligados por la cláusula de confidencialidad de la ley 25.520.

Y ahí está la pregunta de base: ¿cuál es el sentido del secreto sobre los asuntos públicos? Los objetivos de la ley son reunir información sobre riesgos y conflictos que afecten la seguridad de la nación y la prevención de amenazas internacionales como terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas y ciberdelitos. ¿Ha servido de algo esto? La investigación sobre la AMIA está estancada. El narcotráfico ha sentado sus reales en el país y no se conoce que que se haya podido dar con un solo barón de las drogas en medio de miles de detenciones de perejiles. El juez federal Ricardo Sanjuán ha denunciado tres veces en los últimos dos años la falta de acción frente a este delito y la corrupción policial. Y tanto los espías (que supuestamente deberían prevenir delitos) como los investigadores han quedado mirando para otro lado en casos emblemáticos como la matanza de Unicenter. Eugenio Burzaco (ex diputado nacional y ex jefe de la Policía Metropolitana) y el politólogo Sergio Berensztein cuentan en “El poder narco” cómo se escapó uno de los sospechosos, Julián Jiménez Jaramillo, luego de estar custodiado durante un mes por las autoridades argentinas. Lo dejaron volver a Colombia, donde se esfumó. Acá había dado un nombre falso.

El secreto ha servido, dice la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) para el espionaje político interno, a pesar de que se encuentra prohibido por ley. La ADC denunció que desde 1983 los gobiernos democráticos no han sabido o no han querido establecer controles efectivos, y que los servicios de inteligencia se han convertido en una parte esencial del poder presidencial. En el centro del problema está la Dirección de Observaciones Judiciales (Ojota, encargada del sistema de escuchas), con la que, según se dice, se arman las fichas de seguimiento. Se sospecha que con esas carpetas se hacen presiones y extorsiones políticas, con amenazas de revelar secretos que mucha gente que debe tomar decisiones públicas tiene en el placard. El secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, en defensa del proyecto para reformar la SI y convertirla en la Agencia Federal, dice: “Nos han construido una historia de carpetas y carpetazos, y en realidad queremos revelar todo eso”.

Pero el debate central sigue estando en el secreto, sus objetivos y las razones para mantenerlo sin controles o con controles poco eficaces, como ha cuestionado el mismo Centro de Estudios Legales y Sociales, que es afín al oficialismo. El carpetazo es el monstruo casi visible, pero el secreto es la clave del poder en las catacumbas, que está detrás del poder, más allá del gobierno de turno. Parafraseando al historiador Carlos Escudé, que pregunta quién nos defiende de la policía, ¿quién defiende a la democracia de los servicios secretos? En el país. También en Tucumán.

 

Link a la nota:

http://www.lagaceta.com.ar/nota/626205/opinion/catacumbas-poder.html

 

 

Medio: La Nación (Argentina)

Fecha: 8 de febrero

 

Descubren una banda que cobraba coimas para eludir el control aduanero en Ezeiza

La Justicia procesó a 15 sospechosos de integrar una asociación ilícita conformada por empleados de la Aduana, de la ANAC, oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, maleteros y custodios; exigían a los pasajeros un pago en dólares.

o les importaba que sus movimientos sospechosos fueran registrados por la gran cantidad de cámaras de seguridad instaladas en la zona donde trabajaban. Suponían que todos los detalles estaban cubiertos, y que el plan criminal no corría riesgos. Pero se equivocaron. Después de una investigación de casi dos años, la Justicia desbarató una asociación ilícita que operaba en el aeropuerto internacional de Ezeiza. La banda se dedicaba a ingresar en el país mercadería de pasajeros eludiendo los controles aduaneros, a cambio del pago de un "cachet" en dólares.

La organización criminal estaba integrada por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), empleados de la Dirección General de Aduanas y de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), maleteros, trabajadores de compañías contratadas para asistir a los pasajeros y custodios de empresas de seguridad privada.

Una investigación del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y de detectives de la PSA permitió poner al descubierto a los sospechosos. Según el expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION, "los acusados participaron tanto por sí mismos como por medio de terceras personas en los hechos que involucraron la recepción de dinero a los efectos de evitar el debido control del servicio aduanero sobre las mercaderías".

En las escuchas telefónicas incorporadas en el expediente (ver aparte), se desprende que los sospechosos cobraban el pago de una coima en dólares a los pasajeros que ingresaban en el país productos de electrónica y ropa, cuyo monto superaba los 300 dólares de la franquicia aduanera.

La suma de dinero que abonaban a la asociación ilícita dependía de la cantidad de mercadería que tenían en el equipaje.

Una de las modalidades que utilizaba la organización criminal, según consta en el expediente, era retirar de los aviones a los pasajeros en sillas de ruedas, simulando una "afección física", y así poder llevar adelante sin problema el plan para eludir los controles.

La causa judicial comenzó en 2012, cuando "se puso en conocimiento una serie de supuestos delitos ocurridos en el salón de equipajes del aeropuerto internacional de Ezeiza", según informaron fuentes judiciales.

En las últimas horas, Aguinsky procesó sin prisión preventiva a 15 sospechosos, les embargó los bienes hasta cubrir la suma de $ 600.000 y les prohibió salir del país.

En su resolución de 225 páginas, Aguinsky no sólo analizó el accionar de los procesados al afirmar que "la conducta de algunos de los funcionarios públicos y del personal autorizado para concurrir y permanecer en el área de equipajes tuvo como resultado desviar sumas que deberían engrosar el erario público, en su propio beneficio y provecho", sino que también hizo una apreciación sobre el papel de los pasajeros, a los que criticó porque "ávidos de eludir los controles y el pago de esos impuestos recurrieron a la organización ilícita".

Antes de detallar los hechos imputados a la banda criminal, Aguinsky explicó en su fallo uno de los objetivos de la investigación: "Lo que se trata de proteger con las figuras legales que se aplican en este caso es, no sólo la renta fiscal, sino también la vigencia de un principio de fuente constitucional que podría llamarse de «igualdad de bolsillo» de todos los ciudadanos frente a sus obligaciones fiscales".

De los 15 procesados, tres trabajan en la Direccional General de Aduanas, dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); dos eran integrantes de la PSA, y uno de la ANAC. Los restantes eran maleteros, vigiladores privados y empleados de empresas contratadas para asistir a los pasajeros.

Los tres empleados de la Aduana fueron separados de sus cargos y hoy cumplen tareas administrativas hasta que la Justicia resuelva la situación procesal de cada uno de ellos.

El modus operandi de la organización estaba tan aceitado que los pasajeros que querían evadir los controles se comunicaban o tenían reuniones con los sospechosos para avisarles el día del viaje y el número de vuelo para poder arreglar cómo pasarían los controles aduaneros sin tener que pagar los impuestos correspondientes.

Según informó una fuente judicial, una vez aterrizado el avión los acusados se encargaban de acompañar a los pasajeros hasta un escáner en especial, donde un contacto de la organización "hacía la vista gorda" sobre la cantidad de mercadería que había en el equipaje.

Uno de los casos que llamó la atención de los investigadores ocurrió en febrero de 2013, en un vuelo arribado desde los Estados Unidos. Uno de los procesados, empleado de una empresa de contratación para el servicio de asistencia a los viajeros, quedó registrado por las cámaras de seguridad trasladando a una mujer en sillas de ruedas. La pasajera tenía tres valijas que pasaron sin ningún problema por el escáner y, una vez que estaba en el hall, se puso de pie y "comenzó a empujar su propio y voluminoso equipaje sin ningún tipo de problemas".

Según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, en plena etapa de investigación, el juez Aguinsky citó a las máximas autoridades de la PSA y de la Dirección General de Aduanas para que tomen las medidas necesarias para que no se vuelvan a repetir hechos similares.

"Fue una larga investigación. Es un problema que se da con cierta regularidad. Dentro de la fuerza saben que nosotros no tenemos contemplaciones; el que hizo mal las cosas, pierde", afirmó a LA NACION una calificada fuente de la PSA..

Del editor: qué significa. La red de corrupción que se descubrió involucra a tantos actores y organismos que requiere un seguimiento más a fondo para evitar su resurgimiento.

 

Link a la nota:

http://www.lanacion.com.ar/1766725-descubren-una-banda-que-cobraba-coimas-para-eludir-el-control-aduanero-en-ezeiza

 

 

Medio: E-Consulta (México)

Fecha: 10 de febrero

 

Desaparece 48% de empresas de seguridad privada en Puebla

En un año se redujo de 157 a 89 el registro de estas firmas, según se advierte en los registros oficiales

En un año se redujo de 157 a 89 el registro de empresas de Seguridad Privada en Puebla, tras la reforma constitucional que encargó a la Secretaría General de Gobierno la revisión de los servicios de custodia y traslado de valores en la entidad.

De acuerdo con el listado de la SGG, de las 89 empresas activas, 13 se encuentran en proceso de revalidación de sus permisos, y de éstas 12 se dedican a la custodia tanto de bienes como de personas y una sola al cuidado de objetos físicos únicamente.

El registro de otras 14 venció entre el pasado cuatro de enero y el 10 de febrero, es decir, este martes, por lo que deberán iniciar un proceso para revalidar sus autorizaciones ante la Dirección General de Seguridad Privada.

De esa manera, sólo hay 62 registros vigentes, aunque en ocho casos sus periodos vencen en los meses de abril y mayo, mientras que la autorización de la mayoría está vigente hasta 2016.

 

Salen 68 registros de empresas de seguridad

El proceso de revisión arrojó la depuración de 68 firmas, el 48 por ciento, debido a que suspendieron sus operaciones, fueron liquidadas o bien incumplieron con el proceso de revalidación y perdieron sus registros.

En diciembre de 2013, en el registro que tenía a su cargo la Secretaría de Seguridad Pública había 157 inscripciones http://e-consulta.com/nota/2013-12-15/seguridad/irregulares-o-en-vias-de-cerrar-4-de-cada-10-empresas-de-seguridad-en, sin embargo la cifra se redujo al pasar al control de la SGG.

Entre las empresas que concluyeron operaciones se encuentran: Protección Patrimonial del Valle de México, Transportes Blindados Tameme, Grupo Mercurio de Transportes, Steel Guard y Logística Aplicada Chimalli.

Los mismo sucedió con las firmas Multisistemas de Seguridad de Puebla, Grupo Poblano de Seguridad Privada, Bamax Investigaciones, Profesionales en Custodia y Seguridad Privada, Seguridad Privada Integral Comercial, Protección y Seguridad Privada Lince "Prosel", Seguridad Privada Grupo Arme, Siglo XXI, Servicios de Asesoría y Seguridad Privada, Fénix Seguridad Privada, Sistemas Integrales de Seguridad Privada, Seguridad Privada Hospitalaria e Integral, que en diciembre de 2013 estaban con suspensión de actividades.

Otras empresas que carecen de permiso para operar son: Agencia de Seguridad y Vigilancia Industrial y Comercial, Alvi Seguridad Privada, Seguridad Profesional Patrimonial, Sentry Seguridad de Puebla, Seguridad Privada de Vigilancia y Protección de Puebla, Agencia de Seguridad y Protección Águilas Doradas, Seguridad Corporativa Especializada Garra.

Así como Centinela de México, Centro de Investigaciones y Seguridad Privada, Gremer, Servicios de Seguridad Nogales, Profesionales en Seguridad Privada Leocer, Seguridad Privada Continental y Servicios Programados de seguridad.

 

Link a la nota:

http://e-consulta.com/nota/2015-02-10/seguridad/desaparece-48-de-empresas-de-seguridad-privada-en-puebla

 

 

Medio: Interempresas (España)

Fecha: 10 de febrero

 

Aecra colabora con la Uned en la impartición de un curso sobre videovigilancia

La Asociación Europea de Profesionales para el conocimiento y regulación de actividades de Seguridad Ciudadana (Aecra), colaborará con el Centro de Seguridad Privada de la Uned en la impartición de la segunda edición del Curso de Extensión Universitaria sobre ‘Videovigilancia en espacios Públicos y Privados’, adaptado a la nueva Ley 5/2014 de seguridad privada.

El curso se imparte por el sistema de enseñanza mixta, es decir, un día para la presentación e introducción en el contenido y formato del curso, y la otra mediante un procedimiento on-line, realizando, tutorías, autoevaluaciones, etc. El curso se desarrollará del 26 de marzo al 28 de mayo de 2015 y concederá 2 créditos ECTS a los que lo superen. El curso está dirigido principalmente hacia el personal que trabaja o quiera trabajar en el sector de la Seguridad Privada, profesionales de la Seguridad Privada que quieran o necesiten promocionarse en su actual trabajo, personal que desee introducirse en el ámbito de la Seguridad, y conocer las estructuras y procedimientos de la Seguridad Privada en España.

 

Entre sus objetivos se encuentran:

Dar a conocer al alumno el régimen jurı́dico aplicable a la instalación y utilización de dispositivos de captación y grabación de imágenes y/o sonidos en ámbitos públicos o en espacios privados de uso público, y particularmente la implicación de las normativas de protección de datos, protección de la Seguridad Ciudadana y Seguridad Privada en dichos espacios.

 Aportar desde un punto visto práctico, criterios interpretativos ajustados a derecho que permita al alumno garantizar el cumplimiento de las normativas aplicables al caso tal como la Normativa de Protección de Datos y de Seguridad Privada.

Interrelacionar materias tan dispares como Protección de Datos, Protección del Derecho al Honor, a la intimidad y a la propia imagen, así como la Seguridad ciudadana a través del desarrollo de las funciones de la Seguridad Pública y la contratación de servicios de Seguridad Privada sea por organismos públicos como por Personas jurídicas o físicas privadas.

Conocer las principales novedades aportadas por la nueva Ley de Seguridad Privada a la videovigilancia en los servicios contratados por usuarios, sean sujetos privados como Administraciones Públicas tras su reciente entrada en vigor en junio de 2014. Los alumnos podrán preinscribirse, sin compromiso, a través de la plataforma del curso http://www.formacion.docens.net al objeto de obtener información actualizada sobre el formato curricular del mismo. La solicitud de impreso de matrícula se deberá hacer a través de la web: http://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/8769. Las plazas esta n limitadas a 100 alumnos y se cubrirán por riguroso orden de formalización efectiva de la matrícula. El plazo quedará cerrado una vez se hayan cubierto las plazas (aun estando dentro del plazo fijado como válido para enviar la solicitud). En cualquiera de los casos, el plazo de formalización de la matrícula terminará el 20 de marzo de 2015.

 

Link a la nota:

http://www.interempresas.net/Seguridad/Articulos/132961-Aecra-colabora-con-la-Uned-en-la-imparticion-de-un-curso-sobre-videovigilancia.html

 

 

Medio: El Nuevo Diario (Nicaragua)

Fecha: 11 de febrero

 

La inseguridad es cara para Centroamérica

Violencia. Nicaragua es el país que menos gasta en seguridad privada, respecto a sus vecinos del norte del istmo.

La ventaja que tiene Nicaragua en materia de seguridad ciudadana respecto a otros países de Centroamérica, se traduce en un menor gasto en seguridad privada para las empresas del país.

Gustavo Medina, gerente comercial de la empresa VSN Seguridad, afirmó que los países del llamado “Triángulo del Norte” de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) gastan entre tres y cuatro veces más de lo que se gasta en seguridad en Nicaragua en el traslado de mercancías.

“Según nuestros cálculos, pueden gastar entre tres y cuatro veces más de lo que se gasta en Nicaragua en seguridad. Mientras en Nicaragua puede destinarse entre un 3 y 4% de los costos (de traslados de mercadería) en seguridad, en el ‘Triángulo del Norte’ pueden estar entre el 10 y 15% de sus costos”, explicó Medina.

Un estudio del Banco Mundial, en 2011, reflejó que los países del “Triángulo del Norte”, caracterizados por los altos índices de violencia, son los que invierten más en seguridad privada, respecto a países como Nicaragua y Costa Rica, mejor posicionados en los rankings de seguridad ciudadana.

Guatemala gasta US$459 millones en seguridad privada; El Salvador US$329 millones, y Honduras US$176 millones; mientras tanto Costa Rica gasta US$150 millones, y Nicaragua US$124 millones, según el estudio “WB Crimen y violencia 2011, un desafío para el desarrollo”, del BM.

Custodia

A pesar de que Nicaragua goza de mejores índices de seguridad ciudadana, también le está saliendo caro el traslado de mercancías más allá de sus fronteras, por la inseguridad en esos países.

Luis González, presidente ejecutivo del Instituto Cetro americano de Seguridad Privada, Incaspri, explicó que actualmente es necesario que el transporte de mercancías viaje en caravanas y muy bien escoltado.

“Estamos hablando de hasta 10 o 15 hombres, para cinco o seis furgones que caminan en caravanas. Traen vehículos adelante y vehículos atrás (patrullas), más los custodios que viajan en cada furgón. Eso hace realmente costosa la operación e incrementa los costos de la mercadería”, aseguró González.

Los empresarios deben tomar esas medidas debido a las exigencias de las empresas aseguradoras, que demandan la custodia de la mercancía desde el punto de partida hasta el punto de destino.

Francisco Rodríguez, gerente general de Corporación Comsi, una empresa de resguardo de mercadería entre Guatemala y Panamá, afirmó que en El Salvador se pierden aproximadamente 30 furgones anualmente, y entre Guatemala y Honduras, entre 60 y 120 furgones, afirmó.

“No te digo que con el incremento de la seguridad privada en esos países no nos han robado. Sí nos han robado, pero lo mínimo. El año pasado tuvimos dos robos (uno en Guatemala y otro en El Salvador) y uno de ellos se recuperó”, contó Rodríguez, quien sostiene que las empresas de vigilancia están incrementando cada vez más ese servicio.

Según los conocedores del tema, el servicio puede costar entre US$200 y US$500 en dependencia del tipo de medios móviles que se empleen en el escoltaje y número de vigilantes armados.

“Cobramos entre US$70 y US$80, con impuestos por cada tramo (o país). Estoy hablando entre Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. En Costa Rica sube a US$110 o US$120, y a Panamá un poco más, por la distancia”, explicó Rodríguez.

 

Link a la nota:

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/341465-inseguridad-cara-centroamerica

 

 

Medio: Nuevo Diario (Santiago del Estero, Argentina)

Fecha: 11 de febrero

 

Dispondrán de seguridad en edificios

Llamado a licitación

Con el objetivo de preservar las distintas edificaciones que se llevan a cabo en la ciudad y brindar además mayor seguridad, desde el Municipio capitalino se apunta a contratar los correspondientes servicios para este fin.

Es por eso que la Municipalidad de la Capital llama a licitación pública Nº 010/15 para la contratación de “Servicios de Seguridad y Vigilancia privada, en distintos lugares de la Municipalidad de la Capital”.

El mismo tiene un presupuesto oficial de 3.488.400,00 pesos y la apertura de sobre se llevará a cabo el 4 de marzo, a partir de las 10, en la Subdirección de Compras y Suministros, sito en 9 de Julio 225.

 

Link a la nota:

http://www.nuevodiarioweb.com.ar/nota/locales/584940/dispondran-seguridad-edificios.html

 

 

Medio: La Nación (Costa Rica)

Fecha: 11 de febrero

 

Autoridades costarricenses indagan si empresas de seguridad trafican armas a Panamá

El Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigan a cinco empresas de seguridad privada por facilitar, presuntamente, el tráfico de armas hacia Panamá.

El caso inició hace un año, luego de que autoridades panameñas decomisaran 31 armas que llegaron desde Costa Rica.

Ese armamento, informaron el OIJ y la Fiscalía, fue importado por la empresa tica Armería Martín Armar S.A., la cual, al parecer, después las vendió a las firmas privadas locales para sus labores de vigilancia.

El director del OIJ, Francisco Segura Montero, resaltó que entre las armas que ingresaron al país y luego aparecieron en Panamá figuran varios fusiles AR-15.

Explicó que la importación de ese tipo de arma –utilizada aquí por el Servicio Especial de Respuesta Táctica, grupo élite del OIJ– es permitida en Costa Rica ya que dispara tiro a tiro (no en ráfaga), pero reconoció que, con una pequeña modificación, sí se puede convertir en automática.

“Es un fusil de asalto que, en manos de delincuentes, es un arma muy peligrosa”, afirmó.

Operativo. Como parte de las pesquisas, ayer se realizaron 12 allanamientos con el objetivo de decomisar documentación, equipos de cómputo y armas (aunque no hallaron ninguna).

Fiscales, policías y jueces ingresaron a las oficinas de las cinco empresas de seguridad, a la armería, a dos viviendas, a una venta de artículos militares, así como a tres distintas dependencias del Ministerio de Seguridad (MSP).

“Lo que queremos saber es la trazabilidad (seguimiento) de esas armas. Hay una importación legal. Luego se la venden a equis persona o empresa, que luego la inscribe en Seguridad Pública para que la utilicen en determinado lugar. Pues, ahora queremos ver dónde están (esas armas) y por qué algunas de ellas aparecieron en Panamá”, manifestó el director del OIJ.

Tanto Segura como Miguel Abarca, fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, alegaron desconocer la cantidad de armas que pudo hacer sido traficada.

En el MSP, además de intentar confirmar el modo de operar de la organización, se procura determinar si existe complicidad de funcionarios públicos.

Las autoridades informaron de que la Armería Martín Armar –propiedad de un hombre de apellido Martín– estuvo vinculada en noviembre del 2013 con una venta de armas a la guerrilla colombiana.

El abogado Rodrigo Araya, defensor de Martín, lamentó que los allanamientos a la armería y a una tienda propiedad de su representado se ejecutaran el día en que arrancaba el juicio.

“Ojalá que hayan decomisado toda la documentación sobre la compra y venta de esas armas porque todo fue legal”, afirmó.

 

Link a la nota:

http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Policia-indaga-empresas-seguridad-trafican_0_1469053120.html

 

 

Medio: El Telégrafo (Ecuador)

Fecha: 11 de febrero

 

ECUADOR: Ley de Seguridad Privada recibe aportes de expertos en el tema

Los aportes de expertos en seguridad sobre el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Privada fueron expuestas hoy en la tarde a través de videoconferencia a los miembros de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional.

Galo Estrella Valladares, director de la Cámara de Comercio de Guayaquil, propuso que se mantenga el texto, constante en la ley vigente, que permite que solo las compañías limitadas sean las responsables de brindar servicios de seguridad en virtud de que se tiene un mejor control respecto a las personas involucradas en la actividad.

Estrella mencionó que el ejemplo de Colombia, donde la Superintendencia de la Seguridad regula toda la actividad, incluso la de las empresas de seguridad privada, se lo podría aplicar.

Miguel Guzmán, presidente del Grupo M&S Profesionales de Seguridad, consideró que es hora que Ecuador cuente con una Ley de Seguridad Privada actualizada,  no dedicada a las compañías de seguridad, sino que involucre a todos los agentes y personas que de una y otra forma están relacionadas en la prestación de servicios de seguridad privada.

Raúl Morán, consultor en seguridad, presente en la reunión, manifestó que es necesario una profesionalización de todos los actores involucrados en la seguridad del país. Y de esa manera, se genera una doctrina que apoye a la reducción de riesgos.

"La regulación involucra a todos los actores como los agentes, los responsables de las áreas de seguridad en las empresas, consultores, asesores, que todos sean reconocidos por el Estado", dijo. Sostuvo que es importante la formación técnica académica en todos los niveles, además de capacitaciones.

La asambleísta Mallerly Vásconez, afirmó que se escucharon los aportes de los expertos, pero es en la mesa donde se tomará una decisión sobre ese tema. "En el proyecto de ley observamos que toda  labor de la seguridad privada sea de manera constitucional y legal". Indicó que el proyecto se encuentra en la etapa de comparecencias, y luego vendrán los análisis de la normativa.

La legisladora María Augusta Calle, afirmó que en su opinión, que es muy necesario las reformas a la ley de seguridad privada . "Necesitamos un marco jurídico que se ajuste a nuestra constitución, y también en nuestra realidad" Y agregó que se continuará recibiendo los aportes de expertos en el tema.

 

Link a la nota:

http://www.entornointeligente.com/articulo/4994777/ECUADOR-Ley-de-Seguridad-Privada-recibe-aportes-de-expertos-en-el-tema-10022015

 

 
Resumen Semanal de Noticias del Sector Del 30 de enero al 06 de febrero de 2015 PDF Imprimir E-mail

Resumen Semanal de Noticias del Sector

Del 30 de enero al 06 de febrero de 2015

Medio: La Nación (Argentina)

Fecha: 31 de enero

Una serie de robos en casas y arrebatos en las calles generan preocupación entre los vecinos de La Horqueta

En los últimos meses hubo una seguidilla de asaltos cuando los dueños no estaban o se fueron de vacaciones; el Municipio responsabiliza a la provincia.

La Horqueta, un barrio residencial lleno de verde y tranquilidad, en el corazón de San Isidro, aún conserva su aire familiar y los buenos hábitos de saludarse en la calle. Sin embargo, hoy gran parte de los vecinos están preocupados por una seguidilla de robos que afirman vienen ocurriendo en los últimos meses.

Arrebatos en la calle y robos en las casas en ausencia de sus dueños porque varios de ellos están de vacaciones son las modalidades que vienen sufriendo y donde los esfuerzos de la policía parecen no alcanzar.

"Éste siempre fue un barrio muy exclusivo, pero últimamente hay zonas complicadas. Acá mismo [un local del centro comercial de la calle Encalada] entraron hace un par de semanas. Los corrimos los vecinos y logramos sacarles la plata que se llevaban. El tema es que tienen las vías de salida muy fáciles y, en general, no los agarran" explicó a LA NACION Nahuel Ballesteros, vendedor de diarios y revistas y vecino de La Horqueta.

Tanto el ramal Pilar como el Acceso Tigre son dos vías de tránsito que permiten la salida rápida del barrio. Además, Encalada es el punto de encuentro de los vecinos para tomar un café o dar un paseo por el centro comercial; a tan sólo cinco cuadras de allí está la calle Uruguay, que delimita la jurisdicción del control municipal con San Fernando.

Estas vías de acceso son, según los vecinos, el medio que les permite a los delincuentes realizar los arrebatos en la calle y luego escapar con rapidez. Sobre la calle Encalada, en el centro comercial; en la calle Ramón Falcón, en la calle Ravelo y en los puentes de José Ingenieros y Tomkinson, son los puntos donde suceden la mayor cantidad de robos estilo arrebato.

"Ésta es la segunda vez que me roban en el último año y la cuarta vez desde que tengo memoria. Yo iba caminando por la zona del puente de Tomkinson, cuando sentí un golpe en el cuello, un golpe seco. Me caí al piso y perdí la conciencia por un instante; cuando me desperté, el chorro me estaba queriendo sacar el celular. Me resistí y le pegué una piña. Ese tipo de arrebatos suceden constantemente", dijo a LA NACION Enrique Correa, un vecino que lleva muchos años viviendo en La Horqueta.

En cambio, los robos en casas de familia, sobre todo en aquellas que se encuentran deshabitadas, suceden en una zona algo alejada del centro comercial. En una casa de Santa Rita y Ravelo, Pía y su familia sufrieron dos robos en los últimos 20 días. "Entraron cuando no estábamos nosotros y nos desvalijaron. Cortaron la luz el día anterior para que no sonara la alarma; estuvieron adentro desde el mediodía hasta las ocho de la noche, y los vio salir el guardia de la garita. Ya pongo la casa en venta, pienso mudarme a un barrio privado", contó a LA NACION Pía, que no quiso dar su apellido por temor a represalias.

Sobre Santa Rita, a la altura de Gurruchaga, otras tres casas sufrieron la misma modalidad en los últimos dos meses. Ezequiel Boehler, un vecino que colocó un alambrado de púa sobre su muro a raíz de los robos, explicó: "Nosotros oímos cómo entraron acá al lado y llamamos a la policía. Se llevaron desde tecnología hasta plata, sabían que no había nadie en la casa. Acá pusimos el alambrado porque los próximos somos nosotros".

En La Horqueta viven 2500 familias, lo que representa 10.000 personas aproximadamente; actualmente tienen dos móviles de la CPC (Comando de Prevención Comunitaria), dos móviles municipales, dos camionetas de la Junta Vecinal La Horqueta y 63 garitas de seguridad privada. El municipio prevé, además, el cambio de las camionetas por autos blindados. Actualmente, tienen 18 cámaras funcionando en el barrio y prevén la instalación de otras en las intersecciones de Reclus y San Martín, Colectora Este Panamericana y Carlos Tejedor, y Tomkinson y Colectora Oeste Acceso a Tigre.

Arturo Abella Nazar es el presidente del Foro de Seguridad de La Horqueta, y en diálogo con este diario explicó: "Hemos reducido mucho las estadísticas, aunque sabemos que, en general, los arrebatos en la calle son hechos menores. Tenemos los dos móviles de la CPC patrullando todo el día, y los vecinos utilizan el sistema de nodos para comunicarse entre ellos".

En un café de Encalada y Marconi, los vecinos se reúnen por las tardes y a hablar sobre el tema seguridad. La Horqueta hoy se ve afectada por estos hechos de inseguridad.

Consultado por LA NACION, el presidente del Concejo Deliberante de San Isidro, a cargo del Ejecutivo por licencia de Gustavo Posse, Carlos Castellano, sostuvo: "Hay una clara ineficiencia en la materia por parte de la provincia, que es la responsable de la seguridad; nosotros aportamos a la Junta Vecinal con un subsidio de $ 40.000 por mes, pero hace falta presencia policial, tanto en este municipio como en muchos otros".

Abel Suárez, comisario a cargo de la 9a de San Isidro, dijo a LA NACION: "La comisaría sólo recibe denuncias, pero ahora la CPC está a cargo del control de la calle. Sabemos que en verano sube mucho el delito en las casas y tratamos de prevenir sumando efectivos. Pero esto no es algo especial de este verano, sino de muchos años".

Testimonios de comerciantes y vecinos

Nahuel Ballesteros

Vendedor de diarios

"Acá, hace poco entraron en la dietética y entre algunos vecinos los corrimos y les sacamos la plata que se habían robado. La policía comunal dice que patrulla, pero no los vemos mucho."

Ezequiel Boehler

Vecino

"Desvalijan casas en las que no están los dueños, que se fueron de vacaciones. Llamamos a la policía cuando entraron al lado, pero no los agarraron."

Germán Portillo

Comerciante

"Acá, en el centro comercial vemos cuando arrebatan en la calle, sobre Encalada. Siempre se van en moto y no los detienen porque salen rápido por la calle Uruguay.".

Link a la nota:

http://www.lanacion.com.ar/1764690-una-serie-de-robos-en-casas-y-arrebatos-en-las-calles-generan-preocupacion-entre-los-vecinos-de-la-horqueta

Medio: La Página (El Salvador)

Fecha: 3 de febrero

FMLN acusa a empresarios de seguridad privada de oponerse al combate del crimen

Los diputados aseguran que se debe regular el negocio de la seguridad privada en el país. Denuncian que empresarios del sector no desean que disminuya la criminalidad para no ver afectadas sus ganancias.

Los diputados del FMLN Manuel Flores y Loreña Peña denunciaron este martes una campaña contra el Consejo Nacional de Seguridad impulsada, supuestamente, por empresarios del área de seguridad privada, debido a que la reducción de la violencia puede afectar sus negocios en el país.

Flores aseguró que en todas las campañas políticas el tema de seguridad es usado para fines electorales, pero algunos empresarios que se lucran de la inseguridad se oponen a que el gobierno combata la criminalidad frontalmente.

Lo dijo monseñor Rosa Chávez… hay grupos interesados en que fracase el Consejo de Seguridad que se ha formado. Hay interés de parte de los que siempre hacen negocio de la inseguridad, quienes son los que venden armas, cámaras de seguridad y los que tienen policías privados”, denunció Flores durante la entrevista Hablamos Claro de TVO.

Para Flores, esta supuesta negativa de un grupo de empresarios se debe a que “no les importa el país y solo les importa el dinero”.

El FMLN ha promovido en múltiples ocasiones que se controle la importación, venta y uso de armas entre la ciudadanía.

El efemelenista aseguró que el tema de la tregua entre pandillas no es parte de la estrategia de seguridad del gobierno y recalcó que el vínculo con entre las pandillas y el Ejecutivo lo realiza la oposición con fines electorales.

Mijango no tiene credibilidad

Por su parte, Peña puso en duda la credibilidad del negociador de la tregua entre pandillas, Raúl Mijango, al enfatizar que el gobierno no tiene nada que ver con esta estrategia de reducción de la delincuencia y por el momento se concentra en la recuperación de territorios, prevención social, educación, salud y cultura.

La parlamentaria insistió que la plataforma de seguridad del FMLN busca fortalecer el control de centros penales, impulsar cooperación entre la Policía y Fiscalía, regular el negocio de la seguridad privada, rehabilitación de reos que hayan cumplido sus plenas y trabajar de la mano del consejo nacional de seguridad.

Debemos unirnos para derrotar el crimen y la delincuencia”, finalizó Peña.

Link a la nota:

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/103607/2015/02/03/FMLN-acusa-a-empresarios-de-seguridad-privada-de-oponerse-al-combate-del-crimen

Medio: La Capital (Rosario, Santa Fé, Argentina)

Fecha: 4 de febrero

Los médicos piden seguridad en todos los centros de salud de la ciudad

Existen más de 50 efectores y los ubicados en los barrios periféricos son los que corren más riesgos. Amra adelantó que en las paritarias reclamarán este tipo de custodia.

Los constantes hechos de violencia que sufren los médicos que trabajan en los centros de salud de la ciudad llevaron a las autoridades gremiales a elevar un firme reclamo de custodia en todos los efectores. "Nuestro pedido es el de siempre. Necesitamos más seguridad en los centros de salud. Entendemos que ya no puede quedar un solo efector sin seguridad. Uno de los problemas es que estamos poniendo la seguridad recién después de que ocurre algo", señaló Sandra Maiorana, secretaria gremial de la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra).

En Rosario hay más de 50 centros de salud y la problemática se repite entre situaciones de robo y agresiones. "Lo más importante es el pedido de mayor seguridad, pero también reclamamos el horario de entrada y salida de la gente que va a trabajar, que sea siempre diurno. Que los colectivos lleguen a los centros de salud y que la gente no tenga que ir caminando, quedando expuesta. Y mejoras edilicias para garantizar más seguridad", recalcó la dirigente sindical.

Luego agregó: "Acá no basta sólo con poner a alguien en cada lugar. Los hechos de violencia son cada vez más y de mayor gravedad. Hace falta una política de seguridad provincial, porque esto se extiende a todos los lugares. Y la gente que trabaja en centros de salud está en un riesgo permanente".

Maiorana también apuntó sobre las ubicaciones de los efectores. "En su mayoría están en zonas expuestas. Cuando proyectan los barrios, deberían prever zonas más accesibles. En alguno casos tenemos que pedir el traslado a un lugar más seguro porque están en zonas de un acceso sumamente riesgoso", advirtió la secretaria gremial.

"Por todo esto, ya tenemos mucha gente con parte psiquiátrico, con fobias y severos miedos por situaciones que vivieron. Dejaron de trabajar, no pueden ejercer y están con tareas administrativas. Y no son pocos. Además, eso no se arregla con pagos de adicionales, es una cuestión de vida o muerte", enfatizó Maiorana.

- ¿Debe existir presencia policial en cada lugar?

Creemos que sí. Hace menos de una semana se registraron dos robos de médicos que salían del Hospital Vilela. Habían entregado la guardia a las 20. Hay gente que anda en moto, estudia los movimientos del hospital y roban cuando ven la oportunidad.

-¿En algunos centros hace falta un operativo mixto de policías y seguridad privada?

Eso va de acuerdo al lugar. Yo prefiero la policía, porque en los hospitales ocurre que, cuando hay alguien agresivo, sabe que la seguridad privada no lo puede ni tocar. Incluso, hasta la provocan.

-¿Hay lugares en que la misma población rechaza al policía?

Pasa. Ahí se generan más conflictos y hay que poner seguridad privada. Pero entendemos que debe existir seguridad en cada lugar y, además, tiene que estar la policía patrullando las calles.

-Parece muy difícil imaginar una salida en lugares donde atacan a los médicos y a los policías...

Ocurre que el que va a delinquir, muchas veces los hace alcoholizado o drogado. Son personas que no tienen control. Tuvimos un caso en un centro de salud de la zona norte, de un chico de 12 años que iba armado a pedir recetas de psicofármacos. Fue varias veces, entró y salió como si nada.

-¿Habrá algún planteo formal de Amra en estos días?

El tema seguridad lo ponemos todos los años en las paritarias. Los pedidos los hacemos por escrito y los mayores resultados los encontramos cuando decimos que vamos a cerrar el centro de salud hasta que pongan seguridad. Ahí se apuran. Lamentablemente, es la forma en que debemos manejarnos para tener resultados.

-¿Se puede encontrar una solución para este flagelo?

Son tantos los lugares, están todos tan expuestos y la violencia social atraviesa todo, que es realmente complicado imaginar una salida. Como gremio, lo único que podemos hacer es pedir seguridad. Y en los casos extremos cerrar el efector si no escuchan los reclamos.

"Hay que convocar al Consejo de Seguridad"

"Estamos en emergencia por la violencia. Tenemos más de un muerto por día a causa de la inseguridad. Muertes sin sentido, las más injustas de las muertes. Muertes por ineficiencia y por falta de decisión. Parecería que no hay plan, se anuncian medidas que luego quedan en el olvido, marchas y contramarchas que no terminan nunca de llevarse a la práctica", señaló el presidente de la comisión de Seguridad del Concejo, el justicialista Diego Giuliano.

Luego reclamó: "Hay que convocar al Consejo de Seguridad presidido por la intendenta Mónica Fein y tomar medidas profundas y concretas".

"El relato oficial minimizó el problema, lo convirtió primero en una sensación, luego en una estigmatización, después empezó a reconocerlo, lentamente, hasta llegado el momento en que el gobernador Antonio Bonfatti y la intendenta sintieron alivio por el arribo de las fuerzas federales ,en una verdadera confesión del desmadre que se había generado", agregó.

"Desde que comenzamos el año, la inseguridad y la muerte siguen siendo las noticias de tapa de todos los días. Ya no hay discurso que valga. La inseguridad golpea a todos los ciudadanos de Rosario", exclamó Giuliano.

Link a la nota:

http://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/Los-medicos-piden-seguridad-en-todos-los-centros-de-salud-de-la-ciudad-20150204-0030.html

Medio: Diario Clarín (Argentina)

Fecha: 6 de febrero

La seguridad en edificios, en la mira tras el caso Nisman

Consumo & Ahorro.Se multiplicaron las consultas en las últimas dos semanas sobre los sistemas de vigilancia. Lo afirmaron administradores, entidades de consorcistas y empresas de seguridad privada.

Cámaras que llevaban más de un año sin funcionar, grabaciones con horarios inexactos, puertas de salida sin control. La Justicia concluyó que en la torre Le Parc de Puerto Madero, donde encontraron muerto al fiscal Alberto Nisman, serias fallas de seguridad permitían que personas entraran y salieran “sin ser advertidas”. Estas conclusiones, confirmadas en medio de la conmoción, llevaron a vecinos de todo el país a preguntarse --y a preguntar-- si sus edificios son realmente tan seguros como creían.

Administradores, entidades de consorcistas y empresas de seguridad privada coinciden en que las consultas se dispararon en las últimas dos semanas. Y que arrancaron el mismo 19 de enero, horas después de conocerse la muerte del fiscal, justo un día antes de exponer en el Congreso su denuncia contra la Presidenta de la Nación.

Se multiplicaron las consultas a las empresas de seguridad, principalmente sobre el estado de las cámaras y el monitoreo. En muchos edificios pidieron confirmar si los equipos funcionan, si están bien instalados y si el sistema integral de seguridad se adecua a las necesidades actuales o haría falta modernizarlo”, comentó Aquiles Gorini, presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (Caesi).

En la Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la República Argentina (Cemara), otra entidad del sector, confirmaron ese “incremento de los llamados”. Y destacaron que también crecieron las consultas por instalaciones nuevas en edificios que hasta ahora no tenían circuito cerrado de video con grabación. “Lo ocurrido en la torre del fiscal -añadieron- acrecentó la preocupación de los vecinos, sobre todo en zonas donde han llegado a desmantelar departamentos sin que haya quedado ningún registro, ya sea por falta de cámaras o por su mal funcionamiento.”

No es la primera vez que una noticia de alto impacto revoluciona la vida de los consorcios. Como antecedente, la trágica explosión de un edificio en Rosario en agosto de 2013 impulsó a edificios de todo el país a revisar sus instalaciones de gas. Esta vez --revelan las empresas-- las consultas llegaron primero desde otros complejos de Puerto Madero, pero pronto hubo un “efecto multiplicador” hacia edificios de muchas otras zonas en distintas ciudades del país.

Adrián Hilarza, titular de la Asociación Civil de Administradores de Consorcio, remarcó que lo más pedido por los vecinos fue verificar el estado de las cámaras y hacerles ajustes. “Pero también preguntaron qué controles hacen los vigiladores sobre la gente que ingresa: si hay rutinas o protocolos y si no convendría revisarlos”, agregó.

Las consultas sobre seguridad han crecido. Hay mucha preocupación porque la gente ve que su consorcio paga 20 mil, 30 mil, 50 mil pesos al mes por la vigilancia, y a la luz de lo ocurrido ahora se pregunta qué constancia puede tener de que todo eso verdaderamente sirva”, comentó Alicia Giménez, presidenta de la Unión de Consorcistas de la República Argentina.

Y recordó que esto ocurre luego de que muchos consorcios recortaran en los últimos años sus gastos en seguridad como una forma de bajar las expensas, incluso a costa de asumir mayores riesgos o de no brindarle al equipamiento el mantenimiento adecuado.

Si antes tenían vigiladores las 24 horas, ahora quizá los ponen sólo a la noche o los fines de semana. O los cambian por sistemas de cámaras, aunque sus costos no siempre son accesibles. La seguridad está entre lo que más encarece las expensas, junto con los pagos a los encargados”, agregó Giménez.

Por el monitoreo remoto de cada cámara (Le Parc tenía 160), empresas del rubro cobran al menos $ 200 por mes. Y el costo de tener un vigilador ronda los $ 115 por hora, detallaron en Caesi. Según expertos, lo ideal es combinar ambos recursos: presencia humana y vigilancia electrónica (ver aparte). Pero todo tiene costos que luego se dividen entre los propietarios.

Se estima que las empresas de seguridad privada vigilan un millón de edificios en todo el país. La mitad está en la Provincia de Buenos Aires, al menos 250.000 en Capital y el resto se ubica en distintas ciudades del interior.

Link a la nota:

http://www.clarin.com/sociedad/Nisman-seguridad-edificios-aumenta_0_1298870144.html

 
Resumen Semanal de Noticias del Sector Del 16 al 23 de enero de 2015 PDF Imprimir E-mail

Resumen Semanal de Noticias del Sector

Del 16 al 23 de enero de 2015

Medio: Unión (Jalisco, México)

Fecha: 16 de enero

Restauranteros inhibirán asaltos con más seguridad privada

Ante la ola de asaltos a restaurantes, autoridades de Guadalajara, Zapopan, de la Fiscalía General del Estado (FGE) y empresarios restauranteros acordaron una estrategia para inhibir los robos a este tipo de negocios.

Juan José Tamayo Dávalos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), dijo que parte de la estrategia de vigilancia incluye la contratación de guardias de seguridad privada por parte los restauranteros.

En algunas zonas donde abundan este tipo de negocios se contratará el servicio de patrullaje a través de empresas de seguridad privada, explicó el presidente de la Canirac.

En cuanto a las estrategias que aplicarán las policías de Guadalajara, Zapopan y la Fuerza Única, Tamayo Dávalos guardó silencio para no alertar a los delincuentes.

A la reunión asistieron Ramiro Hernández García, Alcalde de Guadalajara; Héctor Robles Peiro, Alcalde de Zapopan y Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, titular de la FGE.

A través de su cuenta oficial de twitter el Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz anunció que la FGE detuvo la noche de ayer a un grupo de asaltantes de restaurantes, quienes son de origen extranjero.

Link a la nota:

http://www.unionjalisco.mx/articulo/2015/01/16/seguridad/guadalajara/restauranteros-inhibiran-asaltos-con-mas-seguridad-privada

Medio: La Capital (Rosario, Argentina)

Fecha: 17 de enero

Más de la mitad de los centros de salud del municipio tiene seguridad privada

La seguidilla de robos contra el personal sanitario del centro de salud del barrio Toba provocó el cierre como mecanismo de protesta, además de un llamado de atención a las autoridades.

Un total de 30 de los 50 centros de salud que dependen del municipio tiene servicio permanente de seguridad privada. Así, las arcas públicas locales deben destinar 300 mil pesos al mes para cubrir la vigilancia. El dato surge, en medio de las nuevas protestas de trabajadores de la salud, quienes sufrieron robos frente al dispensario de Rouillón al 4300, en el barrio Toba. Fueron dos casos de inseguridad por los que el local cerró sus puertas el jueves, aunque ayer regresó a la normalidad. El lunes, el ministro de salud santafesino, Mario Drisun, brindará detalles de un programa contra la violencia institucional que involucra a los efectores públicos y sobre los cuales se promete analizar cada caso en particular.

La seguidilla de robos contra el personal sanitario del centro de salud del barrio Toba provocó el cierre como mecanismo de protesta, además de un llamado de atención a las autoridades.

Una de las médicas se encontraba el miércoles en la parada de colectivos cuando delincuentes armados le robaron el celular y otras pertenencias. Ayer, en tanto, hacia las 13, a una empleada administrativa del centro de salud le sustrajeron la cartera justo cuando descendía de su coche particular bajo amenazas con un arma blanca.

Los dos hechos encendieron el alerta entre la comunidad sanitaria. Los delegados denunciaron ayer que tras el repliegue de Gendarmería volvieron los robos con mayor intensidad debido a “la falta de presencia policial que pueda suplir la ausencia de las fuerzas federales”.

Desde la Dirección de Centros de Salud, Fernando Vignoni brindó su visión sobre la ola de hechos en torno a los dispensarios. “Son 1.000 trabajadores los que se desempeñan allí, 650 mil consultas anuales en 50 centros y una población destinataria de 250 mil personas. La dimensión que tienen estos episodios, si bien resultan notorios, es menor en comparación con otros rubros, como el comercio. Y en los casos de los robos en el trayecto hacia los lugares de empleo, recibimos hechos como ocurren con cualquier otro trabajador que va a su destino laboral”, analizó.

Puntualmente, sobre las situaciones dentro de los centros de salud, el funcionario indicó que “no hubo pedidos del personal de cambio de lugar de trabajo”.

Lo cierto es que el jueves, las autoridades se reunieron con los delegados gremiales para analizar los ataques al personal. Allí se logró destrabar el conflicto que había desembocado en el cierre del dispensario de Rouillón al 4300.

El episodio elevó la tensión y dejó un dato de relieve y que refleja la realidad que atraviesa¡ la mayoría de los centros de salud que abren sus puertas a los pacientes de 7 a 19.

En todo el mapa de Rosario hay distribuidos 80 centros, 50 corresponden a la órbita municipal. Y, de ellos, 30 tienen un servicio regular de seguridad privada, por lo que la administración de la intendenta Mónica Fein desembolsa 300 mil pesos mensuales.

Vignoni justificó la decisión de reforzar la protección a los dispensarios. “Es un presupuesto alto, pero tiene un rol importante en el ordenamiento de la sala de espera y en el aspecto preventivo, aunque no tanto en relación a los robos. En líneas generales, los trabajadores se sienten cuidados”, detalló. La contratación de una agencia para custodiar los efectores no resulta una decisión novedosa. Incluso para los 30 en cuestión, se han incorporado dos o tres en el último año. Y lejos de suponer que la seguridad privada es para las denominadas “zonas rojas”, su distribución geográfica está más acentuada en el centro y macrocentro que en los barrios.

Estrategia oficial. Los casos de inseguridad en barrio Toba se desatan justo cuando el ministro Drisun anunció para el lunes una conferencia de prensa destinada a brindar detalles de un programa contra la violencia institucional.

Drisun, junto al especialista en mediación y resolución de conflictos, Alejandro Nató, dará en la sede ministerial de Rioja 825 detalles sobre el proceso iniciado en los hospitales y centros de salud del territorio santafesino.

Allí, los funcionarios prometen explicar las etapas del plan que comenzó el año pasado y en el cual se abordan los conflictos y la violencia institucional.

Lógicamente, lo que acontece en la ciudad también ocurre en los centros de salud. El tema es que en estos lugares de trabajo, el clima tiene que ver con la situación en sí y la posibilidad de evitar que esto acontezca, minimizar los riesgos para el empleado y, al mismo tiempo, buscar las mejores soluciones para cada una de las situaciones”, destacó el especialista.

Nató consideró que no se puede dar una respuesta integral a todos los hospitales, a todos los centros de salud. “Es por eso que vamos reuniéndonos en cada uno de los lugares para analizar la realidad y evaluar qué tipo de respuesta podemos dar, qué tipo de insumos se pueden generar para evitar a futuro que surjan situaciones de acción y de disminución de la comunicación”, dijo.

Drisun cuenta con el asesoramiento de Nató y Nilda Santoro de Hernández. Los expertos y funcionarios participarán de las actividades que tendrán lugar en el Hospital Provincial y en el policlínico Eva Perón de Granadero Baigorria.

Link a la nota:

http://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/Mas-de-la-mitad-de-los-centros-de-salud-del-municipio-tiene-seguridad-privada-20150117-0003.html

Medio: El Confidencial (España)

Fecha: 18 de enero

Los vigilantes de seguridad, pieza clave en el nivel 3 de alerta antiterrorista en España

El nivel 3 de alerta antiterrorista supone la movilización de la práctica totalidad de los miembros de las unidades de intervención y de otros servicios especiales de la Policía y de la Guardia Civil, que vigilan las 24 horas del día los aeropuertos, las estaciones de ferrocarril o las centrales nucleares y eléctricas, entre otras infraestructuras críticas. Pero no son los funcionarios los únicos que participan en la seguridad pública en tiempos de excepción y que, por lo tanto, tienen la obligación de mantener los ojos más abiertos que nunca.

Los vigilantes de seguridad tienen un papel clave en la protección de las mencionadas infraestructuras críticas. El control en muchas de estas instalaciones está en manos de empresas privadas y, por lo tanto, son sus agentes los encargados de velar por la seguridad habitualmente. No es de extrañar, por lo tanto, que la Policía, que normalmente no está físicamente en estas infraestructuras, se apoye en quienes las conocen al dedillo.

Así lo reconocen de hecho las fuentes policiales consultadas por El Confidencial, que admiten que cuando las Unidades de Intervención –más conocidas como antidisturbios– se presentan en una central de suministro de agua o en una estación de tren muy concurrida no tienen más remedio que contar con la colaboración necesaria de los vigilantes de seguridad, que desempeñan su labor diariamente en esos lugares.

Los vigilantes, subraya por otro lado José Luis Velasco, de la patronal de empresas de seguridad Aproser, saben dónde están los puntos débiles, las salidas de emergencia, etc. “Conocen mejor el terreno”, insiste el portavoz de la seguridad privada, que cuenta con 40 años de experiencia a sus espaldas y ha vivido más de una situación de excepción como la que vive el país en la actualidad con la amenaza yihadista.

Los agentes privados, por lo tanto, tienen perfectamente identificadas las cámaras que funcionan y las que no, los puntos oscuros a los que no llegan las grabaciones, las entradas y salidas, los lugares de mayor aglomeración, etc. Horas y horas sobre el terreno les permiten pensar cien veces por dónde podrían entrar los ladrones si quisieran atracar o qué lugar sería el más idóneo para colocar un artefacto mortal. “Es nuestro trabajo”, asegura un vigilante que prefiere mantener el anonimato.

De ahí que los policías que estos días están pisando esos terrenos nuevos para ellos acudan a sus ‘compañeros’ de la seguridad privada para compartir información sensible, algo que por otra parte es muy frecuente entre ambas partes incluso a nivel institucional. No en vano, tanto la Policía como la Guardia Civil cuentan con sendos programas de comunicación interna que facilitan las herramientas necesarias para que los vigilantes puedan transmitir de forma casi instantánea información e incidencias a los responsables primeros de la seguridad pública.

Velasco recuerda dos episodios, de hecho, en los que la información proporcionada por un vigilante ayudó a desmantelar una organización de contrabando en Galicia y un entramado criminal en Cádiz. “Guardia Civil y Policía, de hecho, premian cada año las colaboraciones realizadas por los vigilantes”, argumenta el responsable de Aproser.

En ocasiones, de hecho, ese flujo de información entre ambas partes se produce en los dos sentidos. No es solo el vigilante el que proporciona datos. Según fuentes policiales, aunque es menos frecuente, Policía, Guardia Civil, Mossos o Ertzaintza pueden en un momento dado aportar datos sensibles a los jefes de seguridad de las empresas, que son los que hacen de nexo entre las dos partes, porque así lo exigen las medidas de prudencia y con el fin de mejorar la seguridad del conjunto.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ordenó el pasado día 7 elevar el nivel de alerta antiterrorista del 2 alto al 3 bajo sobre un máximo de 4 tras el atentado contra el semanario Charlie Hebdo que costó la vida a 12 personas en París. La última vez que se alcanzó el nivel 3 de alerta fue durante los días que rodearon a la proclamación del rey Felipe VI el pasado junio.

Link a la nota:

http://www.elconfidencial.com/espana/2015-01-18/los-vigilantes-de-seguridad-pieza-clave-en-el-nivel-3-de-alerta-antiterrorista-en-espana_619364/

Medio: Diario San Rafael (Mendoza, Argentina)

Fecha: 18 de enero

Menos custodia privada en casas y comercios

La contratación de servicios de seguridad en comercios y en viviendas se había incrementado hace unos años como consecuencia de la inseguridad.

Algunas de las razones son los costos laborales, a lo que se suma la competencia ante la llegada de nuevas empresas al departamento.

La contratación de servicios de seguridad en comercios y en viviendas se había incrementado hace unos años debido al incremento de la inseguridad y los diferentes episodios de saqueos a empresas en el país, pero actualmente los costos que implica incorporar este sistema de protección han causado una disminución nivel local. Esto lo confirman agencias que operan en la provincia y en nuestra ciudad. Ni siquiera en las vacaciones, que muchas viviendas y comercios quedan solos durante un período largo, la cantidad de servicios ha crecido.

La contratación en nuestra ciudad disminuyó desde el año pasado, y eso se debe más que nada a los costos que implica la remuneración de un empleado de seguridad hoy en día, así lo explica uno de los encargados de una agencia ubicada en el centro. "Un vigilador está cobrando alrededor de 8000 pesos por mes, a eso hay que sumarle aproximadamente 7000 pesos de impuestos, por lo que a una empresa se le van más de 14000 por cada persona. Por eso muchas les ofrecen menos a los empleados y no cumplen con la totalidad de lo que deberían pagar. Está muy arruinado el mercado, a San Rafael han llegado varias empresas de otros departamentos porque en sus lugares no andan bien".

Las compañías multinacionales y los countries locales son los que actualmente están convocando custodias. "Para los complejos es más llevadero, porque en uno que tiene 100 lotes, son 100 personas las que pagan un vigilador", explicaron.

Con respecto al perfil de los custodios, mencionan que la mayoría de los clientes prefieren que éstos sean hombres. "En el caso de los boliches y salones de fiestas, les exigen contratar algunas mujeres en seguridad porque pueden palpar a las chicas si es necesario. Pero aunque hay empresas que no las eligen, hay mujeres que están más capacitadas y tienen más ganas de trabajar que algunos hombres".

Hay que destacar que todos los vigiladores locales se capacitan en el REPRIV, Registro Provincial de Empresas de Vigilancia Privada de Mendoza. Se trata de una capacitación muy básica que dura aproximadamente tres meses, y sus resultados se entregan a los 15 días, fecha en la cual ya pueden comenzar a trabajar. Les enseñan primeros auxilios, manejo de armas y esposas, las disposiciones legales que los afectan y cuál es su rol, entre otras cosas.

Por otro lado, para incorporar vigiladores las empresas de seguridad les piden el certificado de buena conducta, un documento que también es necesario tenerlo para poder realizar el curso. De esta forma, el REPRIV se encarga de un 50 por ciento de los controles a los interesados en desempeñarse como custodios.

Por último, hacen referencia a una importante competencia en el sector de seguridad privada con la policía, "porque a los comercios y empresas les está saliendo más barato contratarle al gobierno un policía por 100 pesos la hora y ahorran los montos de impuestos para incorporar vigilancia privada".

Link a la nota:

http://www.diariosanrafael.com.ar/actualidad/30295-menos-custodia-privada-en-casas-y-comercios

Medio: Zocalo (Coahuila, México)

Fecha: 18 de enero

Es un caos el ‘negocio’ de la seguridad privada

Los picos de inseguridad que se han registrado en los últimos años en el estado han provocado que aparezcan y desaparezcan nuevas empresas de seguridad privada.

En la actualidad operan en Coahuila 89 empresas de este tipo, de las cuales 12 mantienen su permiso en trámite.

Tan sólo en 2014 se autorizaron 15 “policías” privadas, al tiempo que 24 de reciente registro se esfumaron del mapa.

En comparación con 2011, en la actualidad la Comisión Estatal de Seguridad Pública tiene en su registro 20% más de este tipo de empresas.

De 2000 a la fecha se le ha retirado el permiso a un total de 190 negocios de guardias privados por incumplimiento a los reglamentos de seguridad.

Aumentan sin control empresas de seguridad

Con la creciente demanda de los servicios de empresas de seguridad privada, con cada año que pasa aparecen nuevas empresas que ofrecen dicho servicio y aunque también se van esfumando casi con la misma velocidad, lo cierto es que estadísticamente es un giro que ha encontrado su nicho en medio de un ambiente de inseguridad.

Las autorizaciones registradas datan de 1997, sin embargo, más de la mitad de las empresas que operan en la actualidad obtuvieron sus permisos durante los últimos cinco años.

La Comisión Estatal de Seguridad es la encargada de extender los permisos a las empresas para prestar servicios de seguridad en las distintas modalidades establecidas en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, mismas que tienen una vigencia anual con posibilidad de renovar la autorización anualmente, si cumplen con los requisitos establecidos por la ley.

Link a la nota:

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/es-un-caos-el-negocio-de-la-seguridad-privada-1421565629

Medio: Criterio (Hidalgo, México)

Fecha: 23 de enero

Suspende alcaldía los servicios de seguridad privada

Hasta el año pasado, la alcaldía de Tulancingo tenía 20 servicios de seguridad privada contratados para el resguardo de edificios públicos y por cada uno de éstos erogaba siete mil pesos, que representan una inversión de 140 mil pesos mensuales.

Sin embargo, el municipio tuvo que suspender la contratación de seguridad privada, en cumplimiento a una observación emitida por la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo (ASEH).

El alcalde Julio Soto, en entrevista, reconoció que esta disposición sí afectó porque la dirección de Seguridad Pública tuvo que disponer de 20 elementos para cubrir igual número de servicios fijos.

No tuvimos otra opción pero tampoco queremos tener dificultades en las cuentas públicas, por eso acatamos la observación de la ASEH y finiquitamos la relación con la empresa de seguridad privada”, remarcó Soto Márquez.

Para que el resguardo de edificios públicos no distraiga la vigilancia en el municipio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana publicará, en los primeros días de febrero, una convocatoria para reforzar la plantilla de la corporación preventiva.

La expectativa es contar con un estado de fuerza de 220 elementos, 55 más que los actualmente adscritos a la dirección de Seguridad Pública.

Aunque en los primeros dos años del gobierno local en turno sumaban cerca de 200 policías preventivos, más de medio centenar causaron baja por distintos motivos, como no aprobar los exámenes de control y confianza.

A decir del edil, el objetivo es contar con la mejor policía preventiva de la entidad, incluso en el aspecto salarial.

Está en puerta un programa que analizaremos con la Comisión de Seguridad Pública porque si nos generará un gasto adicional nominal de cinco millones de pesos al año”, adelantó el edil.

Link a la nota:

http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=288847

Medio: El Sol del Centro (Aguascalientes, México)

Fecha: 22 de enero

Fortalece Gobierno del Estado transparencia y regulación para empresas de seguridad privada

Para dar continuidad a las condiciones sociales que han permitido contar con excelentes niveles de seguridad pública y privada en la entidad, y debido a una ocupación permanente en este tema por parte de la administración estatal, el Gobernador Carlos Lozano de la Torre instruyó a las áreas competentes a reunirse y dialogar con los responsables de las empresas de seguridad privada, a quienes se les solicitó el cabal cumplimiento de la transparencia, honestidad, certificación y regulación de su personal y de las actividades que realizan.

Al presidir esta reunión, el Secretario de Gobierno, Sergio Reynoso Talamantes, precisó que es una indicación del Jefe del Ejecutivo, que exista una constante colaboración y coordinación entre estas empresas y las autoridades, por lo que todas deben cumplir sin término ni concesión, con todos los requisitos necesarios para el desempeño de sus funciones y operaciones en el estado.

Agregó que las empresas de seguridad privada, adquieren un compromiso social desde el momento en que inician sus operaciones, ya que desde su ámbito de competencia, ésta se constituye como una actividad estratégica y coadyuvante a la seguridad pública, al desempeñar acciones relacionadas con la protección, vigilancia, custodia de personas, información y bienes inmuebles.

Recalcó que es sumamente importante que estas entidades cuenten con un esquema de capacitación, aunado a un padrón actualizado del personal y del equipamiento con el que cuentan, tópicos en los que estarán trabajando de la mano con el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3).

Reynoso Talamantes señaló que las empresas y su personal deben conducirse con total apego a la legalidad, honestidad, profesionalismo y compromiso, además de cooperar con los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones que les corresponden realizar en el sector privado, pero que no las excluye o desvincula del ámbito público o social.

Aunado al requerimiento del puntual cumplimiento de requisitos y de un trabajo serio, profesionalizado, el Secretario de Seguridad Pública, Eduardo Bahena Pineda, agradeció la respuesta a la convocatoria para esta reunión, señalando la importancia de sumarse a este esfuerzo del Gobierno del Estado a fin de generar estrategias y esquemas de certificación y legalidad dentro de las empresas privadas, contribuyendo a una continuidad de las condiciones de paz social que vive Aguascalientes.

Finalmente, el responsable de la seguridad pública en el estado, refirió que existe apertura y disposición por parte de la administración estatal para que las empresas del ramo de seguridad privada se comprometan a mantener con transparencia, legalidad y capacitación permanente a todo su personal, señalando además que habrá programas especiales para la detección de empresas que estén incumpliendo y operando fuera del marco regulatorio que dictamina la línea y campo de trabajo de estas corporaciones.

Link a la nota:

http://www.oem.com.mx/elsoldelcentro/notas/n3680053.htm

 
Respuesta del gremio de la seguridad privada PDF Imprimir E-mail
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Resumen Semanal de Noticias del Sector Del 19 al 26 de diciembre de 2014 PDF Imprimir E-mail

Resumen Semanal de Noticias del Sector

Del 19 al 26 de diciembre de 2014

Medio: Bariloche Opina (Río Negro, Argentina)

Fecha: 19 de diciembre


Vigiladores privados piden plus navideño

Vigiladores privados agrupados en el Sindicato Unido de Trabajadores Custodios Argentinos (SUTCA) de Bariloche reclamaron frente al supermercado La Anónima de la calle Albarracín el pago de un bono navideño de 2000 pesos.

El delegado local del gremio, Fabián Guernica, ya había anticipado días atrás que de no obtener respuesta de los empleadores podrían retener servicios el 23 de diciembre lo que implicaría que la mayoría de los supermercados y bancos de la ciudad se queden sin el servicio de seguridad privada.

Indicó además ante el pedido formal no ha habido respuestas de las empresas de seguridad privada. Denunció asimismo que hay empresas que tienen personal contratado sin declarar que no superan los 3500 pesos de sueldo.

De acuerdo a lo indicado por el dirigente, SUTCA tiene unos 180 afilados, pero estiman que el número asciende a los 1000 vigiladores, entre contratados en relación de dependencia y "en negro".

El gremio ya realizó diversas protestas en supermercados de la ciudad, entre ellas en julio pasado en el hipermercado Changomas en contra del despido de ocho trabajadores.


Link a la nota:

http://www.barilocheopina.com/locales/16274-vigiladores-privados-piden-plus-navideno

Medio: Cambio (Michoacán, México)

Fecha: 20 de diciembre


Indispensable garantizar en la ley que empresas de seguridad privada sean confiables y efectivas

Por la inseguridad que vive el país algunas personas han contratado seguridad privada como una alternativa para llenar los espacios que no cubren las corporaciones policíacas, por lo que es indispensable garantizar que estas empresas sean confiables, efectivas, de calidad y eficientes, señaló el diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC), secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales. Precisó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de junio pasado, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 70 por ciento de los mexicanos dijo sentirse inseguro, lo que justifica el dinamismo de empresas de estas privadas. Subrayó que la inseguridad es una de las principales amenazas para la estabilidad, el fortalecimiento democrático y el desarrollo de nuestro país. La seguridad privada, por tanto, surge como una alternativa a la urgente necesidad producida por un entorno dónde delitos como el secuestro han amenazado la integridad y patrimonio de las víctimas. Refirió que de acuerdo con funcionarios de policía, en el 2008 alrededor del 80 por ciento de 10 mil compañías de seguridad privada operaba de manera informal a lo largo del país. La mayoría de estas empresas estaba a cargo de exmilitares o exfuncionarios de los cuerpos policiacos federales y estatales. Sin embargo, aclaró que las firmas privadas “también pueden crear serios problemas, ya que al tener conocimiento de las familias, los negocios, las rutinas y las vulnerabilidades, se les confiere la oportunidad de extorsionar a sus empleadores”. El legislador reconoció que si bien el mercado de la seguridad privada en México se ha valorado en 240 mil millones de pesos, también cuenta con puntos álgidos que dan cabida a suplantaciones de guardias o filtraciones de delincuentes. Es decir, su valor equivale a 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México, y contempla la contratación de guardias, blindajes de unidades y adquisición de equipo de rastreo, entre otros, agregó. Mencionó que de acuerdo con la Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad Privada y Similares de los Servicios del Ramo (Conesprysir), hay entre 8 mil y 10 mil negocios de este tipo, tomando en cuenta los formales e informales, donde laboran un millón 50 mil guardias; de ellos, 600 mil pertenecen a compañías de las llamadas “patito”, lo cual representa un gran peligro para la propia seguridad del Estado. Indicó que el costo promedio de un guardia se ubica entre los 13 mil o 14 mil pesos mensuales, mientras que en la informalidad es de 6 mil. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, 40 por ciento de estas empresas en el país son informales, lo cual representa que más de 4 mil compañías no tengan ningún respaldo de la autoridad y cuenten con los mínimos filtros para la contratación de sus elementos. Por ello, estimó que es necesario contemplar en la Ley Federal de Seguridad Privada la obligación, por parte del Estado, de contar con instituciones de seguridad privada confiables y efectivas, con estándares de calidad y con servicio eficiente. Lo anterior, a fin de implementar y fortalecer una política de Estado en materia de seguridad, ante la evidente fragilidad e incapacidad de contar con un mecanismo que permita reorganizar su población objetivo, en función del número total de empresas registradas e identificadas; de la cifra de empresas con autorización vigente; de la cantidad de empresas con alguna resolución derivada de visitas de verificación; de su ubicación geográfica y tamaño, así como de los recursos de que disponga.


Link a la nota:

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-242713

Medio: El Heraldo (Tabasco, México)

Fecha: 22 de diciembre


Urge regular el servicio que ofrecen empresas de seguridad privada: PRI

La diputada del PRI, Mirella Zapata Hernández, afirmó que es importante que en la Comisión de Seguridad Pública se analice la iniciativa que presento para hacer reformas a la Ley de Seguridad Pública del estado y regular el servicio que prestan las empresas de seguridad privada en la entidad.

Dijo que se tiene que meter en orden a estas empresas porque son las encargadas de reguardar empresas y casas particulares, y muchas veces el personal que contrata no cuenta con la preparación adecuada.

Destacó que tienen información en el sentido que en Tabasco se encuentran prestando ese servicio 80 empresas de seguridad privada, de las cuales la mitad funcionan de manera irregular.

Indicó que el personal no cuenta con la capacitación adecuada para hacer frente a la delincuencia y por lo tanto es necesario que se regulen dichas compañías.

Mencionó que sobre todo se les debe exigir a estas empresas que el personal no cuente con antecedentes penales, ya que es muy riesgoso que los contraten cuando han tenido problemas con la justicia.

Añadió que es importante que sesione la Comisión de Seguridad Pública del Congreso Local para que se analice la iniciativa que presento y pueda llevarse a cabo la reforma que sin duda traerá muchos beneficios.

Zapata Hernández, señaló que también se encuentra impulsando la iniciativa con proyecto de decreto mediante la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco, a fin de que se consideren los mismos conceptos de equidad, perspectiva y transversalidad de la equidad y género, que se destacan en la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y se concentren acciones para generar la igualdad entre hombres y mujeres, con el objetivo de afianzar la democracia social.

Dijo que es necesario armonizar las leyes de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y la de Planeación, ambas estatales, para que sean compatibles con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.


Link a la nota:

http://www.oem.com.mx/elheraldodetabasco/notas/n3648664.htm

Medio: La Nación (Argentina)

Fecha: 23 de diciembre


Piratas del asfalto: en la Argentina se roban cinco camiones por día

La inseguridad en las rutas es el terror de las empresas de transporte; se estima que los asaltos dejan pérdidas anuales por unos 1500 millones de pesos.

Mediodía en Barracas. Dos delincuentes interceptan el paso de un camión. A los gritos y armados, le exigen al chofer que les entregue los remitos con la descripción de la carga. Comienzan a leer...y se sorprenden: "¿¡Cómo que llevás solo plasticola!?", le grita uno de los ladrones. Su cómplice se resigna: "Nos equivocamos; era el otro camión, el que pasó antes".

No es ficción. Fue uno de los 1820 hechos de piratería del asfalto ocurridos entre agosto de 2013 y julio pasado en el país, donde, en promedio, se roban cinco camiones por día, lo que deja pérdidas por 1500 millones de pesos anuales.

"Es un delito organizado, como el narcotráfico. Se mueve por una matriz económica alimentada por la demanda. No se roba lo que no se vende", dice a LA NACION el abogado Gabriel Iezzi, de la Mesa Interempresarial de Piratería del Asfalto.

Esa mesa está integrada por ochenta empresas de la cadena de logística que, en mayor o menor medida, se ven perjudicadas por la acción de las bandas.

Según el último informe publicado por www.pirateriadecamiones.com.ar, el 67 por ciento de los hechos denunciados ocurrió dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires; el 17,5%, en la ciudad de Buenos Aires, y el 15,5%, en el interior del país.

"No se roba un camión que no transporte menos de 250.000 pesos en mercadería. Además, no hay bandas que salgan a cometer un hecho sin inhibidores de señal", agrega Iezzi. Los inhibidores de señal, vale aclararlo, son dispositivos electrónicos que anulan toda posibilidad de comunicación entre el camión y su base.

La mafia de la piratería del asfalto es una de las máximas preocupaciones que tienen los empresarios transportistas.

Para evitar grandes golpes, comenzaron a tomar diferentes medidas de seguridad, como la contratación de camiones blindados o dividir la carga en camionetas utilitarias para, en caso de ser víctima de un robo, atemperar el impacto de las pérdidas.

"En los grandes delitos encontramos un patrón común: realizan el operativo para detener, secuestrar y sustraer el convoy (camión y vehículo o vehículos de custodia) de forma sorpresiva y duplicando la cantidad de unidades para lograr el objetivo. Por lo general, se camuflan con uniformes policiales para distraer la atención de terceros. Luego de la neutralización del convoy se realiza rápidamente una maniobra de reducción sobre el personal de custodia y el chofer del camión, para luego privar de la libertad a éstos y liberarlos varias horas después", explican desde Securitas Argentina.

Ningún rubro está a salvo de los piratas del asfalto. Pero el triste ranking del sector que más robos sufrió entre el 1° de agosto de 2013 y el 31 de julio pasado lo encabezan los empresarios dedicados a los productos comestibles y alimentos, con un 25 por ciento de los hechos. El segundo puesto de ese ranking lo "ganó" la industria del calzado, con un 18%; después siguen los artículos de limpieza y cosméticos, con 17%; el cuarto lugar lo ocupan los electrodomésticos, con un 13%; los agroquímicos, con 5%; medicamentos, con 3%; neumáticos, otro 3%; artículos de librería, 2%, y otros, 2 por ciento.

No son improvisados los delincuentes que se dedican a esta modalidad delictiva. Son bandas profesionales que cuentan con información privilegiada de su potencial objetivo.

"Las organizaciones criminales que se dedican a la piratería del asfalto tienen un funcionamiento similar al de una empresa: tienen un gerente o CEO, que es el que encarga el trabajo según la demanda; un grupo armado que se dedica a dar el golpe, conocido como «los gatilleros», y el último eslabón es el informante, la persona que a cambio de un dinero importante entrega información sobre la carga y el camión que la transporta", afirmó Iezzi, que junto con su socio Víctor Varone y la mesa interempresarial hizo seis informes anuales desde 2009 con el mapa del delito de esta modalidad.

Una fuente que pidió reserva de su nombre afirma que los piratas del asfalto llegaron a pagar 20.000 pesos por la información sobre la mercadería transportada y la ruta elegida. "Generalmente el informante es un empleado infiel. A los llamados «gatilleros» se les paga entre 40.000 y 60.000 pesos por golpe."

Una fuente que investiga varios hechos de piratería del asfalto agrega: "El CEO les encarga el trabajo a los «gatilleros» según los pedidos que tiene. Después depositan la mercadería en los galpones que tienen a su disposición para «enfriar» la carga".

La semana pasada, la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza de la policía bonaerense logró recuperar 97 lavavajillas industriales, 600 cajas de champú, 80 cajas de zapatos, 200 mesas de camping portátil, 400 sillas de camping, 80 anafes, 700 mochilas de baño, 30 palets de latas de pintura y 20 sillas de peluquería.

Los detectives detuvieron a cuatro sospechosos en dos allanamientos hechos en el barrio San Alberto, de La Matanza, y en Villa Soldati, en la ciudad de Buenos Aires.

La mercadería recuperada era el botín de varios golpes protagonizados por la banda. La investigación de la policía bonaerense y del fiscal Adrián Arribas comenzó después de que una empresa denunciara el robo de su carga en el barrio de La Boca.

"Los piratas del asfalto roban mercadería que saben que pueden ubicar fácilmente. Hay delincuentes que se encargan de reducir el botín", sostiene a LA NACION el fiscal Facundo Flores, a cargo de la fiscalía especializada contra la piratería del asfalto de Zárate-Campana, creada para combatir un delito que parecía no tener freno.

Desde la creación de la fiscalía, según Flores, se redujo este tipo de delito en la zona de su jurisdicción un 300 por ciento. "Pero en el último tiempo hubo un repunte de los hechos de piratería del asfalto. Es una época del año donde se traslada más mercadería y entonces las bandas salen a la calle en busca de dar golpes", agregó el representante del Ministerio Público, que logró desbaratar a tres organizaciones importantes integradas por 50 delincuentes.

En uno de los casos que investigó el fiscal Flores no sólo pudieron detener a los delincuentes que se apoderaron de una importante carga de calzado deportivo, sino que también llegaron hasta el comercio donde vendían la mercadería robada, informaron fuentes judiciales.

Zona caliente

Tanto el sur del conurbano bonaerense como la zona sur de la ciudad de Buenos Aires son una zona caliente de la piratería del asfalto. Según www.pirateriadecamiones.com.ar, en el sur del Gran Buenos Aires se produce el 43 por ciento de los golpes a vehículos que transportan mercaderías. La zona norte, en cambio, sólo tiene el 15 por cuento de los hechos, y el Oeste quedó segundo, con 42%.

Los barrios de Parque Patricios (23%), Villa Soldati (17%), Nueva Pompeya (13%) y Barracas (10%) suman el 60 por ciento de todos los robos que ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires entre el 1° de agosto de 2013 y el 31 de julio pasado.

Las estadísticas que maneja la Mesa Interempresarial de Piratería del Asfalto coinciden con los números que tiene la Procuración General de la Nación (PGN) de los delitos de piratería del asfalto en la ciudad de Buenos Aires, a los que LA NACION tuvo acceso, y también registran los barrios de la zona sur porteña como el lugar donde se producen más hechos de esta metodología.

Según los números del Ministerio Público Fiscal, mayo pasado fue el mes con más hechos de piratería del asfalto: 51 robos y otros tres intentos que no lograron consumarse. Los restantes meses del año la cantidad de golpes es similar (entre 35 y 39), salvo enero y junio últimos, con 25.

Según dos fuentes judiciales consultadas, uno de los motivos de que la zona sur de la ciudad sea blanco preferido de los piratas del asfalto es la gran cantidad de galpones que hay donde "enfrían" la mercadería.

"La piratería del asfalto es un delito de criminalidad organizada y hay mucho robo a pedido", afirmó a LA NACION la fiscal María Cristina Caamaño.

La representante del Ministerio Público Fiscal es la titular de la Dirección de Gestión Operativa de Casos (Digoc), y el 9 de este mes organizó un encuentro entre representantes de importantes empresas, fiscales y funcionarios de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos porteño, donde se debatió el problema de la piratería del asfalto y se habló de medidas que podrían colaborar para disminuir la cantidad de golpes.

"Queremos voltear el mito de que los fiscales no hacemos prevención; la podemos hacer. Pero primero debemos saber cuál es el conflicto", afirmó a LA NACION Caamaño.

Una de las conclusiones a las que se llegó en la reunión fue "explorar qué pasa en cada zona y en determinados horarios. Por ejemplo, la mayoría de los golpes de los piratas del asfalto ocurrieron entre las 8 y las 12 en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires".

Según publicó el sitio de Internet de la PGN, www.fiscales.gob.ar, Caamaño "explicó que para combatir el delito debe haber una estrategia en común, que no lleve a ver un hecho aisladamente, sino dentro de una estructura criminal compleja".

Los empresarios, según explicaron fuentes que participaron de la reunión, contaron distintas medidas que tomaron después del encuentro con autoridades de la provincia de Buenos Aires, como "colocar las patentes de los vehículos de carga en gigantografías para su rápido reconocimiento por las fuerzas de seguridad, y agregaron que sería importante la existencia de controles en las subidas y bajadas de las autopistas".

"Transportar mercadería en un camión blindado y con personal de seguridad armado es una herramienta importante para prevenir ser víctima de los piratas del asfalto. Desde que pusimos a disposición de los clientes este servicio [llamado Carga Segura] no fuimos víctimas de esta modalidad delictiva", sostiene a LA NACION Néstor Morena, director comercial de Brinks, empresa que cuenta con 11 camiones blindados.

En otra de las empresas de seguridad que trabajan contra la piratería del asfalto, Securitas Argentina, explicaron: "Con la tecnología remota de última generación podemos activar cortes de combustible ante la falta de comunicación de los móviles monitoreados; contamos con sistemas de apertura asistida, que ante la falta de señal no abren las puertas de la unidad siniestrada, y reportes de comunicación previamente programados, que nos permiten, a través de nuestro software, contar con información en tiempo real de las flotas que custodiamos", informaron desde la firma.

Contra la piratería del asfalto, en Prosegur hacen un análisis de la mercadería a trasladar y la ruta: "Se elabora un sistema de seguridad adecuado a la necesidad de cada cliente. El tipo de cobertura va a estar relacionado con la ruta, el valor de la carga y el requerimiento del seguro. También disponemos de móviles y personal propio para realizar custodias de la mercadería en tránsito, como también el reconocimiento de la zona mediante un móvil rápido de avanzada. Todos los custodios están convenientemente armados y equipados con medios de comunicación y geoposicionamiento", explican voceros de la empresa.

Años atrás, después de sufrir varios robos, una primera marca de indumentaria deportiva tomó la decisión de dividir en camiones su mercadería: en un vehículo iba el calzado derecho; en otro, el izquierdo. A los piratas del asfalto no les servía ese botín, no tenían nadie que les comprara la mercadería. Fue el principio de la lucha contra esta modalidad delictiva.


Link a la nota:

http://www.lanacion.com.ar/1754780-piratas-del-asfalto-en-la-argentina-se-roban-cinco-camiones-por-dia

Medio: Radio Intereconomía (España)

Fecha: 23 de diciembre


Reprochan que 10 años después del 11M Interior olvide a vigilantes seguridad

El sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada ha denunciado hoy que diez años después de los atentados del 11M el Ministerio del Interior sigue olvidándose de los vigilantes de seguridad a los que nunca se ha homenajeado, aunque fueron los primeros en auxiliar a los heridos.

En un comunicado, Alternativa Sindical reitera que esta reivindicación, emprendida hace una década, sigue sin tener respuesta, a pesar de que reconocer el trabajo de los vigilantes de seguridad el 11 de marzo de 2004 en Atocha es "justo y de derecho".

Alternativa recuerda que tanto después de los atentados como tras diez años, los diferentes responsables de Interior han agradecido públicamente la "valentía, esfuerzo y sacrificio" de los servicios de emergencias, policías nacionales, municipales, así como personal de Protección Civil, mientras que se olvidaron de los vigilantes.

Fueron estos trabajadores, insiste el sindicato, los primeros en acudir en auxilio de los heridos y en facilitar la evacuación de los trenes antes de la llegada de los efectivos de las fuerzas de seguridad.

Por este razón, a finales de marzo el sindicato recuerda en sendos escritos a la Delegación del Gobierno y la Secretaría de Estado de Seguridad sus reivindicaciones, que solo son contestadas por la delegada en Madrid, Cristina Cifuentes, quien informa que ha dado traslado de la queja a Interior.

Sin embargo, Alternativa Sindical denuncia que todavía ningún responsable del departamento que dirige Jorge Fernández Díaz se haya puesto en contacto con ellos, tras lo cual han emprendido contactos con los grupos parlamentarios para que conozcan su situación.

"No vamos a cejar en nuestro empeño hasta que los vigilantes de seguridad que prestaban servicio aquel fatídico día en Atocha no sean reconocidos públicamente", concluye.


Link a la nota:

http://www.radiointereconomia.com/2014/12/23/reprochan-que-10-anos-despues-del-11m-interior-olvide-a-vigilantes-seguridad/

Medio: La Información (España)

Fecha: 23 de diciembre


Condenan a pagar 40.000 euros a un banco porque sus cámaras exteriores recogían imágenes de la vía pública

La Audiencia Nacional ha condenado a pagar 40.001 euros a un conocido banco porque sus cámaras de seguridad exterior de dos de sus oficinas recogiesen imágenes de las vía pública y de los peatones sin su autorización expresa, hecho que vulnera el artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Concretamente, dichas oficinas están situadas en la calle Velázquez de Madrid y en el Paseo de Gracia de Barcelona.

La sentencia dictada por la Audiencia Nacional al conocer del recurso presentado por la entidad contra la resolución de la Agencia explica que "la conducta por la que ha sido sancionado banco consiste en el tratamiento de datos de carácter personal sin el consentimiento de sus titulares, mediante la grabación de sus imágenes a través de un sistema de videovigilancia y mediante cámaras instaladas en el exterior de dos edificios de su propiedad que captaban imágenes en la vía pública".

Un hecho que para la ley está catalogado como "infracción grave" y que ha podido suponer a la entidad el pago de una multa de hasta 300.000 euros.

El banco justificó el tratamiento de los datos personales, "derivado de la colocación y funcionamiento de las cámaras de videovigilancia situadas en el interior de las sucursales, sin consentimiento de cada uno de los afectados, en la cobertura legal que ofrece el artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1992 de Protección de la Seguridad Ciudadana".

Esta ley permite que el Ministerio del Interior ordene la adopción de las medidas de seguridad necesarias en establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios, para prevenir la comisión de los actos delictivos que se puedan cometer contra ellos, cuando generen riesgos directos para terceros o sean especialmente vulnerables.

El banco también incluyó en el recurso el hecho de que las cámaras instaladas no grababan las imágenes, sino que "tenían por objeto controlar el acceso al edificio donde se encuentra la sede social de la entidad, por lo que respecta a las de la calle Velázquez de Madrid, y poder visualizar lo que ocurre en el exterior de la oficina bancaria cuando se encuentran bajadas las persianas blindadas instaladas para proteger la sucursal y a sus empleados y así comprobar que haya desaparecido el peligro, por lo que atañe a las instaladas en el Paseo de Gracia de Barcelona".

Ante esto, la Audiencia Nacional considera que "la instalación de un circuito de captación o recogida de imágenes a través de las cámaras de vigilancia instaladas por la entidad recurrente en el interior y en el exterior de sus establecimientos, que recogen imágenes de personas y vehículos que transitan por la vía pública, al margen y con independencia de su grabación o conservación, conlleva un tratamiento de datos de carácter personal, sujeto a las exigencias del artículo 6 de la LOPD".

"El hecho de que las imágenes captadas pro las cámaras exteriores no fueran grabadas y almacenadas no enerva la gravedad de su conducta que se encuentra caracterizada, por una parte, por el hecho de que la captación se lleve a cabo sobre las personas que circulan por la vía pública y, por otra, por las propias características de la entidad recurrente, que habitualmente realiza tratamientos de datos personas de notable relevancia y volumen, por lo que cabe exigirle un especial cuidado y diligencia en el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales; a lo que cabe añadir el carácter continuado de la infracción cometida", alega el juez.

Pese a todo lo alegado por la entidad, la Audiencia Nacional ratificó la decisión tomada por la Agencia Española de Protección de Datos y le impuso el pago de una multa de 40.001 euros.

Verónica Alarcón, abogada especializada en protección del honor y la intimidad de la firma ePrivacidad, explica que "a pesar de que la entidad debería contar con el consentimiento de los titulares de las imágenes, la nueva Ley de Seguridad Privada, en vigor desde el pasado mes de junio, habilita la utilización de cámaras que tomen imágenes de espacios públicos con fines de seguridad privada si se contempla en su normativa específica, previa autorización administrativa".


Link a la nota:

http://noticias.lainformacion.com/politica/proteccion-de-datos/condenan-a-pagar-40-000-euros-a-un-banco-porque-sus-camaras-exteriores-recogian-imagenes-de-la-via-publica_yxKJJZCIjCdP9d2IurHeW4/

Medio: La Nueva España (España)

Fecha: 24 de diciembre


La Guardia Civil reemplazará a la seguridad privada en los Juzgados de Oviedo

La Guardia Civil será la encarga de realizar la vigilancia en los edificios de los juzgados de Oviedo, en lugar de los servicios privados que la venían realizando hasta ahora. Una decisión que, a pesar de "esperada", no ha sentado bien a las asociaciones de vigilantes. "Dicen que es por una cuestión económica, pero no es así. No está demostrado que poner a la Guardia Civil o a la Policía sea más barato que contratar a una empresa privada", asegura Jorge Cuesta, coordinador general de la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (AVISPA).

El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, anunció ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, una ampliación al convenio de colaboración suscrito en el mes de julio entre el Principado y el Ministerio del Interior sobre la vigilancia de los edificios de la Administración de Justicia en Asturias. Ya durante este año la Guardia Civil se encargó de la protección del Tribunal Superior de Justicia, del Instituto de Medicina Legal, del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, y del Juzgado y la Fiscalía de Menores. A partir de enero, se encargará también de los juzgados del edificio de Llamaquique.

"En este año, el Gobierno Regional ha quitado un millón y medio de euros del presupuesto destinado a vigilancia privada. No estamos en contra de optimizar recursos, pero esto es un hachazo a un colectivo. Además, estas medidas traen consigo problemas de seguridad", explica Cuesta.


Link a la nota:

http://www.lne.es/asturias/2014/12/24/guardia-civil-reemplazara-seguridad-privada/1690442.html

Medio: El Heraldo (Colombia)

Fecha: 24 de diciembre


Que los ladrones no festejen el Fin de Año en su casa

Salir de vacaciones, ir a comer a casa de familiares, comprar regalos o simplemente celebrar con los seres queridos son algunos de los planes más comunes en estos  días. Disfrutarlos sin tomar las medidas de seguridad básicas nos puede hacer ‘bajar la guardia’ y permitirles a los amigos de lo ajeno hacer su fiesta en nuestra casa y con las pertenencias que con tanto trabajo hemos conseguido.

Recibir el nacimiento del Niño Dios y el Año Nuevo de forma grata, sin complicaciones y mucho menos tragedias que lamentar depende en gran medida de las precauciones que tomemos. Si bien las autoridades tienen el deber de protegernos, en cada uno de nosotros también recae la responsabilidad de facilitarles su trabajo.

En esto coincide el coronel Édgar Enrique Muñoz, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, y el asesor en seguridad privada Luis Gonzalo Lindarte. Ambos nos regalaron las siguientes recomendaciones “básicas”, para asegurar un diciembre tranquilo a las familias y sin hechos graves que lamentar. No dar ‘papaya’ es la consigna.


Viviendas seguras.

Muchas personas acostumbran en estos días realizar mejoras en sus casas y esa actividad es una en las que más ‘papaya’ se da. Afirma el oficial que para estos trabajos se deben buscar individuos que usted ya conozca o que sean recomendados por gente de confianza.

Asimismo —señala el coronel— no deben quedar niños solos en la vivienda porque estos son presa fácil de timadores que se enteran por medio de llamadas telefónicas, por ejemplo, que los menores están sin la supervisión de  un adulto responsable.

El uniformado también aconseja a los que van a salir de vacaciones que refuercen puertas y ventanas. “Igualmente trate de dejar recomendado el inmueble a gente de confianza. En lo posible deje una persona que cuide la vivienda y sea discreto al manifestar su intención de viaje”.

Si  contrata servicio doméstico o de vigilancia —explica el alto oficial— se deben verificar sus datos y referencias para establecer plenamente su identidad y que no tenga antecedentes por hurto y otros delitos graves.

Los vecinos deben avisar a la Policía la presencia de personas sospechosas y prevenir el hecho delictivo antes de que ocurra.

Por otro lado, también es vital mantener buenas relaciones con los vecinos, tener sus números telefónicos e informar sobre comportamientos extraños de personas que nunca se han visto en la cuadra. En pocas palabras: “cuidarse las espaldas los unos a los otros”.


Suplantación


Según el asesor en seguridad privada Gonzalo Lindarte, una de las trampas más usadas por los delincuentes es hacerse pasar por empleados de empresas de servicios públicos para poder ingresar a las casas o conjuntos residenciales.

“Los ladrones obtienen con facilidad elementos característicos (overoles, cascos y escaleras) que les permite suplantar a los funcionarios y desplazarse por las calles sin llamar la atención. Por ningún motivo se debe permitir su entrada y verificar con la compañía las identidades de los supuestos empleados”.


Barreras


Rejas

Obstáculos como rejas o barreras de aluminio impiden y dificultan  al máximo el acceso a un inmueble. Estas se deben mantener en buen estado.


Alarmas

La instalación de cámaras con sistema de alarma son de mucha ayuda. Estas tienen un software que envía un correo ante movimientos sospechosos.


Sensores

Estas cámaras que se encuentran fácilmente en el mercado tienen sensores de movimiento que envían fotos en tiempo real al correo del dueño del inmueble. Su costo es de $1.500.000 incluido el grabador de DVR y un disco duro.


Tres de las tretas más usadas por los delincuentes

Según Gonzalo Lindarte, capacitador de Seguridad Privada y exfuncionario de la Unidad Nacional de Protección, estas son algunas de las tretas más comunes que emplean los delincuentes para entrar en las viviendas:


Falso comprador.

Si usted planea vender o arrendar su inmueble, mucho ojo, los atracadores simulan el interés por cerrar el negocio con el fin de acceder al conjunto residencial y así cometer hurtos en su casa y las de sus vecinos.


Llamada millonaria.

Mediante maniobras engañosas los delincuentes convencen a alguna persona presente en la vivienda, de que su empleador o pariente tiene problemas legales, por lo que es necesario que le dé objetos de valor como joyas y aparatos tecnológicos. Luego un supuesto abogado llega hasta la residencia y recoge los elementos.


Falso vecino.

Con el fin de analizar los hábitos de la víctima, los delincuentes toman en arriendo un inmueble contiguo, utilizan personas especializadas en apertura de candados y cerraduras de seguridad, escalan paredes y desactivan alarmas para ingresar a la residencia.


Link a la nota:

http://revistas.elheraldo.co/miercoles/actualidad/que-los-ladrones-no-festejen-el-fin-de-ano-en-su-casa-132863

Medio: ABC (España)

Fecha: 26 de diciembre


UGT denuncia la contratación de la seguridad privada en centros de menores

El sindicato UGT ha denunciado ante la Delegación de Gobierno, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la empresa Alcor Seguridad, contratada por el Gobierno del Principado mediante subasta para vigilar el Centro de Menores de Sograndio, el Materno Infantil, el centro de Miraflores y juzgados.

Según UGT, la empresa no dispone de delegación homologada en Asturias, norma que exige la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada y que también figura como exigencia en los pliegos de condiciones que marca la contratación de los servicios de seguridad.

Además, asegura que durante el año 2014 no ha dado ninguna formación obligatoria y que las condiciones de trabajo de los Vigilantes de Seguridad en el Centro de Miraflores en Noreña están generando conflictos laborales.

El sindicato afirma además que el Gobierno fue advertido por los sindicatos mayoritarios del sector de seguridad con tiempo suficiente del riesgo que podía significar la adjudicación de estos servicios "tan delicados" a empresas como Alcor Seguridad.


Link a la nota:

http://revistas.elheraldo.co/miercoles/actualidad/que-los-ladrones-no-festejen-el-fin-de-ano-en-su-casa-132863

 
Resumen Semanal de Noticias del Sector Del 12 al 19 de diciembre de 2014 PDF Imprimir E-mail

Resumen Semanal de Noticias del Sector

Del 12 al 19 de diciembre de 2014

Medio: El Observador (Uruguay)

Fecha: 12 de diciembre


Guardias de seguridad privada trancan entrada a bancos en Ciudad Vieja

Los trabajadores pertenecen a la empresa G4S y reclaman entre otras por el envío al seguro de paro de personal sindicalizado. También manifestarán frente a la ANV.

Trabajadores agremiados en la Unión Nacional de Trabajadores de la Seguridad (UNATRASE) trancarán este mediodía las entradas a las sucursales de los bancos ITAÚ y BBVA de Ciudad Vieja, así como el local de la Agencia Nacional de Viviendas (ANV), en rechazo al despido, a su entender injustificado, de un delegado del gremio de la empresa G4S y el envío al seguro de paro de trabajadores sindicalizados, según informaron en un comunicado. También reclaman la utilización de “tácticas abusivas en la gestión humana”.

“En lugar de motivar a los trabajadores a superarse se usan tácticas dictatoriales en las que lo único que se generan son sanciones. Costumbres apegadas a algunos de los mandos medios de G4S”, añade. Denuncian que entre las “tácticas” se utilizan “aturdidores” para reprimir sus manifestaciones pacíficas.

Los trabajadores de G4S se oponen además a la colocación de “elementos que vulneran la intimidad de los trabajadores”, como cámaras y micrófonos en sus lugares de trabajo. “Tienden a agregar elementos de coerción al relacionamiento laboral, buscando que el trabajador se cuide de lo que piensa, lo que dice y lo que hace”, señalan en el comunicado.

El vocero del sindicato, Mauricio Ibáñez, confirmó a El Observador que la medida se extenderá por al menos dos horas. No permitirán entrar, colocarán pancartas y enlentecerán el tránsito.


Link a la nota:

http://www.elobservador.com.uy/noticia/293951/guardias-de-seguridad-privada-trancaran-entrada-a-bancos-en-ciudad-vieja/

Medio: Milenio (México)

Fecha: 12 de diciembre


Seguridad privada a bancos

Por Jorge Alonso Guerra

Los tiempos cambiaron radicalmente, todavía hace algunos años era raro escuchar de un asalto bancario, pero ante la creciente ola de delincuencia que se está moviendo a nivel nacional, es conveniente que se implementen estrategias para inhibir este delito y una de ellas es la que recomiendan las autoridades policíacas, que las instituciones bancarias contraten seguridad privada en cada sucursal aunada a un circuito cerrado de cámaras de alta resolución, es decir, que cuando las evidencias sean revisadas por las autoridades no encuentren únicamente fotografías y videos borrosos de baja resolución, como en la gran mayoría de los casos.Las instituciones crediticias, están renuentes a contratar este servicio de seguridad privada, argumentando que cuentan con seguro para  casos de contingencia y que en última instancia les sale más barato el pago de dicho seguro que la remuneración y prestaciones a los guardias privados, pero con ese egoísta criterio nadamás están pensando en lo pecuniario, sin tomar en cuenta la integridad física tanto de sus clientes como del mismo personal, donde en un momento dado alguna persona puede salir herida o peor aún, puede ocurrir un deceso.Los guardias privados pueden estar en el interior del mismo banco, caso contrario a los policías municipales, que su función es la seguridad pública, (hay excepciones como banco Inbursa que si cuenta con policías armados  municipales dentro del banco)  es decir, que su trabajo debe desarrollarse  en el exterior de dicha institución, claro está que en caso necesario deben de entrar. El trabajo de dichos guardias privados, es impedir un  posible delito y poner orden al interior de la institución.Como es posible que muchos establecimientos de menor capacidad económica que los bancos -centros comerciales- cuenten con dicho servicio, tanto de seguridad privada como circuito cerrado. Es por esto que las diferentes cámaras ya sea de comercio o industria deben  exigir que se implemente éste servicio, y los futuros diputados federales también deben de proponer que se legisle al respecto para que sea obligatoria dicha medida, todo esto en beneficio de los clientes, como del personal bancario, porque el seguro efectivamente paga lo sustraído de la institución y en un momento dado si alguien resulta herido o muerto, pero lo que se trata es de que dicha contingencia no ocurra, sobretodo en temporada alta como es la decembrina.  Porque una vida sin comparación, es más importante que cualquier remuneración pagada por una póliza de seguro.OTROSÍ DIGO. Las filas bancarias VIP o Premier, son violatorias de los derechos sustantivos, pues dan trato preferencial a determinados clientes. Pero también los ponen en riesgo, al ubicarlos como gente pudiente.


Link a la nota:

http://www.milenio.com/firmas/jorge_alonso_guerra/Seguridad-privada-bancos_18_426137388.html

Medio: La Información (España)

Fecha: 15 de diciembre


Carolina Laspiur, nueva directora de Recursos Humanos de Grupo Segur

Grupo Segur, compañía de seguridad privada creada en 1978, ha nombrado a Carolina Laspiur nueva directora de Recursos Humanos.

Laspiur, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, inició su carrera profesional en 1989 en el despacho Dunlavay & Rosin. Desde 1990 y hasta su incorporación en Grupo Segur, ha ejercido como abogada especializada, principalmente en la Jurisdicción Social en el despacho Laspiur, de Martín, Castañeda y Asociados.

En 2007 entró a formar parte de Segur como jefe del área de asesoría jurídica laboral, responsabilidad que ha ejercicio hasta la fecha.

Durante su trayectoria profesional, Carolina Laspiur ha liderado el área de consultoría legal y ha asesorado a todos los departamentos y direcciones territoriales de la compañía.

Además de establecer las estrategias de asesoramiento y coordinar la representación de las sociedades ante los órganos gubernativos y judiciales, el departamento legal ha representado y asistido, bajo su dirección, a los trabajadores en los incidentes judiciales derivados de su actividad laboral.

También ha participado en la definición y ejecución de las relaciones laborales con los comités de empresa, delegados de personal y las distintas secciones sindicales.

Este nombramiento se enmarca dentro del objetivo de la compañía, la tercera empresa de seguridad privada más importante en España, de otorgar mayor importancia a la gestión de las personas, que se plasma en el desarrollo de estrategias de política interna para implicar, motivar, formar, desarrollar y recompensar a los más de 8.000 profesionales que día a día aportan su esfuerzo al grupo.



Link a la nota:

http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/carolina-laspiur-nueva-directora-de-recursos-humanos-de-grupo-segur_BqjFr4Q97SJpHgXN6Mwfu5/

Medio: Sin Mordaza (Santa Fé, Argentina)

Fecha: 14 de diciembre


Hirieron a un vigilador en una estación de servicio

Sucedió a las tres de la madrugada en la estación de la avenida Blas Parera y Estanislao Zeballos.

Este domingo, alrededor de las tres y media de la madrugada, dos delincuentes llegaron en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos e ingresaron a asaltar la estación de servicio ubicada en la esquina noroeste de la intersección que forman la avenida Blas Parera y Estanislao Zeballos.

Un vigilador de una agencia de seguridad privada que custodia el local, resistió el accionar de los delincuentes. En ese momento se generó un enfrentamiento a balazos y como consecuencia de los tiros, el trabajador resultó con un impacto de bala en su abdomen.

El vigilador herido, identificado como Eusebio Jorge Gorosito de 58 años, fue socorrido por el playero de la estación de servicio Bioenergía - Rose, e inmediatamente el suceso fue denunciado a la central policial 911. En minutos arribaron policías del Comando Radioeléctrico, la 5ª inspectoría zonal, la comisaría 10ª y el Cuerpo Guardia de Infanterìa. Simultáneamente una ambulancia trasladó a Gorosito al hospital Cullen. Allí fue recibido por los médicos de la Emergentología en el shock room para pacientes en estado crítico, y luego decidieron operarlo de urgencia. Finalizada la intervención quirúrgica fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva.

La jefatura de la UR 1ª La Capital, asignó la investigación de este grave suceso a la agrupación de Unidades Especiales, que monitorean las cámaras de videovigilancia ubicadas estratégicamente en ese sector de la ciudad como las propias de la estación de servicio. Al menos uno de los delincuentes que permanecen prófugos estaría reconocido.


Link a la nota:

http://www.sinmordaza.com/noticia/276827-hirieron-a-un-vigilador-en-una-estacion-de-servicio.html

Medio: 20 Minutos (España)

Fecha: 16 de diciembre


El Govern insiste en la necesaria colaboración entre seguridad pública y privada

La directora general de Administración de Seguridad de la Conselleria de Interior, Maite Casado, ha insistido este martes en Lleida en que debe haber coordinación, colaboración y complementariedad entre seguridad pública y privada, y ha señalado que "el modelo de colaboración lo establece la seguridad pública".

La directora general de Administración de Seguridad de la Conselleria de Interior, Maite Casado, ha insistido este martes en Lleida en que debe haber coordinación, colaboración y complementariedad entre seguridad pública y privada, y ha señalado que "el modelo de colaboración lo establece la seguridad pública". El Govern insiste en la necesaria colaboración entre seguridad pública y privada Ampliar foto Casado ha inaugurado una jornada de la Conselleria de Interior sobre las novedades de la ley de seguridad privada, y ha explicado que esta norma consolida y reconoce el papel de la Generalitat dentro de la seguridad privada. "La seguridad privada es una pieza muy importante dentro del sistema de seguridad pública de Catalunya, donde los Mossos, policías locales y agentes de la seguridad privada trabajan coordinadamente", ha afirmado. Casado ha destacado la importancia del papel de la prevención en términos de seguridad: "La prevención es la evolución de la seguridad, no sólo la reacción". En su intervención, ha agregado que tanto la seguridad pública como la privada deben estar al servicio de las personas, "especialmente de los colectivos más vulnerables".


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http://www.20minutos.es/noticia/2326337/0/govern-insiste-necesaria-colaboracion-entre-seguridad-publica-privada/

Medio: Milenio (México)

Fecha: 16 de diciembre


Ciudades privatizadas

Por Luis Petersen Farah

Seguros. Todos los ciudadanos tenemos derecho a estar seguros y el Estado tiene la obligación de proporcionar esa seguridad.

Claro que, si el gobierno no da garantías, hay que buscar fórmulas alternativas. La gente pone rejas a la entrada y protecciones en las ventanas de su casa, perros en el patio, bardas altas y picos sobre las bardas. O contrata alarmas y guardias. En estos años de zozobra también ha habido quien salga ganando: toda una industria de la seguridad privada.

En medio de todo eso ha surgido también la moda de las colonias privatizadas. Los habitantes se organizan como pueden, cierran las calles de acceso, contratan un guardia e impiden el paso a quienes no tienen asunto claro en algún domicilio de más allá de las vallas.

El argumento es que entre menos gente pase por sus calles, menos atracos habrá. Y algunos se aventuran a decir que, si llegara a haber alguno, hay mayores posibilidades de que lo pesquen a la salida.

A partir de mañana el Congreso determinará cuáles son los requisitos y las condiciones para cerrar una colonia, con plumas, macetones, murallas o lo que sea.

Evidentemente, los diputados deberían estar concentrados en el cumplimiento de las garantías de seguridad por parte de los gobiernos. De tal manera que privatizar colonias sea en realidad cada vez menos necesario.

Porque fragmentar la ciudad es un recurso extremo. Los expertos en urbanismo piensan que entre más gente hay en las calles y banquetas, más segura es la ciudad. Que los robos y otros delitos se multiplican cuando no hay nadie. Que la calidad de vida es mayor cuando se puede pasar, descubrir, disfrutar la ciudad, pues en ella encontramos lo que no tenemos en nuestras casas.

Cerrar la ciudad supone que al que quiera pasar le pidan identificaciones y que veces se queden con ella hasta que haya demostrado que salió sin atracar a nadie. Manda un mensaje terrible: que todos somos sospechosos mientras no demostremos lo contrario.

Ojalá los diputados tengan un sentido urbano al discutir las reglas al respecto. Que no promuevan una ciudad de la que todos nos queremos apropiar porque tenemos miedo. Que promuevan, sí, una ciudad que todos conozcamos, queramos y cuidemos.


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http://www.milenio.com/firmas/luis_petersen_farah/Ciudades-privatizadas_18_428537191.html

Medio: Rionegro.com.ar (Río Negro, Argentina)

Fecha: 18 de diciembre


Policías de Roca suspenden adicionales a modo de protesta

No tuvieron propuestas del gobierno y endurecen medidas.

Las fiestas se avecinan pero la paz no llega para los policías y penitenciarios de Roca, cuyo reclamo se mantiene con fuerza. Después de haber recibido una promesa de diálogo antes del martes de esta semana y al no tener hasta ayer comunicación por parte de las autoridades provinciales, decidieron suspender los servicios adicionales "por tiempo indeterminado". Los empleados de Cipolletti y Viedma evaluaban ayer sumarse a la protesta.

Anuncian que hasta conseguir una respuesta favorable al reclamo que ya tiene más de dos meses no darán el brazo a torcer. Desde el jueves de la semana pasada los miembros de las fuerzas de seguridad de Roca, activos y retirados, se encuentran realizando un acampe frente a la Comisaría Tercera y esperan una audiencia con el ministro de Seguridad Gastón Pérez Estevan.

La falta de servicios adicionales puede provocar que muchos comercios deban cerrar o contratar seguridad privada, en especial ante el auge de ventas por las fiestas de fin de año.

"Lamentablemente no nos queda otra opción, pero esta es la decisión que tomamos en forma unánime todos los trabajadores que nos vemos afectados por los bajos salarios y la falta de equipamiento adecuado", explicó Rubén Muñoz, uno de los voceros del reclamo.

Ante el silencio de los funcionarios, endurecieron las medidas de fuerza esperando una respuesta concreta y "no sólo promesas por parte del ministerio, ya estamos cansados", explayó Carlos Ortiz, delegado de los trabajadores del Penal 2.

Según un comunicado de prensa, el domingo 14 hubo un compromiso de convocar al diálogo antes del martes, pero como no hubo más comunicación, en asamblea decidieron suspender todos los adicionales. Anoche, en tanto, hacían frente a la comisaría una nueva reunión decisoria.

La suspensión será "por tiempo indeterminado" y según el comunicado van a aguardar hasta que "los representantes logren destrabar esta situación apremiante y de gran magnitud en la sociedad rionegrina".

Muñoz indicó además que mantienen contacto con los trabajadores de las otras ciudades y dijo que muchos de ellos se plegarían a las medidas de no haber soluciones en los próximos días.


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http://www.rionegro.com.ar/diario/policias-de-roca-suspenden-adicionales-a-modo-de-protesta-5473009-9701-nota.aspx

Medio: La Nación (Santa Fé, Argentina)

Fecha: 18 de diciembre


Vecinos de un barrio de Rosario cavaron un zanjón para evitar el ingreso de ladrones

El gobierno reaccionó y prometió medidas; "Es como una trinchera defensiva", dijo uno de los vecinos; también es para evitar inundaciones.

Como la inseguridad no parece tener freno, vecinos de barrio Tango, al oeste de la ciudad de Rosario, al mejor estilo de un método empleado en el siglo XIX contra los malones, cavaron un zanjón alrededor de las 40 manzanas para evitar el ingreso de delincuentes. Con fondos propios, sin pedirle ayuda al Estado, contrataron los servicios de una retroexcavadora y el trabajo se realizó el pasado fin de semana.

"Es como una trinchera defensiva. No es exclusivamente para defender al barrio sino para evitar inundaciones, porque esto antes era un bañado y estamos cerca del arroyo Ludueña", se justificó Guillermo Fernández, uno de los vecinos que avaló la iniciativa.

"Era una zona muy tranquila y ahora pasan las mismas cosas que en otros lados. (El zanjón) Es una alternativa para que la gente no se pase de la autopista a este lado, porque nos están robando", añadió.

Como se suponía, el gobierno provincial reaccionó. "Un foso no da solución. Me preocupa porque tengo conocimiento de que hay seguridad privada no autorizada", sostuvo el ministro de Seguridad del gobierno que encabeza el socialista, Raúl Lamberto.

Pero los vecinos del barrio Tango lograron una respuesta: fueron convocados ayer por funcionarios municipales y policiales, quienes se comprometieron a elaborar un plan integral para combatir los robos, que en el último tiempo fueron en aumento según la voz de los propios afectados, y hasta barajaron la posibilidad de instalar una garita policial en la plaza principal. Del encuentro participaron el director del Centro Municipal de Distrito (CMD) Noroeste, Juan José Di Pollina; el titular de la subcomisaría 22°, Damián Martín; René Alcaraz, miembro de la Secretaría de Seguridad Comunitaria; y algunos representantes de los habitantes del emplazamiento de la zona noroeste.

Según confirmaron a LA NACION los propios vecinos, durante el encuentro se trató principalmente el incremento de hechos delictivos, la mayoría a cargo de motochorros. También hubo temas colaterales, como la posibilidad de avanzar en un plan de infraestructura, como alumbrado y cloacas. Silvina Caveza, una vocera de los vecinos, señaló: "El comisario se comprometió a elaborar un plan específico para la zona con operativos y patrullajes. Además, surgió la idea de instalar una garita policial en la plaza" del barrio.


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http://www.lanacion.com.ar/1753523-vecinos-de-un-barrio-de-rosario-cavaron-un-zanjon-para-evitar-el-ingreso-de-ladrones


 
Conferencia Dr. Alvaro Uribe PDF Imprimir E-mail

Dr. Álvaro Uribe Vélez

 

LA EXPERIENCIA COLOMBIANA

 

El senador nacional Dr. Álvaro Uribe Vélez, ex Presidente de Colombia, tuvo a su cargo la conferencia magistral con la que se cerró el Congreso de la FEPASEP. Estos fueron sus conceptos más salientes.

 

 

         En el año 2002 me pregunté por qué Colombia, un país que nunca tuvo hiperinflación, que jamás incurrió en default, que siempre cumplió con sus compromisos internacionales en materia financiara, por qué tenía una tasa de inversión tan baja, alto desempleo que oscilaba entre el 16% y el 21%, con una pobreza que había tocado techos de entre el 47% y el 53% de la población. Un país en el cual uno suponía que con un buen manejo económico y los esfuerzos en materia de solidaridad jamás debería haber llegado a eso.

         Pero la violencia persistente y recurrente en el país era la causa determinante de que Colombia no pudiera traducir su histórico buen manejo económico en prosperidad. Y eso nos llevó a decirles a los colombianos que vivíamos un ciclo perverso en un círculo vicioso: más violencia, menos inversión, más pobreza, menos empleo, más violencia.

         La idea fue entonces proponerle al país que sustituyéramos ese círculo vicioso por un círculo virtuoso: más seguridad, más inversión, más política social, más seguridad.     

         Claro que no fue fácil, porque aparecían obstáculos vinculados con la política de seguridad. Es que el discurso latinoamericano generalmente no le ha asignado a la seguridad la importancia que ésta merece. El discurso político colombiano desechaba, ignoraba la seguridad a tal punto de no asignarle la más mínima importancia.

         A tal punto esto era así, que cuando yo comencé a hablar de seguridad desde mi gobernación del Departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín, los augurios para una eventual llegada mía a la presidencia de la República eran muy negativos. Recuerdo que solía decirse que un discurso de seguridad nunca podía prosperar. ¿Por qué? Porque se pensaba que había que solucionarlo todo desde lo social. Era la mezcla entre el viejo marxismo y la génesis del Derecho Positivo Penal, que hace pensar que todo delito tiene una causa social y desconsidera la influencia de réplica del delito en el empeoramiento del tejido social de lo países. Además, no obstante que habíamos tenido una democracia respetable, se decía que un proyecto era un proyecto de seguridad era algo que inevitablemente llevaba a la dictadura. Era un proyecto de restricción de libertades.

         Fue así como nosotros nos abocamos a la tarea de promover la seguridad como un valor democrático y una fuente de recursos. Y empezamos a proponer la seguridad como algo totalmente respetuoso de los valores democráticos y como una fuente de recurso capaz de resolver los problemas sociales.

         Así las cosas, empezamos a proponer la seguridad como un valor respetuoso de los valores democráticos y una fuente de recursos para resolver los problemas sociales. Comenzamos a hacer entender que a quien más servía la seguridad era a quienes anhelaban la libertad y la estaban perdiendo por el crecimiento de la violencia. En otras palabras, a quienes más servía la seguridad eran a los sectores pobres y desprotegidos de la nación. Es que al fin y al cabo los sectores con recursos suficientes podían irse del país o tener un buen nivel de seguridad privada para protegerse de la violencia, pero los sectores pobres de la nación no tenían esa posibilidad.  

         De este modo comenzamos a mostrar la relación de la seguridad con el ejercicio democrático, con la inversión, y ambas: la seguridad y la inversión con la política social. Y eso fue creando un clima favorable nos permitió ganar  nuestra elección presidencial en 2002.

 

Seguridad y narcotráfico     

         Hay que tomar conciencia de los problemas de seguridad, como es el caso del narcotráfico. Es que demandó mucho tiempo para que se tomara conciencia de los riesgos del narcotráfico. En algún momento se pensó que en Colombia no había problemas con este tema. Sino todo lo contrario, que el país se beneficiaría de un narcotráfico que pasaba por el país en tránsito de Perú y Bolivia hacia Estados Unidos y Europa. Se subestimaron los riesgos y nunca se pensó en la incidencia que podría tener en la destrucción de las familias, de la juventud y de la economía lícita. En síntesis, nunca se pensó en que el narcotráfico constituiría una amenaza, no sólo para sus actores por la violencia que se desencadenó entre ellos sino para la sociedad en su conjunto.

         En nuestros países ha habido muchas épocas en las cuales se ha subestimado en la acción política el daño de la violencia, por eso la importancia de tomar conciencia de este flagelo de la sociedad actual.

         Para un dirigente político es menos riesgoso hablar del diálogo de paz que enfrentar los problemas de inseguridad. De modo que hay que vencer los miedos. Claro que los riesgos que se tienen que tomar para ejercer el liderazgo en la política de seguridad son riesgos altos e incómodos que por lo general a la dirigencia política no les gusta asumirlos. Cuesta vencer el miedo y salir de la zona de la comodidad para asumir esos riesgos.

         Hay que generar credibilidad. Nosotros en Colombia propusimos que la credibilidad reposara en una política de seguridad eficaz y transparente. Por supuesto que siempre que avanza una política de seguridad y cuando la criminalidad se siente amenazada, o en algún caso derrotada, se arropa en la bandera de los derechos humanos, dificultad a la que por suerte pudimos escapar en mi país. Nuestra política de seguridad se hizo transparentemente, con legislación doctrinal, sin legislación marcial y sin restricción de las libertades. Al contrario, los grupos de la oposición tuvieron goce de las libertades durante los ocho años de nuestro gobierno.

A tal punto esto fue así que la llamábamos seguridad democrática, porque a ella tenían acceso tanto los más fervientes defensores de nuestras tesis como los más radicales opositores. ¿Y qué pasó con los medios de comunicación? En vez de sentirse restringidos se sintieron protegidos, porque a medida que avanzaba la seguridad ya no se presentaban las amenazas o factores que los coaccionaban.

Eficacia y transparencia democrática fueron el secreto del éxito de nuestra política de seguridad en Colombia. La política nuestra necesitaba de una estrategia de macro visión y de micro manejo. En tal sentido, propusimos la seguridad como parte integrante de un gran trípode para recuperar confianza en Colombia: la seguridad del lado de la política de inversión, ambas como medios para conseguir recursos para la política social, y ésta última como la gran validadora en las políticas de seguridad y de inversión. 

Si hay algo que me ha quedado claro de mi experiencia de gobierno, es que en las democracias son los líderes civiles, los gobernantes, quienes tienen que asumir directamente el tema de la seguridad de su país. En la jerarquía democrática, la policía y las fuerzas militares, cuando hay concepto de institucionalidad democrática, tienen una subordinación tal a la institucionalidad que reconocen como su jefe a la autoridad civil superior. Y por supuesto esa autoridad civil superior tiene que visionar la política y dirigir la ejecución. Como acabo de decir: una mezcla de macro visión y de micro manejo, esa es la meta.

Frente a este protagonismo, siempre me interrogaban por los resultados obtenidos; y me decían: “señor Uribe, si usted llega a la presidencia del país, cuántos años demorará para restablecer la paz en Colombia”. Y mi respuesta era siempre la misma: “resultados no puedo prometer, pero sí una dedicación día y noche”. Es que cuando se habla de credibilidad en el discurso político, es mucho más importante prometer y demostrar dedicación y entrega total al tema, que hacer promesas previas y luego no manejar debidamente el tema. Relacionado con esto también hay que decir que hay que dar el ejemplo. La autoridad civil tiene que dar el ejemplo en materia de entrega a la política de seguridad.

También es muy importante respetar a la policía y a las fuerzas armadas. Defender la institución, sancionar cuando haya que sancionar, pero no generalizando. O sea, la defensa de la institución puesta en el discurso político. Cuando no se defiende a la institución y avanza la criminalidad, la ciudadanía es más proclive a someterse a los poderes criminales. Pero cuando se defienden las instituciones, esa defensa de los líderes políticos hace que la ciudadanía se incline más hacia el respeto de las instituciones armadas. Es muy importante en esta lucha involucrar a todas las fuerzas institucionales. Los años en que Colombia no involucró a las fuerzas militares el problema creció aterradoramente, porque los integrantes de las fuerzas militares veían crecer el problema y no actuaban contra él. Es que expresamente se les había dicho que no les correspondía e inicialmente asumieron una actitud de indiferencia y después de corrupción, a tal punto que algunos de ellos cayeron presas del soborno.

Señores, desde el punto de vista práctico, la experiencia colombiana es una gran lección. No hay duda de que frente a las expresiones de violencia hay que involucrar a todas las fuerzas. Desde el punto de vista de la teoría constitucional universal nosotros hicimos este planteamiento. Hoy las democracias tienen que preocuparse más por los fenómenos de criminalidad interna que por las amenazadas de invasión externa. Por lo general tenemos la concepción de que las fuerzas militares son para defender fronteras, entendiendo como tal la defensa de la soberanía. Pero el poder del Estado que es la expresión de la soberanía hoy puede ser tan socavado por la criminalidad interna, como en el pasado lo fue por la agresión externa. Entonces, si la razón de ser de las fuerzas militares es la defensa de la soberanía, hay que evolucionar y tener las fuerzas militares actuando frente a los fenómenos domésticos de amenaza de la supremacía del Estado.   

A los países amigos siempre les digo que hay que tener mucho cuidado con el narcotráfico porque es muy engañoso. Inicialmente parece que se restringe a violencia entre sus actores, pero termina generando una metástasis de violencia en toda la sociedad. Todos los eslabones sanos de una comunidad se afectan con el crecimiento del narcotráfico. 

 La política que yo he sostenido es no llegar a la cárcel al consumidor pero sí al distribuidor. La política debe ser: el consumidor a la rehabilitación, prevención a la sociedad y el distribuidor a la cárcel. 

 

Inteligencia humana y tecnología

Cuando yo llegué a la Presidencia de Colombia, la policía de mi país estaba encantada con los interceptores de los recién aparecidos teléfonos celulares, mientras que las fuerzas armadas estaban ocupadas en cómo adquirir equipos para interceptar la comunicación satelital, y habían abandonado la inteligencia humana.

En tal sentido, la decisión de mi gobierno fue avanzar en el acceso a los elementos técnicos de la inteligencia, pero paralelamente estructurar la inteligencia humana. Los grandes operativos nuestros fueron fruto de inteligencia humana y de tecnología.

Hoy cuando una mira la seguridad cotidiana, puede observar que las ciudades están saturadas de cámaras de video. Eso no está mal, pero si no hay inteligencia humana puede convertirse en algo relativamente inútil. Las cámaras de video deben ser un complemento de la inteligencia humana, por ejemplo en la ayuda de los procesos penales en la etapa de pruebas. Pero no debería reemplazar a la inteligencia humana, porque muchas veces lo que capta la cámara no es suficiente prueba para un juez. Aún, ante los avances técnicos más sofisticados la inteligencia humana es fundamental.

             

La participación ciudadana

         Uno tiene que elegir entre una ciudadanía pasiva y víctima, o una ciudadanía activa y participante que ayude a superar los problemas de inseguridad. En tal sentido, nosotros creamos una red de 4,6 millones de civiles colombianos que cooperaban con las fuerzas armadas; desarmados y con teléfonos celulares.

         La Universidad de Los Andes hizo un estudio cuyo resultado fue que a medida que avanzaba la cobertura en el territorio y en el espacio aéreo colombiano de las nuevas y modernas comunicaciones y nuestro gobierno expandía la re4d de cooperantes, la violencia disminuía.  

         Antes de nuestro gobierno, el pueblo colombiano pensaba que la inseguridad no tenía solución, porque ante las extorciones que les pagaban los violentos no había denuncias. No es fácil la seguridad en Colombia, un país con 600.000 kilómetros de selva tropical. Claro que movilizar el sentimiento ciudadano, sacarlo del letargo y del miedo, para que la ciudadanía cooperara con las fuerzas armadas no fue sencillo, como tampoco fue fácil rescatar del aislamiento a la policía y a las fuerzas armadas. Había miedo a la represalia y a la muerte por parte de los criminales. Lo mismo pasaba con la ciudadanía. De modo que tuvimos que enfrentar la resistencia no solo de la ciudadanía sino también de las fuerzas armadas. Pero con persistencia y buenos ejemplos ese fue un tema que pudimos superar.

A tal punto logramos revertir esa situación que el comportamiento de todas las partes fue ejemplar. Inicialmente la comunidad permanecía en silencio, y me decían: “Presidente, nos da miedo”. Pero cuando se dieron cuenta de que estábamos trabajando en serio, con continuidad y persistencia, la ciudadanía empezó a hablar. Y lo interesante de este fenómeno fue que la participación ciudadano nos obligó a que fuéramos más conscientes de la realidad que ellos vivían. Es que cuando se le da confianza a la ciudadanía para que se exprese lo hace con franqueza. Yo creo mucho en la sinceridad ciudadana. Y está comprobado que hoy se necesita mucha organización ciudadana en los grandes centros urbanos para que colaboren y amplíen el trabajo de las cámaras de videos. O sea que se debe tener avance tecnológico, inteligencia humana y cooperación ciudadana. En mi opinión es una trilogía absolutamente indispensable. Todo eso nos ayudó muchísimo.

Creo que hoy estas cosas se pueden organizar a través de las empresas de vigilancia, que sean los coordinadores o intermediarios entre el Gobierno y las comunidades organizadas. Una especie de vigilancia no informal, sino simple, no con toda la formalidad y los costos de las empresas de vigilancia. Con simpleza pero con total transparencia.

         Recuerdo que en 2005 se hicieron una serie de foros en Colombia donde se afirmaba que no era sostenible la política de seguridad de nuestro gobierno. Muchos políticos nos decían que estábamos malgastando la plata en nuestras acciones y en el pago de recompensas a la ciudadanía que colaboraba con las fuerzas armadas. Tuve que recorrer todo el país hablando de cómo la seguridad nos estaba ayudando a mejorar la economía. Nos estaba permitiendo avanzar en educación, en salud, en los microcréditos para la producción y en todas las políticas sociales.

La respuesta a la economía colombiana fue más acelerada de lo que esperábamos. Estoy convencido de que una buena política de seguridad, acompañada de una buena política de promoción del sector privado genera en nuestros países una respuesta más veloz del mejoramiento del tejido social.

Los políticos latinoamericanos deberían entender que una correcta  combinación de política de seguridad y de política de promoción de la inversión privada, genera resultados inmensamente favorables en el corto plazo en el mejoramiento del tejido social de nuestras comunidades.

Se nos exigían victorias tempranas. Cuando asumí la Presidencia mi país había tenido una diáspora de cuatro millones de ciudadanos en el extranjero. Los jóvenes de las universidades se querían ir todos de Colombia sin ticket de regreso. Se había perdido la fe en el país porque los ciudadanos no creían que la seguridad podría hacer que el país se recuperara. Votaron sin mucha convicción en el futuro del país. Las carreteras colombianas eran intransitables y se había perdido el turismo doméstico y el internacional. Los cruceros del Caribe ya no paraban en Cartagena.

El desafío no era fácil, pero nos propusimos que los colombianos pudieran moverse sin problemas por las carreteras de su país a la vez que queríamos recuperar el turismo internacional. Fue así que volcamos a las fuerzas armadas a las carreteras en la orilla del camino. Cuando propuse esta acción me tildaron de loco. Los militares me decían: “cómo vamos a abandonar la retaguardia”. Y todo esto en un ambiente de poco afecto con las fuerzas armadas.

Allí tuvimos una victoria temprana, donde los colombianos se largaban en los fines de semana largos a las carreteras. Se creó un gran ambiente de fe y de optimismo hacia las fuerzas armadas, a tal punto que pasaron a tener una aceptación de entre el 80% y el 85% en la ciudadanía. Y felizmente logramos que los cruceros del Caribe regresaran nuevamente a Cartagena.

En la lucha contra la inseguridad es muy importante la coherencia en el discurso. Cuando llegué a la presidencia había setenta personas secuestradas por las FARC, pero nunca accedí a la política de intercambios de presos por secuestrados como se veía haciendo hasta ese momento. Desde que llegué a la presidencia y hasta junio de 2008 en que rescatamos a Íngrid Betancourt sufrí un calvario de críticas porque no aceptaba las condiciones del terrorismo para liberar los secuestrados.

Estando en Francia con el presidente Jacques Chirac, y mientras afuera del Palacio del Eliseo había una multitud que gritaba en mi contra, el titular del gobierno francés me tomó del brazo y me dijo: “Presidente, hay que cambiar el discurso. Aquí en Francia hay mucha rabia contra usted por su decisión de no negociar con los terroristas. Íngrid es colombiana, de origen francés”. Y mis palabras fueron estas: “Presidente, aquí lo que hay que cambiar es el oportunismo político. Se necesita tener coherencia y aprender a tener una línea en el momento del aplauso pero también en los momentos de dificultades”.

La seguridad necesita objetivos, resistir las dificultades, tener flexibilidad sin perder la coherencia y firmeza sin llegar a la terquedad absoluta. Hay que perseverar en los momentos de crisis y decir siempre la verdad, eso es lo que genera credibilidad. El buen líder debe asumir las dificultades y delegar los éxitos. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 
Resumen Semanal de Noticias del Sector Del 21 al 28 de noviembre de 2014 PDF Imprimir E-mail

Resumen Semanal de Noticias del Sector

Del 21 al 28 de noviembre de 2014

 

 

Medio: León Noticias (España)

Fecha: 21 de noviembre

 

El Estado "precisa" de un incremento de vigilantes de la seguridad privada

España, pero en concreto León, registrar datos de seguridad mayores a los de la media de los países del entorno. Varios factores influyen en este hecho, como la propia actitud ciudadana, pero también por el hecho de los ratios de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado son mayores que la media europea.

Sin embargo, el número de efectivos de las empresas de seguridad privada es inferior al de la media, por lo que “el Estado precisa de su incremento” en cuanto a trabajadores, como un nicho que contempla posibilidades de creación de empleo y riqueza económica.

El subdelegado del Gobierno en León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha afirmado este viernes que la nueva ley de 2014 que regula el ejercicio de la seguridad privada “va en esa línea”. El sector se enfrenta a un momento de cambio, después de que se haya modificado la anterior, de 1992, y que “pone el acento en la complementariedad” de esta seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

 

Un "antes y un después"

 

La norma marca “un antes y un después”, proporciona “confianza” y supone un “reconocimiento del Estado”. Todo ello, sin olvidar que la seguridad pública es “núcleo esencial” de una “competencia exclusiva” del Gobierno, que no es otra que garantizar el libre ejercicio de los derechos y de la seguridad de los ciudadanos.

Por eso, Suárez-Quiñones ha señalado como una “razón lógica” que este sector esté “controlado” por la seguridad pública, pero sin “despreciar” a las empresas privadas, que son “esenciales y un aliciente de futuro” para “lograr determinadas metas en la colaboración público-privada”, tan demandada en otros ámbitos.

 

Menciones Honoríficas

 

Fruto de esa buena relación, la Subdelegación del Gobierno en León ha acogido este viernes el acto de entrega de las Menciones Honoríficas que el Ministerio del Interior concede a empresas de seguridad privada. Se trata de tres jefes de seguridad privada, doce vigilantes, tres vigilantes de explosivos y guardas forestales, una detective privado, a un trabajador a título póstumo y a un policía nacional con cuarenta años de servicio en el cuerpo.

Este homenaje ha servido para reconocer a estas personas, que en esa función de seguridad y en su particular ámbito, han protagonizado un papel “sobresaliente” en sus funciones. De esta forma, se cierra una programación que en estos últimos días se ha realizado entre el sector privado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

 

Link a la nota:

http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/El-Estado-precisa-De-Un-Incremento-De-Vigilantes-De-La-Seg-vn160241-vst216

 

 

Medio: Te Interesa (Madrid, España)

Fecha: 21 de noviembre

 

Los vigilantes de seguridad se concentrarán el próximo jueves en protesta por el incumplimiento del convenio

El Comité de Empresa de la empresa, que lleva por ejemplo la seguridad de los juzgados madrileños, ha convocado paros para ese día de 9.00 a 10.30 horas y de 16.00 a 17.30 horas. Las concentraciones tendrán lugar frente a la sede de la empresa en el número 21 de la Avenida Pedro Diez.

El colectivo critica la ampliación de la jornada laboral a 166 horas, la supresión del día de asuntos propios y de un día de vacaciones, la supresión de las compensaciones económicas en supuestos de incapacidad laboral, entre otros aspectos.

De este modo, el Comité ha avisado que tendrán la "inquebrantable" actitud de seguir peleando con la empresa, en contra de su postura de fuerza y de ataques continuos a los trabajadores de la misma junto con la dramática situación en la que se encuentran los empleados.

Las condiciones laborales, según el Comité, han sido modificadas sustancialmente, tras la resolución de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, resolviendo el 3 de julio de 2014, en laudo arbitral.

 

Link a la nota:

http://www.teinteresa.es/comunidad-de-madrid/madrid/vigilantes-seguridad-concentraran-protesta-incumplimiento_0_1252676275.html

 

 

Medio: Confidencial (Nicaragua)

Fecha: 22 de noviembre

 

Regularán a empresas de seguridad privada

La seguridad  privada en el país, que está en manos de al menos 160 empresas que emplean a 21, 000 guardas de seguridad, será regulada de manera formal por el Estado a través de la Policía Nacional, según una propuesta de Ley presentada a la Asamblea Nacional.

Los legisladores, encabezados por el jefe de bancada del FSLN, Edwin Castro, explicaron en su propuesta que en el sector de vigilancia privada se manejan también 11, 625  armas de fuego entre revólveres, pistolas y escopetas para ofrecer su servicio.

“A los datos antes referidos se les debe agregar dos componentes adicionales, en el contexto de la seguridad privada, los Cuerpos de Protección Física – conocidos como CPF y que funcionan particularmente en las instituciones públicas y los Vigilantes Residenciales o domiciliares a los que se les denomina celadores. Entre estas dos modalidades se estiman unas 3,000 personas, más o menos”, plantean en su iniciativa introducida el pasado 12 de noviembre.

Sin embargo, diputados de la oposición advirtieron que es peligroso para las libertades ciudadanas el marco regulatorio. Según el artículo siete del documento disponible en la hoja electrónica de la Asamblea Nacional, la autoridad regulatoria podrá requerir informes de sus actividades a las compañías de seguridad “en los cuales se hará constar, entre otra información, el inventario de los clientes, tipo de servicio, movimiento, formación, capacitación y actualización del personal y su rotación, armas de fuego y otros medios técnicos”.

Eliseo Núñez, diputado de la oposición y profesor de derecho  constitucional en una universidad capitalina, dice que precisamente la amenaza a la libertad ciudadana radica en la colaboración obligada con el Ejército y la Policía, algo que se venía dando pero de hecho.

“Vos vas a un centro comercial y lo primero que hace el guarda es anotar la placa de tu vehículo y otros datos que no sé cuáles son. Ellos tienen una especie de formato. Si a esto vos le sumás las presiones que ha habido sobre las compañías telefónicas de tener los datos a disposición de los organismos de seguridad, vos agarrás a una persona y le das seguimiento. Vos tenés control de cualquier ciudadano sin que exista una orden de persecución del mismo”, dijo Núñez Hernández.

Sin embargo, René Vivas, presidente de la asociación de empresas de seguridad privada y presidente de Servicio de Vigilancia y Protección, rechazó que vayan a entregar datos de sus clientes y explica que están obligados a colaborar cuando hay de por medio un delito.

El director de Servipro recuerda que la cláusula de “confidencialidad” en los contratos con sus clientes que dejarían de serlo si se vulnera. Vivas dice que la ley busca regular un sector marcado por la informalidad. Para él es una propuesta técnica. Formalmente a su asociación están integradas 14 empresas, donde trabajaban 12 mil guardas.

El proyecto fue introducido en la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional y aún espera que la Junta Directiva lo remita a la comisión correspondiente para iniciar su consulta.  La propuesta, que fue consultada con el sector formal de la industria que insistía en una ley desde 2003, establece la obligada colaboración con el Ejército y la Policía.

 

Link a la nota:

http://www.confidencial.com.ni/articulo/20226/regularan-a-empresas-de-seguridad-privada

 

 

Medio: Imagen (Zacatecas, México)

Fecha: 23 de noviembre

 

Operan sin certificar 62 empresas de seguridad privada

En el estado operan 62 empresas de seguridad privada registradas ante la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pero sin una debida certificación.

Jesús Pinto Ortiz, titular de la dependencia estatal, explicó que estas compañías no aplican exámenes de control de confianza debido a que no está legislado a nivel estatal ni federal.

Reconoció que estas también tienen otras deficiencias, como el hecho de contratar a personas de edad avanzada o sin un estado físico óptimo.

El funcionario estatal expresó que el registro de las empresas dio inicio en esta administración, ya que anteriormente no se tenía ni una relación de las que operaban en la entidad.

Comentó que la única evaluación que se hace la aplica la empresa cuando contrata al personal, consiste en verificar la autenticidad de su documentación y se acredita que tengan un modo honesto de vivir, así como la legal procedencia de sus bienes.

El titular de la SSP dijo que las empresas de seguridad privada que operan en Zacatecas tienen un promedio de 30 elementos, aunque existen algunas hasta con 2 mil empleados.

Pinto Ortiz agregó que de las 62 empresas, alrededor de 22 también están registradas en el Sistema Nacional de Seguridad, aunque en estas tampoco se aplican exámenes de confianza.

Precisó que las que se dan de alta a nivel federal son las que se dedican a reguardar grandes empresas privadas, como las minas.

 

Contratará Guadalupe seguridad privada

 

Pese a estos detalles, municipios como Guadalupe se verán en la necesidad de contratar seguridad privada para la Feria Regional de Guadalupe, que se realizará del 4 al 15 de diciembre, ya que por la depuración policiaca la corporación municipal no dispone de los elementos necesarios para reguardar los eventos de dicha celebración.

 

El alcalde Roberto Luévano Ruiz dijo que por el momento se analiza qué empresa será contratada, por lo que la información se dará a conocer en próximos días.

 

Link a la nota:

http://www.imagenzac.com.mx/nota/operan-sin-certificar-62-empresas-de-ns-21-58-58-w

 

 

Medio: Clarín.com (Argentina)

Fecha: 24 de noviembre

 

Lanata: alquilan patrulleros de la Bonaerense en desuso para "seguridad privada"

Insólito. En medio del reclamo por más seguridad y la decisión del gobernador Daniel Scioli de extender la emergencia en la materia, destacamentos de la Policía Bonaerense alquilan patrulleros y motos a empresas particulares para brindarles una especie de protección privada. Son móviles fuera de servicio que las firmas contratan para intentar prevenir delitos. Funcionan como una suerte de “espanta delitos”.

Periodismo para Todos mostró anoche que patrulleros, camionetas y motos son alquilados por los destacamentos a estaciones de servicio, frigoríficos y hasta countries. Todos buscan persuadir a los delincuentes dejando a la vista el móvil policial, solo ellos y la policía que se los renta saben que no funcionan.

En Moreno, sobre la ruta 25, un emprendimiento inmobiliario cuenta no sólo con un patrullero, sino también con una moto policial para custodiar el obrador. A diferencia del móvil, la moto sí funciona y quienes la usan en esa construcción no son efectivos de la bonaerense, sino seguridad privada contratada por la empresa constructora. A tan sólo 50 metros del barrio privado, un destacamento con forma de cajero automático no tiene teléfono, no tiene luz. Tampoco patrullero.

A unos kilómetros de ese mismo lugar, sobre el Acceso Oeste, otro patrullero alquilado está desde hace más de un año en la parte de carga y descarga de un frigorífico. Pero esto no pasa sólo en Moreno. Una camioneta de la policía también está parada hace meses en una estación de servicio en Ramos Mejía. Son solo ejemplos de una constante de la crisis de seguridad que vive la provincia.

 

Link a la nota:

http://www.clarin.com/politica/Lanata-informe-patrulleros-Bonaerense_0_1254474733.html

 

 

Medio: El Comercio (Gijón, España)

Fecha: 25 de noviembre

 

Los vigilantes privados acusan a los serenos de custodiar instalaciones del FICX

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) denuncia que personal de Serenos Gijón custodia en horario nocturno instalaciones publicitarias ubicas en el paseo de Begoña y la plaza del Instituto con motivo de la celebración del Festival internacional de Cine de Xixón (FICX).

Según un escrito difundido ayer, esta situación ha sido puesta en conocimiento de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional de Asturias, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón; el concejal de Seguridad Ciudadana, Rafael Felgueroso, los grupos municipales de PSOE, PP, e IU, y de la empresa Serenos Gijón.

Avispa asegura que las funciones de los serenos «están claramente especificadas y limitadas en la ordenanza municipal, no encontrándose entre las mismas la custodia, protección o vigilancia de instalaciones, ni públicas ni privadas, sobremanera en la vía pública».

En opinión de estos profesionales, sólo compete la seguridad en lugares públicos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o, en su defecto, «mediante la contratación, a través de empresas de seguridad privada, de vigilantes de seguridad privada habilitados por el Ministerio del Interior. Lo contrario podría considerarse intrusismo profesional o usurpación de funciones».

Avispa considera que se trata de una «infracción muy grave» que podría acarrear unas sanciones de hasta 30.000 euros, por lo que pide que se aparte a los Serenos de estas labores de custodia nocturna.

 

Link a la nota:

http://www.elcomercio.es/gijon/201411/25/vigilantes-privados-acusan-serenos-20141125002842-v.html

 

 

Medio: Periódico AM (León, México)

Fecha: 25 de noviembre

 

Cuidan policías empresas privadas

Tres joyerías, dos fábricas de calzado y una vinícola son custodiadas por elementos de la Policía Municipal en sus días de descanso.

Alrededor de 10 elementos prestan el servicio particular a estos negocios y la regidora Beatriz Manrique cuestionó en la reunión de la comisión de Gobierno la posibilidad de cancelar el servicio.

“Yo sé que son servicios que se dan en día de descanso y el policía se lleva un dinero extra, que bien podrían pagar servicio de una empresa particular, y es que se ocupan no sólo los elementos, también equipo, armas, chalecos”, mencionó la regidora durante la reunión.

El director de Control de la Legalidad de la Secretaría de Seguridad Pública, Fernando Rodríguez Hernández, explicó que los policías no cuidan todo el día al empresa y además prestan el servicio mientras descansan.

En el caso de las fabricas de calzado el servicio de guardia lo hace un elemento por seis horas cada viernes, cuando la empresa paga los sueldos a los trabajadores.

El mismo caso es para las joyerías y en la vinícola la protección se lleva a cabo viernes y sábados durante todo el día. Dentro de este servicio extra también los policías cuidan tianguis.

En entrevista la regidora Manrique Guevara manifestó su desacuerdo ante este servicio particular y dijo esperar a que se pueda dar este tipo de bonos económicos extra a los elementos de la Policía.

“Es un ingreso adicional que a los policías no les cae mal, me parece que quien debe recibir el esfuerzos adicional es la ciudadanía y no empresas particulares que no son un asunto de interés público en custodia y vigilancia” dijo en entrevista.

Solicitó a Fernando Rodríguez informar sobre el monto anual que pagan estos negocios por recibir el apoyo de seguridad, además exhortó a los empresarios a contratar empresas especializadas en la seguridad y dejar los elementos para la ciudadanía en general.

“Cada ocho días estamos aprobando autorizaciones a seguridad privada, ofertas hay muchas, creo que esto lo agradecerá la ciudadanía, que no se renueven esos contratos”, agregó la regidora del Partido Verde.

También el regidor panista Javier Ayala solicitó información sobre una caseta de Policía que este año permaneció en vigilancia en una fábrica de calzado en la calle Díaz Mirón.

 

Link a la nota:

http://www.am.com.mx/leon/local/cuidan-policias-empresas-privadas-161650.html

 

 

Medio: Punto Noticias (Mar del Plata, Argentina)

Fecha: 25 de noviembre

 

Activaciones de alarmas, principal motivo de llamados al 911

El Centro de Análisis Estratégico del Delito y la Violencia (CAED) de la Municipalidad de General Pueyrredon detectó una tendencia sostenida, desde abril de 2014, de despachos del servicio de emergencias 911 al Comando de Prevención Comunitaria (CPC) para la atención de alertas por alarmas domiciliarias o comerciales.

Se evidenció una demanda excepcionalmente alta de recursos policiales para atender a requerimientos que, en su enorme mayoría, carecieron de trascendencia. Es por eso que el CAED profundizó el estudio del fenómeno.

En septiembre hubo 9.118 despachos únicos del 911 con intervención del CPC. 2.995 (25%) fueron por alarmas.

El análisis de la cantidad de despachos por zona de prevención y por área permitió observar una distribución despareja de la actividad por sector.

En las zonas con más llamados, son mayoritariamente por robos. Las alarmas son el principal motivo de llamados en el microcentro, algunos sectores del macrocentro y la zona del barrio Parque Luro hasta el Parque Camet y el extremo sur del área urbana.

El área Alfonsina presentó la mayor cantidad de despachos por alarmas.

Una de las características principales de ésta área es la gran cantidad de zonas de viviendas residenciales con moradores de alto poder adquisitivo.

En el otro extremo, como era esperable, en el área Camet existe un porcentaje mucho menor de viviendas con alarmas (al menos, monitoreadas). Por ende, el número de llamados al 911 por ese motivo disminuye en este sector.

A partir de un análisis superficial del fenómeno, en las reuniones del Grupo Operativo de Seguimiento y Planificación (Gosyp) se planteó desde las fuerzas policiales una hipótesis sencilla para explicar ciertos picos en la demanda de asistencia por alarmas emanadas de los despachos del 911. El argumento fue que las condiciones climáticas, en especial el viento provocaban un aumento de los llamados y alertas por alarmas.

Para ratificar o falsear esta idea, el CAED comparó la cantidad de llamados únicos del 911 despachados al CPC por alarmas y por día con la velocidad máxima sostenida de viento y los días de tormenta.

Se advirtió que, en contra de lo supuesto, no se encuentran coincidencias rotundas entre el aumento del viento y la demanda por alarmas.

Esto implica que las hipótesis, claramente, han de ser otras. Probablemente, las activaciones de las alarmas tengan más que ver con errores de los usuarios o con un mal mantenimiento técnico por parte de las empresas de monitoreo y seguridad privada.

En el período comprendido por septiembre y octubre de 2014, un 26 % en promedio de los recursos del CPC (emanados del erario estatal, provincial y municipal) se destinó a la atención de alertas generadas por alarmas particulares administradas por agencias de seguridad privada.

Esta porción tan importante de la actividad del CPC (que, además, en un porcentaje superior al 90% resultó ser “falsas alarmas”) responde a razones técnicas (la señal de la alarma se recibe de manera inmediata, o por canales de llamado privilegiados, lo que permite mayor premura en su captación), jurídicas (existen convenios suscritos entre el Ministerio de Seguridad provincial y las agencias de seguridad privada para que se brinde este servicio a sus abonados) y de otras clases, que deberían ser investigadas y revisadas.

 

Link a la nota:

http://www.puntonoticias.com/activaciones-de-alarmas-principal-motivo-de-llamados-al-911/

 

 

Medio: 20 Minutos (España)

Fecha: 25 de noviembre

 

Los contratos públicos de la empresa de seguridad que presidió Morenés crecen un 79%

La empresa de seguridad Segur Control, del Grupo Segur, es la quinta compañía del sector que más veces ha sido contratada por el Estado, según reza una reciente respuesta parlamentaria que analiza las 50 empresas de seguridad que más adjudicaciones han recibido de la Administración central. En concreto, Segur Control ha ganado 5.091 adjudicaciones. El actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, presidió el Grupo Segur, la matriz de Segur Control, desde el 20 de octubre de 2011 hasta que fue nombrado ministro un par de meses después. "Creo que he sido el presidente más breve de esa empresa", explicó Morenés en el Congreso para defender su nombramiento como ministro independiente de las influencias de los lobbies empresariales. Otro ex alto cargo del PP, la exministra Anna Birulés, fue consejera de la sociedad. En los tres años siguientes a que Morenés dejará la empresa y asumiera el cargo de ministro (2012, 2013 y lo que llevamos de 2014), las empresas del grupo han ganado 34 contratos públicos por valor de 24,4 millones, un 79% más de adjudicaciones si comparamos este trienio con los tres años anteriores a que Morenés llegara a la presidencia de este grupo: 19 contratos en 2009, 2010 y 2011 por valor de 17,6 millones de euros. El volumen de dinero, por tanto, ha aumentado un 38,6% entre los dos periodos. Son datos analizados en el perfil Contratación del Estado. Entre esos 34 contratos hay tres adjudicados por el ministerio de Defensa, todos para la vigilancia de la fábrica de armas de Oviedo. En los 19 contratos del periodo 2009-2011, cuatro fueron adjudicados por Defensa.

El Grupo Segur está especializado en prestar vigilancia de edificios. La Administración estatal le ha contratado en estos últimos tres años para vigilar sedes de Hacienda, de la Seguridad Social, de Defensa, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Energía, sedes de RTVE, bibliotecas y museos como el Prado o el Reina Sofía. Desde el 1 de octubre es una de las diez empresas encargadas de la vigilancia exterior de las prisiones. Sus vigilantes están en las cárceles encuadradas en lote 4: Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra. Se lleva 7,3 millones de euros por un año de servicio junto a la empresa Coviar. Muchos de los contratos de seguridad se tramitan por la fórmula de "procedimiento negociado sin publicidad". En estos procedimientos no se realiza concurso abierto, sino que es el licitador (en este caso, el Gobierno) quien invita a una serie de empresas a presentarse y quien elige la compañía que presente la oferta más ventajosa. Para la vigilancia de prisiones, se dividió el territorio español en cuatro lotes y se adjudicó uno de ellos a Segur Ibérica. Años antes, en 2009, la empresa también se llevó el contrato para defender a los atuneros españoles que faenan en el Índico de los ataques de los piratas.

 

Sospechas en la 'operación Púnica'

 

En total, el Estado ha licitado 238.521 contratos con 50 empresas de seguridad, aunque la respuesta no especifica el volumen de contratación. La respuesta solo facilita los contratos adjudicados por el Estado, no por las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. A pesar de su importante volumen de contratación, las empresas del Grupo Segur han sido objeto de alguna denuncia. Cinco exdirectivos de Segur Ibérica fueron denunciados en el juzgado número 19 de Barcelona por supuestos delitos de estafa y falsedad documental. En 2009 y 2010 Segur Ibérica obtuvo un importante contrato con Adif, la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias. La Asociación para la Defensa del Patrimonio Común y Lucha contra la Corrupción (Aspacom) denunció a Segur Ibérica por contratar a vigilantes que no tenían la titulación adecuada y por facturar horas de vigilancia que no se había realizado. Al final, el juez consideró que no hubo ningun delito y archivó la causa, según un portavoz de la compañía. Otro juzgado, el 21 de Barcelona, también llamó a declarar como testigo a un directivo de la empresa por ciertas irregularidades en la Biblioteca de Cataluña, ente de la Generalitat catalana que también le adjudicó otro contrato. De momento, no hay ninguna causa judicial abierta contra Segur Ibérica. En el marco de la Operación Púnica, la Fiscalía Anticorrupción está revisando las adjudicaciones que hizo el exconsejero Francisco Granados a Segur Ibérica, que tuvo entre sus empleados a un familiar de Esperanza Aguirre, su prima Marta Gil de Biedma. En marzo de 2008, Granados, imputado en el caso, adjudicó los contratos de vigilancia y seguridad de las sedes de Presidencia y Vicepresidencia, y las consejerías de Presidencia e Interior a esta empresa porm 2,6 millones de euros, según fuentes de la investigación.

 

La compañía con más contratos, en manos suecas

 

Securitas Direct España es la firma con más contratos, concretamente 130.282, el 54% del total. Los empresarios suecos Gustaf Douglas y Melker Slöring controlan el 42% de las acciones de Securitas AB, la matriz de Securitas. Securitas Seguridad España, otra firma del Grupo Securitas, ocupa el puesto 15 en la lista con 2.165 contratos públicos. El segundo lugar en el ranking lo ocupa la empresa Prosegur España, con 22.725 adjudicaciones. Prosegur, está presidida por la empresaria argentina Helena Revoredo Delvecchio, viuda del fundador de la compañía y que tiene más del 50% de las acciones. En febrero de este año, Bill Gates compró el 3% de Prosegur. Revoredo acaba de ser nombrada consejera independiente de la eléctrica Endesa.

Prosegur también ha tenido relaciones contractuales con exdirigentes del PP. El exministro de Fomento Rafael Arias Salgado, que ocupó la cartera de Trabajo en la legislatura 1996-2000, había presidido años antes Prosegur. José María Mayor Oreja, hermano del exministro del PP Jaime Mayor Oreja, fue apoderado de Protección y Custodia S.A. que, tras la absorción por Protecsa, se convirtió en Prosegur. La compañía, la primera del sector en España, y a pesar de los miles de contratos públicos que recibe, iba a aplicar este año un ERE que iba a afectar a 1.000 trabajadores, que finalmente no se produjo. Prosegur facturó el año pasado 3.695 millones de euros y cuenta en España con unos 27.000 empleados. Otra empresa del sector es Seguriber, presidida por Mónica de Oriol, famosa por ser la compañía que tenía adjudicada la seguridad del pabellón Madrid Arena en la noche de Halloween de 2012, cuando se produjo una avalancha en la que murieron cinco chicas. Seguriber ha sido contratada 1.452 veces por la Administración General del Estado, ocupando el puesto 18 en la lista. De Oriol es además presidenta del Círculo de Empresarios y una mujer polémica tras sus últimas declaraciones, en las que abogaba por sueldo inferiores al mínimo para trabajadores sin formación, y prefería contratar mujeres con más de 45 o menos de 25 para evitar embarazos. Seguriber fue una de las seis empresas invitadas por Interior para participar en el proyecto piloto de seguridad privada en el exterior de las cárceles, por el que cobró 879.000 euros. Pero pasado ese año, Seguriber se ha quedado fuera del contrato definitivo, que entró en vigor el 1 de octubre. Interior si ha renovado en los últimos años los contratos a Seguriber para dar protección a personas amenazadas por ETA en el País Vasco y Navarra. Entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de enero de 2014, Interior ha pagado a esta empresa 63 millones de euros por este servicio.

 

Una empresa canaria con muchos litigios

 

En el listado de empresas más contratadas se ha colado Seguridad Integral Canaria, con 762 adjudicaciones. La compañía es propiedad de Miguel Ángel Ramírez, un conocido empresario canario (presidente del equipo la U.D. Las Palmas) que fue condenado en 2011 a tres años de cárcel por construirse ilegalmente un chalé en una zona protegida de la isla de Gran Canaria. Ese mismo año había donado legalmente al PP unos 50.000 euros. Fue indultado en octubre de 2013. En febrero de 2014, la Fiscalía se querelló contra él por defraudar 2,3millones de euros a la Seguridad Social tras camuflar con dietas el pago de horas extraordinarias.

A pesar de esta imputación, ha seguido ganando contratos del Estado, uno de ellos de Patrimonio Nacional por valor de 11 millones de euros. También la seguridad de los tres ministerios que tienen su sede en el complejo de Nuevos Ministerios de Madrid: 2,8 millones al año. En septiembre de este año se formalizó el contrato para que la empresa canaria prestara vigilancia a varios edificios militares del ministerio de Defensa por unos 16 millones de euros al año. La seguridad de parte de la red de Metro de Madrid también está en manos de esta empresa. En Metro de Madrid intentó hacer un ERE, pero finalmente no prosperó. "Seguridad Integral Canaria es la empresa canaria que seguramente más litigios laborales tiene actualmente en los tribunales", señalan fuentes de Intersindical Canaria. La compañía se descolgó del convenio del sector, "lo que supone que paga unos 300 euros mensuales menos a cada trabajador". El tema está en el Supremo. También el convenio que Miguel Ángel Ramírez quiso aplicar en su empresa, rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y que el empresario ha llevado también al Alto Tribunal. "La empresa se lleva el 80% de las contratas públicas relativas en seguridad que hay en las islas. Sus vigilantes están en el Palacio del TSJ de Canarias, curiosamente el órgano que rechazo su abusivo convenio", explican desde el sindicato canario.

 

Relaciones con el PP

 

Eulen es otra de las empresas beneficiadas. De los 82.000 empleados que suma la multinacional, casi 7.000 se dedican a la seguridad privada. El empresario leonés David Álvarez y sus siete hijos se reparten la compañía y se disputan su control, y el de otras posesiones como las bodegas Vega Sicilia. En su plantilla está Micaela Nuñez Feijoo, hermana del presidente gallego del PP. El Ejecutivo gallego ha hecho varias adjudicaciones a Eulen, unos contratos que levantaron polvareda. En lo referente al Estado, 703 contratos. Solo en 2014, el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente le adjudicó la vigilancia de las presas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 650.076 euros. Y el ministerio del Interior le pagará 5,2 millones de euros por el mantenimiento de la frontera de Melilla. El ex ministro de Interior del PP Jaime Mayor Oreja también trabajó en Eulen. Tuvieron que ser tres instancias judiciales, un juzgado de Primera Instancia de Vitoria, la Audiencia Provincial de Álava y el Tribunal Supremo (ver sentencia) quienes demostraran en dar por probada la participación de Jaime Mayor Oreja en la compañía. La patronal del sector, Aproser, que aglutina doce compañías que representan cerca del 70% del volumen de negocio en España, asegura que el sector cuenta con 88.250 vigilantes de seguridad en activo, de los más de 200.000 habilitados por el Ministerio del Interior. Todos trabajan en unas 1.500 empresas. Los últimos datos (de 2012) revelan que las empresas facturaron 2.994 millones de euros. Aproser asegura que solo el 22% de sus contratos proceden del sector público. Según el último convenio laboral, firmado en octubre de este año, un vigilante de seguridad cobra 1.091 euros. Si es de transporte, sube a 1.400 euros. Y un escolta, 1.210 euros mensuales, sin contar antigüedad y nocturnidad.

 

Link a la nota:

http://www.20minutos.es/noticia/2287985/0/empresas-seguridad/contratos-estado/morenes-pp/

 

 

Medio: La Hora (Guatemala)

Fecha: 26 de noviembre

 

Digessp: 46 mil 760 guardias privados no tienen certificación

De los 48 mil 200 guardias de seguridad privada que están registrados en el país, 46 mil 760 no cuentan con la certificación que exige la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp), a pesar de que el plazo para cumplir con ese trámite ya se venció, informó la institución.

Ana Patricia Monge, directora de Digessp, explicó que buscan apresurar el proceso para certificar a todos los guardias de empresas privadas, pues está consciente que el tiempo establecido para cumplir con este requerimiento venció dos años después de que entrara en vigencia la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, Decreto 52-2010.

“El plazo está vencido porque en dos años –después de la publicación de la ley– tenía que estar la totalidad de acreditados, pero para que esto fuera posible tenían que estar aprobados los centros de capacitación y esto la dirección lo hizo hasta el año pasado. A mi llegada se aprobaron y se crearon los manuales porque no habían”, indicó la funcionaria.

Monge agregó que después de la normativa ha habido algunos avances, aunque reiteró que ella empezó a fungir en este puesto hace algunos meses.

“Yo no puedo señalar a mis antecesores, porque yo siempre insisto de que cuando una institución se crea hay muchas cosas que hacer, todo es nuevo, lamentablemente los acuerdos sobre los reglamentos se hicieron uno en un año, en términos generales si se ha hecho, pero este en particular se había quedado un poco atrasado, pero tenían que organizar el marco de la ley, la regularización de las empresas, en paralelo estar trabajando este esfuerzo para el tema de capacitación”, expuso.

 

FIJAR PLAZO

 

La funcionaria dijo que Digessp fijará un plazo para que todas las empresas cumplan con la certificación de sus guardias, pero se debe llegar a un consenso.

 “Nosotros tenemos que fijar un plazo para que sea así y cualquier persona que no esté acreditada en un término prudente, no va a poder seguir prestando el servicio de seguridad, pero estamos entendiendo que todo esto es un proceso”, refirió.

Se intentó obtener una declaración de Édgar Trujillo, de la Gremial de Empresas de Seguridad Privada, para conocer su postura sobre el proceso de certificación de los policías privados, pero dijo que en ese momento no podía atender la llamada; esta persona remitió a La Hora, con el directivo Rodolfo Muñoz Piloña, pero no contestó a las llamadas realizadas a su teléfono celular.

En tanto, en los últimos meses, se han conocido varios casos de guardias que carecen de las certificaciones para ejercer su trabajo y sobre las implicaciones negativas que conlleva para la seguridad del país.

 

Link a la nota:

http://lahora.gt/digessp-46-mil-760-guardias-privados-tienen-certificacion/

 

 

Medio: El Ideal Gallego (España)

Fecha: 27 de noviembre

 

La Subdelegación contabiliza casi 60 empresas de seguridad en A Coruña

Hasta 59 empresas de seguridad privada tienen su sede o delegaciones en A Coruña, según los últimos datos aportado la Subdelegación del Gobierno. Su titular,  Jorge Atán, presidió ayer la reunión de la comisión mixta provincial de coordinación de la seguridad privada.

Esta comisión aúna a representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de Policías Locales con los representantes de diferentes asociaciones y colegios profesionales de la provincia, de empresas de seguridad privada, así como de los sindicatos: UGT, CCOO, CIG, USO y Asociación Gallega de Guardas de Campo.

Durante la reunión se repasaron las principales cifras del sector de la seguridad privada en A Coruña. Así, actualmente prestan servicio 4.079 miembros de seguridad privada en la provincia, entre agentes de seguridad, escoltas, detectives privados o guardas de campo, entre otros. Además, tienen sede o delegación en A Coruña 58 empresas de seguridad privada, entre las que se incluyen los servicios de vigilancia privada, centrales de alarma y agencias de detective.

 

Más de 2.300 locales

 

Además, se dio cuenta de los establecimientos de la provincia que deben disponer de medidas de seguridad y que actualmente ascienden a 2.367 establecimientos, repartidos entre oficinas bancarias, joyerías, estaciones de servicio, farmacias, administraciones de lotería y otros incluidos en la legislación vigente

 En la reunión se analizó la situación actual de la seguridad privada en la provincia de A Coruña y además se expusieron las modificaciones normativas introducidas por la nueva Ley 5/2014 de Seguridad Privada, que fue aprobada el pasado mes de abril. Una ley que responde a algunas de las demandas del sector en aspectos clave como la lucha contra el intrusismo profesional y que está actualmente pendiente de desarrollo reglamentario.

 

Link a la nota:

http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/subdelegacion-contabiliza-casi-60-empresas-seguridad-coruna/20141126232033219037.html

 

 

Medio: Diario de Cuyo (San Juan, Argentina)

Fecha: 27 de noviembre

 

Por los robos, en escuelas pondrán seguridad privada

El Gobierno provincial saldrá a contratar agencias de seguridad privada para cuidar los establecimientos educativos del sector público, que desde los últimos años son blanco de una creciente ola de daños y robos. La medida se podrá implementar una vez que la Cámara de Diputados apruebe una excepción a la ley que establece que los edificios públicos sólo pueden ser custodiados por la Policía. En 2008 se aplicó la misma estrategia en los centros de salud, con el objetivo de frenar los actos de vandalismo que venían sufriendo.

“Hemos tenido muchos robos en escuelas en los últimos meses y hay algunas que han sufrido varios hechos”, explicó ayer la ministra de Educación, Alicia García, a modo de argumento. Ella y su equipo de colaboradores serán los encargados de analizar en qué establecimientos hace falta reforzar la seguridad con una agencia privada.

Para poder avanzar, hace falta remover el escollo legislativo que dice que es una tarea exclusiva de la Policía. Por eso, la gestión giojista mandó un proyecto a la Cámara de Diputados que será tratado en la sesión de hoy. Y como el oficialismo tiene amplia mayoría en el recinto, es un hecho que la cartera educativa será habilitada a contratar a las empresas del sector privado que ofrecen servicios de vigilancia.

Bajo la órbita del Ministerio de Educación hay más de 800 edificios, en los que funcionan escuelas de Nivel Inicial, primarias, secundarias, de capacitación, de formación docente, juntas de clasificación y unidades de gestión. Frente a la repetición de hechos delictivos en semejante universo, García aseguró que “la Policía no puede cubrir todas las situaciones”. Mientras que su par de Gobierno, Adrián Cuevas, reconoció que “se complica” custodiar la totalidad de los establecimientos.

En definitiva, la idea es salir a prevenir que se repliquen asaltos en los edificios donde estudian miles de niños y adolescentes sanjuaninos. En lo que va de este año, entre decenas de hechos, en la escuela Francisca Ríos de Páez robaron 15 netbooks del Plan Conectar Igualdad, 10 kg de leche, varios paquetes de azúcar, 40 litros de pintura, 2 ventiladores de techo, 2 discos rígidos y herramientas; el colegio San José de Calazán fue víctima del robo de un monitor y destrozos en las instalaciones, la escuela Provincia de La Rioja sufrió el enésimo golpe cuando malvivientes arrancaron pantallas de gas de algunos cursos, en la Diógenes de Perramón se llevaron alimentos y libros y en la Alas Argentinas alcanzó al triste récord de 25 atracos (ver recuadro con foto).

García aseguró ayer que apenas les den el visto bueno a la excepción en Diputados, se sentarán a resolver dónde comienzan a poner seguridad privada y la frecuencia de la vigilancia. Por lo pronto, ya tienen decidido contratar el servicio para el instituto de formación docente Margarita Ferrá de Bartol, que fue inaugurado recientemente. Allí está previsto que funcionen tres instituciones, habrá una gran concurrencia de personas y la idea es tener custodia todo el día, aseguró la titular de la cartera educativa.

El Ministerio de Educación podrá echar mano únicamente a las 21 agencias seguridad que hay habilitadas en la provincia (otras no cuentan con todos los requisitos que exige la ley y no pasaron los controles oficiales). De acuerdo a los datos que tiene el Ministerio de Gobierno, entre todas suman entre 1.500 y 2.000 efectivos.

 

Link a la nota:

http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=648528

 

 

Medio: El Nuevo Herald (Miami, Estados Unidos)

Fecha: 27 de noviembre

 

Seguridad privada para los poderosos en México

El audífono generalmente los delata. O tal vez el traje oscuro, la enorme camioneta con vidrios polarizados o el poderoso Dodge Avenger negro, siempre negro.

Los guardias privados son parte de un tenso panorama en México, sobre todo en la capital, donde el miedo a la violencia genera una fuerte demanda de medidas de seguridad avanzadas.

En los barrios acaudalados, se los ve por todos lados. Montando guardia frente a los hoteles de lujo, en los centros comerciales más exclusivos y en los gimnasios caros. Esperan frente a las puertas de las escuelas más prestigiosas, listos para transportar a los hijos de los ricos. En el aeropuerto capitalino reciben a la gente importante.

Para los nuevos ricos mexicanos, sus escoltas armados hasta los dientes son un símbolo de estatus que representa un escudo que inspira respeto, por no decir temor.

Los clientes realmente exclusivos contratan a gente como los custodios del Lucena Group, que operan sin llamar la atención, sin mostrar armas ni manejar osadamente por la ciudad. Sus principales herramientas son la astucia, la preparación, la tecnología y la discreción.

Los mejores son asignados a la protección de artistas que llegan de gira como Lady Gaga o Madonna, o a grandes ejecutivos que visitan México para concretar negocios con multimillonarios como Carlos Slim.

Emplean equipos que siguiendo una estudiada coreografía, recogen a los clientes en el aeropuerto y los transportan por las caóticas calles de la metrópolis mientras están en máxima alerta cuando sus protegidos salen del auto blindado para caminar hacia el lobby de algún hotel.

En Ciudad de México los custodios son conocidos como "guaruras", pero ellos prefieren el término "escoltas ejecutivos". Cualquiera que sea el nombre, su creciente presencia refleja el hecho de que, a pesar de tener una de las fuerzas policiales más numerosas del mundo, los mexicanos apelan a guardias privados para que velen por su seguridad.

 

Link a la nota:

http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article4171737.html

 

 

Medio: Univisión (Estados Unidos)

Fecha: 27 de noviembre

 

En Latinoamérica aumenta la vigilancia privada

En la pantalla de la computadora de Alberto Herrera de repente apareció un alerta. Individuos que decían pertenecer al Cártel del Golfo habían detenido unos vehículos que transportaban sustancias químicas por una región del noreste de México donde impera la anarquía. Capturaron a dos conductores de un camión escolta y exigieron que les entregasen el valioso cargamento a cambio de su libertad.

Gigantescos monitores de pantalla plana mostraban la ubicación de decenas de vehículos con cargamentos codiciados por los delincuentes: jeans de diseñador, obras de arte y ejecutivos por los que se podría pedir rescate.

Las conversaciones telefónicas y el sonido de comunicaciones radiales eran típicos de una oficina policial, pero este era un centro de emergencias de International Private Security, una compañía con sede en México que ayuda a clientes de todo el mundo como PepsiCo, Audi y BP a hacer negocios en regiones azotadas por el crimen organizado.

En el escritorio de Herrera había una línea directa con la policía federal de México, pero tenía orden de este cliente de no usarla. El equipo negociador del cliente fue el que se encargó de gestionar la liberación de los conductores y del cargamento.

"No querían que llamásemos a la policía", comentó Herrera, de 32 años. "La gente no siempre confía en la policía".

La desconfianza en las fuerzas encargadas de mantener el orden ha hecho que las firmas de seguridad privadas sean un gran negocio en América Latina, donde la mayor parte de las fuerzas policiales son consideradas incompetentes y/o corruptas. En la región más peligrosa del mundo, un ejército de casi 4 millones de agentes privados genera una industria que crece a un ritmo del 9% anual y que para el 2016 podría mover US$30,000 millones, según proyecciones. Más que las economías de Panamá o Uruguay.

 

¿Por qué aumentan los servicios de seguridad privada en América Latina?

 

IPS ha duplicado la cantidad de empleados en los últimos cinco años y cuenta hoy con 4,000 personas. En toda la región, la relación entre guardias privados y policías es muy superior al promedio mundial de dos por uno. En Brasil hay cuatro agentes privados por cada policía, en Guatemala cinco y en Honduras casi siete.

"El sector privado debería complementar" a la policía, sostuvo Boris Saavedra, profesor de seguridad nacional del Centro para Estudios de Defensa Hemisféricos con sede en Washington. "Pero en algunos países no son algo complementario, son el actor principal".

Si bien las organizaciones de seguridad privadas florecen en todo el mundo, en América Latina ese boom está relacionado con un aumento en las tasas de homicidios, secuestros y extorsiones. Azotada por los carteles de las drogas y por violentas pandillas, América Latina desplazó a África como la región con la tasa de asesinatos más alta del mundo.

Los guardias privados son parte de la vida diaria en las ciudades de América Latina. Con sus rifles y sus chalecos a prueba de balas, custodian panaderías y hasta la distribución de colchones, Coca Cola y embutidos. Emplean audífonos y esconden sus pistolas debajo de sus trajes oscuros mientras acompañan los hijos de los ejecutivos a la escuela.

Pero no son la solución para la delincuencia desenfrenada. Ofrecen protección a los ricos y a sectores de la clase media, dejando librada a su suerte a la mayoría pobre de la población en una región con la peor disparidad de ingresos del mundo, de acuerdo con el experto en ciencias políticas Rafael Fernández de Castro, coordinador del equipo que produjo el informe del año pasado de las Naciones Unidas sobre la seguridad en América Latina.

 

Guerrero, México, el ejemplo de la desconfianza en las autoridades

 

Los pobres se las arreglan como pueden: forman organizaciones comunales de vigilancia o le pagan a los maleantes para que no los molesten.

"Hay mucha desconfianza en la gente, actúan en forma independiente", declaró Fernández de Castro. "Eso genera un terreno fértil para el crimen organizado".

Los traficantes de drogas imponen el terror y a menudo compran a la policía para que trabaje para ellos. Policías de Guerrero, en el sudoeste del país, han sido acusados de entregar 43 estudiantes a una banda de traficantes de drogas que, según las autoridades, los mataron en septiembre.

Crímenes como ese contribuyen al estado de temor. Las colinas y desiertos de la zona rural de México son sitios donde van a parar los cadáveres quemados y mutilados de las víctimas de los narcos. En un suburbio de clase media de Buenos Aires, Jorge Kiss dice que fue secuestrado y robado tres veces en su casa a pesar de que su vecindario tiene un guardia privado.

La inseguridad es tan prevaleciente que el 13% de los latinoamericanos, casi 75 millones de personas, siente la necesidad de mudarse para escaparle a la delincuencia, según las Naciones Unidas. El temor a las pandillas es una de las principales razones por las que miles de centroamericanos, incluidos menores no acompañados, tratan de llegar a Estados Unidos.

La falta de fe en la justicia oficial a veces hace que las víctimas tomen la justicia en sus propias manos. Hace varias semanas, algunos individuos trataron de robarle sus pertenencias a un hombre en un atestado autobús de la Ciudad de México. Pero fueron ahuyentados por un pasajero que les disparó con una pistola. Todos escaparon menos dos, uno que fue alcanzado por un disparo y murió en el mismo bus y otro que falleció tras haber huido.

 

Se extiende la justicia por mano propia

 

En tiempos recientes se han registrado linchamientos en sitios donde jamás se había escuchado de ese tipo de episodios, incluida Argentina. En el centro de Guatemala, una turba mató a golpes a Alfonso Cu tras acusarlo de haber abusado de un niño de tres años en un baño público.

"Eso crea un vacío en la identidad del ciudadano, un sentimiento de estar desvalido ante tanta violencia, y ahí se dispara el instinto y no la razón", expresó el psicólogo guatemalteco Marco Antonio Garavito.

La inoperancia de la policía obedece en parte a la historia de la región. Los agentes generalmente protegen a gobiernos, no a las personas. A medida que se impone la democracias, muchos departamentos de policía no cambian de proceder, aunque hay excepciones como las de Chile, Uruguay y Nicaragua.

Una reforma verdadera de las fuerzas públicas requeriría un cambio de filosofía y de capacitación a largo plazo, y los efectos no se varían por generaciones. Es así que los políticos optan por soluciones rápidas, que pueden tener impacto en el electorado: más gastos en equipo y patrulleros, comentó Gerardo de Lago, director de seguridad de las Laureate International Universities.

Esas actitudes no hacen nada por librar a los departamentos policiales de manzanas podridas. "Permanecen los mismos bandidos, con uniformes nuevos", afirmó de Lago.

 

Guardias mal preparados pueden elevar el número de muertos en fuego cruzado

 

La proliferación de guardias de seguridad privados, por otro lado, puede tener resultados imprevisibles. Se trata de una industria que surgió tan de repente que todavía no está debidamente regulada. Y quienes contratan sus servicios no saben exactamente qué están contratando.

La calidad de estas fuerzas varía. Algunos agentes han sido entrenados por excomandos israelíes y cobran sueldos típicos de la clase media por proteger ejecutivos de grandes empresas. Otros se las arreglan con menos. Un policía hondureño jubilado de 56 años dijo que le dieron un machete para que vigilase una clínica y ganaba US$190 al mes.

En general, sin embargo, los guardias de seguridad privados de América Latina son los que tienen más armas en el mundo, diez veces más que los de Europa Occidental, según un estudio del 2011 del Instituto de Graduados de Ginebra.

"Guardias privados mal entrenados y que portan pistolas hacen que los tiroteos resulten más peligrosos para los transeúnte inocentes", afirmó el Departamento de Estado estadounidense el año pasado en un informe para el Buró de Seguridad Diplomática.

La mayoría de estas agencias de seguridad privadas de la región no tienen licencias formales, por lo que no hay estadísticas confiables sobre la cantidad de muertes y demás delitos en los que se ven envueltos.

En Buenos Aires apenas 150 de 15,000 guardias de locales nocturnos completaron cursos básicos para esa actividad, de acuerdo con el Centro Regional para la Paz, el Desarme y el Desarrollo de América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. En Costa Rica el 20% de las empresas de seguridad privadas fueron investigadas en el 2012 por distintas infracciones, incluida la de obstruir el trabajo de la policía y por abusos en general.

En Venezuela, Julio Delgado, quien ayudó a formar una asociación de guardias de seguridad privados, calcula que el 25% de sus colegas ha cometido delitos violentos en sus horas libres.

Los custodios de un legislador venezolano fueron acusados de complotar con paramilitares colombianos para matar al congresista en octubre. Las autoridades brasileñas dijeron este mes que un guardia privado de 26 años confesó haber matado a 39 personas, muchas de ellas al disparar indiscriminadamente desde su motocicleta por diversión.

 

Los riesgos

 

En México, el director de Elite Systems, firma de Guadalajara que ofrece protección y servicios de alarma, Arnoldo Villa Sánchez, fue acusado por el gobierno estadounidense de ser el jefe de seguridad del cartel encabezado por Héctor Beltrán Leyva antes del arresto del capo en octubre. Se sospecha asimismo que Elite Systems, que empleaba 150 personas, habría lavado dinero del narcotráfico.

Los propios expertos en seguridad corren peligro. Un guardia de un barrio fue el principal sospechoso en un robo ocurrido en el 2011 en la casa de Bogotá de Daniel Linsker, encargado de las operaciones en América Latina de la firma de seguridad Control Risks.

"Incluso cuando tienes guardias en los edificios y tomas precauciones, pueden pasarte cosas", afirmó Linsker.

IPS es una de las firmas que investigan los antecedentes de potenciales empleados, incluido el uso de detectores de mentira, cuando se tiene noticias de ingresos inesperados, de acuerdo con su director general Armando Zúñiga. Su personal está registrado en un banco de datos de la policía nacional y la compañía tiene la licencia correspondiente para operar. En un esfuerzo por contar con una fuerza inmaculada, cuando busca personal IPS aclara que no quiere ex policías ni militares desertores.

Quienes no tienen recursos para contratar sus propias fuerzas de seguridad hacen lo que pueden para evitar correr riesgos e incluso le pagan a los grupos que los amenazan.

 

Las extorsiones

 

En El Salvador, Guatemala y Honduras, pandillas nacidas en las prisiones de Estados Unidos en las décadas de 1970 y 1980 gobiernan numerosos barrios. Sus filas se renuevan con elementos locales y la llegada constante de nuevos deportados por Estados Unidos y las bandas asesinan, violan, roban y extorsionan a comerciantes a cambio de protección.

"Ellos son la ley", afirmó Josefa Martínez, cuyo barrio al norte de San Salvador es controlado por la Mara Salvatrucha. "Si puedes, dales un poquito a los pandilleros y no te van a molestar. Aquí casi todos les dan dinero, esa es la verdad... Tenemos que aprender a vivir así".

En Guatemala hay barrios de clase media que parecen prisiones, rodeados por muros altos, alambres de púas y garitas con puertas de hierro. En una garita que bloquea lo que se supone es una calle pública, un cartel promueve clases de aeróbicos y Zumba junto a otro que advierte que todo autobús y servicio de entregas a domicilio será revisado.

"Hoy nadie está seguro", declaró Raúl Perdomo, ejecutivo bancario de 44 años que vive en un barrio amurallado en las afueras de San Salvador. "Vivo en una residencial (colonia o barrio) privada, hay vigilantes (seguridad privada) en la entrada. Es un lugar tranquilo, pero afuera es diferente".

 

Link a la nota:

http://noticias.univision.com/article/2172678/2014-11-27/america-latina/argentina/en-latinoamerica-aumenta-la-vigilancia-privada?refPath=/univision41/noticias/

 

 

 
Resumen Semanal de Noticias del Sector Del 31 de octubre al 7 de noviembre de 2014 PDF Imprimir E-mail

Resumen Semanal de Noticias del Sector

Del 31 de octubre al 7 de noviembre de 2014

 

 

Medio: Cuarto Poder (España)

Fecha: 1 de noviembre

 

El Estado se gasta 3,3 millones de euros en la seguridad privada de los partidos

ETA no existe en la práctica, pero no es óbice para que el Estado siga subvencionando la seguridad privada a los partidos políticos con representación parlamentaria, además de fijar los efectivos policiales necesarios. Según los informes para su fiscalización remitidos al Tribunal de Cuentas, el Estado destina casi 3,4 millones de euros al año en subvenciones para este concepto; una cantidad a añadir al conjunto de ayudas o subvenciones oficiales que los partidos perciben en función de la ley para su financiación, que en el año 2012 alcanzó la cifra global de casi 210 millones de euros. Pese a estas cifras, los partidos reflejan en sus informes que están arruinados y que precisan más seguridad en estos tiempos que corren.

Según los datos facilitados por los partidos políticos relativos a 2012, último año fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, no basta la seguridad de los Cuerpos y Fuerzas del Estado, o de las policías autonómicas en los casos catalán y vasco: el conjunto de los partidos políticos con representación parlamentaria necesitan anualmente más de 3,38 millones de euros para pagar su propia seguridad privada. Ese gasto está subvencionado de forma oficial por el Estado a través del Real Decreto 1306/2011, de 26 de septiembre, por el que se regula la tramitación de las subvenciones estatales anuales para sufragar los gastos de seguridad en que incurran los partidos políticos.

En 2012, último año fiscalizado por el Tribunal de Cuentas y, por tanto, con los datos ya oficializados, la subvención global en este concepto dada por el Ministerio del Interior supuso un desembolso de 3,38 millones de euros. Pero casi la mitad de esa subvención se la llevó el Partido Popular, que justificó gastos en seguridad privada por valor de 1.620.571,56 euros, pese a que la mayoría de sus dirigentes están en el Gobierno y gozan de la preceptiva protección oficial. El Tribunal de Cuentas ha dado por bueno ese gasto, señalando que coincide con el informado por el Ministerio de Interior a este Tribunal” pero ‘regaña‘ al PP, porque el informe remitido al Tribunal no contiene la relación pormenorizada de las operaciones imputadas requerida en el artículo 18.2.a del mencionado Real Decreto.

Hay que tener en cuenta que en 2012 el PP ya estaba en el Gobierno, pero que también empezaron a realizarse las primeras grandes manifestaciones por su política de recortes de los derechos sociales. En ese año también se produjeron muchos ‘lanzamientos‘, es decir, desahucios, y se empezó a desarrollar el fenómeno del escrache. De resultas de todo esto, lo que hace el conjunto de los ciudadanos es subvencionar la seguridad privada del PP, ya que teme las manifestaciones de los propios ciudadanos. Toda una ironía.

Pero, en fin, el partido de Rajoy no es el único subvencionado, claro está: reciben cantidades variables para seguridad privada -en función de su representatividad- el resto de las fuerzas parlamentarias, aunque algunas deberán reintegrar cantidades a la Dirección General de Política Interior al no haber justificado el suficiente nivel de gasto para las subvenciones recibidas. Se trata de Amaiur, con 22.621,67 euros de gastos no justificados en seguridad privada; Coalición Canaria, con 17.408,24 euros; Compromís-Q, con 1.297,67 euros; Geroa Bai, con 4.753,01 euros; Partido Aragonés, con 9.212,28 euros; Unión del Pueblo Navarro, con 4.556,89 euros, y Unión Progreso y Democracia, que deberá devolver 583,02 euros de los percibidos para este concepto.

 

Lo que cuesta la seguridad privada de los grandes partidos políticos

 

En cuanto a los gastos en sí mismos en seguridad privada, aunque sin precisar los conceptos, el segundo partido que más necesita -o, simplemente, más gasta- es el PSOE, que percibió del Estado 899.525,09 euros en 2012, la mitad prácticamente de lo que percibe el PP. El Tribunal de Cuentas da por buenas las cifras aportadas por los socialistas, pero también ha ‘reñido‘ al PSOE por presentarlas fuera de plazo. En todo caso, el partido de Pedro Sánchez dice que se gasta en seguridad 1.111.559,60 euros al año, unos 200.000 más de lo que percibe por el Estado.

Ahora bien, el PSOE no contabiliza las subvenciones que recibe su ‘filial‘ en Cataluña, el PSC, que tiene contabilidad propia. El partido que dirige actualmente Miquel Iceta recibe una subvención del Estado para sufragar los gastos de seguridad privada por importe de 134.650,20 euros. Sin embargo, el PSC asegura que sus gastos en seguridad ascienden a un total de 255.863,33 euros, por lo que la subvención recibida por parte del Estado sólo cubrió el 52,62% de los gastos de 2012. Y eso que en ese año todavía no estaba tan caldeado el ambiente en Cataluña como lo está en la actualidad.

Más complicado es averiguar las subvenciones totales de Izquierda Unida, pero en concreto, la subvención anual recibida por la formación de Cayo Lara para sufragar los gastos de seguridad privada ascendió en 2012 a 154.893,01 euros. Por su parte, la formación catalana coaligada con IU, ICV, recibió paralelamente una subvención para sufragar los gastos de seguridad 36.858,81 euros.

En cuarto lugar, Unión, Progreso y Democracia (UPyD) también tiene un importante gasto en seguridad privada: refleja haber gastado 127.084,05 euros en 2012. Sin embargo, la formación de Rosa Díez sólo justificó gastos por 126.501,03 euros, lo que refleja un exceso en la subvención recibida por importe de 583,02 euros que la formación política tiene que reintegrar al Ministerio del Interior de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 23 del Real Decreto regulatorio.

 

La seguridad privada de los pequeños partidos

 

El resto de las fuerzas con representación parlamentaria también reciben subvenciones para seguridad privada en función de su representatividad. La formación abertzale Amaiur, por ejemplo, percibió 62.707,46 euros para hacer frente a la seguridad de sus dirigentes y sedes, aunque respecto a la justificación de esta subvención, no declaró gastos de seguridad en el ejercicio 2011, y en el de 2012 ascendieron a 32.396,62 euros; en consecuencia, quedaron pendientes de aplicar un importe de 7.643,12 euros del ejercicio 2011 y otro de 22.621,67 euros del ejercicio 2012: Amaiur tendrá que devolver un total de 30.264,79 euros a la Dirección General de Política Interior.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) recibió en 2012 subvenciones del Estado por un importe total de 974.625,62 euros, de los que 927.037,57 euros fueron para gastos de funcionamiento ordinario y el resto, 47.588,05 euros, a gastos de seguridad.

Por su parte, los nacionalistas catalanes fueron subvencionado con 14.086,95 euros, aunque deberá devolver 1.297,67 euros. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) recibió subvenciones por 24.306,92 euros, y en su caso se ha verificado que los gastos declarados se encontraban debidamente justificados.

A la Chunta Aragonesista se le sufragó su seguridad privada por 8.368,02 euros. Mientras, ERC recibió 34.609,85, aunque la formación de Oriol Junqueras emitió una memoria económica justificativa del coste de las operaciones imputadas a la subvención a la seguridad privada, así como copia de las facturas que los soportan, por un importe certificado de 53.546,79 euros, es decir, más de lo percibido.

El Foro de Ciudadanos (FAC) de Francisco Álvarez-Cascos, con un diputado en el Congreso, recibió subvenciones del Estado para el funcionamiento ordinario de 250.857,00 euros y para sufragar los gastos de seguridad de 12.877,00 euros. Mientras que el Partido Aragonés fue subvencionado en 2012 con 16.720,78 euros. Sin embargo, esta fuerza aragonesista sólo reconoció gastos de seguridad en el ejercicio 2012 de 9.767,09 euros y no ha aportado copia de las facturas que soportan esos gastos: sólo se han justificado gastos de seguridad asumibles por 5.468,98 euros, por lo que 9.212,28 euros de la subvención abonada en el ejercicio 2012 deberán ser reintegrados.

A Coalición Canaria le correspondieron 20.408,75 euros, ascendiendo los gastos de seguridad justificados por el partido a 3.142,26 euros, si bien resulta subvencionable un importe de 3.000,51 euros. En consecuencia, el remanente de la subvención recibida en el ejercicio 2012 y no aplicado a cierre del mismo asciende a 17.408,24 euros, que deberá ser objeto de reintegro a la Dirección General de Política Interior.

La formación navarra Geroa Bai, con una diputada en el Congreso, justificó gastos de seguridad por 2.585,42 euros, pero la formación recibió 7.338,43 euros, por lo que deberá reintegrar 4.753,01 euros. Mientras que la también navarra UPN recibió una subvención del Estado para sufragar los gastos de seguridad por importe de 18.723,53 euros; sin embargo, sólo justificó 14.166,64 euros, por lo que debe devolver 4.556,89.

Y, en fin, Entesa del Progres de Catalunya presentó, con la memoria anual, la memoria de actuación y la memoria económica para justificar la subvención para gastos de seguridad por 134.650,20 euros. Pero la Entesa dice que se gasta en seguridad privada nada menos que 255.863,33 euros, por lo que la subvención recibida cubre sólo el 52,62% de los gastos reconocidos por la formación en este concepto.

Hay que destacar que entre los recursos que integran la financiación pública para funcionamiento ordinario de los partidos políticos se incluye la asignación anual para sufragar sus gastos de seguridad, según establece el Real Decreto 1306/2011, de 26 de septiembre, aprobado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Esta subvención es independiente de la que perciben los partidos por gastos electorales y para su funcionamiento ordinario, que en 2012 ascendió a un total de 210 millones de euros, cifra en la que se contabilizan no sólo las subvenciones estatales, sino también las autonómicas y municipales; es decir, todo el conjunto de la subvención oficial.

 

Link a la nota:

http://www.cuartopoder.es/enlegitimadefensa/2014/11/01/el-estado-se-gasta-casi-4-millones-de-euros-anuales-para-financiar-la-seguridad-privada-de-los-partidos/

 

 

Medio: Juárez News (México)

Fecha: 4 de noviembre

 

Crecen sin regulación empresas de seguridad privada

Pese a que en los últimos años las empresas de seguridad privada han crecido casi 7%, y sigue en aumento, la falta de regulación y carencia de capacitación de su personal las convierte más en un problema que en una solución en materia de seguridad, así lo revela un estudio elaborado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con una evaluación externa realizada por la Máxima Casa de Estudios al programa Desarrollo de Instrumentos para la Prevención del Delito, a cargo de la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP) y el Servicio de Protección Federal (SPF), dicho gremio enfrenta problemáticas por la carente actualización y profesionalización de los procesos para regular a ese tipo de empresas.

 

En la evaluación al programa, vinculado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se identifica que en lo que respecta a la DGSP “se busca dar solución a la falta de actualización, modernización y profesionalización de los procesos que se emplean para regular a las prestadoras de servicios de seguridad privada que tienen presencia en dos o más entidades federativas”. En tanto aquellas que sólo se concentran en una entidad carecen de una regulación.

“Escasa capacitación y adiestramiento del personal operativo de las empresas de seguridad privada, e insuficientes acciones de supervisión para identificar las empresas que no cumplen con la normatividad”, son dos de las principales causas que tiene identificada la DGSP como parte del Diagnóstico del Sector de Seguridad Privada 2013-2018.

Por su parte, el SPF busca dar solución a la deficiencia en los servicios de seguridad que reciben personas e instalaciones estratégicas federales, donde los altos costos y precios de los servicios, así como el amplio tamaño de la estructura administrativa en proporción al número de integrantes que hay en la institución, son los principales defectos que se han identificado en su operación.

Los efectos derivados en las problemáticas tanto de la Dirección General de Seguridad Privada como del Servicio de Protección Federal traen consigo efectos negativos como el retraso en las resoluciones de autorizaciones y las revalidaciones, según el diagnóstico.

Además de una “incipiente profesionalización y capacitación” del personal en la seguridad privada, así como un inadecuado control y supervisión de la misma.

Mientras que el tema de protección federal, las deficiencias se ven reflejadas en una inconsistencia en la calidad de los Servicios y formación del personal, una desventaja competitiva, y la duplicidad de funciones.

Ante dicho panorama, la evaluación hecha por la UNAM, recomienda a ambas instancias elaborar un único documento de diagnóstico que describa las causas, efectos y características de dichos problemáticas que cada una atiende e incluya la cuantificación, características y ubicación territorial de la población (personal de la empresa) que presenta el problema y establezca el plazo para su revisión y su actualización, lo cual es carente en el ramo.

Pese a dichas inconsistencia en la regulación de las empresas privadas de seguridad, en el Diagnóstico del Sector de Seguridad Privada del año pasado se documentó que el sector en los últimos años ha crecido un 6.9% anual, en consecuencia, principalmente de la creciente inseguridad que vive el país y que las empresas de seguridad privada irregulares han ido en aumento. Incluso, en dicho diagnóstico se menciona que el sector representa alrededor de 1% del Producto Interno Bruto del país.

En agosto pasado, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) anunció sus planes de expansión, lo cual se materializó con el lanzamiento del Capítulo Noreste de AMESP, el cual abarca presencia de la asolación en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El objetivo según dieron a conocer: “es promover la profesionalización, como lo lleva a cabo en el centro del país”.

 

Link a la nota:

http://www.nueva.juareznewstv.com/index.php/91-joomla-deals/888-p-17

 

 

Medio: Diario Digital de León (México)

Fecha: 5 de noviembre

 

El sector de la seguridad privada genera en León casi dos mil empleos directos e indirectos

El sector cuenta con 26 empresas que emplean a 785 personas directamente relacionadas con la seguridad privada, cifra a la que hay que sumar otro millar de puestos de trabajo indirectos de las empresas que prestan servicios de mantenimiento, formación, alarmas, y otros.

El Subdelegado del Gobierno en León, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, acompañado por la Comisario Jefe Provincial del Cuerpo Nacional de Policía, María Marcos Salvador, el Comandante de la Comandancia de la Guardia Civil, José Rodríguez Migens, y el Jefe de la Unidad Territorial de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, Roberto Gavela García, presidió esta mañana la Comisión Mixta de Seguridad Privada, que integran responsables de las FCSE y representantes del sector, tales como empresas, trabajadores y establecimientos obligados por Ley a disponer de medidas de seguridad.

Uno de los principales puntos de la agenda de trabajo de la Comisión se centró en analizar los cambios normativos producidos con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Privada 5/14 el pasado mes de junio.

Una Ley que pretende la mejora de la eficacia en la prestación de los servicios de seguridad privada en lo relativo a organización y planificación, formación y motivación del personal de seguridad; la eliminación de las situaciones que dan lugar al intrusismo tanto de las empresas como del personal; la dotación al personal de seguridad privada del respaldo jurídico necesario para el ejercicio de sus funciones legales, y los elementos de colaboración entre la seguridad privada y la seguridad pública, según contempla el propio texto normativo.

La ley pasa de poner el acento en el principio de la subordinación a desarrollar más eficazmente el principio de complementariedad a través de otros que lo desarrollan, como los de cooperación o de corresponsabilidad, mediante una técnica legislativa más flexible que permite una adaptación permanente a los cambios que experimente la sociedad sin que sea precisa una reforma de rango legal para ello.

El conjunto de los cambios de la nueva ley, además de mejorar y resolver problemas técnicos, de gestión y operativos, profundiza decididamente en el actual modelo español de seguridad privada (complementaria, subordinada, colaboradora y controlada por la seguridad pública), apostando por su papel preventivo en beneficio de la seguridad general, y lo hace aprovechando e integrando funcionalmente todo su potencial informativo, de recursos humanos y de medios materiales, al servicio de la protección y seguridad del conjunto de la ciudadanía, de forma compatible con el legítimo interés que persiguen las entidades privadas de seguridad.

 

Novedades de la Ley de Seguridad Privada

 

Los aspectos más novedosos de la nueva Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, son lo siguientes:

- La nueva Ley representa un tratamiento total y sistemático de la seguridad privada en su conjunto, que pretende abarcar toda la realidad del sector existente en España, al tiempo que lo prepara para el futuro.

- Se pasa de poner el acento en el principio de la subordinación, a desarrollar más eficazmente el principio de complementariedad a través de otros que lo desarrollan, como el de cooperación o de corresponsabilidad.

- Participación de las comunidades autónomas en la materia: se prevén mecanismos de coordinación institucional, se clarifica el reparto de competencias estatales y autonómicas, se afianza la competencia exclusiva del Estado en materia normativa y se sitúan en la órbita ejecutiva las competencias de las Comunidades autónomas.

- Se da definición legal a conceptos o términos que hasta ahora permanecían jurídicamente imprecisos o indeterminados, como por ejemplo la de personal acreditado.

- Se regulan las llamadas actividades compatibles, y se completan y perfilan mejor las actividades de seguridad privada. La seguridad de la información y las comunicaciones aparece por primera vez configurada como actividad compatible.

-Se liberaliza la actividad de planificación, consultoría y asesoramiento, que pasa a considerarse como actividad compatible.

- Se reconoce a los operadores de seguridad la condición de personal acreditado como respuesta al gran avance tecnológico y profunda transformación que ha experimentado la actividad de verificación de alarmas.

- Se matiza el principio general de exclusión de la seguridad privada de los espacios públicos.

- Se sustituye el sistema más gravoso de la autorización administrativa por el de la declaración responsable para los centros de formación, despachos de detectives, y las empresas de instalación y mantenimiento.

- Se regulan cuestiones anteriormente dejadas al reglamento, donde no tenían correcta ubicación, tales como las relativas a las funciones de gran parte del personal de seguridad.

- La ley modifica el nombre de los guardas particulares del campo por el de guardas rurales.

- Se amplía el requisito nacionalidad a los nacionales de terceros estados que tengan suscrito con España un convenio internacional en el que se contemple tal posibilidad a los nacionales de ambos Estados.

- Protección jurídica análoga a la de los agentes de la autoridad del personal de seguridad privada frente a las agresiones o desobediencias de que pueden ser objeto cuando desarrollen actividades de seguridad privada en cooperación o bajo el mando de las FFCCSS.

- Se elimina el periodo de inactividad.

- Se da cabida a otras posibilidades de acceso a la formación mediante el sistema que determine el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, al contemplarse la posibilidad de una formación profesional reglada o de grado universitario para el acceso a diferentes profesiones de seguridad privada, o de los correspondientes certificados de profesionalidad del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

- Regulación de los servicios de videovigilancia y de investigación privada.

- Nuevo precepto que regula las medidas provisionales que pueden adoptar los funcionarios policiales, cuando en el marco de una inspección lo consideren absolutamente necesario.

- Separación del las infracciones cometidas por las entidades, el personal o los usuarios, incluyendo a estos últimos, a los centros de formación.

- Especial hincapié en la regulación de aquellas conductas infractoras que tengan por objeto evitar el intrusismo de las empresas de seguridad, el personal no habilitado, las empresas de servicios que desarrollen actividades de seguridad o los usuarios.

 

Datos del sector

 

En la provincia de León existen 26 empresas dedicadas a la seguridad privada (más de una decena con delegación y/o sede en la provincia), siendo un sector que emplea directamente a unas 800 personas, (739 vigilantes de seguridad, 46 vigilantes de explosivos, 8 escoltas, jefes y directores de seguridad y 7 detectives), a los que hay que sumar otros mil puestos de trabajos indirectos que generan los puestos de formación, las empresas instaladoras y de mantenimiento, las empresas de alarmas y centrales receptoras de las mismas, etcétera.

El número de establecimientos obligados por la Ley de Seguridad Privada a disponer de medidas de seguridad se ha mantenido con respecto al año anterior, existiendo en la actualidad742 con este tipo de exigencias legales, cuyos responsables deben comunicar la apertura a la Subdelegación del Gobierno para que se realicen la comprobación y probación de las medidas de seguridad aplicadas.

Una de las mayores inquietudes del sector, que también fue objeto de análisis por parte de la Comisión Provincial Mixta de Seguridad Privada, se refiere al elevado número de falsas alarmas que se están produciendo en los últimos tiempos, lo que acarrea la movilizaciones innecesarias de los efectivos de los FCSE, un asunto que se ha incluido en la nueva legislación para que las empresas del sector vayan adecuando progresivamente sus elementos de seguridad para garantizar la veracidad de las alarmas y por ende la eficacia en la actuación de Policía y Guardia Civil.

 

Complementaria  a la seguridad pública

 

El Subdelegado del Gobierno en León recordó que los servicios de seguridad privada son complementarios y subordinados respecto a los de la seguridad pública, estableciéndose, a partir de ahí, un conjunto de controles e intervenciones administrativas que condicionan el ejercicio de las actividades de seguridad por los particulares.

En este marco de complementariedad y subordinación, es el Cuerpo Nacional de Policía, a través de la Unidad Territorial de Seguridad Privada, el encargado del control, la supervisión y el asesoramiento de todos los integrantes de la seguridad privada (a excepción de los guardias rurales de campo, competencia de la Guardia Civil), empresas de Instalación y mantenimiento, centrales receptoras de alarmas, empresas de seguridad, detectives privados.

Igualmente comprueba la idoneidad de las medidas con los que  ciertos establecimientos están obligados a contar por ley, habiendo realizado a lo largo de presente año más de medio millar de inspecciones, concretamente 567 en lo que va de año. La actividad inspectora que a lo largo del año ha propiciado la propuesta de 15 sanciones, de las que 10 fueron leves, 3 graves y 2 muy graves.

 

Link a la nota:

http://www.diariodigitaldeleon.com/economia/empleo/57238-el-sector-de-la-seguridad-privada-genera-en-leon-casi-dos-mil-empleos-directos-e-indirectos.html

 

 

Medio: El Comercio (Perú)

Fecha: 6 de noviembre

 

Clubes deberán pagar seguridad privada para eventos deportivos

El pleno del Congreso aprobó hoy una ley que obliga a los clubes deportivos a contratar seguridad privada que complemente la custodia que la Policía Nacional del Perú (PNP) brinda a los eventos deportivos.

El objetivo de esta modificación legal es cautelar y proteger la vida y la integridad de las personas, así como el patrimonio público y privado.

En la actualidad, cada vez que hay un campeonato deportivo entre clubes de fútbol populares se destina para la vigilancia del orden público unos seis mil policías. Solo en Lima (donde juegan Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal), apenas existen 9 mil efectivos policiales para custodiar el orden público.

El dictamen fue aprobado por unanimidad y quedó exonerado de la segunda votación, por lo que esta listo para su promulgación por el poder ejecutivo. La iniciativa fue impulsada por los parlamentarios Gabriela Pérez del Solar, Lourdes Alcorta, Mariano Portugal y Norman Lewis.

La autógrafa establece que, si los clubes no cumplen con contratar la seguridad privada, se suspenderá el evento deportivo.

 

Link a la nota:

http://elcomercio.pe/politica/congreso/clubes-deberan-pagar-seguridad-privada-eventos-deportivos-noticia-1769568

 

 

Medio: NTR Zacatecas (México)

Fecha: 6 de noviembre

 

Ex policías no pueden trabajar en seguridad privada: Figueroa

José Luis Figueroa Rangel, diputado petista, enfatizó que es improcedente la propuesta que hizo el procurador de justicia para que los elementos despedidos abrieran empresas de seguridad privada.

Esto en el apartado de asuntos generales realizada en la sesión de éste jueves dentro de la LXI Legislatura Estatal.

“Están en plataforma y a partir de ello está prohibido que tengan un empleo dentro de ésta rama”, recalcó el ex alcalde del municipio de Loreto.

Acusó al gobierno del estado de minimizar la problemática y afirmó que “está incorrecto el tratamiento que se ha dado a este tema que es muy delicado y que aquí, Francisco Escobedo, no está haciendo lo correcto”.

Explicó que “lo más delicado no es a dónde van los trabajadores, sino a dónde los estamos mandando y qué riesgos se pudieran generar que afecten la paz social”; por lo que solicitó que se establezca un fondo emergente para atender dos objetivos en concreto.

“El primero, que se liquide correctamente en base a la ley de los que así lo pidan;  y el segundo, que se generen con el Servicio Nacional de Empleo esquemas a fondo perdido para poder generar autoempleo a partir de oficios que conozcan y que manejen varios de los elementos que fueron despedidos “, puntualizó el petista.

 

Link a la nota:

http://ntrzacatecas.com/2014/11/06/ex-policias-no-pueden-trabajar-en-seguridad-privada-figueroa/

 

 

Medio: El Día (Chile)

Fecha: 6 de noviembre

 

Establecen plan para evitar robos a camiones de valores en la región

Ha sido un tema recurrente en el último tiempo. Porque en lo que va de 2014, son 19 los camiones de valores asaltados por desconocidos en nuestro país. Y sólo la semana pasada, 3 vehículos de este tipo fueron víctimas de atracos, con un botín total de $3.000 millones.

En Santiago, recientemente se anunció que los móviles serán escoltados por Carabineros para evitar más asaltos. Las autoridades explicaron que es una medida transitoria, hasta que estas entidades implementen una serie de protocolos de seguridad, tras una reunión de urgencia con la policía uniformada.

En la región también existe preocupación por la materia, aunque hasta el momento no se registra ningún hecho de este tipo. Pero para estar alertas, la Prefectura de Carabineros Coquimbo organizó una actividad preventiva que se llevó a cabo ayer, en dependencias de la Primera Comisaría de La Serena (IV Zona). Se trató de una reunión justamente con las empresas de seguridad de valores. En la jornada participaron directivos de Brinks, Prosegur e Intertecno.

Aunque las citadas empresas siempre se mantienen coordinadas con Carabineros y realizan reuniones periódicas donde definen los planes a seguir en temas de seguridad, dadas las recientes circunstancias se organizó un encuentro extraordinario.

Según explicó el coronel Julio Gordon, “instauramos un protocolo de comunicación con las 3 empresas”, poniendo especial énfasis en casos donde se trasladen grandes cantidades de dinero. Además, se revisó la problemática que a veces presentan para estacionar los camiones, de manera que no queden lejos de las respectivas entidades bancarias.

Aunque hasta el momento no se registran robos o asaltos, el coronel admitió que hace un par de meses se investigó una situación en Tierras Blancas, comuna de Coquimbo, ya que se contaba con la información de que un grupo de sujetos, privados de libertad, estaban planificando un atraco. “Por eso se ha reforzado la vigilancia”, dijo Gordon.

 

Link a la nota:

http://diarioeldia.cl/articulo/policial/establecen-plan-evitar-robos-camiones-valores-region

 

 

Medio: Diario Digital 0223 (Mar del Plata, Argentina)

Fecha: 6 de noviembre

 

Mil custodios privados quieren conformar la Policía Local

El Sindicato Unidos de Trabajadores de Custodios Argentinos (Sutca) le solicitó al intendente Gustavo Pulti que los afiliados a dicho gremio sean incorporados al cuerpo de la Policía Local. “Contamos con mil trabajadores desocupados con los cursos habilitados para ocupar los cargos de agentes de la policía municipal”, se manifestó.

En una nota presentada en el Concejo Deliberante, a la cual 0223 tuvo acceso, el sindicato explicó que “nuestros afiliados trabajadores de seguridad privada, tanto en empresas como en la capacitación con el único instituto que forma a nuestros trabajadores con matrícula Diepregep de educación y del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, asegurando así el personal ingresante a cualquier empresa de seguridad cuente con los certificados de reincidencia carcelaria por la Ley 12297, capacitados en cinco categorías: jefe de seguridad, vigilador sin arma, vigilador con arma, detective privado y custodio privado. Todos mayores de 21 años”.

En ese contexto, el gremio solicitó que los custodios privados sean tenidos en cuenta para integrar la Policía local sin el examen previsto por el Ejecutivo municipal, que se tomará en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. “Afirmamos que este personal en actividad ya cuenta con preparación fundamental”, manifestó Luis Medina, asesor gremial de Sutca.

Para finalizar, desde el sindicato se destacó que “contamos con mil trabajadores desocupados con los cursos habilitados para ocupar los cargos de agentes de la policía municipal”. “Por el alto índice de desocupación que tiene nuestra ciudad de Mar del Plata, queremos hacer nuestros aportes asegurando a todos nuestros vecinos, que cuentan con agentes de la policía municipal responsables, éticos y preparados para la tarea a realizar”, finaliza el texto presentado en el HCD.

 

Link a la nota:

http://www.0223.com.ar/nota/2014-11-4-mil-custodios-privados-piden-conformar-la-policia-local

 

 


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